Sentencia 3573 de mayo 12 de 2005 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Proceso 440012331000200300876 02

Rad. Interno: 3573

Consejero Ponente:

Dr. Filemón Jiménez Ochoa

Demandante: José Luis Gámez Orozco

Electoral. Segunda instancia.

Bogotá, D.C. doce de mayo de dos mil cinco.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

1. Competencia y oportunidad.

De conformidad con lo establecido en los artículos 29 de la Ley 78 de 1986 y 231 del Código Contencioso Administrativo (L. 446/98, par. art. 164), esta Sala es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto por el demandante, contra la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de La Guajira el 4 de agosto de 2004.

La alzada se interpuso oportunamente el 12 de agosto de 2004, cuando la sentencia se notificaba por edicto, dando así cumplimiento a lo que para el efecto dispone el artículo 250 del Código Contencioso Administrativo (fl. 346).

2. La caducidad de la acción.

Mediante sentencia de 4 de agosto de 2004 el Tribunal Administrativo de La Guajira declaró la caducidad de la acción y se inhibió para resolver el fondo del asunto.

Con la decisión referida el a quo se opuso a la determinación que adoptó esta Sala en providencia de 12 de febrero de 2004 (fls. 136-141), mediante la cual se revocó el auto dictado por ese tribunal el 4 de diciembre de 2003, en el que por primera vez esa corporación declaró la caducidad de la acción; en aquella oportunidad y en relación con la elección del alcalde popular de San Juan del Cesar, señor Arnoldo Enrique Marulanda Brito, esta Sala claramente precisó que el escrutinio municipal respectivo se inició el 28 de octubre de 2003 y, tal como consta en la correspondiente acta general de escrutinio municipal, concluyó el 2 de noviembre siguiente y en la misma data le fue entregada al elegido la credencial que lo acreditaba como alcalde municipal de esa localidad.

Así entonces, tal como precisó la Sala en aquella ocasión y hoy se ve en la necesidad de reiterar, si la elección del señor Marulanda Brito se produjo después de culminado el escrutinio, el 2 de noviembre de 2003 y en esa misma fecha el acto de elección debió notificarse en estrados, entonces, a partir del día hábil siguiente comenzó a correr el término de 20 días para intentar la acción de nulidad electoral contra la elección referida, quiere ello decir que para el 1º de diciembre de 2003 cuando se presentó la respectiva demanda, aun no había expirado el plazo de caducidad previsto en el artículo 132-12 del Código Contencioso Administrativo, pues este se cumplió un día después, es decir el 2 de diciembre de 2003.

Lo dicho antes encuentra respaldo en la certificación visible al folio 281, en la que el Registrador Municipal del Estado Civil de San Juan del Cesar, da cuenta de los siguientes hechos: “... los escrutinios municipales para corporaciones públicas (gobernador, alcalde, asamblea y concejo), se iniciaron a las nueve (9:00) a.m., del día veintiocho (28) de octubre de dos mil (2003). Los mismos culminaron el día dos (2) de noviembre de dos mil tres (2003) a las dos (2) p.m., según consta en el acta general de escrutinios. La declaración de elección de alcalde y concejo, se hizo el día dos (2) de noviembre de dos mil tres (2003), después de finalizado los escrutinios y realizadas las operaciones matemáticas...”.

Finalmente y en relación, con el mismo aspecto, cabe señalar que en tratándose de elecciones locales como las de alcaldes populares, si el escrutinio concluye normalmente, es decir sin que se presenten reclamaciones o apelaciones contra las decisiones de las comisiones escrutadoras municipales, estas a continuación procederán a declarar la elección correspondiente y le expedirán al elegido la respectiva credencial y así lo establece no solo la ley electoral (L. 163/94, art. 7º), sino las que gobiernan cualquier razonamiento lógico deductivo, pues no resulta razonable declarar la elección y posteriormente realizar o terminar la diligencia del escrutinio, que determinará dicha declaratoria elección, como tampoco resulta razonable la decisión inhibitoria del tribunal, puesto que realiza un análisis de los cargos plateados en la demanda y respecto de ellos concluye que no prosperan, lo cual indica que la deducción o conclusión lógica es que negaría las pretensiones de la demanda, pero de manera insólita y sorpresiva concluye que se inhibe para tomar decisión de fondo.

Las razones expuestas son suficientes para revocar la sentencia recurrida en apelación y en consecuencia la Sala procederá a analizar los cargos planteados en el libelo.

3. El fondo del asunto.

Primer cargo: El actor lo formula en los siguientes términos:

“No participación de ciudadanos en elección por violencia y amenazas de grupos al margen de la ley - constituye nulidad por infracción de normas en que debería fundarse el acto Código Contencioso Administrativo artículo 84-1”.

El actor sostiene que sin la participación de los ciudadanos aptos para votar en los corregimientos en inspecciones de policía de Caracolí, La Peña de los Indios, La Sierrita y Los Cartones, el acto demandado viola las normas superiores citadas en la demanda (C.N., arts. 1º, 40, 258 y 260); que esa falta de participación en las elecciones realizadas el 26 de octubre de 2003, obedeció a que un día antes, cuando se llevaba a cabo la votación para referendo constitucional, las localidades mencionadas fueron sorprendidas por un grupo de insurgentes que se identificó como miembros de las Farc, frente 59, habiendo destruido los documentos electorales y retenido a los delegados del registrador y ante la imposibilidad de las autoridades civiles y militares de garantizar la seguridad en los puestos de votación, el Registrador Municipal de San Juan del Cesar resolvió trasladar las mesas de votación de los corregimientos mencionados a la cabecera municipal de esa localidad.

Antes de realizar el análisis del primer cargo, se reitera en esta ocasión el derrotero jurisprudencial fijado por esta Sala, en el sentido de que la nulidad de los actos administrativos de carácter electoral puede fundamentarse no solo en las causales especiales para esa clase de actos, consagradas en el artículo 223 del Código Contencioso Administrativo, sino en las generales para cualquier acto administrativo, que contempla el artículo 84 ibídem, razón por la cual, en este caso procede el examen del acto impugnado, frente a las normas constitucionales señaladas en la demanda, referidas a la vulneración del derecho fundamental de elegir, debido a la omisión o inactividad del Estado para garantizarlo.

Ya en otras oportunidades esta Sala ha admitido que puede presentarse violación de normas constitucionales y legales cuando, por razones ajenas a la voluntad de los sufragantes y atribuibles al Estado, los electores no pueden ejercer su derecho al voto. La Sala también ha determinado que en esos casos el asunto se debe analizar desde el punto de vista de si la falta de participación de los ciudadanos aptos para votar, altera el resultado electoral contenido en el alto demandado, porque no refleja la voluntad de los electores expresada en las urnas.

La no participación de los ciudadanos en una contienda electoral, por amenazas de grupos al margen de la ley que no fueron evitadas por el Estado, viola los artículos 40, 258 y 260 de la Constitución que consagran el sufragio como expresión del derecho fundamental de elegir a quienes deben ejercer el poder público, e infringe la garantía que conforme a los artículos 1º y 3º constitucionales debe brindar el Estado para permitir la participación efectiva de los ciudadanos en la elección de sus representantes. Así lo consideró esta Sala en pronunciamientos anteriores:

“... el artículo 40 de la Constitución Nacional consagra el derecho fundamental de todos los ciudadanos a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político y para hacer efectivo ese derecho, la misma norma, preceptúa que aquellos, entre otras garantías, pueden elegir y ser elegidos y tomar parte en las elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares, y otras formas de participación democrática. De manera que el derecho a elegir y tomar parte en las elecciones es un derecho fundamental de todos los ciudadanos que el Estado debe garantizar. Ese derecho a elegir se hace efectivo mediante el voto que, según el artículo 258 de la Carta, es un derecho y un deber que le permite a los ciudadanos, según el artículo 260 ibídem, participar en la elección, en forma directa, del Presidente, y Vicepresidente de la República, senadores, representantes, gobernadores, diputados, alcaldes, concejales municipales y distritales, miembros de las juntas administradoras locales, y, en su oportunidad, los miembros de la Asamblea Constituyente y las demás autoridades o funcionarios que la Constitución señale. De modo que cuando los ciudadanos no pueden participar en una determinada elección de carácter popular por razones ajenas a su propia voluntad y atribuibles a circunstancias que el Estado debe garantizar que no ocurran, sin lugar a dudas, se vulnera el derecho fundamental de participar en la conformación del poder político y de elegir consagrado en el artículo 40 de la Constitución Nacional” (1) .

En la sentencia del 11 de octubre de 2002, expediente 2888, esta Sala afirmó:

“La no participación de los ciudadanos en una contienda electoral por amenazas de grupos al margen de la ley que no fueron evitadas por el Estado viola los artículos 40, 258 y 260 de la Constitución. El asunto que la Sala debe resolver se circunscribe a analizar si la ausencia de participación de los ciudadanos inscritos para sufragar en 4 mesas de votación ubicadas en el municipio de Mitú y en las de los municipios de Carurú y Taraira alteró el resultado electoral contenido en el acto electoral impugnado. En otras palabras, como la violación de las normas legales y constitucionales a que se hizo referencia se concreta cuando el acto que declaró las elecciones impugnadas no contiene la verdadera voluntad popular, es necesario determinar si la ausencia de participación por actos ajenos a la voluntad de los ciudadanos y atribuibles al Estado afectó el resultado electoral.

El total de los ciudadanos aptos para sufragar en los municipios de Taraira y Carurú es de 1902 y, como número máximo, en las inspecciones de Yapú y Yuruparí y en el corregimiento de Acaricuara, del municipio de Mitú pueden participar 1600 ciudadanos. Entonces, ese número de votantes es capaz de modificar el resultado electoral puesto que la diferencia de votos entre los candidatos que obtuvieron la primera y segunda votación del departamento es de 827 votos. De igual manera, la diferencia de votos entre los candidatos que obtuvieron la segunda y tercera votación es de 97 votos” (se resalta).

La Sala concluyó por lo anterior que prosperaba el cargo por violación de los artículos 1º, 3º, 40, 258 y 260 de la Constitución y 128 del Código Electoral. En el mismo sentido se pronunció la Sala en sentencia del 23 de agosto de 2004, expediente 3361, de la cual se transcribe el siguiente aparte:

“Conforme al lineamiento jurisprudencial referido en el punto 5 anterior, para que se considere viciado de nulidad un acto administrativo que declara una elección popular, cuando en los comicios existe un número considerable de ciudadanos que no pudieron ejercer el derecho al voto, como es el caso que se plantea en este proceso, deben hallarse probados los siguientes supuestos de hecho:

1. Que la imposibilidad de acceder a las urnas se deba a causas extrañas a su voluntad;

2. Que esas causas no hayan sido controladas por las autoridades, estando estas en condiciones de hacerlo;

3. Que el número de electores afectados sea potencialmente capaz de alterar el resultado electoral, porque excede la diferencia de votos entre el elegido y quien hubiera quedado en segundo lugar”.

Aplicando al sub lite el criterio jurisprudencial aludido se tiene:

A folios 42 y 43 obra copia de la Resolución 11 de 25 de octubre de 2003, mediante la cual el registrador municipal de San Juan del Cesar resolvió trasladar las mesas de votación que debían funcionar en los corregimientos e inspecciones de policía de Caracolí, El Hatico de los Indios, La Sierrita, Los Cardones y La Peña de los Indios, para ubicarlas en la cabecera municipal de dicha localidad, donde funcionarían en las elecciones del día siguiente 26 de octubre de 2003.

La parte considerativa de dicho acto administrativo, da cuenta que la decisión contenida en el mismo se adoptó teniendo en cuenta aspectos como la situación de orden público del municipio; los hechos ocurridos el 25 de octubre, en que los pliegos electorales de algunos corregimientos e inspecciones de policía fueron incinerados; la retención o secuestro de cuatro funcionarios de la registraduría; la imposibilidad de la fuerza pública para garantizar la seguridad en algunos sitios de la zona rural y la protección de la integridad personal de funcionarios de la registraduría y de jurados de votación.

A folios 241 y siguientes obran copias de las listas de sufragantes (F. E-10), las cuales demuestran que en los corregimientos que a continuación se relacionan existían los siguientes ciudadanos aptos para votar:

Caracolí518(fls. 243-244)
Los Cardones86(fl. 254)
La Sierrita74(fl. 253)
La Peña de los Indios278(fls. 252)
El Hatico de los Indios198(fls. 246-247)
Total1.154 

Al folio 237 obra certificación suscrita por el Registrador Municipal del Estado Civil en la que da cuenta que en los corregimientos e inspecciones referidos la votación fue la siguiente:

Caracolí91 votos
Los Cardones18 votos
La Sierrita14 votos
La Peña de los Indios34 votos
El Hático de los Indios30 votos
Total187 votos

Según consta en el acta parcial de escrutinio de los votos para alcalde municipal de San Juan del Cesar (fl. 13), en la elección del 26 de octubre de 2003 se obtuvieron los siguientes resultados:

Votos por el candidatoMoisés Enrique Daza Mendoza3.657
Votos por el candidatoLuis Manuel Daza Mendoza3.583
Votos por el candidatoArnoldo Enrique Marulanda4.615
Votos por la candidataNuris del Socorro Coronado269
Votos en blanco 63
Total votos válidos 12.187
Votos nulos 87
Votos no marcados 181
Votación total 12.455

De lo anterior se deduce, por una parte, que la diferencia entre el total de ciudadanos que ejercieron su derecho al voto en las inspecciones y corregimientos mencionados (187) y los que podían hacerlo porque eran aptos para ello (1.154) es de 967, y por otra que el señor Arnoldo Enrique Marulanda superó en 958 votos al candidato Moisés Enrique Daza Mendoza y en 1032 votos al candidato Luis Manuel Daza Mendoza.

Se concluye entonces, de los hechos expuestos, que la votación en esos corregimientos fue muy poco representativa frente al potencial de electores, pues solo alcanza a un 16%. Sin embargo, no se halla demostrado en el proceso que esa escasa votación se debió a causas extrañas a la voluntad de los ciudadanos aptos para sufragar, porque si bien fue necesario el traslado de las mesas de votación a la cabecera municipal, por razones de orden público, como lo señala la Resolución 11 del 25 de octubre de 2003, expedida por el Registrador Municipal de San Juan del Cesar (fl. 42), no se demostraron los hechos de violencia y amenaza por parte de grupos armados al margen de la ley que según la demanda impidieron que los ciudadanos de esos corregimientos se desplazaran a sufragar en el nuevo sitio de ubicación de las urnas asignado por dicha resolución. Tampoco aparece prueba que evidencie una relación causa efecto entre los motivos de orden público que fundamentaron el traslado de las mesas de votación y la no participación de los ciudadanos inscritos de los corregimientos e inspecciones de policía de Caracolí, el Hatico de los Indios, La Sierrita, Los Cardones y La Peña de los Indios.

Además, aunque el número de ciudadanos que no acudió a las urnas es ligeramente superior a la diferencia de votos entre el candidato ganador y el que le siguió en votación, no puede afirmarse con certeza que en ausencia de los elementos perturbadores del orden público en que se sustenta la demanda, la afluencia de votantes habría sido del 100%, para deducir de allí que habría estado dentro de las posibilidades que esa votación alterara el resultado electoral; tal posibilidad no es deducible lógicamente si se tiene en cuenta que históricamente el margen de abstención es alto en el país y que específicamente en la elección demandada fue del 43.7%. Lo anterior se deduce del oficio DCE-0484 de 11 de mayo de 2004, el director del censo electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil, según el cual, para el 26 de octubre de 2003, el potencial electoral del Municipio de San Juan del Cesar era de 22.110 ciudadanos (fl. 287) y que en las elecciones realizadas en la misma fecha sufragaron 12.455 ciudadanos (fl. 288), que según el mismo documento equivale; al 56.3% de los potenciales electores.

En este orden de ideas y conforme a la prueba aportada al proceso, no podría concluirse con convicción plena que en el sub lite la poquísima participación de los ciudadanos inscritos en los corregimientos e inspecciones mencionados, hubiera tenido como causa factores ajenos a la voluntad de los electores y que de no haber existido esos factores, los resultados electorales podrían haber sido diferentes.

El primer cargo, en consecuencia, no prospera.

Segundo cargo: El actor lo formula en los siguientes términos:

“Destrucción previa y concomitante a las elecciones de los documentos electorales por los grupos al margen de la ley”.

En este cargo el actor afirma que la violación se configura por infracción de normas superiores, en razón de que sin la participación de los ciudadanos aptos para votar en los corregimientos e inspecciones de policía de La Junta, La Peña, Potrerito, Cañaverales, Corralejas y El Totumo, el acto declaratorio de la elección demandada es violatorio del artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, por infracción de las normas constitucionales en que debía fundarse, es decir las que cita en la demanda, mismas que garantizan los derechos a elegir y ser elegido, al voto, a la paz, a participar en las elecciones etc. (C.N., arts. 1º, 2º, 3º, 22, 40, 189-4, 258, 260, 303; C.E., 1º, 2º, 128) y que ese desconocimiento incidió poderosamente en la elección; que el acto impugnado, no refleja la auténtica, libre y espontánea manifestación de voluntad de los ciudadanos aptos para votar, porque el Estado no proveyó la seguridad necesaria, lo cual condujo a que se conculcara ese derecho a 2.278 personas, que se encontraban habilitadas para ejercer derechos políticos en los corregimientos e inspecciones de policía mencionados; que al desconocer los principios constitucionales consagrados en las normas citadas en la demanda, el acto impugnado se expidió en forma irregular, porque se eligió a la autoridad de un municipio con votaciones parciales cuando debió permitirse la participación de todos los ciudadanos; que la ausencia total de elecciones en 6 localidades no obedeció a hechos imputables a los electores sino a omisión del Estado, que ni los candidatos ni los participantes deben soportar, que además benefició al demandado que se encontraba débil electoralmente en esas regiones y perjudicó a los demás candidatos que tenían allí concentrada su fortaleza electoral; que de haberse realizado las elecciones otro hubiera sido el resultado, porque allí habla una gran cantidad de ciudadanos aptos para votar (2.278); que vistas así las cosas, la nulidad procede porque esos ciudadanos tenían capacidad suficiente para modificar el resultado electoral declarado en el acto controvertido, en donde entre el elegido y el segundo en votación se observa una diferencia de 958 votos y de 1.032 con el tercero.

Este cargo es muy similar al primero porque en ambos se acusó el acto demandado por infracción de normas superiores de derecho, relacionadas con el derecho a elegir y ser elegido; pero difieren en cuanto que mientras en el primero se planteó la violación porque se restringió el derecho a votar de 967 ciudadanos inscritos en los corregimientos e inspecciones de policía allí señalados, en el segundo la infracción se hace derivar de la ausencia total de elecciones en 6 corregimientos o inspecciones de policía (La Junta, La Peña, Potrerito, Cañaverales, Corralejas y El Totumo) y en donde según el accionante había 2.278 ciudadanos aptos para votar.

La no participación de los ciudadanos en una contienda electoral por amenazas de grupos al margen de la ley que no fueron evitadas por el Estado, viola los artículos 40, 258 y 260 de la Constitución que consagran el sufragio como expresión del derecho fundamental de elegir a quienes deben ejercer el poder público, e infringe la garantía que conforme a los artículos 1º y 3º constitucionales debe brindar el Estado para permitir la participación efectiva de los ciudadanos en la elección de sus representantes.

Siguiendo el mismo derrotero jurisprudencial trazado por la Sala en las decisiones precitadas y transcritas parcialmente en el primer cargo, se procederá a establecer si en este caso concurren los dos presupuestos necesarios que estructuraran la nulidad del acto declaratorio de la elección del alcalde municipal de San Juan del Cesar.

En primer lugar es preciso establecer si existieron factores ajenos a la voluntad de los electores, que impidieron el ejercicio al sufragio de 2.278 ciudadanos aptos para votar, e inscritos en los corregimientos o inspecciones de policía La Junta, La Peña, Potrerito, Cañaverales, Corralejas y El Totumo.

Y en segundo lugar si los 2.278 ciudadanos hubiesen podido sufragar, esa cantidad de votos resulta capaz de alterar el resultado electoral por exceder la diferencia de votos entre el elegido y quien hubiera obtenido la segunda votación.

1. Las pruebas allegadas al proceso demuestran los siguientes hechos:

Al folio 88 obra copia auténtica del oficio 422 de 4 de noviembre de 2003, suscrito por el Registrador Municipal del Estado Civil de San Juan del Cesar y dirigido a los delegados de la Registradora Nacional del Estado Civil en los siguientes términos:

“En el presente relacionan las mesas de votación que no se escrutaron, por haberse presentado alteración del orden público en los lugares correspondientes a su funcionamiento, como constan (sic) en las denuncias formuladas ante los organismos competentes por los delegados de la registraduría. En lo referente a Cañaverales informo que las mesas permanecieron abandonadas o sin custodia por largo tiempo y traídas el día siguiente a la registraduría municipal por el Ejército Nacional.

“LugarZonaPuestoMesas
“Cañaverales99052
“Corraleja99181
“El Totumo99261
“La Junta99302
“La Peña99351
“Potrerito99581

El mismo funcionario remitió al proceso un informe en términos similares, el cual obra a folios 257 y 259 del expediente.

Al folio 114 obra oficio 448 de 24 de noviembre de 2003, suscrito por el Registrador Municipal de San Juan del Cesar, en cual certifica la totalidad de votos emitidos para Alcalde y Concejo en los siguientes puestos de votación:

“Lugar de votaciónCorporación votos 
“La JuntaAlcalde0
“La PeñaAlcalde0
“PotreritoAlcalde0
“CañaveralesAlcalde0
“CorralejaAlcalde0
“El TotumoAlcalde0
“El TotumoAlcalde279 (sic)

Mediante oficio RNEC-DDb-458 de 29 de marzo de 2004 (fl. 238), los delegados de la Registradora Nacional del Estado Civil informan: “... que en los corregimientos de Cañaverales, Corralejas, La Junta, La Peña, Potrerito y el Totumo del municipio de San Juan del Cesar La Guajira, no hubo elecciones, debido a que los documentos electorales, fueron incinerados por grupos al margen de la ley, según informó la comisión escrutadora y el registrador municipal de San Juan del Cesar, mediante acta general de escrutinio municipal”.

Las pruebas anteriormente referidas demuestran que el 26 de octubre de 2003 un grupo de personas al margen de la ley incursionó en las localidades de Cañaverales, Corralejas, La Junta, La Peña, Potrerito y el Totumo (municipio de San Juan del Cesar - Guajira) y procedió a incinerar los documentos electorales y a retener a varios funcionarios de la Registraduría Nacional del Estado Civil, razón por la cual no fue posible que los habitantes de esas localidades ejercieran su derecho al voto en los comicios que se realizaron en esa fecha. Es decir que en este caso aparece demostrado el primero de los presupuestos necesarios para la prosperidad de la pretensión de nulidad electoral, cuando esta se soporta en la no realización de elecciones por causas ajenas a la voluntad de los electores.

2. En cuanto hace al segundo presupuesto que junto con el anterior debe concurrir para que la nulidad del acto electoral sea posible, a saber, que si los ciudadanos de las citadas localidades hubiesen tenido la posibilidad de sufragar se podría prever una alteración del resultado electoral, es necesario tener en cuenta los siguientes precedentes:

a) Según consta en el acta parcial de escrutinio de los votos para alcalde municipal de San Juan del Cesar (fl. 13), en la elección del 26 de octubre de 2003 se obtuvieron los siguientes resultados:

Votos por el candidatoMoisés Enrique Daza Mendoza3.657
Votos por el candidatoLuis Manuel Daza Mendoza3.583
Votos por el candidatoArnoldo Enrique Marulanda4.615
Votos por la candidataNuris del Socorro Coronado269
Votos en blanco 63
Total votos válidos 12.187
Votos nulos 87
Votos no marcados 181
Votación total 12.455

b) Según la certificación de la Registraduría Nacional del Estado Civil del 11 de mayo de 2004 (fl. 287), el potencial electoral del municipio de San Juan del Cesar para los comicios del 26 de octubre de 2003 fue de 22.110 votos.

c) El censo electoral de los corregimientos e inspecciones de policía en las que no se realizaron elecciones el 26 de octubre de 2003, arroja los siguientes datos:

Cañaverales652(fls. 241-242)
Corraleja317(fl. 245)
La Junta671(fls. 248-249)
La Peña395(fls. 250-251)
Potrerito72(fl. 255)
El Totumo171(fl. 247)
Total2.278 

De la información precedente se deduce que:

— La población apta para votar en el municipio de San Juan del Cesar que acudió a las urnas el 26 de octubre de 2003 a depositar su voto para alcalde de ese municipio, descontando los 2.278 correspondientes a las localidades en que no hubo votación, representa el 62.8% del total del electorado.

— Teniendo como referencia dicho comportamiento de la población que tuvo la oportunidad de votar, se puede afirmar en las localidades en que no fue posible llevar a cabo los comicios, habría acudido cuando menos el mismo porcentaje de población, es decir 1.431 ciudadanos.

— El señor Arnoldo Enrique Marulanda superó en 958 votos al candidato Moisés Enrique Daza Mendoza y en 1032 votos al candidato Luis Manuel Daza Mendoza.

La Sala encuentra que por exceder la diferencia de votos entre el elegido y los candidatos que quedaron en segundo y tercer lugar, puede afirmarse que en el supuesto de que se hubiera realizado la votación para alcalde de San Juan del Cesar en los corregimientos e inspecciones de policía en que por razones de orden público no hubo comicios el 26 de octubre de 2003, esa votación podría haber alterado el resultado electoral que determinó la declaratoria de la elección del señor Arnoldo Enrique Marulanda Brito como alcalde, pues la ventaja de los votos por él obtenidos, en relación con los candidatos que quedaron en segundo y tercer lugar (958 y 1032 votos, respectivamente) es inferior al potencial de votantes que no pudo acudir a las urnas (1431), calculado teniendo en cuenta el comportamiento electoral en el resto del municipio.

Por las consideraciones precedentes procede revocar la decisión inhibitoria apelada, y en su lugar acceder a la solicitud de los demandantes de que se declare la nulidad del acto administrativo que declaró la elección del señor Arnoldo Enrique Marulanda Brito como alcalde municipal de San Juan del Cesar (Guajira) para el período 2004-2007, y dejar sin validez la correspondiente credencial. Como consecuencia de tal declaratoria de nulidad las autoridades competentes deberán convocar y adelantar la elección popular de alcalde de San Juan del Cesar únicamente en las localidades de Cañaverales, Corraleja, La Junta, La Peña, Potrerito y El Totumo. Los votos depositados en los demás sitios de votación del municipio mantienen su validez y por lo tanto deben ser contabilizados en el escrutinio general del municipio que se realice una vez se hayan producido los comicios en los sitios en que no hubo votación. Las autoridades competentes deben concentrar todos los esfuerzos a fin de garantizar que los ciudadanos habilitados para votar en tales sitios lo hagan libremente y que su voto sea la expresión libre, espontánea y auténtica de su voluntad.

La decisión

Con base en lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de ley,

FALLA:

1. Se revoca la sentencia del 4 de agosto de 2004 del Tribunal Administrativo de la Guajira, y en su lugar se declara la nulidad del acta parcial de escrutinio de los votos para alcalde del municipio de San Juan del Cesar, Guajira, de fecha 28 de octubre de 2003, en cuanto declaró la elección del señor Arnoldo Enrique Marulanda Brito como alcalde municipal de San Juan del Cesar (Guajira para el período 2004-2007. En consecuencia se cancela la respectiva credencial.

2. Como consecuencia de lo anterior, las autoridades competentes deberán convocar y adelantar la elección popular de alcalde para el período indicado, únicamente en los corregimientos e inspecciones de policía de Cañaverales, Corraleja, La Junta, La Peña, Potrerito y El Totumo del citado municipio.

3. Una vez se celebren los comicios señalados en el punto anterior, procederá el escrutinio general, conforme a lo señalado en la parte motiva de esta sentencia.

4. Niéganse las demás peticiones de la demanda.

Comuníquese esta decisión a la señora presidenta del Consejo Nacional Electoral, a la señora Registradora Nacional del Estado Civil y al gobernador del departamento de La Guajira, para los efectos a que haya lugar, conforme a la ley.

En firme esta providencia devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Notifíquese».

(1) Sentencia del 20 de septiembre de 1999, expediente 2238.

___________________________________