Sentencia 35823 de diciembre 3 de 2008 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Consejero Ponente:

Dr. Ramiro Saavedra Becerra

Rad.: 08001-23-31-000-2007-0860-01

Expediente: 35.823

Actor: Alcatel de Colombia S.A.

Demandado: Departamento del Atlántico

Proceso ejecutivo contractual

Bogotá, D.C., tres de diciembre de dos mil ocho.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

La Sala es competente para decidir el asunto por tratarse de la apelación del auto que negó el mandamiento de pago en proceso de dos instancias (1) (CCA, arts. 129 y 181, num. 1º).

El problema jurídico planteado se contrae a definir si la acción ejecutiva contractual ejercitada por la sociedad Alcatel de Colombia S. A. se encuentra caducada o no y, para resolverlo, es necesario estudiar las normas que rigen la materia.

1. La caducidad y la prescripción del título ejecutivo contractual.

A pesar de que antes del 8 de julio de 1998, se utilizo la figura de la prescripción en los procesos ejecutivos contractuales ante la inexistencia de una disposición legal que señalara el término de caducidad para la acción ejecutiva contractual, lo cierto es que se trata de conceptos diferentes, en tanto la caducidad es un fenómeno procesal, mientras que la prescripción es de carácter sustancial y, por tanto, no se pueden confundir. La sección tercera ha explicado el tema, así:

“La caducidad se refiere a la extinción de la acción, mientras que la prescripción a la del derecho; la primera debe ser alegada, mientras que la caducidad opera ipso iure; la prescripción es renunciable, mientras que la caducidad no lo es, en ningún caso, y mientras que los términos de prescripción pueden ser suspendidos o interrumpidos, los de caducidad no son susceptibles de suspensión, salvo expresa norma legal, como es el caso de la conciliación prejudicial establecida en la Ley 640 de 2001.

Queda claro, pues, que se trata de dos figuras que regulan fenómenos diferentes y, que, en consecuencia, no es posible aplicar las normas que regulan la prescripción a la caducidad, o viceversa (...)” (2) .

Como se advirtió, en un principio se utilizó la figura de la prescripción de las acciones judiciales para determinar si una demanda ejecutiva se presentaba en tiempo; dicha institución está consagrada en el artículo 2512 del Código Civil, que la define como un modo de adquirir las cosas o de extinguir las acciones o derechos ajenos, por no haber ejercido las acciones y derechos durante cierto tiempo.

En cuanto a la prescripción de las acciones judiciales, el artículo 2536 ibídem, señalaba los términos de prescripción, así:

“La acción ejecutiva se prescribe por diez años, y la ordinaria por veinte. La acción ejecutiva se convierte en ordinaria por el lapso de diez años, y convertida en ordinaria durará solamente otros diez”.

La anterior disposición fue modificada por la Ley 791 de 2002, para reducir los términos de prescripción. Así, el artículo 8º, preceptúa:

“La acción ejecutiva se prescribe por cinco (5) años. Y la ordinaria por diez (10). La acción ejecutiva se convierte en ordinaria por el lapso de cinco (5) años, y convertida en ordinaria durará solamente otros cinco (5). Una vez interrumpida o renunciada una prescripción, comenzará a contarse nuevamente el respectivo término”.

Cabe precisar que, antes de la reforma del Código Civil, se expidió la Ley 446 de 1998 que entró en vigencia el 8 de julio de ese mismo año, que introdujo el término de caducidad de la acción ejecutiva derivada de decisiones judiciales, en 5 años.

Teniendo en cuenta que, antes de la vigencia de la Ley 446 de 1998 no existía una disposición legal en materia caducidad de los procesos ejecutivos contractuales, el Consejo de Estado aplicaba lo dispuesto en el artículo 2536 del Código Civil, esto es, el término de prescripción de 10 años para dicha acción.

Luego, a partir del 8 de julio de 1998, la sala (3) interpretó el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, que modificó el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, y previó el término de caducidad de 5 años para las acciones ejecutivas derivadas de providencias judiciales. Así, con fundamento en la figura de la analogía consagrada en el artículo 8º de la Ley 153 de 1887, esta corporación explicó que, a pesar de que la Ley 446 de 1998 no señaló el término de caducidad respecto de los procesos ejecutivos contractuales, lo cierto es que, como el artículo 44 ibídem previó el término de 5 años para las acciones ejecutivas derivadas de providencias judiciales, dicha disposición resulta aplicable a los títulos ejecutivos contractuales.

Cabe precisar que, en los casos en que el título ejecutivo hubiere nacido a la vida jurídica antes del 8 de julio de 1998, resultará aplicable el término de prescripción de 10 años previsto en el artículo 2536 del Código Civil, sin reforma; y aquellos que se originaron con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 446 de 1998, tendrán un término de caducidad de 5 años. En cualquier caso, el término se cuenta a partir del momento en que la obligación sea exigible. Así lo explicó la Sala en la providencia del 11 de octubre de 2006:

“De acuerdo con lo anterior, se tiene que el acta de liquidación bilateral se suscribió el 30 de mayo de 1996 y, por no estar sujeta la obligación a condición o plazo, se hizo exigible un mes después, esto es, a partir del primero de julio de 1996. Advierte la sala que si bien la demanda se presentó el 24 de mayo de 2001, es decir en vigencia del término de caducidad previsto en el numeral 11 del artículo 44 de la Ley 446 de 1998, el cual, en principio, debía aplicarse de manera inmediata, lo cierto que es que los términos de caducidad ya habían empezado a correr desde el momento en que la obligación se hizo exigible, es decir, desde el primero de julio de 1996, cuando se encontraba vigente el artículo 2536 del Código Civil.

Dado que la demanda se presentó el 24 de mayo de 2001, cuando aún no habían trascurrido los 10 años de que trata el artículo 2536 del Código Civil para que operara el fenómeno de caducidad de la acción, la Sala revocará la decisión del tribunal.

2. Caso concreto.

Del estudio de la demanda se advierte que la sociedad Alcatel de Colombia S. A. pretende el cobro de varias acreencias que tienen origen en el contrato celebrado el 9 de junio de 1998 con el Departamento del Atlántico.

Se observa igualmente que las obligaciones que se pretenden cobrar en este juicio se hicieron exigibles en vigencia de la Ley 446 de 1998, tal como se observa en las pretensiones de la demanda y en el cuadro que se relaciona a continuación:

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 Fecha cuotaVr. cuotaFecha abonoK + i mora + indexaciónVr. abonoSaldo a favor contratista
125-08-98500’000.00005-11-98528’850.435500’000.00028’850.435
225-12-98800’000.00018-06-99912’425.699447’997.200464’428.499
 18-06-99464’428.49918-06-99464’428.499352’002.800112’425.699
325-04-99500’000.00023-08-99547’439.020240’023.984307’415.036
 23-08-99307’415.03603-09-99309’836.869259’976.01649’860.853
425-08-99400’000.00031-12-99440’584.8300440’584.830
 01-01-00400’000.00021-06-00481’097.681445’000.00036’097.681
525-12-99500’000.00031-12-99502’361.6120502’361.612
 01-01-00500’000.00021-06-00553’002.675419’000.000134’002.675
625-04-00555’000.00031-12-00637’204.1220637’204.122
 01-01-01555’000.00022-06-01692’436.018645’170.90047’265.118
725-08-00750’389.80031-12-00806’374.1430806’374.143
 01-01-01750’389.80016-08-01905’351.248817’053.80088’297.448
825-08-01660’000.00031-12-01708’101.7160708’101.716
 01-01-02660’000.00018-11-02777’204.911269’525.539507’679.372
925-12-01680’000.00031-12-01382’321.3810682’321.381
 01-01-02680’000.00018-11-02803’077.9560803’077.956
  6.585’389.800   1.684’479.581

(fls. 3 a 6, cdno. 1).

En consideración a que el último pago se hizo exigible el 1º de enero de 2002, la parte demandante debió presentar la demanda a más tardar el 11 de enero de 2007. Y como se radicó el 30 de octubre de 2007, esto es, por fuera del término de 5 años fijado por la ley, es evidente que operó el fenómeno jurídico de la caducidad como bien lo dijo el tribunal y, en consecuencia, se confirmará el auto apelado.

Por lo expuesto, se

RESUELVE:

CONFIRMAR el auto que dictó el Tribunal Administrativo del Atlántico el 12 de junio de 2008.

Cópiese, notifíquese, devuélvase y cúmplase.

Magistrados: Mauricio Fajardo Gómez, Presidente—Ruth Stella Correa Palacio, ausente—Enrique Gil Botero, ausente—Myriam Guerrero de Escobar—Ramiro Saavedra Becerra.

(1) La pretensión mayor de la demanda se estimó en $ 680’000.000 (fl. 2, cdno. 1).

(2) Providencia que dictó la Sección Tercera el 27 de mayo de 2004. Exp. 24.371. Actor: Willman Quintero González. Demandado: Instituto Nacional de Adecuación de Tierras (INAT). C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.

(3) Auto del 12 de noviembre de 1998. Exp. 15.299. C.P. Ricardo Hoyos Duque; posición reiterada en providencias del 13 de noviembre de 2003. Exp. 23.111. C.P. María Elena Giraldo Gómez; y 11 de octubre de 2006. Exp. 30.566, C.P.Mauricio Fajardo Gómez.

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