Sentencia 3573 de mayo 20 de 1993 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL

DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

EXTRACTOS: «1. Así como la responsabilidad patrimonial por culpa contractual puede alcanzar a las personas jurídicas, en tanto el artículo 633 del Código Civil les reconoce capacidad esencial y por ende la posibilidad de contraer obligaciones, hoy en día cabe afirmar lo propio de la responsabilidad civil por culpa extracontractual imputable a dichas personas y originada en actos dañosos cometidos por agentes que obran en su interés, responsabilidad que en la medida en que entre dentro del campo de acción propio del ente moralmente personificado, será siempre directa y no indirecta según enseñan conocidos principios de doctrina expuestos hace más de medio siglo por la Corte (G.J. Tomo XLVIII, pág. 663), aceptados después de muchas vacilaciones y tanteos en fallos proferidos el 30 de junio de 1962 (G.J. Tomo XCIX, págs. 87 a 100 y 651 a 658) y de los cuales ahora es necesario hacer memoria en vista de las consideraciones sobre el particular efectuadas en la sentencia materia de impugnación.

En efecto, si la ley atribuye a las personas jurídicas privadas la aptitud de querer y obrar a través de individuos que son el soporte material de sus órganos, reputando como voluntad propia del ente colectivo la de estos últimos, por norma de riguroso derecho ha de entenderse que esa atribución tiene relevancia, no solamente en el campo de lo lícito, sino también en el de lo ilícito, y es por eso que de igual modo y sentido en que se admite que aquellas personas tienen plena capacidad de goce, debe convenirse así mismo que la tienen para cometer culpas civiles (G.J. Tomos XI, pág. 356, XXV, pág. 306, XXXV, pág. 259, y XCI, pág. 661, entre muchas otras). Pero en realidad dificultades del linaje de la que estos autos dan cuenta no se presentan como consecuencia de la consagración de este postulado, toda vez que en la actualidad se tiene por cosa averiguada que las regulaciones contenidas en el título XXXIV del libro cuarto del Código Civil comprenden implícitamente la responsabilidad por culpa aquiliana de las personas jurídicas, sino que son fruto de empeñosas discusiones sostenidas por muchos años en punto de ubicar el factor adecuado para justificar esa imputabilidad, cuestión esta de notable utilidad práctica que hace de suyo referencia a la forma como las personas jurídicas pueden resultar comprometidas por los actos culposos que, causantes de daños a terceros, ejecutan sus agentes o sus dependientes en el ejercicio de actividades que a ellas corresponden, y que constituye además premisa indispensable para definir, dentro de los tres tipos distintos que dicho título consagra, el régimen institucional de responsabilidad extracontractual aplicable cuando de actos ilícitos imputables a entes morales se trata; los criterios expuestos sobre la materia no fueron uniformes a lo largo de un proceso de interesante consolidación jurisprudencial protagonizado en el seno de la Corte desde las postrimerías del pasado siglo, las variantes conceptuales que lo caracterizaron se apoyaron todas en su momento en respetables argumentos que no es pertinente recapitular una vez más, por manera que es del caso recordar tan sólo que a partir de junio de 1962, por trabajo simultáneo de las Salas de Casación en lo Civil y de Negocios Generales, adquirió definitivo predominio la tesis de la “responsabilidad directa” cuyos fundamentos bien pueden resumirse en términos por cierto reiterados a partir de entonces sobre la base de advertir que, mucho más clara por su lógica, resulta la idea de la responsabilidad tal como se deduce de las premisas según las cuales han sido concebidos la existencia y funcionamiento de la persona moral. Como simple abstracción jurídica que es, el ser moral debe precisamente actuar con el obligado concurso de personas físicas a quienes una norma superior (la ley, decretos y los reglamentos para las personas de derecho público, los estatutos y reglamentos para las de derecho privado) les señala las particulares funciones que deben cumplir, y sin cuyo ejercicio no podría llenar aquél los fines para los que se le creó. Esos agentes, cualquiera que sea su denominación y jerarquía, al accionar sus funciones, pierden la individualidad que en otras condiciones tendrían; sus actos se predican realizados por la persona moral, y directa de ésta es la responsabilidad que en dichos actos se origine, lo mismo cuando el daño se produce en el ejercicio regular de la función, que cuando solamente lo ha sido con ocasión de ella, siendo de advertirse que en el ámbito de la responsabilidad por actividades peligrosas a que alude el artículo 2356 del Código Civil, cimentada como es sabido en una culpa presunta que solamente destruye la intervención demostrada de una causa extraña, ese criterio de imputación a la persona jurídica también trae consecuencias, puesto que si en ejercicio de una de tales actividades el agente traiciona la función, su propia culpa no sería suficiente para destruir la que se presume respecto de la persona moral en cuyo servicio se ocasionó el daño, y no siendo esto posible, uno y otra deben responderle directa y solidariamente al perjudicado, conservando esta última el derecho de repetir contra el primero.

En este orden de ideas, a modo de necesaria síntesis y de conformidad con lo dicho en el párrafo que antecede, el régimen de responsabilidad civil por culpa extracontractual al que las leyes comunes someten a las personas jurídicas privadas, se distingue por un conjunto de reglas generales de entre las cuales importa destacar las de mayor significación, a saber:

a) En primer lugar, que la culpa personal de un agente dado, funcionario directivo o subalterno auxiliar, compromete de manera inmediata y directa a la persona jurídica cuyos intereses sirve, desde luego en cuanto de la conducta por el primero observada pueda aseverarse que hace parte del servicio orgánico de la segunda. En consecuencia, cuando un individuo —persona natural— incurre en un ilícito culposo, actuando en ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas, queriendo así por el ente colectivo, no se trata entonces de una falta del encargado que por reflejo obliga a su patrón, sino de una auténtica culpa propia imputable como tal a la persona jurídica, noción esta que campea en el panorama nacional (G.J. Tomo CXXXII, pág. 214) y que no permite elaborar artificiosos distingos, cual pretendió hacerlos el ad quem en la especie en estudio incurriendo por ello en evidente desacierto, según se trate o no de actividades que son fuente de peligros especiales para terceros, sosteniendo que únicamente en caso afirmativo la ameritada fórmula tiene vigencia y cabe predicar que la culpa personal de un agente puede determinar de manera directa la responsabilidad patrimonial de la persona jurídica involucrada.

Estas se ven comprometidas de esa forma, sea porque sus actividades tengan aquella índole o bien por culpa probada, lo que exige dejar consignada la respectiva corrección doctrinaria a las apreciaciones poco claras que el Tribunal tuvo por conveniente hacer sobre el punto en su sentencia.

b) Secuela forzosa de la regla anterior es que las obligaciones de proceder diligente en la escogencia y en el control de personas naturales “ ... bajo su cuidado ...”, esenciales en la responsabilidad indirecta por el hecho ajeno que instituyen los artículos 2347 y 2349 del Código Civil, en línea de principio no sirven para explicar la imposición de prestaciones resarcitorias extracontractuales a cargo de los entes morales; esa responsabilidad indirecta que dichos preceptos regulan “... supone dualidad de culpas conforme a la concepción clásica que funda la responsabilidad del comitente en las culpas in eligendo e in vigilando, o sea la concurrencia de la imputable al comisionado o dependiente como autor del eventus damni con la in eligendo o in vigilando que se atribuye al patrono; en tanto que la culpa en que puede incurrir la persona moral es inseparable de la individual del agente, porque aquélla obra por medio de sus dependientes o empleados, de modo que los actos de estos son sus propios actos. La responsabilidad en que puede incurrir es, por lo tanto, la que a toda persona con capacidad de obrar corresponde por sus propias acciones ...” (G.J. Tomo XCIX, pág. 653, reiterada en casación civil de 28 de octubre de 1975), de donde se sigue que cuando se demanda a una persona jurídica en acción indemnizatoria de daños causados por el hecho culposo de sus agentes cometido en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de éstas, no se convoca a dicha entidad bajo el concepto de “... tercero responsable ...” sino a ella misma como inmediato responsable del resarcimiento debido, de suerte que en ese específico evento lo conducente es hacer actuar en el caso litigado, para darle a la controversia la solución que la ley ordena, la normatividad contenida en el artículo 2341 del Código Civil y no la prevista en los artículos 2347 y 2349 del mismo estatuto.

c) Finalmente y también en estrecha armonía con las proposiciones que anteceden, ha de entenderse que ante situaciones ordinarias como las que vienen describiéndose, la acción resarcitoria contra las personas morales que por definición no pueden responder criminalmente, prescribe según el derecho común en veinte años, lo que equivale a decir, visto el asunto con el perfil que ofrece el artículo 2358 del Código Civil, que la prescripción de corto plazo por esa disposición establecida en beneficio de “... terceros responsables ...”, no cuenta con ninguna posibilidad de aplicación legítima en circunstancias tales, toda vez que ella requiere como elemento insustituible “... la coexistencia en el hecho culposo que origina la obligación de resarcir el perjuicio de un actor material y de otra persona obligada a responder por él en virtud de ciertos vínculos que la ley ha considerado en el título 34 del Código Civil ...” (G.J. Tomo LXIV, pág. 623), condición que al tenor de todo cuanto se ha dejado expuesto, dentro de aquel contexto no se cumple».

(Sentencia de casación, mayo 20 de 1993. Expediente 3573. Magistrado Ponente: Dr. Carlos Esteban Jaramillo Schloss).

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