Sentencia 35805 de abril 27 de 2010

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Radicación 35805

Magistrado Ponente:

Dr. Camilo Tarquino Gallego

Acta 13

Bogotá, D.C., veintisiete de abril de dos mil diez.

Resuelve la Corte el recurso extraordinario de casación interpuesto por MARÍA MARGARITA SÁNCHEZ DE JIMÉNEZ contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, el 29 de febrero de 2008, dentro del proceso ordinario laboral que la recurrente le promovió al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y a COLFONDOS S.A.

Antecedentes

MARÍA MARGARITA SÁNCHEZ DE JIMÉNEZ demandó al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y a la COMPAÑÍA COLOMBIANA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS, COLFONDOS S.A., para que, previos los trámites de un Proceso Ordinario Laboral, se declare que es nulo su traslado a la Compañía Colombiana Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías, COLFONDOS S.A. y, con base en ello, se condene al ISS a reconocerle y pagarle la pensión de vejez, con su correspondiente tasa prestacional a partir del 1º de octubre de 2004; que se ordene a la Compañía Colombiana Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías, COLFONDOS S.A., trasladar todas las sumas que tenga en su poder por concepto de aportes y bono pensional de la demandante y que, en el caso de ya haberlo hecho, que lo pruebe; se condene al pago de intereses moratorios conforme al artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y a las costas. En subsidio, pidió que se declare que la Compañía Colombiana Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías, COLFONDOS S.A., es responsable del pago de su pensión de vejez, con su correspondiente tasa prestacional a partir del 1º de octubre de 2004; que se ordene al ISS trasladar los fondos y el bono pensional que se encuentre en sus arcas, provenientes de cotizaciones hechas por la actora; al pago de los intereses moratorios de conformidad con el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y a las costas (fl. 7).

Como fundamento de las pretensiones, expuso que nació el 17 de octubre de 1948, por lo que cumplió 55 años de edad el 17 de octubre de 2003 y era beneficiaria del régimen de transición; que fue vinculada a la Compañía Colombiana Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías, COLFONDOS S.A., el 3 de enero de 1995 sin tener en cuenta que se encontraba en el régimen de transición, incurriendo en error tanto el ISS como COLFONDOS S.A.; que al cumplir 55 años de edad solicitó la pensión a COLFONDOS recibió como respuesta que su bono pensional tenía un valor aproximado de $ 40.203.000; que solicitado el cálculo actuarial, se estableció que requería un capital mínimo de $ 82.801.000 para acceder a la prestación, por lo que fue rechazada la solicitud; que el 31 de agosto de 2006 le pidió al ISS la pensión de Vejez, así como derecho de petición, el 20 de septiembre del mismo año, para su inclusión en nómina de pensionados, sin haber recibido respuesta a la fecha; finalmente, dijo que fue trasladada dos veces a COLFONDOS y dos al ISS de manera errada; que acredita 1000 semanas cotizadas entre el ISS y COLFONDOS S.A.

El ISS al contestar la demanda (fls. 42 a 47), se opuso a las pretensiones principales por estimar que no tenía afiliada a la demandante, y que tampoco la ha aceptado nuevamente debido a que cumplió las condiciones para acceder a la pensión de vejez por estar afiliada a COLFONDOS S.A., a quien considera es el llamado a responder por la prestación solicitada, razón por la que no se opone a las pretensiones subsidiarias. En cuanto a los hechos aceptó la fecha de nacimiento de la demandante, que se realizaron cotizaciones al ISS y a COLFONDOS, que hubo solicitud de pensión a COLFONDOS que fue negada, y no aceptó los hechos restantes. Propuso las excepciones de falta de causa y prescripción.

Por su parte COLFONDOS S.A., al contestar la demanda (fls. 66 a 76), no se opuso a las pretensiones principales siempre que se reunieran los presupuestos legales, y que no afectaran sus intereses; a las peticiones subsidiarias se opuso, al considerar que la demandante no cumple los requisitos exigidos en el Régimen de Ahorro Individual con solidaridad para obtener dicha prestación; así mismo, que la pensión de vejez, en caso de reunir los requisitos de ley, sólo sería viable, desde el momento que redima el bono pensional, el 17 de octubre de 2008. En cuanto a los hechos, aceptó la fecha de nacimiento, que ha realizado cotizaciones al ISS y a COLFONDOS, que cumplió los requisitos para ser beneficiaria del régimen de transición; que la afiliación válida al sistema de pensiones fue la realizada al Fondo, que cumplió con los requisitos para ser beneficiaria del régimen de transición, aceptó la respuesta dada a la solicitud de pensión, y negó o no le constan los hechos restantes. Propuso las excepciones de inexistencia de las obligaciones demandadas, buena fe y prescripción.

El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bogotá, mediante sentencia del 5 de diciembre de 2007, absolvió al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y a la COMPAÑÍA COLOMBIANA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS, COLFONDOS S.A., de todas las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la demandante (fls. 113 a 127).

La sentencia del tribunal

Apeló la parte actora, y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, por sentencia del 29 de febrero de 2008 (C. del T., fls. 7 a 19), confirmó la decisión del a-quo y no impuso costas.

El Tribunal para delimitar el asunto, sostuvo que:

“El problema jurídico planteado estriba en el hecho de determinar si el traslado de la actora del Régimen de Prima Media al Régimen de Ahorro Individual es nulo y sí logró o no completar los requisitos legales exigidos para acceder a la pensión de vejez deprecada, partiendo del hecho de sí, habiéndose trasladado del Régimen de Prima Media con Prestación Definida al Régimen de Ahorro Individual, perdió o no los beneficios del régimen de transición que la cobijaban. Veamos

“Tal como se corrobora con los documentos visibles a folios 11 y 12, la actora nació el 17 de octubre de 1.948; es decir que hoy cuenta con 59 años de edad y para la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 en pensiones, esto es, el 1º de abril de 1994, tenía ya cumplidos más de 45 años, siendo por ello, en principio, beneficiaria del régimen de transición y, por tanto, para esa época le era aplicable el Acuerdo 49 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año. Sin embargo, también está probado en autos que la señora Sánchez de Jiménez se trasladó al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad desde el 3 de enero de 1995 [fl. 77], a través de la “Compañía Colombiana Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Colfondos S.A.”, a través del formulario 439565 y allí cotizó hasta el mes de diciembre de 2006 [fl. 97], con la excepción de algunos períodos correspondientes a varios ciclos de los años 2.001 y 2.002, donde sus empleadores “Mercadeo y Servicios Integrados Ltda.” y “Cooperativa de Trabajo Asociados de Servicios” [fl. 32] , al parecer erradamente, pues no se aportó prueba alguna respecto a la existencia de traslado, cotizaron al Instituto de Seguros Sociales”.

“Ante el anterior panorama, se concluye que la demandante, en principio, se pensionaría por el Régimen de Prima Media con Prestación Definida por el Acuerdo 49 de 1990, en los términos del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, bajo el amparo del régimen de transición que la cobijaba; pero, como se trasladó al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, esto es, a un fondo privado, sin duda, sometió su aspiración pensional específica a lo dispuesto en el Título III , Capítulo 1, de la Ley 100 de 1993 pues, tal como lo establece el artículo 11 del Decreto 692 de 1994 “La selección del régimen implica la aceptación de las condiciones propias de éste, para acceder a las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivientes, y demás prestaciones económicas a que haya lugar”. Recuérdese que el inciso 4º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, establece que el régimen de transición no es aplicable a las mujeres que al 1º de abril de 1994 —cuando entró en vigencia el régimen pensional de la Ley 100 de 1993— tuvieren 35 años de edad o a los hombres que a la misma fecha tuvieren 40 años de edad “cuando estas personas voluntariamente se acojan al régimen de ahorro individual con solidaridad, caso en el cual se sujetarán a todas las condiciones previstas para dicho régimen”.

“Es claro para la Sala que la demandante al trasladarse al Régimen de Ahorro Individual perdió automáticamente el beneficio que el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 le otorgaba para pensionarse por la transición; y que dicho traslado fue libre y voluntario no hay duda, contrario a lo argüido por la demandante en su demanda y en su escrito de apelación, porque no se aportó prueba alguna de haber sido engañada, coaccionada, inducida a error o sometida a fuerza o violencia tal que afectara su consentimiento o voluntad de aceptar el traslado de régimen.

Ahora, quien está en el Régimen de Ahorro Individual sí puede obtener la pensión a cualquier edad haciéndose liquidar el bono pensional a que tiene derecho, el cual será mayor o menor dependiendo del tiempo que permanezca en él y del patrimonio constituido por sus aportes en cuenta individual, antes de cumplir la edad requerida; si no alcanza el capital necesario para la pensión puede solicitar devolución de saldos o, en últimas, alcanzar el beneficio o garantía de pensión mínima.

Todavía más: aún habiéndose trasladado de régimen, el accionante tenía la posibilidad de regresar al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, conforme a lo estipulado en el Decreto 3800 de 2003 artículos 1º y 3º expedido por el Gobierno Nacional, por virtud de lo expresado en la Sentencia C-789 de septiembre 24 de 2002 de la Corte Constitucional, al estudiar los incisos 4º y 5º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que afirma:

“ART. 1º—Traslado de Régimen de Personas que les falten menos de diez años para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez. De conformidad con lo señalado en el artículo 2º de la Ley 797 de 2003, las personas a las que a 28 de enero de 2004, les faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez, podrán trasladarse por una única vez, entre el Régimen de Prima Media con Prestación Definida y el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, hasta dicha fecha”.

“ART. 3º—Aplicación del Régimen de Transición. En el evento en que una persona que a 1º de abril de 1994 tenía quince (15) o más años de servicios prestados o semanas cotizadas, que hubiere seleccionado el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, decida trasladarse al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, le será aplicable el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por lo cual podrán pensionarse de acuerdo con el régimen anterior al que estuvieren afiliados a dicha fecha, cuando reúnan las condiciones exigidas para tener derecho a la pensión de vejez, siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos:

a) Al cambiarse nuevamente al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, se traslade a él el saldo de la cuenta de ahorro individual del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, y b) Dicho saldo no sea inferior al monto total del aporte legal para el riesgo de vejez, correspondiente en caso de que hubieren permanecido en el Régimen de Prima Media, incluyendo los rendimientos que se hubieran obtenido en este último. En tal evento, el tiempo cotizado en el Régimen de Ahorro Individual le será computado al del Régimen de Prima Media con Prestación Definida.

Para efectos de establecer el monto del ahorro de que trata el literal b) anterior no se tendrá en cuenta el valor del bono pensional”.

El Tribunal citó jurisprudencia y concluyó:

“Como se puede colegir de las normas citadas, el primero, elemental y obvio requisito para recuperar los beneficios del régimen de transición en el asunto que nos ocupa, era el regreso al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, lo cual no fue realizado por la accionante —al menos nada dijo o probó al respecto—, motivo más que suficiente para no acceder a sus súplicas respecto a la aplicación del régimen contenido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y que se pensione por el Instituto de Seguros Sociales.

“La Sentencia C-789 de 2.002, la cual declaró exequibles condicionalmente los incisos 4º y 5º del tantas veces citado artículo 36 de la Ley 100 de 1993, indica en su parte resolutiva:

PRIMERO. Declarar EXEQUIBLES los incisos 4º y 5º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, siempre y cuando se entienda que estas disposiciones no se aplican a quienes habían cumplido quince (15) años o más de servicios cotizados, al momento de entra en vigencia el sistema de seguridad social en pensiones de la e(sic) 100 de 1993, conforme a lo establecido en la parte motiva de es(sic) sentencia. Con todo, el monto de la pensión se calculará conforme e al sistema en el que se encuentre la persona.

SEGUNDO. Declarar así mismo EXEQUIBLE el inciso 5º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en el entendido que el régimen de transición se aplica a quienes, estando en el régimen de prima media con prestación definida, se trasladaron al régimen de individual con solidaridad, habiendo cumplido el requisito de quince (15) años o más de servicios cotizados al momento de entrar en vigencia el sistema de seguridad social en pensiones, y decidan regresar al régimen de prima media con prestación definida, siempre y cuando: a) trasladen a éste todo el ahorro que efectuaron al régimen de ahorro individual con solidaridad; y b)dicho ahorro no sea inferior al monto del aporte legal correspondiente, en caso que hubieren permanecido en el régimen de prima media. En tal caso, el tiempo trabajado les será computado en el régimen de prima media (resaltado nuestro).

Finalmente y de acuerdo con la sentencia de la Corte suprema de Justicia radicado 27465 del 31 de enero de 2007, señaló:

“En resumen, para quien pretende, estando en el Régimen de Ahorro Individual, la aplicación del régimen de transición, debe acreditar dos requisitos básicos e ineludibles: primero, manifestar su deseo de regresar al Régimen de Prima Media con Prestación definida; segundo, tener cotizados 15 o más años de servicio al 1º de abril de 1994. En el caso que nos ocupa, está probado que la actora continúa en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, lo cual por sí sólo es suficiente motivo para la no aplicación del Régimen de Transición y denegar sus pretensiones respecto al Instituto de Seguros Sociales, toda vez que en el Ahorro Individual, como está claro en la ley y lo repite la sentencia transcrita, no es aplicable la transición. Y, más todavía, a folio 23 obra reporte de semanas cotizadas al Instituto de Seguros Sociales, en el cual consta que al 1º de abril de 1994 sólo había cotizado poco más de 9 años.

“Y como tampoco cumple con los requisitos para pensionarse en el régimen al cual se encuentra afiliada de Ahorro Individual con Solidaridad, conforme a los presupuestos del artículo 64 de la Ley 100 de 1993, por no tener acumulado en su cuenta de ahorro individual el capital suficiente para obtener una pensión equivalente al 110% del salario mínimo legal mensual vigente al 1º de abril de 1994, reajustado con el lPC certificado por el DANE, pues tampoco puede accederse a dicha pretensión. La actora puede optar, recuérdese, por seguir cotizando y hasta que complete los sesenta (60) años de edad, de acuerdo a la norma aludida o, incluso, tiene derecho a la pensión mínima, conforme al artículo 65 de la Ley 100 de 1993, si tiene 1.150 semanas de cotización, a que el Estado, por vía de la solidaridad, le complete el capital faltante para obtener dicha pensión. O, como se explicó atrás, si alcanzó la edad requerida sin cumplir las semanas de cotización exigidas o el capital necesario para financiar su pensión, a que se le devuelvan los saldos de capital acumulado en su cuenta individual, con los rendimientos financieros”.

El recurso de casación

Fue interpuesto por el apoderado de la parte demandante, concedido por el Tribunal y admitido por esta Corporación, se procede a resolver, previo el estudio de la demanda que lo sustenta.

Alcance de la impugnación

Pretende que la Honorable Corte “CASE en su totalidad la sentencia dictada por el ad quem, para que en sede de instancia REVOQUE TOTALMENTE la de primer grado, y en consecuencia, se accedan a todas las pretensiones de la demanda. Sobre costas se provea lo que en derecho corresponda”.

Con fundamento en la causal primera, el impugnante formula un solo cargo, que fue oportunamente replicado.

Único cargo

Dice: “La sentencia del Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, violó directamente la ley sustancial por vía directa en la modalidad de interpretación errónea del inciso 2º artículo 36 de la Ley 100 de 1993 en relación con el artículo 12 del Acuerdo 49 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año, artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y artículos 48 y 53 de la Constitución Política”.

Para la demostración del cargo, aduce que en el proceso se probó que la demandante acreditó todas las semanas exigidas por la norma que se debe aplicar para este caso, que es el artículo 12 del Acuerdo 49 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año, situación que no validó el Tribunal, debido a que no apreció que, por ser beneficiaria del régimen de transición, tiene derecho a que se le garantice el reconocimiento de la prestación por la cual trabajó durante toda su vida, además de que no puede desconocerse la irrenunciabilidad al derecho constitucional a la seguridad social, y a la garantía de los derechos adquiridos con el régimen de transición.

Alega que la trabajadora fue trasladada de un fondo a otro por sus empleadores, pero sin tener la suficiente conciencia para determinar por cuál régimen optar, toda vez que resulta lógico que si hubiese sabido que renunciaba a pensionarse con 1.000 semanas de cotización y 55 años, no habría accedido al traslado. Que cuenta 60 años, ha laborado toda su vida y se encuentra enferma, situación de la que no se pronunció el ad quem.

Finalmente, agregó que el Tribunal señaló que para aplicar el régimen de transición estando en el régimen de ahorro individual, se debe acreditar su deseo de regresar al régimen de prima media y tener cotizados 15 años de servicios al 1º de abril de 1994, y que en este caso la afiliada sólo contaba 9 años; por lo tanto, expuso que esta circunstancia atenta contra el principio de legalidad, pues la norma solo requiere que ella acredite 15 años de servicio o 35 años de edad, más no ambos, y por estar probado que a esa fecha la demandante contaba 45 años de edad, siendo beneficiaria del régimen de transición.

La réplica del ISS

El opositor, en su escrito argumenta que si bien el cargo se orientó por la vía directa, en la demostración se presentan observaciones de orden fáctico. Del mismo modo dijo que existe un tercero no demandado en el proceso que es el empleador que trasladó de régimen a la demandante, y que de esta manera se dejó por fuera el ataque al planteamiento jurídico de la sentencia, que se refiere a que la actora no regresó al régimen de prima media con prestación definida, situación que no fue probada y motivo por el cual no se le puede aplicar el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

La réplica de COLFONDOS

Igual que la anterior(sic) opositor le hace al cargo reparos de orden técnico, y que de todos modos no se accede a las súplicas demandadas.

Se considera

Para lo que interesa al objetivo del recurso, se precisan los supuestos fácticos que halló acreditados el ad quem, y sobre los cuales no hay controversia. Ellos son: a) la demandante nació el 17 de octubre de 1948; b) para la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 en pensiones, tenía ya cumplidos más de 45 años, lo que la hacía beneficiaria del régimen de transición contemplado en el artículo 36 de la citada ley; c) que se trasladó desde el 3 de enero de 1995 al régimen de ahorro individual con solidaridad, a través de la Compañía Colombiana Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Colfondos S.A., cotizando en dicho fondo hasta el mes de diciembre de 2006; que en el reporte de semanas cotizadas al ISS consta que, a 1º de abril de 1994, la demandante sólo había aportado aproximadamente 9 años (fl. 23).

Lo que pretende el recurrente es que se establezca que el tribunal interpretó erróneamente el artículo 36 de 100 de 1993, al considerar que la señora Sánchez, una vez se trasladó del ISS a de Fondos de Pensiones, AFP Colfondos, perdió los beneficios del régimen de transición, y al señalar que para aplicar el régimen de transición, encontrándose en el régimen de ahorro individual, se debe acreditar por parte del afiliado, el deseo de regresar al régimen de prima media y tener cotizados 15 años de servicios al 1º de abril de 1994. La censura estima que la norma en mención solo requiere que la afiliada acredite 15 años de servicio o 35 años de edad, más no ambos, y que en este caso la demandante es beneficiaria del régimen de transición, debido a que contaba 45 años de edad, cuando entró en vigencia la Ley 100 de 1993.

Así las cosas, al examinar los incisos 2º, 4º y 5º del artículo 36 de 100 de 1993, considera la Sala que no le asiste razón al impugnante, y en cambio sí al tribunal al sostener que los beneficios del régimen de transición solo se mantienen para aquellas personas que a la entrada en vigencia el nuevo sistema general de pensiones, el 1º de abril de 1994, tenían 15 o más años de servicios cotizados, independientemente de su género y edad, así se trasladaran al sistema de ahorro individual con solidaridad y, posteriormente, retornaran al de prima media con prestación definida.

Tal como lo sustentó el tribunal, es pertinente recordar que en la sentencia con radicado 27465 del 31 de enero de 2007, en la que se examinó un caso similar al expuesto, la Corte sostuvo:

“El régimen de transición, tal como lo estableció el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, significa que “La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez... será la establecida en el régimen anterior…” (se resalta). Dado que antes de la Ley 100 de 1993 sólo existían sistemas de pensiones de reparto simple, tal como se explicó anteriormente, es claro que las prerrogativas del régimen de transición sólo tienen sentido y aplicación en el hoy denominado sistema de prima media con prestación definida, por cuanto fue éste el que conservó la estructura y principios de aquéllos. De ahí se concluye que una persona trasladada de un régimen de reparto simple o de prima media, al de ahorro individual, no puede aspirar, si permanece dentro de este último, a recibir los beneficios de una transición, dada la dicotomía que existe entre las normas y principios de uno y otro régimen, que, de suyo, son totalmente diferentes e incompatibles.

“De todo lo dicho, concluye la Sala que una persona que se encuentre en el régimen de ahorro individual con solidaridad, tendrá derecho a que se le apliquen los beneficios de la transición, sí, y sólo si cumple con dos condiciones: la primera, que se devuelva al sistema de prima media con prestación definida; y, la segunda, que al haber entrado en vigencia la Ley 100 de 1993, el 1º de abril de1994, hubiere tenido 15 o más años de servicios cotizados en el régimen de reparto simple al que estaba afiliado, sin consideración a la edad”. 

En el presente caso, la demandante no cumplió con los requisitos para acceder a ser beneficiaria del régimen de transición, por no haber regresado al régimen de prima media y únicamente haber cotizado por 9 años de servicios, a 1º de abril de 1994, lo que la excluye del beneficio del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. 

Por consiguiente, la Sala considera que el tribunal no incurrió en el yerro jurídico que se le atribuyó, como atrás se explicó. 

Por lo tanto, el cargo no prospera. 

Costas en el recurso extraordinario a cargo del recurrente, dado que hubo réplica.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, el 29 de febrero de 2008, dentro del proceso ordinario promovido por María Margarita Sánchez de Jiménez contra el Instituto de Seguros Sociales.

Costas a cargo de la parte recurrente.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Magistrados: Camilo Tarquino Gallego—Elsy del Pilar Cuello Calderón—Gustavo José Gnecco Mendoza—Eduardo López Villegas—Luis Javier Osorio LópezFrancisco Javier Ricaurte Gómez.