Sentencia 35816 de abril 17 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad. 35816

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Gabriel Miranda Buelvas

Acta 012

Bogotá, D.C., diecisiete de abril de dos mil doce.

EXTRACTOS: «IX. Consideraciones de la Corte

Primeramente hay que manifestar que no le asiste razón a la réplica en el sentido de enrostrarle al ataque deficiencias técnicas, consistentes que “es contradictorio, comoquiera que, a pesar de ser la vía escogida para el cargo la indirecta, dentro de la formulación del mismo se arguye la indebida aplicación de algunas normas sustantivas y procedimentales”, habida cuenta que por sabido se tiene que cuando el ataque se dirige por el sendero de los hechos la modalidad pertinente es precisamente la indicada por el recurrente, esto es la aplicación indebida, en la medida en que esta se produce por la distorsión de los fundamentos fácticos del fallo a consecuencia de la falta de apreciación o la errada estimación del elenco probatorio.

En otro orden de consideraciones, y como quedó dicho cuando se hizo el itinerario del proceso, el tribunal confirmó la absolución dispuesta por el juez a quo, en esencia, desde el plano rigurosamente fáctico porque “aunque es cierto que inicialmente la pensión de jubilación reconocida por Caprecom las incluía, resulta imposible para la colegiatura determinar a ciencia cierta si en verdad le asiste el derecho al actor por cuanto no se aportó al plenario el acuerdo o normativa que contiene dichos beneficios y que indica además que los mismos deben tenerse como factor salarial para efectos de liquidar la pensión especial de jubilación que otorga Telecom por acuerdo convencional”.

Así mismo estimó que con posterioridad a la inclusión de las bonificaciones la empleadora hizo un análisis de la situación y determinó que la norma que los contempla no los calificó como factor salarial para la liquidación de prestaciones y sobre ellas no se hicieron descuentos para pensiones, haciéndoselo saber así a la demandada que optó por excluirlos de la liquidación de la pensión.

El recurrente por su parte discrepa de la conclusión a que arribó el colegiado, por cuanto para él la Resolución 820 de 11 de mayo de 1999, y los artículos 39 y 41 de la convención colectiva de trabajo establecen las bonificaciones impetradas en la demanda inicial y definen su carácter salarial.

Procede la Sala al examen de las pruebas singularizadas por el impugnante, de cuyo estudio resulta objetivamente lo siguiente:

1. La Resolución 820 de 11 de mayo de 1999, expedida por Caprecom, consigna como liquidación de factores extralegales las “primas semestral, anual, navidad saturación, vacaciones, incremento vacaciones, vacaciones en dinero, auxilio almuerzo, bonificación diciembre y bonificaciones (L. 100/93, art. 283)” (fl. 194, cdno. 1).

2. Las cláusulas convencionales señaladas por la censura, estipulan:

“ART. 39.—Régimen prestacional para el personal vinculado a partir del primero de enero de 1993. La empresa reconocerá a todos los trabadores oficiales vinculados a partir del 1º de enero de 993(sic), los auxilios, primas, bonificaciones, sobre remuneraciones, subsidios y seguros que reconoce y paga a los trabajadores oficiales vinculados a Telecom con anterioridad a dicha fecha. Esta artículo se aplicará a partir de la fecha de la firma de la presente convención colectiva de trabajo (...)”.

ART. 41.—La empresa pagará a todos sus trabajadores oficiales, beneficiarios de esta convención colectiva de trabajo una bonificación equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente, en cada año de vigencia de la presente convención. Se pagarán en 1996 a más tardar en la primera quincena de septiembre y en 1997 en la primera quincena de enero” (fl. 298, cdno. 1).

Pues bien, observa la Corte Suprema de Justicia que ninguno de los elementos demostrativos denunciados en el cargo tienen la suficiente fuerza para derruir la conclusión del tribunal, toda vez que si en gracia de discusión se aceptase que el recurrente devengó la bonificación diciembre y la bonificación, tal como se desprende de la Resolución 820 del 11 de mayo de 1999, cuestión que por demás el tribunal no desconoció pues al apreciar dicho acto asentó que allí estaban relacionados esos pagos, lo cierto es que de las pruebas relacionadas no aflora que tales pagos constituyan salario para efectos de liquidar la pensión de jubilación, que a la postre fue lo que echó de menos el tribunal y en lo que soportó la decisión.

De otro lado, si bien podría aceptarse que el tribunal se equivocó al decir que en las convenciones no aparecen incorporadas las citadas bonificaciones, pues de la trascripción de la convención colectiva de 1996-1997 que hace el recurrente dimana lo contrario, tal yerro es intrascendente en la medida en que de tal consagración no se desprende que sea equivocada la afirmación del ad quem de no encontrar probado el carácter salarial de aquellas. Además, el cargo no se refiere al pasaje del fallo acusado en el que el ad quem señala que los citados beneficios “al parecer” fueron concedidos por mera liberalidad o tal vez por negociación de los trabajadores, apreciación que no se muestra descabellada en tanto según la transcripción que se acaba de hacer de la norma convencional, puede interpretarse que el reconocimiento de la bonificación fue por la firma de la convención y no para retribuir los servicios personales del trabajador, situación que acentuaría la percepción de no tratarse de un elemento salarial.

En todo caso, tampoco puede pasarse por alto, como ya se dijo, que el ad quem expresó también como fundamento de su decisión el hecho de que si bien Caprecom tomó las bonificaciones como factores extralegales para la pensión “posteriormente la empleadora haciendo un análisis de la situación, determinó que la norma que los contempla indicó que no serían factor salarial para la liquidación de prestaciones y que sobre ellos no se había hecho descuentos para aportes, consideró que tales rubros no debían ser incluidos y así se los (sic) hizo saber a la caja, quien entonces reliquidó la pensión del actor excluyéndolos de la misma”. Del anterior razonamiento se colige que el ad quem validó la reconsideración que hizo la demandada al excluir en la liquidación posterior de la pensión, unos factores que inicialmente había contemplado, argumento que la censura no rebate de manera expresa y directa, y por ende sigue sirviendo de sustento a la decisión recurrida, por cuanto la Corte no puede asumir su estudio de oficio.

De lo que viene de decirse forzoso es concluir que los sustentos vertebrales del fallo acusado permanecen incólumes y por lo tanto el cargo estudiado no puede salir avante.

Por lo tanto, el cargo no prospera.

X. Segundo cargo

Acusa la sentencia de violar, por vía directa, en la modalidad de aplicación indebida, los artículos 3º de la Ley 316 de 1996; 467, 475 y 476 del Código Sustantivo del Trabajo; 1º del Decreto 1111 de 1998; 1º de la Ley 33 de 1985, y 36 y 283 de la Ley 100 de 1993.

Aduce el recurrente que el artículo 3º de la Ley 314 de 1996 no establece, “ni ningún otro de los de la citada ley, que Caprecom reconoce las pensiones únicamente teniendo en cuenta los factores legales, como lo asevera el tribunal de manera impertinente. Caprecom reconoce las pensiones de jubilación de sus afiliados teniendo en cuenta todos y cada uno de los factores correspondientes, sean legales o extralegales. Que frente a estos últimos, tenga que repetir contra la empresa que los reconocen, es cuestión totalmente distinta, pero el monto total de la pensión solo ella y nadie más que ella es la encargada de reconocerla y pagarla. De otro lado, no es ella ni la empresa afiliada, la que determina qué factores extralegales deben observarse para efectos de la pensión de jubilación. Primero, existe la noción de salario como la retribución directa por los servicios prestados, y segundo, los demás beneficios recibidos por el trabajador tienen, por regla general esa connotación, salvo que se acuerdo expresamente que alguno de ellos no constituya salario, lo cual puede pactarse, por ejemplo, en el contrato de trabajo, reglamento de trabajo, convención colectiva o pacto colectivo, sin perjuicio desde luego, que también lo determine la ley”.

XI. Tercer cargo

Acusa la sentencia de violar directamente, por interpretación errónea, similares normas a las denunciadas en el ataque en precedencia; su demostración está soportada en idénticos argumentos a los esgrimidos en el mismo.

XII. La réplica

Advierte que es una administradora del régimen solidario de prima media con prestación definida, regulada para la fecha de los hechos por la Ley 314 de 1996 y, en tal virtud, solo está llamada a concurrir en la financiación de las pensiones con base en las cotizaciones efectuadas por el empleador, y no habiéndose recibido cotización alguna por concepto de bonificación diciembre y bonificación, no está llamada a responder por los pedimentos de la demanda.

XIII. Consideraciones de la Corte

Dado que los cargos se dirigen por el sendero de puro derecho no existe discusión alguna en torno a que Caprecom le reconoció al actor una pensión de jubilación por haber cumplido 25 años de servicios en el sector de las comunicaciones, cuyo monto extralegal debía ser asumido en su totalidad por Telecom y el legal debía ser asumido por las distintas entidades empleadoras.

Sostiene el recurrente que no es cierto, como lo infirió el tribunal, que Caprecom reconoce las pensiones únicamente en consideración a los factores legales, ya que las otorga “teniendo en cuenta todos y cada uno de los factores correspondientes, sean ellos legales o extralegales. Que frente a estos últimos, tenga que repetir contra las empresas que los reconocen, es cuestión totalmente distinta, pero el monto total de la pensión solo ella y nadie más que ella es la encargada de reconocerla y pagarla”.

Pues bien, entiende la Corte que estos cargos están orientados a contradecir la tesis del Tribunal en cuanto sostiene que la presente reclamación no debió dirigirse contra Caprecom sino contra Telecom como entidad empleadora y a cuyo cargo está el pago de la porción de la pensión que se sustenta en factores extralegales.

Revisado el texto del literal c) del artículo 3º de la Ley 314 de 1996, se advierte que estatuye que Caprecom debe “atender la administración, reconocimiento y pago de las pensiones y demás prestaciones socio económicas de los pensionados y afiliados”, sin que surja de su tenor que solamente debe cubrir algunas o solamente las que supongan la inclusión de factores legales, pues la norma no hace ese tipo de excepciones. En consecuencia, incurrió el ad quem en el yerro achacado cuando manifestó, como una razón adicional para absolver de las pretensiones de la demanda, que estas se habían dirigido contra la entidad que no correspondía, cuando es evidente que de acuerdo con el enunciado normativo es precisamente a Caprecom a la que compete otorgar las pensiones y por ende a la que debe solicitarse cualquier modificación o cambio en los valores liquidados, siendo esto último lo lógico en tanto no resulta coherente ni atendible que se solicite una reliquidación a una entidad distinta a la que hizo el reconocimiento. Cabe aclarar que el hecho de que la liquidación de la pensión de los extrabajadores de Telecom deba estar precedida de las certificaciones sobre tiempo de servicios que expida la entidad y que la incidencia de los factores extralegales en el monto de la pensión corren por su cuenta exclusiva, en ningún caso implica que las reclamaciones procesales de reajustes de pensión deban promoverse contra la empleadora, pues la norma antes trascrita y el sentido común indican que deben hacerse a la entidad que hizo el reconocimiento, aunque esta pueda repetir contra aquella por los mayores valores que sea condenada a asumir.

Sin embargo, la anterior ventura del recurrente no es suficiente para dar al traste con el fallo acusado, porque de todas formas las consideraciones del tribunal para negar la reliquidación en la forma solicitada en la demanda no fueron enervadas por el recurrente, como se vio al resolver el primer cargo.

Sin costas en el recurso de casación, por cuanto el estudio de los cargos permitió hacer una precisión jurídica.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley NO CASA la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Pereira (Sala de Descongestión), el 31 de octubre de 2007, en el proceso promovido por Fredy Fernando Valencia Valencia contra la Caja de Previsión Social de Comunicaciones, “Caprecom” y la Empresa Nacional de Telecomunicaciones “Telecom”.

Sin costas,

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase al tribunal de origen».