Sentencia 3584 de octubre 25 de 1991 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

INGRESOS GRAVABLES

INVESTIGACION DE CONSIGNACIONES BANCARIAS

EXTRACTOS: «Repetidamente se ha pronunciado la Sala en contra del denominado “método bancarió” utilizado por la Administración de Impuestos para establecer el ingreso gravable de los contribuyentes en un determinado ejercicio, con fundamento en criterios que ahora reitera.

Si bien el artículo 10, literal a) del Decreto 2218 de 1978 autoriza a la Sección de Auditoría Externa de la Administración de Impuestos para que por métodos directos e indirectos investigue la capacidad contributiva real de los contribuyentes o responsables, esta facultad no le permite desbordar el sistema ordinario de depuración del ingreso establecido en el artículo 15 del Decreto 2053 de 1974 y establecer presunciones del ingreso no previstas en la ley, cambiando así los hechos generadores del tributo.

En el caso en estudio, la entidad apelante afirma que si bien la investigación administrativa se inició a través del denominado método bancario, este fue posteriormente modificado por la Administración, quien con base en las respuestas dadas por la contribuyente a los requerimientos ordinario y especial, configuró finalmente la adición, ante la imposibilidad de la actora de demostrar la realidad de los hechos que dieron lugar a las consignaciones bancarias; una compensación de capital y un pasivo constituido con un socio.

Las mismas explicaciones de la Administración, conducen a demostrar palmariamente la ilegalidad de su actuación. Por una parte, no puede presumirse, a priori, que toda suma de dinero consignada en la cuenta corriente de un contribuyente sea ingreso tributario, pues sabido es que para la configuración del mismo, se requiere no solo que éste provenga de la actividad desarrollada, sino primordialmente que sea susceptible de enriquecer a la persona, que pueda ser capitalizado. Es por esto que los depósitos bancarios pueden constituir un indicio de ingreso, pero como en materia fiscal se exige que la determinación de los tributos y la imposición de sanciones se funden en los hechos demostrados en el respectivo expediente, correspondería a la Administración probar que ese indicio --consignación-- constituye realmente un ingreso tributario gravable.

Por esto, se ha cuestionado también, que la Administración traslade en estos casos, de manera por demás injusta, al particular la carga de la prueba para desvirtuar el “indició” establecido por ella. Sobre este punto, tuvo oportunidad de pronunciarse la Corte Suprema de Justicia cuando en sentencia de 5 de mayo de 1988, declaró la inconstitucionalidad del artículo 78 del Decreto 2503 de 1987, en los siguientes términos:

“...La inversión injusta de la carga de la prueba se manifiesta en el precepto sometido a examen de la Corte. En efecto, mientras no se pueda tener como “indicio gravé” tal o cual movimiento bancario, el Estado debe probar que las consignaciones o depósitos corresponden verdaderamente a ingresos gravables. Pero una vez que la norma legal los tiene por tales, anticipa la demostración de omisión de ingresos y el contribuyente debe evidenciar lo contrario...”.

En cuanto al método que sostiene la Administración en la apelación que aplicó para establecer la adición al ingreso, carece igualmente de todo respaldo legal, pues no existe disposición legal alguna que autorice a la Administración a convertir el pasivo insuficientemente demostrado, en un ingreso gravable. La consecuencia tributaria que surge cuando la Administración tributaria no logra establecer la realidad de los pasivos declarados y los rechaza, es la posible determinación de la renta gravable por el sistema especial de comparación patrimonial, por medio del cual se gravan ingresos que no fueron declarados como tales, pero que se reflejaron en un mayor valor patrimonial. Esta y no la pretendida adición directa del pasivo al ingreso, es el efecto del rechazo de pasivos.

Las consideraciones anteriores llevan nuevamente a la consecuencia de considerar que, como el sistema que empleó la Administración para establecer el ingreso gravable de la demandante no está consagrado en la ley, ni tampoco se demostró inequívocamente que las sumas de dinero consignadas en las cuentas bancarias como compensaciones de capital o pasivos, constituyeron realmente un ingreso susceptible de enriquecimiento, deberá necesariamente confirmarse la actuación de primera instancia que anuló parcialmente la actuación improcedente».

(Sentencia de octubre 25 de 1991. Radicación 3584. Consejera Ponente. Dra. Consuelo Sarria Olcos).

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