Sentencia 35776 de octubre 20 de 2009

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad. 35776

Acta 40

Magistrado Ponente:

Dr. Camilo Tarquino Gallego

Bogotá, D.C., veinte de octubre de dos mil nueve.

Resuelve la Corte el recurso extraordinario de casación interpuesto por el apoderado de MARÍA ELENA OSPINA ARTEAGA, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 31 de enero de 2008, dentro del proceso ordinario laboral que promovió contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.

Antecedentes

Obrando en su propio nombre, y en el de sus menores hijos JUAN CARLOS y DIANA CAROLINA VELÁSQUEZ OSPINA, la señora MARÍA ELENA OSPINA ARTEAGA demandó al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES para que, previos los trámites del proceso ordinario laboral, fuera condenado a reconocerles y pagarles la pensión de sobrevivientes por el fallecimiento de su compañero permanente y padre, FRANCISO ANTONIO VELÁSQUEZ ORTÍZ, a partir del 18 de diciembre de 1999, con las mesadas adicionales, intereses moratorios, indexación, así como las costas procesales.

Los hechos en que fundan sus pretensiones dan cuenta que, FRANCISCO ANTONIO VELÁSQUEZ ORTÍZ, compañero permanente y padre de los demandantes, falleció el 18 de diciembre de 1999; que mediante la Resolución 12592 de 2003, el ISS les negó la pensión de sobrevivientes solicitada, “a pesar de haber dejado el causante un total de 331 semanas cotizadas”, con lo cual, se “violenta el principio de la condición más beneficiosa esgrimido por nuestra Honorable Corte Suprema de Justicia”, dado que se había cotizado durante más de 7 años. Que en desarrollo de tal principio, se le debe aplicar lo que dispone el Decreto 758 de 1990, que exige un total de 300 semanas cotizadas en cualquier tiempo.

En la contestación de la demanda (fls. 11 y 12), el ISS aceptó el fallecimiento del señor VELÁSQUEZ ORTÍZ, la negativa a conceder la pensión de sobrevivientes, y en cuanto a los demás, dijo que no eran hechos, sino una consideración del demandante. Se opuso al éxito de las pretensiones, y formuló las excepciones de cumplimiento de un deber legal, buena fe, inexistencia de la obligación, compensación, y prescripción.

El 6 de febrero de 2007, el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Medellín, absolvió al Instituto demandado de las pretensiones, y gravó con las costas a la parte actora.

La sentencia del tribunal

Apeló la parte demandante, y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, por sentencia de 31 de enero de 2008, confirmó íntegramente la absolución del a quo, y no impuso costas en la segunda instancia.

En lo que interesa al recurso extraordinario, tras aludir al principio de la condición más beneficiosa, al que le otorgó rango constitucional, el Tribunal trascribió el texto de los artículos 6º y 21 del Acuerdo 49 de 1990, y sostuvo que, en aras del respeto del principio de inescindibilidad de la norma, “no es posible en principio acumular las cotizaciones efectuadas con anterioridad y con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, para alegar el cumplimiento de la densidad exigida por el Acuerdo 49 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año. Es así como, el beneficiario que alegue la aplicación de este precepto para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, invocando 300 semanas cotizadas en cualquier tiempo, debe acreditar que las mismas se aportaron antes del 1º de abril de 1994”. Reprodujo un fragmento de la sentencia de casación 28893 del 4 de diciembre de 2006, según la cual, también es posible deducir el beneficio referido, aplicando la alternativa consagrada en aquél reglamento, siempre y cuando, haya cotizado “un mínimo de 300 semanas con anterioridad al 1º de abril de 1994, o, 150 en el período comprendido entre el 1º de abril de 1988 y el 31 de marzo de 1994, y 150 dentro de los seis años anteriores al fallecimiento”.

Constató que, como VELÁSQUEZ ORTÍZ falleció el 18 de diciembre de 1999, y su historia laboral evidencia,”214 días, 30.57 semanas entre el 5 de diciembre de 1986 y el 6 de julio de 1987; 1.536 días, 219.43, semanas entre el 18 de octubre de 1990 y el 31 de diciembre de 1994; 543 días, 77.57 semanas, durante los meses enero, febrero, marzo, junio julio, agosto, octubre y diciembre de 1995; septiembre, octubre y diciembre de 1996; enero, febrero, abril, junio, agosto, septiembre y noviembre de 1997; para un total de 327.57 semanas cotizadas durante toda su vida laboral, aunque a folios 26 el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES certifica 331 semanas”; a los accionantes no les asiste el derecho pretendido, pues no demostraron que el afiliado fallecido hubiera cotizado siquiera 300 semanas antes del 1º de abril de 1994, y aunque se registran 180 semanas entre el 1º de abril de 1988 y el 31 de marzo de 1994, “durante los seis años anteriores al fallecimiento, es decir desde el 18 de diciembre de 1993 y el 18 de diciembre de 1999 reportó 131,57 semanas, exigiéndose 150”.

El recurso de casación

Concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, propone el recurrente que se case totalmente la sentencia acusada, para que, en sede de instancia, se revoque la del a quo, y en su lugar se impongan condenas, de conformidad con las súplicas de la demanda.

Con fundamento en la causal primera, el impugnante formula un cargo, oportunamente replicado.

Cargo único

Acusó “la sentencia gravada, por la vía directa, interpretación errónea de los artículos 25 y 6 del Acuerdo 04 (sic) de 1990, aprobado por el artículo 1º del Decreto 758 de similar anualidad, en relación con los artículos 50, 141 y 142 de la Ley 100 e (sic) 1974, 8º de la Ley 4a de 1976. Artículos 48 y 53 de la Constitución Nacional”.

Advirtió la censura, que su discrepancia con el fallo que combate “es estrictamente de hermenéutica jurídica, toda vez que las disposiciones acusadas consagran dos hipótesis normativas con diferencias sustanciales, y no una como lo pretende el Tribunal. “Trascribió los artículos 6º y 25 del Acuerdo 49 del Consejo Nacional de Seguros Sociales Obligatorios, aprobado por el Decreto 758 de 1990, y comentó que, partiendo del principio de la condición más beneficiosa que aplica el ad quem, “es palmar que la decisión recurrida interpreta erróneamente las disposiciones acusadas, toda vez que existe[n] dos variantes para acceder a la pretensa pensión de sobrevivientes, esto es, 300 semanas en cualquier tiempo cotizadas antes del 1º de abril de 1993 (sic) o 150 en los seis años anteriores a la vigencia de la citada ley 100 de 1993, esto es, entre el 1º de abril de 1988 y la misma fecha del año 1994”. Con lo anterior, considera cumplido su objetivo de demostrar el yerro interpretativo que imputa al Tribunal, y como alegaciones de instancia sostiene que, conforme a la historia laboral de folio 83, cotizó al ISS por cuenta de CARBONES EL SILENCIO S.A., desde el 18 de octubre de 1990, hasta el 31 de diciembre de 1994, para un total de 1536 días, equivalentes a 210 semanas, “suficientes para acceder a la pensión por la primera hipótesis que trae el artículo 6º del acuerdo 49 de 1990”.

Reprodujo y confrontó lo que llama TESIS ANTERIOR SOBRE EL TEMA DEBATIDO, contenida, según los actores, en las sentencias 17410, y 188845 de 26 de noviembre de 2002, contra la que denomina NUEVA TESIS DE LA CORTE, que ubica en el pronunciamiento emitido en sede de casación el 12 de febrero de 2007, radicación 29620, y agrega que:

“Según la tesis de la H. Corte, el afiliado debe haber cotizado en los seis años anteriores al 1º de abril de 1994 150 semanas, pero también otras 150 semanas antes de su fallecimiento, posición que resulta contraria al texto legal que regula la prestación, no solo porque así no lo contempla la norma, sino porque se le viene a uno a la mente una persona que fallezca en abril de 1996 o en todo caso antes de que hayan pasado los tres años posteriores a el 1º de abril de 1994, sería imposible que alcanzara el reconocimiento de la pensión, toda vez que en años, solo alcanza a cotizar 100 semanas, mucho menos de las que la Corte exige para tales efectos.

“Es que, debe insistirse, la exigencia de 150 semanas cotizadas después del 1º de abril de 1994 y dentro de los seis años siguientes, no es de recibo, porque eso no es lo que contiene la norma en cita, y bien lo tiene dicho la Constitución que los jueces en sus decisiones solo están sometidos al imperio de la Ley (Art. 230 C.N.) y no puede interpretarse la Ley agregándole un supuesto que ella en manera alguna contiene”.

Finalizó, solicitando una corrección de la tesis doctrinaria imperante en la Sala de Casación Laboral.

SE CONSIDERA:

A partir de la vía seleccionada por el recurrente, se tendrá por verdad averiguada, que el causante VELÁSQUEZ ORTÍZ falleció el 18 de diciembre de 1999; que hizo aportes durante “un total de 327.57 semanas cotizadas durante toda su vida laboral, aunque a folios 26 el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES certifica 331 semanas”., discriminadas así: entre el 5 de diciembre de 1986 y el 6 de julio de 1987, registra 30.57 semanas; entre el 18 de octubre de 1990 y el 31 de diciembre de 1994, 219.43 semanas; y 77.57 semanas en enero, febrero, marzo, junio, julio, agosto, octubre y diciembre de 1995; septiembre, octubre y diciembre de 1996; enero, febrero, abril, junio, agosto, septiembre y noviembre de 1997. Es decir, no cotizó 300 semanas antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993; cotizó 180 semanas, durante los seis años que precedieron la entrada en vigencia del estatuto de seguridad social (desde 01/04/88 hasta 31/03/94), y durante los seis años anteriores al deceso del causante (18/12/93 hasta 18/12/99), 131.57 semanas.

De entrada, se advierte que esta Sala no ha variado su doctrina respecto de los supuestos fácticos que ya se dejaron reseñados, pues en el fallo radicado bajo el Nº 17410, que fue dictado el 8 de marzo de 2002, y que no corresponde a la demandante que señala el recurrente; así, como en el Nº 18845 (con ponencia de un Magistrado diferente al que indica la censura), no se abordó el problema jurídico de las 150 semanas de cotización, que en cambio, sí fue dilucidado en la sentencia que ubica el recurrente bajo el epígrafe “NUEVA TESIS DE LA CORTE”.

En efecto, en los dos primeros pronunciamientos, lo que se debatió fue simplemente la aplicación del postulado de la condición más beneficiosa, en casos en los que el afilado fallecido tenía cotizadas más de 300 semanas, antes de cobrar vigencia el estatuto de seguridad social de 1993, sin que se encuentren referencias a lo que, en los términos del recurrente, podría llamarse segunda variante, que sí fue el tema resuelto en la sentencia de casación que utilizó el ad quem como apoyo doctrinario, y la que citan los demandantes en la sustentación del recurso extraordinario, por manera que no hay rectificación jurisprudencial que hacer. 

En consecuencia, la Sala reitera que, cuando se trata de la muerte de un afiliado que antes del 1º de abril de 1994 dejó cotizadas más de 300 semanas, y fallece en vigencia del artículo 46 de la Ley 100 de 1993, y no cotizó 26 semanas dentro del último año anterior a su deceso, en aplicación del principio de la condición más beneficiosa, sus beneficiarios, tienen derecho al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes. Si, bajo los mismos supuestos, no se acredita esa densidad de cotizaciones, solo accederán al beneficio, cuando aquél hubiera aportado no sólo 150 semanas dentro de los 6 años anteriores al 1º de abril de 1994, sino además, “150 semanas en los seis años que anteceden a la fecha de la muerte, bajo el entendido de que este periodo no puede extenderse más allá del sexto año de vigencia de la Ley 100 de 1993” (Rad. 28893; dicbre. 4/06).

Es así, porque frente a la regla general imperativa del artículo 16 del Código Sustantivo del Trabajo, la aplicación de principios como el que subyace en los múltiples pronunciamientos de la Sala, referidos a la aplicación de la condición más beneficiosa, no puede esta figura desplazar aquella preceptiva, para convertirse en la norma general, y por ello sólo, excepcionalmente, bajo la concurrencia de muy especiales y estrictos condicionamientos, puede acudirse a la aplicación de dicho postulado.

No prospera el cargo, y como la demandada presentó escrito de réplica, las costas por el recurso, corren a cargo de la parte demandante.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de fecha 31 de enero de 2008, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el proceso que MARÍA ELENA OSPINA ARTEAGA y OTROS, promovieron contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES

Costas en casación a cargo de la parte demandante.

Cópiese, notifíquese y devuélvase al tribunal de origen.

Magistrado: Camilo Tarquino Gallego—Elsy del Pilar Cuello Calderón—Gustavo José Gnecco Mendoza—Eduardo López Villegas—Luis Javier Osorio López—Francisco Javier Ricaurte Gómez.