Sentencia 3579-01 de noviembre 3 de 2005 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

DECLARACIÓN DE ILEGALIDAD DE UN CESE DE ACTIVIDADES

No puede revocarse sin consentimiento de la entidad empleadora.

EXTRACTOS: «La empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ETB S.A. ESP mediante apoderado y en ejercicio de la acción consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, demanda la nulidad de la Resolución 864 de 16 de mayo de 2001 expedida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social - hoy de la Protección Social, por medio de la cual revocó en todas y cada una de sus partes las resoluciones 2286 y 2287 de 9 de octubre de 1997 expedidas por el mismo ministerio por medio de las cuales había declarado la ilegalidad del cese parcial de actividades realizado por los trabajadores de la empresa de telecomunicaciones durante los días 17 de abril, 27 y 30 de mayo y 4, 5 y 6 de junio de 1997. [...].

Se contrae la controversia a dilucidar si el acto por medio del cual se declara la ilegalidad de un cese de actividades, es un acto de contenido particular y concreto, o si por el contrario, es un acto general y abstracto, y si el Ministerio de la Protección Social estaba autorizado legalmente para revocar, sin en consentimiento expreso y escrito de la entidad actora, el acto acusado.

Lo anterior por cuanto el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social mediante resoluciones 2286 y 2287 de 9 de octubre de 1997 el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social declaró la ilegalidad del cese de actividades ocurrido los días 17 de abril, 30 de mayo, 4, 5 y 6 de junio, todos de 1997 llevados a cabo en las centrales telefónicas de San Carlos, San José, El Carmen, Chapinero, Chicó, Ciudad Universitaria, Graham Bell, Bella Suiza, Colegio Graham Bell y las divisiones de redes de oriente y occidente verificadas por los inspectores de trabajo primero, segundo, tercero, quinto, dieciséis y veinticinco de la división de trabajo y la dirección regional de trabajo y seguridad social de Cundinamarca.

Luego, mediante la Resolución 864 de 16 de mayo de 2001 —acusada—, el Ministerio de la Protección Social, revocó en todas y cada una de sus partes las resoluciones mencionadas, bajo en entendido de que “... los actos administrativos que declaran la ilegalidad de un cese de actividades ... no cualifican en modo alguno y de manera inequívoca y expresa una situación jurídica individual y concreta, por cuanto para ello resulta imperioso que en forma perentoria revistan al empleador de la facultad o derecho de dar por terminados unilateralmente los contratos individuales de trabajo de los trabajadores que han participado o intervenido en la suspensión de labores...”.

En orden a resolver el problema jurídico así planteado, se exponen las siguientes razones:

El artículo 450 del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por el artículo 65 de la Ley 50 de 1990 bajo el acápite “Ilegalidad y sanciones” enumera los casos de ilegalidad de la suspensión colectiva de trabajo, y el numeral 1º del artículo 451 del mismo estatuto, dispone:

“La ilegalidad de una suspensión o paro colectivo de trabajo será declarada administrativamente por el Ministerio de Trabajo. La providencia respectiva deberá cumplirse inmediatamente, y contra ella solo procederán las acciones pertinentes ante el Consejo de Estado”.

La norma transcrita imprime especial trascendencia al acto por medio del cual la autoridad que ejerce la función de policía administrativa declara la ilegalidad de un cese de actividades: es de cumplimiento inmediato y contra ello solo proceden las acciones pertinentes ante el Consejo de Estado. Esas especiales características, por sí solas, ponen en duda la facultad de la administración, para revocar un acto de esa naturaleza.

Para la Sala es innegable que un acto de esa naturaleza, es de carácter particular y concreto, basta con poner de presente que es el mismo legislador (CST, art. 450), que al señalar los casos de ilegalidad de la suspensión colectiva de trabajo, señala los efectos jurídicos que ella produce; entre ellos, autoriza al empleador para despedir por tal motivo a quienes en él hubieran intervenido o participado. El tenor literal de esta disposición, es:

ART. 450.—Casos de ilegalidad y sanciones. Subrogado Ley 50 de 1990, artículo 65. (...).

Declarada la ilegalidad de una suspensión o paro de trabajo, el empleador queda en libertad de despedir por tal motivo a quienes hubieran intervenido o participado en él...”.

Sobre el particular, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia de 27 de julio de 1994, dictada en el proceso 5375, con ponencia de la magistrada doctora Dolly Pedraza de Arenas, dijo:

“La trascendencia de tal declaración explica que el artículo 451 del mismo código, prescriba que la providencia es de inmediato cumplimiento y que contra ella solo proceden las acciones jurisdiccionales, de tal manera que la declaración administrativa juega su papel jurídico a favor de la empresa desde el momento mismo de su comunicación y solo puede ser discutida ante los jueces”.

Las resoluciones 2286 y 2287 de 9 de octubre de 1997 por medio de las cuales el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social declaró la ilegalidad del cese de actividades ocurrido los días 17 de abril, 30 de mayo, 4, 5 y 6 de junio, todos de 1997 llevados a cabo en la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, contenía una situación particular y concreta a favor de la empresa en los términos ya indicados.

Por su parte, el artículo 73 del Código Contencioso Administrativo, dispone:

“Cuando un acto administrativo haya creado o modificado una situación jurídica de carácter particular y concreto o reconocido un derecho de igual categoría, no podrá ser revocado sin el consentimiento expreso y escrito del respectivo titular”.

En el asunto en examen, como quedó consignado en las los hechos de la demanda, y no lo discuten, tanto el Ministerio de la Protección Social, como el apoderado del sindicato Sintrateléfonos, ni el coadyuvante, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social expidió la Resolución 864 de 16 de mayo de 2001 por medio de la cual recovó en todas y cada una de sus partes las resoluciones 2286 y 2287 de 9 de octubre de 1997 por medio de las cuales había declarado la ilegalidad del cese de actividades en los términos indicados, sin haber obtenido previamente el consentimiento expreso y escrito del titular del derecho, es decir, de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá. En esos términos, infringió las normas en que debía fundarse y al mismo tiempo expidió dicho acto de manera irregular, configurándose en esas condiciones la causal de anulación del acto administrativo enjuiciado.

En efecto, en el proceso se acreditó (fl. 38 cdno. ppal.), que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a través del jefe oficina asesora jurídica, puso en conocimiento del gerente de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, la solicitud de revocatoria directa de las resoluciones mencionadas, y le informó:

“Con la finalidad de tramitar la petición de la referencia, formulada mediante apoderado por los señores Rafael Humberto Galvis Jaramillo, Rodrigo Hernán Acosta Barrios y la señora Sandra Patricia Cordero Tovar, con toda atención, manifiesto a usted que esta oficina requiere, a la mayor brevedad, su pronunciamiento al respecto”.

Así mismo, a folios 39 a 44 del mismo cuaderno principal del expediente reposa el memorial suscrito por el apoderado de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, en el cual se opone a la solicitud de revocatoria directa y entre otras razones manifiesta:

“... expresamente manifestamos al señor ministro que no autorizamos, ni damos nuestro consentimiento para que el Ministerio de Trabajo revoque las resoluciones, advirtiendo sobre la responsabilidad que acarrea a la Nación una decisión que desconozca la legítima posición de la ETB”.

Los presupuestos fácticos y jurídicos sirvieron a la Sala para que desde la providencia por medio de la cual se admitió la demanda, se advirtiera que era evidente la trasgresión de la norma señalada (CST, art. 451), razón por la cual se decretó la suspensión provisional del acto acusado, advirtiendo adicionalmente que existían algunas inconsistencias, tales como que en la parte inicial se expresaba que se está resolviendo una solicitud de revocatoria directa, y en la parte considerativa del mismo se expresaba que el despacho del ministro procede de oficio a estudiarla. Así pues, es evidente que se configura la expedición irregular e infracción de las normas en que debía fundarse el Ministerio de la Protección Social para expedir el acto atacado, motivo por el cual es procedente su declaratoria de nulidad.

Al configurarse la aludida causal de anulación del acto cuestionado (por infringir las normas en que debía fundarse, lo mismo que la expedición irregular), no hay necesidad de examinar la falta de competencia y desviación de poder aducidas en la demanda.

Por las razones que anteceden, se declarará la nulidad del acto acusado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B” administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley

FALLA:

DECLÁRASE la nulidad, de la Resolución 864 de 16 de mayo de 2001 expedida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social - hoy de la Protección Social, por medio de la cual revocó en todas y cada una de sus partes las resoluciones 2286 y 2287 de 9 de octubre de 1997 expedidas por el mismo ministerio por medio de las cuales había declarado la ilegalidad del cese parcial de actividades realizado por los trabajadores de la empresa de telecomunicaciones durante los días 17 de abril, 27 y 30 de mayo y 4, 5 y 6 de junio de 1997.

Cópiese, notifíquese y ejecutoriada esta providencia archívese el expediente. Cúmplase.

(Sentencia de 3 de noviembre de 2005. Expediente 3579-01. Consejero Ponente: Dr. Alejandro Ordóñez Maldonado).

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