Sentencia 35846 de agosto 22 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Radicación 35846

Acta 29

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Gabriel Miranda Buelvas

Bogotá, D.C., veintidós de agosto de dos mil doce.

EXTRACTOS: «V. El recurso de casación

Lo interpusieron ambas partes. Por razones de método se estudiará inicialmente el propuesto por la parte demandada en tanto busca la anulación de las condenas impuestas por sanción moratoria y pensión, de suerte que de resultar airosas haría innecesario el propuesto por la demandante, que solo aspira a la modificación de las mismas.

(...).

VII. Primer cargo

Denuncia la violación directa de la ley por aplicación indebida del artículo 65 del CST en relación con el artículo 1º de “la Ley 797” (sic) lo que llevó a la infracción directa de los artículos 1º, 11 y 49 de la Ley 6ª de 1945; 1º del Decreto 797 de 1949; 467 y 468 del CST; 3º y 4º ibídem, en relación con los artículos 492 ejusdem; 5º del Decreto 3135 de 1968; 3º del Decreto 1045 de 1978; 17, 19, 26 del Decreto 2127 de 1945; 177 del CCA; 332 del CPC; 21 de la Ley 57 de 1931.

En la demostración sostiene que el tribunal sustentó la condena por salarios moratorios en el artículo 65 del CST, con lo que no reparó que la demandada es una sociedad de economía mixta y sus trabajadores ostentan la calidad de trabajadores oficiales regidos por la Ley 6ª de 1945 y los Decreto 2127 de 1945 y 3135 de 1968, y que por expreso mandato de los artículos 3º y 4º del Código Sustantivo del Trabajo no se les aplica este estatuto, sino aquellas normas especiales. Indica que la norma que regula la sanción moratoria en el caso de los trabajadores oficiales es el Decreto 797 de 1949. Copia apartes de la sentencia de esta Sala de 13 de febrero de 2007, expediente 28.145.

VIII. La réplica

Reconoce que si bien el tribunal mencionó el artículo 65 del CST, y que esta norma no se aplicaba al presente caso, tal situación es intrascendente porque en las relaciones de trabajo de carácter oficial también existe tal sanción como lo establece el artículo 1º del Decreto 797 de 1949; de manera que demostrado que la demandada no pagó la prima técnica a su trabajadora, de todas formas procede dicha sanción, como se explicó en el fallo de esta Sala que la censura trascribe omitiendo la parte final donde se mantiene en líneas generales la condena.

IX. Consideraciones de la Corte

El presente cargo cuestiona al ad quem haber definido lo concerniente a la sanción moratoria con base en el artículo 65 del CST cuando es claro que dicha norma no es aplicable a la demandada dada su condición de sociedad de economía mixta sujeta al régimen de las empresas industriales y comerciales del Estado, lo que significa que el demandante es un trabajador oficial y por ende los conflictos que se susciten entre este y la empleadora no se rigen por el Código Sustantivo del Trabajo, como de manera terminante lo señalan los artículos 3º y 4º de dicha obra, sino por la Ley 6ª de 1945 y los decretos 2127 de 1945 y 797 de 1949.

Y aun cuando es cierto que el tribunal al justificar la imposición de la indemnización moratoria hizo alusión expresa al mentado artículo 65, no quiere ello decir que lo haya aplicado necesariamente, porque es sabido que esta disposición supone la imposición de la referida sanción desde el día siguiente de la terminación del contrato de trabajo, mientras que la norma de los trabajadores oficiales dispone que empezará a correr dentro de los noventa (90) días siguientes, y revisada la sentencia acusada se observa que la liquidación se hizo de esta última forma, o sea con base en el artículo 1º del Decreto 797 de 1949, como de manera explícita además lo sustentó el juez de primer grado, sin que este aspecto concreto de su decisión haya sido modificado o variado por el tribunal, o sea que este se atuvo al sustento legal invocado por su inferior.

Es suficiente lo anterior para concluir que el ad quem de ninguna manera sustentó la condena por salarios moratorios en el artículo 65 del CST, como sin fundamento lo alega el recurrente, sino que tuvo en cuenta la norma legal que correspondía; por lo tanto, no incurrió en el yerro jurídico que se le achaca.

En consecuencia el cargo se desestima.

X. Segundo cargo

Denuncia la violación indirecta de la ley por aplicación indebida del artículo 65 del CST, en relación con los artículos 51, 54 a 60, 61 del Código Procesal del Trabajo; 174, 175, 177, 179, 185, 187, 251 a 254, 268 y 332 del Código de Procedimiento Civil; 1º del Decreto 797 de 1949, en relación con los artículos 1º y 11 de la Ley 6ª de 1945; 3º, 4º y 145 del CST; 5º del Decreto 3135 de 1968; 3º del Decreto 1045 de 1978; 17, 19, 26 del Decreto 2127 de 1945; 467, 468, 469 y 476 del CST; 177 del CCA; 21 de la Ley 57 de 1931.

Atribuye al fallo los siguientes errores evidentes de hecho que se sintetizan a continuación:

1. No dar por demostrado estándolo que los pagos hechos por la caja a la demandante con ocasión del proceso que cursó en el Juzgado Catorce Laboral del Circuito y los realizados a la terminación del contrato de trabajo entre ellos el de bonificación y/o indemnización son expresiones genuinas de buena fe, de lo cual se aportó prueba.

2. Dar por demostrado que la caja incurrió en conducta de mala fe que la obliga a pagar la sanción moratoria.

3. Dar por establecido, en contra de las pruebas allegadas, que la demandada no presentó razón, argumento o conducta plausible para acreditar su proceder de buena fe que la eximiera de pagar la sanción moratoria.

4. No dar por demostrado, estándolo, que la conducta de la accionada no fue de renuencia al pago de los salarios y prestaciones debidos a la terminación del contrato de trabajo.

5. No dar por demostrado, estándolo, que en proceso ordinario laboral anterior entre las mismas partes, que cursó en el Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Bogotá se solicitó, decidió y condenó a la caja a la prima técnica entre otros conceptos.

6. No dar por demostrado, estándolo, que en dicho proceso se acreditó que el apoderado de la actora presentó propuesta para el pago total de las peticiones (entre ellas la prima técnica), la cual fue aceptada por la caja y que ante tal acuerdo las partes desistieron del recurso de casación.

7. No dar por demostrado “que la demandante recibió el día (sic) de 1999”, a satisfacción, el título judicial acordado por las pretensiones de la demanda, en el que iba incluido el monto de la prima técnica de 1990 a 1994.

Yerros que se derivan de la apreciación equivocada de la demanda inicial y su contestación (fls. 2 y ss. y 94 y ss.); de los comprobantes de pago de sueldo de 30 de junio y 31 de mayo de 1999 en los que se incluye la prima técnica (fls. 11 y 12, cdno. ppal.); de la liquidación de cesantía en el primer y segundo período, con inclusión de la prima técnica en ambas oportunidades (fls. 13 y 109); de la copia del memorando sin firma de 8 de marzo de 1999 del departamento de asesoría laboral y penal al gerente nacional de administración del recurso humano de la caja informando de las condenas de primera y segunda instancia a la prima técnica (fl. 15); de la copia del memorando sin firma de 24 de junio de 1999 para la consignación en título judicial de las anteriores condenas (fl. 17); de la manifestación del representante legal de la caja en el interrogatorio de parte (fl. 151). Y de la falta de estimación del cuaderno de copias correspondiente al proceso ordinario laboral que cursó en el Juzgado Catorce Laboral, en especial la demanda, las sentencias de instancia, la solicitud de casación presentada por la demandante y por la demandada, la comunicación de 20 de noviembre de 1998 en la que el apoderado de la actora presenta oferta para arreglo amigable del litigio, y los pormenores que siguieron a continuación; del cuaderno anexo que contiene la convención colectiva de trabajo y del memorial de desistimiento del recurso de casación presentado por ambas partes; del cheque de pago de cesantías (fl. 110); de la tarjeta de control del empleado donde registra que se anulan los registros entre octubre 1º de 1990 y enero de 1999 para incluir la prima técnica; del testimonio de María Mariela Cruz (fls. 179 a 181), y de la reforma de la demanda presentada por el apoderado de la demandante.

En la demostración empieza recordando que esta corporación en múltiples fallos ha señalado que la sanción moratoria no es de imposición automática, pues en cada caso deben analizarse las situación particular y los elementos de juicio obrantes en el proceso para deducir si el empleador actuó de buena fe al no cancelar a la terminación del contrato de trabajo los salarios y las prestaciones sociales. También observa que el patrono está obligado a pagar al fenecer la relación laboral las acreencias sociales a su cargo pero no aquellas que con razones válidas estima no tener esa obligación.

Explica que una de las razones aducidas por el tribunal para imponer la sanción moratoria consistió en que la respuesta dada por el representante legal de la demandada a la pregunta dos del interrogatorio, indicaba que de acuerdo con la hoja de vida de la demandante aparece liquidada mensualmente la prima técnica dentro del factor fijo, pero la prueba fue estimada erróneamente porque la respuesta remite a la hoja de vida o tarjeta de control, que el juzgador no valoró, y que refleja que aparece allí un registro con la anotación “Se anulan los registros comprendidos entre oct. 01/90 y ene. 01/99 por estar errado el sueldo básico e incluir prima técnica”, y también aparece que a partir de esta anotación se incluye el sueldo básico ($ 1.261.224), la prima de antigüedad ($ 353.143) y la prima técnica cuyo último valor reportado fue $ 235.849.

Que el tribunal igualmente expresó que la demandada no acreditó razones justificativas de la falta de pago de la prima técnica, y el desconocimiento de la nueva administración de la entidad en liquidación del memorando de 8 de marzo de 1999 suscrito por el gerente nacional de coordinación jurídica no desvirtúan la mala fe, pero contrariamente a lo dicho por el juzgador, esos memorandos definen el trámite o procedimiento interno que estaba llevando a cabo la entidad para el pago de la prestación mencionada.

Dice que la entidad antes que actuar de mala fe, procedió en sentido contrario al pagar los derechos que creyó deber, como lo demuestran las pruebas, pero la concurrencia de los hechos determinaron que el pago no se hiciera de forma inmediata y por ende se presentó confusión con respecto del mencionado ítem. Que en efecto, la caja pagó todas las prestaciones y derechos nacidos en la ley o en la convención colectiva al momento de terminar la relación y las derivadas de las decisiones judiciales, pero la circunstancia de que hubiera demorado el pago de una de ellas no genera una actuación de mala fe patronal, mucho menos cuando aparecen razones serias y atendibles configurativas de la buena fe alegada, como el proceso laboral anterior en que se pretendió el pago de varios rubros, entre ellos la prima técnica, proceso que se extendió desde el 1º de diciembre de 1993 hasta el 18 de marzo de 1999, en el cual la demandante recibió el título judicial de pago; que en ese proceso fue condenada al pago de la prima técnica y que a pesar de que había interpuesto el recurso de casación, de buena fe aceptó la propuesta de pago presentada por el apoderado de la actora, poniendo a disposición del juzgado el respectivo título y desistiendo del recurso de apelación; que la entidad tenía el pleno convencimiento que con dicho pago se satisfacían las pretensiones de la demandante generadas hasta esa fecha, como el mismo apoderado lo da a entender en el memorial obrante a folio 423 del cuaderno anexo. Reitera el impugnante que en la tarjeta de hoja de vida y control la entidad anuló unos registros para modificar el valor del salario básico e incluir la prima técnica (fls. 111 y 112); que en contravía de lo dicho por el tribunal la nueva administración de la entidad no desconoció los memorandos enviados por el departamento de asesoría laboral en el mes de marzo de 1999, pues precisamente como lo afirmó la propia actora en la demanda de este proceso, en los meses de mayo y junio recibió el pago de la prima de marras.

Señala el recurrente que como si lo anterior fuera poco, se probó que la caja pagó a la demandante a la terminación del vínculo por liquidación de la entidad, la suma de $ 102.427.187 (fls. 109 y ss.) por cesantías totales y prestaciones sociales finales, así mismo la inclusión en nómina de los meses de mayo y junio de 1999 (fls. 11 y 12). Destaca que el pago de esa cantidad no puede entenderse como sinónimo de desidia o mala fe al no haber cancelado la prima técnica en los meses de enero a mayo de 1999 en cuantía inferior a dos millones de pesos; tampoco puede ignorarse que por la calidad de entidad pública todos los pagos y actuaciones deben estar debidamente soportados, controles que suponen que ese proceso demore un tiempo, tan es así que el artículo 177 del CCA otorga a las entidades públicas un plazo de 18 meses para el pago de las condenas impuestas, sin que se pueda desconocer el cúmulo de trabajo que implicó la liquidación y que demoró el pago de la prima técnica, según lo declaró la señora María Mariela Cruz. Advierte que ni la misma demandante determinó el valor adeudado por prima técnica, pues en la demanda lo fijó en $ 18.500.000, pero en la reforma de la demanda solicitó que el reclamo es por la cuantía que se establezca en el proceso. Insiste en que existe un plazo legal para la cancelación de las deudas laborales y la caja cumplió este plazo.

XI. La réplica

Manifiesta que la única prueba que analizó el ad quem para confirmar la condena por salarios moratorios fue el interrogatorio de parte absuelto por el representante legal de la entidad demandada, en especial la respuesta a la pregunta dos, que el ad quem consideró estaba alejada de la verdad porque el documento de folio 111 fue elaborado por servidores de la entidad y por lo mismo no es demostrativo de la cancelación de la prima técnica. Además, para el tribunal la verdad demostrada en el proceso es que la empresa no canceló a la actora la referida prima desde octubre de 1990 hasta mayo de 1999, tal como se registra en el cuaderno azul allegado al expediente.

XII. Consideraciones de la Corte

Para confirmar la condena por salarios moratorios impuesta por el juzgado, el tribunal consideró que la demandada no acreditó con razones justificativas los argumentos que tuvo para no reconocer a la demandante la prima técnica, máxime si se tiene en cuenta que desconoció lo ordenado en el memorando de 8 de marzo de 1999, suscrito por el gerente nacional de coordinación jurídica, en el que dispuso que esta prestación debía seguirse pagando, mas sin embargo solamente se pagó al final de la relación laboral; a lo anterior sumó que en el interrogatorio de parte su representante legal al contestar la pregunta relativa a si era cierto que la empresa dejó de pagar la prima técnica a la actora desde el 8 de diciembre de 1994 y el mes de mayo de 1999, respondió que no era cierto, porque en la hoja de vida este rubro aparecía liquidado mensualmente dentro del factor fijo devengado por la trabajadora, respuesta que el juzgador calificó como alejada de la verdad demostrada en el proceso.

De acuerdo con lo anterior, lo primero que hay que precisar es que el tribunal no aplicó automática y maquinalmente la aludida sanción, sino que luego de examinar la conducta de la empleadora y determinar que la misma no estaba revestida de buena fe, procedió a su imposición.

Para rebatir la conclusión del juzgador, la demandada plantea este cargo orientado básicamente a demostrar la existencia de razones de buena fe que justifican la omisión en el pago de la prima técnica, para de esta forma obtener la casación parcial de la sentencia en lo concerniente a la sanción moratoria.

Para ello empieza por señalar la estimación equivocada y la falta de apreciación de algunas pruebas, pero en unos casos se limita a su simple enunciación sin explicar en qué consistió el error, ni cómo influyó en la decisión recurrida, de suerte que ante estas limitaciones se acometerá el estudio de las pruebas que singulariza el censor y en que es visible su esfuerzo por desplegar un razonamiento completo para demostrar el yerro.

En cuanto al memorando de fecha 8 de marzo de 1999 suscrito por el gerente nacional de coordinación jurídica de la demandada y la respuesta del representante legal de la demandada a la pregunta dos del interrogatorio de parte, que sirvieron al tribunal para descartar la existencia de buena fe, dice el recurrente que el primero simplemente señala el trámite que se estaba llevando a cabo para el pago de la prima técnica, y en la segunda probanza aparece que el absolvente aclara que según la hoja de vida la referida prima sí fue reconocida, como se confirma con la tarjeta de control, que el ad quem no valoró, en la que se acredita la existencia de una anotación anulando los registros de octubre de 1990 a enero de 1999 por estar errado el sueldo e incluir prima técnica, y también aparece que a partir de ese momento se empezó a cancelar la prima por un valor de $ 235.849.

Pues bien, el memorando de 9 de marzo de 1999 (fl. 15, cdno. ppal.) es una comunicación enviada por la gerente nacional de coordinación jurídica a la gerente nacional de administración del recurso humano de la caja en la que luego de referirse a las condenas impuestas por el Juzgado Catorce Laboral de Bogotá y el Tribunal Superior de la misma ciudad de fechas 27 de noviembre de 1995 y agosto 6 de 1998, relacionar el monto de los reajustes comprendidos entre el 1º de octubre de 1990 y el 12 de julio de 1994 y reconocer que tales valores ya fueron cancelados, remata con la siguiente frase: “Teniendo en cuenta que el fallo dispone el pago de la prima técnica, esta prestación debe continuar pagándosele en el porcentaje que corresponda”, de modo que el mismo no fue apreciado erradamente como aduce la censura, porque allí no se está estableciendo un trámite para el pago de un derecho, sino que se hace una declaración acerca del conocimiento de la empresa de la necesidad de seguir pagando la prima técnica. Igualmente se puede desprender de esta pieza que los pagos derivados del proceso anterior, entre ellos el correspondiente a prima técnica, cobijaba el período comprendido entre el 1º de octubre de 1990 y el 12 de julio de 1994, aspecto que reafirma el documento de folio 17, sin que de allí pueda extraerse el pago por tiempos posteriores, como alega el demandante. De manera, que al decir el documento que la caja debía seguir pagando la prima técnica, es evidente que no puede alegar, o por lo menos no es dable admitir que sostenga que ignoraba, desconocía o tenía dudas sobre la existencia de dicha obligación; por ende su incumplimiento comprobado permite inferir que su conducta en este aspecto no estuvo revestida de buena fe, por lo que al así deducirlo el juzgador no supone la comisión de su parte de un yerro protuberante o manifiesto.

Y en cuanto al interrogatorio de parte absuelto por el representante legal de la demandada, es cierto que el absolvente deja entrever que la empresa canceló la prima técnica durante el término a que se refiere la pregunta, es decir 8 de diciembre de 1994, cuando la actora se reintegró a sus labores y el 15 de mayo de 1999, y para ello remite a la hoja de vida o tarjeta de control, donde dicho derecho aparece liquidado mensualmente. Pero debe tenerse en cuenta que se trata del dicho de la parte en su propio favor, por lo que no puede recibirse como verdad indiscutible, aparte de que no equivale a confesión judicial y el simple interrogatorio sin esta, no es prueba calificada en casación. De todas formas, revisada la hoja de vida o tarjeta de control (fls. 111 y 112, cdno. ppal.), que el recurrente denuncia como no apreciada por el tribunal, y que es necesario examinar en este momento en tanto está íntimamente conectada con el análisis del interrogatorio de parte, se advierte que efectivamente en principio allí aparece una columna en la que supuestamente se incluyen los valores por prima técnica, pero mirado en detalle el documento y confrontado con otras pruebas obrantes en el expediente aflora su inconsistencia, porque el hecho de que aparezca registrado en la hoja de control no quiere decir que efectivamente haya sido cancelada, como se verá seguidamente. Además, no puede perderse de vista que en el documento analizado antes, se informa el pago de derechos, entre ellos la prima técnica, comprendía el lapso entre el 1º de octubre de 1990 y el 12 de julio de 1994, y si en este oficio de fecha 9 de marzo de 1999 se dice que la prima técnica debe seguirse pagando, es dable deducir que no se venía haciendo, sin contar que debe entenderse que el tribunal incorporó en su motivación las razones expuestas por el a quo para concluir la falta de pago de la aludida prima, una de las cuales es que en el cuaderno azul de pruebas, que recoge los pagos hechos a la demandante, no se relaciona ninguna suma por dicho rubro, lo cual es completamente cierto. Y para agotar totalmente el tema y despejar cualquier duda sobre este tópico, no puede dejarse de señalar que la demandada al rebatir, en el recurso de apelación, esta condena, alegó básicamente que la trabajadora no acreditó reunir los requisitos para acceder a la referida prima, pero nunca insinuó que la había pagado efectivamente. De suerte que analizando la prueba denunciada por el recurrente y teniendo en cuenta los otros elementos que la Sala menciona líneas atrás, es evidente que no se equivocó el tribunal cuando concluyó que la afirmación del representante legal de la demandada de haberse liquidado y pagado la prima técnica, estaba alejada de la realidad, pues las pruebas ponían de presente que no se había cancelado. En consecuencia, las pruebas examinadas hasta ahora revelan que no anduvo descaminado el tribunal cuando concluyó que la conducta de la demandada no estuvo revestida de buena fe al abstenerse de pagar la prima técnica.

En cuanto a los comprobantes de pago de la demandante de los meses de mayo y junio de 1999, en los que aparece relacionada la prima técnica de esos meses, en ningún error incurrió el tribunal al apreciarlos, pues precisamente en uno de los apartes del fallo explica y reafirma la carencia de buena fe de la demandada de la circunstancia de que solamente haya reconocido la prima técnica en los últimos meses de la relación, y no durante los anteriores, además de que la inclusión de la prima en esos períodos revela que la empresa no tenía dudas acerca de la obligación de pagarla, lo que refuerza que no pudo actuar de buena fe cuando se abstuvo de pagar los meses anteriores.

Las acusaciones relacionadas con el comportamiento de las partes durante el proceso anterior que se trabó entre ellas, así como el pago a la terminación del contrato de trabajo del resto de las prestaciones sociales, incluso por cuantía superior, a nada conducen y resultan totalmente estériles.

En efecto, el hecho de que en el proceso anterior se reclamaran varias prestaciones y derechos, entre ellos la prima técnica; que las decisiones judiciales allí proferidas condenaran por dicho concepto; que se desistiera del recurso de casación por aceptar la propuesta de pago elevada por el apoderado de la demandante obrante a folio 420 del cuaderno anexo, en nada inciden en la condena por sanción moratoria por falta de pago de la prima técnica, pues aquellas actuaciones son anteriores a la terminación del contrato de trabajo y corresponden a pagos de derechos causados en el pasado, esto es entre los años 1990 y 1994, como ya se explicó cuando se analizaron los documentos de folios 15 a 17, y la mencionada sanción fue impuesta por la falta de pago de la prima técnica causada con posterioridad al mes de julio de 1994 y empieza a correr en fecha posterior a la terminación del contrato. De otro lado, el hecho de que la demandada cancelara las restantes prestaciones y derechos que correspondían a la demandante, hecho que el fallo recurrido no desconoció, no desvirtúa el razonamiento del tribunal que descartó la existencia de buena fe en la falta de pago de la prima técnica, porque se trata de dos cosas diferentes, sin que sea de recibo que aquella (la buena fe) deba derivarse forzosamente del pago apenas parcial de unos derechos, ni aun en el evento de que la cuantía de estos sea infinitamente superior a los omitidos, pues lo relevante para estos casos en que las razones para justificar la ausencia de pago de alguno, incluso uno solo, de los derechos que correspondan al trabajador sea plausible, situación que aquí no aparece por ningún lado.

De acuerdo con lo discurrido, y analizados los puntos susceptibles de ser rescatados de una acusación que más parece un alegato de instancia, se concluye que el recurrente no acredita la ocurrencia de los errores denunciados.

Por lo tanto, el cargo no prospera.

XIII. Tercer cargo

Denuncia la violación directa de la ley por infracción directa de los artículos 19, 26 numeral 6º, 30, 31 y 51 del Decreto 2127 de 1945; 7º y 74 del Decreto 1848 de 1969; 1º, 2º, 11, 12, 17, 36 y 49 de la Ley 6ª de 1945; 8º de la Ley 171 de 1961; 133 de la Ley 100 de 1993; 8º de la Ley 153 de 1887 y 19 del CST, en relación con los artículos 32, 33, 43 y 52 del Decreto 2127 de 1945; 3º, 4º, 467 y 468 del CST; 60, 61 y 145 del CPTSS; 1º y 4º de la Ley 33 de 1985; 4º, 27, 31 y 32 del Código Civil; 21 de la Ley 57 de 1931.

En la demostración explica que acepta las conclusiones fácticas del tribunal entre ellas que la demandante laboró por 17 años y 217 días con la demandada, con suspensión de 7 años y 195 días: que la terminación del contrato se produjo por decisión unilateral de la empresa, y que en la entidad está vigente una convención colectiva de trabajo y un manual administrativo de personal.

Afirma que el ad quem consideró que la actora tenía derecho a la pensión sanción por así expresarlo el manual administrativo de la entidad. Destaca que con esta decisión desconoció las normas señaladas arriba en cuanto establecen que las prestaciones legales y extralegales se sujetan únicamente a las señaladas en la ley, en la convención colectiva y en el reglamento interno de trabajo, como lo estatuye el artículo 19 del Decreto 2127 de 1945, en armonía con el 6º ibídem y el 7º del Decreto 1848 de 1969, ninguna de las cuales menciona el manual administrativo y de acuerdo con lo manifestado por esta Sala en su decisión de 20 de octubre de 2004, radicado 23.026. En consecuencia, el mentado manual no corresponde a ninguna fuente de obligación o derechos de los trabajadores, ni es reconocido en la ley como tal, pues su alcance es el de ser un compendio de instructivos, de procedimientos, pasos, requisitos, etc., para el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales legales y convencionales. Trascribe extensos apartes de varias sentencias de esta Sala, entre ellas las de fechas 30 de agosto de 2005, expediente 26.149 y 14 de febrero de 2005, expediente 22.278.

XIV. Cuarto cargo

Denuncia la violación de la ley por la vía indirecta en la modalidad de aplicación indebida de los artículos 1º, 8º, 11, 12, 17, 18 y 49 de la Ley 6ª de 1945; 19, 26 numeral 6º, 51 y 52 del Decreto 2127 de 1945; 15, 33 y 289 de la Ley 100 de 1993; 1º, 19, 21 y 467 del CST; 60, 61 y 145 del CPTSS; 174, 175,187, 213, 251, 252, 253, 254, 268 y 269 del CPC; 8º de la Ley 153 de 1887, en relación con los artículos 133 de la Ley 100 de 1993; 8º de la Ley 171 de 1961; 14 y 20 de la Ley 6ª de 1945; 2º, 3º, 6º, 72 y 76 de la Ley 90 de 1956 (sic); 1º, 18, 38, 60, 61 y 63 del Acuerdo 224 de 1966 del ISS; 3º, 4º, 492 y 468 del CST y 332 del CPC; 5º del Decreto 3135 de 1968; 3º del Decreto 1045 de 1978; 1º del Decreto 797 de 1949; 32 y 145 del CPTSS; 1º y 4º de la Ley 33 de 1985; 185, 187, 210 y 305 del CPC; 30, 31, 32, 33, 43, 47, 48, 49 y 50 del Decreto 2127 de 1945; 7º y 74 del Decreto 1848 de 1969; 21 de la Ley 57 de 1931.

Le atribuye al fallo los errores evidentes de hecho que se señalan a continuación:

1. No dar por demostrado estándolo que el manual administrativo de personal de la caja constituía una recopilación de normas y procedimientos y no una fuente de obligaciones a su cargo.

2. No dar por demostrado estándolo que la actora no tenía derecho a la pensión por despido injusto por encontrarse afiliada y cotizando al sistema general de pensiones.

3. No dar por demostrado, estándolo, que el manual administrativo fue aportado al proceso en forma incompleta y sin firmas.

4. Dar por demostrado sin estarlo que el manual administrativo se aplicaba a todo el personal de la empresa.

Yerros derivados de la apreciación equivocada de las hojas sueltas del numeral 47.1 del manual administrativo con constancia de autenticación de otra fotocopia (fls. 241 a 244); y de la falta de estimación de la historia laboral de semanas de cotización para pensiones al ISS (fls. 170 a 173 y 214 a 227), comunicación de 23 de octubre de 2003 en la que la demandada indica que formuló denuncia penal por la pérdida del texto original del manual administrativo de personal y copia de la denuncia de tal hecho (fls. 245 y 258 a 260), convención colectiva de trabajo vigente al momento de la terminación de la relación con la actora y de las correspondientes al período 1990-1992.

En la demostración explica que para imponer la pensión sanción, el tribunal se basó en primer lugar en los documentos allegados por la parte actora de folios 241 a 244 y 270 a 273 y que según su decir forman parte del manual administrativo de personal de la caja, pero este documento fue erróneamente apreciado, porque de su simple lectura se desprende que no es cosa diferente que una compilación desactualizada de normas legales y convencionales que se aplicaban a algunos trabajadores de la entidad, pero no puede dársele el alcance de tenerlo como un conjunto normativo ni mucho menos como fuente creadora de derechos inexistentes como lo infirió erradamente el ad quem. Destaca que algunas de las pensiones a que se refiere el manual referido, se encontraban incorporadas en la convención colectiva 1990-1992; que en la parte final de la copia del manual aparece una nota en la que dice que fue actualizado por circular interna 21, informativo de actualización 37 de marzo 30 de 1990, lo cual significa que lo allegado no estaba actualizado a la fecha de terminación del contrato, o sea que allí no se encontraban registradas las modificaciones de las prestaciones introducidas en las demás convenciones y en las normas legales entre ellas el artículo 133 de la Ley 100 de 1993, aparte de que las regulaciones del manual sobre la pensión mixta y la pensión sanción por despido injusto son trascripciones de las leyes 33 de 1985 y 171 de 1961 y por ello solo pueden ser obligatorias durante su vigencia y aplicación. Resalta que el manual ni siquiera fue aportado en su totalidad pues solamente se allegaron 3 folios, pero no obra constancia de vigencia de sus disposiciones ni tampoco el ámbito de su aplicación, ni el monto y forma de liquidación de las pensiones. Anota que el manual administrativo de personal se extravió, como consta en la denuncia penal instaurada por la caja (fls. 258 a 260), pieza que no consideró el tribunal, como tampoco apreció su contenido en el cual el director de archivo de la entidad deja constancia que desde su expedición el manual ha sido objeto de varias modificaciones, dentro de las cuales se encuentran las de 1991, 1993, 1994 y 1996, sin que las copias aportadas incorporen estas actualizaciones, por lo que no son fiables como medios de prueba. Señala que en lo que se refiere a las normas legales que rigen la pensión sanción, el ad quem no apreció que la demandante fue afiliada a pensiones y se encontraba cotizando al ISS, por lo que no había obligación de conceder la aludida pensión.

XV. La réplica

Para controvertir este y el anterior cargo, el replicante invoca el artículo 26 del Decreto 2127 de 1945, numeral 6º, para destacar que el reglamento administrativo encaja en dicha disposición en tanto fue expedido por la caja y contiene un derecho destinado a beneficiar a sus trabajadores. Afirma que la legalidad de citado manual y de los derechos pensionales en él estatuidos, fue refrendada por esta corporación en sentencia de 12 de diciembre de 2002, de la cual trascribe apartes. Señala que el primer acto antijurídico de la demandada de fenecer ilegal e injustificadamente el contrato de trabajo que la unía con la actora aunado a la equivocada decisión judicial de considerar que hubo solución de continuidad entre los extremos temporales comprendidos entre el despido y el reintegro, le impidieron a la antigua servidora completar el número de semanas suficientes para obtener la pensión plena de jubilación, bien a cargo de la empleadora o de la seguridad social. Trascribe apartes del fallo de esta Sala de 12 de octubre de 1995, en el que señaló que el requisito de la afiliación previsto en el artículo 133 de la Ley 100 de 1993 es el de la afiliación completa y eficaz, vale decir que le permita al trabajador antiguo despedido sin justa causa, acceder al derecho irrenunciable a la seguridad social, de suerte que la afiliación tardía no exonera al empleador de la pensión sanción.

XVI. Consideraciones de la Corte

La cuestión que debe dilucidarse es si el tribunal se equivocó al conceder a la demandante la pensión sanción por despido injusto después de 15 años de servicios establecida en el manual administrativo de personal de la caja. El reparo inicial que hace la recurrente a dicha condena es que con la misma se quebrantaron los artículos señalados en la proposición jurídica en cuanto señalan que las prestaciones legales y extralegales se sujetan solamente a lo previsto en la ley, el reglamento interno de trabajo, las convenciones colectivas o los fallos arbitrales, pero no a los contenidos en otro tipo de acto o documento.

Sobre dicha cuestión se ha pronunciado reiteradamente la Sala, por ello resulta pertinente recordar lo que dijo en fallo de 20 de octubre de 2004, rad. 23.026:

“El punto debatido por la censura gira en torno a si el manual administrativo, fuente de la pensión proporcional reconocida por el sentenciador, es o no norma que pueda reconocer beneficios adicionales a los dispuestos en la ley, la convención, laudos arbitrales o el reglamento interno de trabajo.

“Encuentra la Sala que al ajustarse el tribunal a los términos del manual administrativo en cuestión, evidentemente olvidó el contenido del artículo 7º del Decreto 1848 de 1969, pues se desprende indiscutiblemente de dicho precepto que el régimen prestacional aplicable a los trabajadores oficiales es únicamente el previsto en la ley o el establecido en las convenciones colectivas o laudos arbitrales.

“Reza textualmente el artículo en comento:

“ART. 7º—Regla general. 1. Las normas de este decreto y del Decreto 3135 de 1968, que consagran prestaciones sociales, se aplicarán a los empleados públicos nacionales de la rama administrativa del poder público, mientras la ley no disponga otra cosa.

“2. Se aplicarán igualmente, con el carácter de garantías mínimas a los trabajadores oficiales, salvo las excepciones y limitaciones que para casos especiales se establecen en los decretos mencionados, y sin perjuicio de lo que solamente para ellos establezcan las convenciones colectivas o laudos arbitrales, celebradas o proferidos de conformidad con las disposiciones legales que regulan el derecho colectivo del trabajo”.

“El alcance de esta disposición guarda coherencia con la modificación que se introdujo a la Constitución Nacional en el año de 1968, por medio de la cual, se le confió al Congreso de la República de manera exclusiva el establecimiento o modificación del régimen prestacional del empleado público, —artículo 76, numeral 9º, de la Constitución de 1886, disposición reiterada en la Constitución vigente en el literal e) del artículo 150 de manera tal que en lo sucesivo las prestaciones sociales de los servidores públicos solo podía establecerlas la ley, según reiterada doctrina del Consejo de Estado—. 25000-23-23-000-1997-4606-01 SEC2 Exp1999 3338.

“Para mayor ilustración, conviene recordar que, de otra parte, el artículo 38 del Decreto 3130 de 1968 que permitía a las juntas o consejos directivos de los establecimientos públicos y empresas industriales y comerciales del Estado determinar en sus estatutos de personal, entre otros aspectos, el relacionado con las prestaciones sociales de sus servidores, fue declarado inconstitucional por esta corporación en sentencia del 13 de diciembre de 1972 por considerar, precisamente, que la atribución de regular lo relativo a dichas prestaciones sociales corresponde única y exclusivamente al legislador.

“El principio de legalidad de las prestaciones sociales tiene una aplicación restringida frente a los trabajadores oficiales por cuanto lo dispuesto por la ley es solamente el piso o garantía mínima que puede ser mejorada pero a condición de que lo sea solamente a través de normas convencionales y esto sin perjuicio de las prestaciones que se hubieren consagrado por medio de reglamentos.

“De esta suerte, quedó excluida la posibilidad de que fuentes distintas a la ley, al acuerdo convencional, al laudo arbitral y el reglamento interno de trabajo según el artículo 31 del Decreto 2127 de 1945, puedan crear normas prestacionales aplicables a trabajadores oficiales, lo cual es explicable en la medida en que, conforme lo ha dicho reiteradamente esta Sala, el vínculo laboral entre los servidores públicos y el Estado, en el cual prima el principio de legalidad, no es del todo equiparable al que se presenta en el sector privado.

“En este orden de ideas, el que en una normatividad interna de una empresa, como lo es un manual, que tal como lo define el diccionario de la lengua española, es un “libro en que se compendia lo más sustancial de una materia”, aparezcan consignados beneficios prestacionales a favor de los trabajadores, no significa que aquél sea su fuente formal, pues, como ya se advirtió, esta materia corresponde únicamente a la ley, al laudo arbitral o las convenciones colectivas, sin que pueda ser modificada por acuerdo o disposición distinta. Y siendo ello así, tampoco puede servir de prueba de la fuente convencional que, en gracia de discusión, llegue a reproducir, en tanto esta, es sabido, se encuentra sujeta a una serie de requisitos ad substantiam actus”.

En cuanto al argumento del opositor, relacionado con que esta Sala en fallo de 12 de diciembre de 2002 respaldó tanto “la validez legal del manual administrativo de personal como los derechos pensionales allí consignados”, corresponde decir que tal aserción no es cierta porque revisada dicha providencia no aparece que ese sea su alcance, pues si bien en esa oportunidad no se casó la sentencia del tribunal que concedió la pensión consagrada en el referido manual, esa decisión debe entenderse en el marco en que fue proferido, en el que no se cuestionó la validez jurídica del aludido reglamento, sino que se controvirtieron otras cuestiones que la Sala analizó dentro de las limitaciones que impone el estudio de un recurso dispositivo como el de casación.

Por lo tanto, el cargo es fundado, pues demuestra la ocurrencia de los yerros jurídicos endilgados al ad quem.

XVII. Recurso del demandante

Pretende la casación parcial del fallo acusado en cuanto disminuyó la sanción moratoria a la suma de $ 61.673,86 diarios y en cuanto fijó el monto inicial de la pensión sanción en $ 1.850.216 y negó su indexación, para que en sede de instancia confirme la decisión de primer grado que estableció la sanción moratoria en $ 90.587,38 diarios y precise que la primera mesada pensional es por valor de $ 2.717.621,57 y acceda a la actualización de las mesadas.

Con tal finalidad propone dos cargos, de los cuales se estudiará solamente el primero, por cuanto el segundo, que buscaba un incremento en el monto de la pensión y la indexación de las mesadas, quedó sin piso al prosperar los cargos tercero y cuarto del recurso de la demandada.

XVIII. Primer cargo

Denuncia la violación indirecta de la ley por aplicación indebida del artículo 1º del Decreto 797 de 1949 en relación con los artículos 52 del Decreto 2127 de 1945; 1º, 8º y 11 de la Ley 6ª de 1945; 6º parágrafo 1º del Decreto 1160 de 1947; 2º de la Ley 64 de 1946; 2º de la Ley 65 de 1946; 24 del Decreto 1848 de 1969; 3º, 18, 19, 21, 127, 467, 468, 469, 470, 471 y 476 del CST; 1º de la Ley 54 de 1962, aprobatorio del convenio 95 del OIT; 42 del Decreto 1042 de 1978 y 45 del Decreto 1045 de 1978.

Atribuye al fallo los siguientes errores evidentes de hecho:

1. No dar por demostrado, estándolo suficientemente en los autos, que el salario promedio mensual devengado por la demandante durante el último año de servicio, fue de $ 2.717.621.

2. Dar por demostrado, contra toda evidencia probatoria, que el salario sobre el cual se debe calcular la indemnización moratoria al tenor del artículo 65 del CST era de $ 1.850.216.

Los errores se derivaron de la apreciación equivocada de la liquidación final de prestaciones sociales efectuada por la caja demandada a favor de la actora (fls. 13 y 109); y de la falta de estimación de la convención colectiva de trabajo (fls. 18 a 90) y de la confesión contenida en el interrogatorio de parte absuelto por el representante legal de la demandada (fls. 151 y 152).

En la demostración explica que los artículos 127 del CST y 1º de la Ley 54 de 1962, aprobatorio del Convenio 95 de la OIT definen el concepto de salario que debe aplicarse a todo tipo de relaciones laborales, bien de carácter particular o público, como aquel constituido no solo por la remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte, como primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de horas extras, valor del descanso en día de descanso obligatorio, porcentaje sobre ventas y comisiones. Continúa diciendo que en la convención colectiva de trabajo suscrita entre la demandada y la organización se pactaron prestaciones sociales como primas y remuneraciones, todos los cuales son conceptos constitutivos de salario según la propia convención, como además lo reconoció la entidad al liquidar las prestaciones sociales definitivas teniendo en cuenta un factor fijo de $ 1.850.216 y como factor variable un promedio de $ 867.405,57 para un total devengado de $ 2.717.621,57, lo que viene a reafirmarse con la confesión del representante legal en el interrogatorio de parte, donde acepta como salario las cifras antes referidas.

Invoca y trascribe apartes de dos decisiones de esta Sala en las que se define que el salario para liquidar la sanción moratoria está constituido por el promedio de todo lo devengado por rubros que sean de naturaleza salarial.

XIX. La réplica

Manifiesta que el recurrente no controvirtió todos los sustentos del fallo atacado. Aclara que se pretende que se liquide la sanción moratoria con el salario que se tomó para liquidar la cesantía, sin reparar que para ello de distribuyen los valores devengados en los últimos 4 años divididos en dos períodos.

XX. Consideraciones de la Corte

El tribunal procedió a modificar la suma que a título de sanción moratoria había fijado el a quo en cuantía de $ 90.587,38 diarios, para dejarla en $ 61.673,86 por día. Para justificar la decisión explicó que el factor fijo del salario obrante a folio 13 ascendía a la suma de $ 1.850.216.oo y que esta era el valor que debía tenerse en cuenta para liquidar la referida sanción.

Revisado el documento en mención se observa que allí se relacionan varios rubros y se divide la liquidación en dos períodos y en cada uno de ellos se especifican varios valores como factores variables y factores fijos que se suman para obtener el promedio de lo devengado por ambos y que es la base para liquidar la cesantía del primer período. En este punto el ad quem dedujo que el promedio de salario que debía tener en cuenta era el identificado como “factor fijo”, señalado en $ 1.850.000.

Para que aflore el error del tribunal es menester examinar el artículo 37 de la convención colectiva de trabajo (fls. 35 y 36), que regula lo atinente a la liquidación de cesantías, en el que se explican los valores a que corresponde cada rubro, y se encuentra que el denominada primer período está constituido por un factor fijo integrado por “el último sueldo básico mensual del funcionario, más la prima de antigüedad y/o técnicas que estuviere devengando en el momento de la liquidación”; y un valor variable constituido por “los auxilios de transporte legales y extralegales, incentivo de localización, gastos de representación, primas semestrales, primas habituales o permanentes, horas extras, dominicales o feriados trabajados, viáticos y el valor de la sobrerremuneración en el caso que desempeñe cargos superiores provisionalmente, devengados durante el último año”.

Según los datos consignados en la liquidación el factor fijo es de $ 1.850.216 y el factor variable un promedio de $ 867.405.57. El ad quem tomó como salario la primera cifra, pero es claro que incurrió en error al considerar que ese era el salario promedio del último año de servicios, porque allí se reflejaba solamente parte de él, dejando por fuera la otra parte de lo devengado, dentro de la cual se relacionan factores que son indudablemente salario y que por ende debieron tenerse en cuenta. En consecuencia el cargo es fundado y se anulará la sentencia acusada en cuanto tomó para liquidar la sanción moratoria, la suma diaria de $ 61.673,83 como salario.

XXI. Consideraciones de instancia

Para establecer el monto del último salario devengado por la actora y resolver sobre la sanción moratoria no se pueden tomar en cuenta los promedios de que da cuenta el documento de folio 13, dado que el factor fijo se determina allí con base en el salario y las primas de antigüedad y técnica que esté devengando en el momento de terminación del contrato, y no el promedio de lo devengados por estos rubros durante el último año de servicios, como debe ser. Cabe agregar que si bien la aludida fórmula es la que debe aplicarse para liquidar la cesantía, ello no significa que debe tenerse su resultado como el salario promedio, dado que se trata de dos cosas distintas, como ya se vio. En ese orden de ideas, para liquidar el factor fijo se colacionarán los salarios, primas técnicas y de antigüedad percibidas durante el último año de servicios, con base en los comprobantes de pago relacionados en el cuaderno de pruebas azul y además los de folios 11 y 12 del cuaderno principal, lo mismo que las condenas por prima técnica, donde se fijó su valor para los años 1998 y 1999. Hechas las operaciones pertinentes, el promedio que resulta por este factor es de $ 1.699.095 en cifras redondas. El factor variable liquidado por la empresa se dejará intacto, pues si esta misma lo reconoció así es porque aceptó que todos esos elementos son factor de salario. En consecuencia, el último salario promedio devengado por la actora se fija en $ 2.566.500,57, por lo que la suma que debe pagarse por sanción moratoria es de $ 85.550 diarios.

En lo que se refiere a la pensión sanción por despido injusto, se confirmará la decisión del a quo, aunque por razones diferentes a las esbozadas en su fallo, pues en realidad y tal como lo alegó el propio apoderado de la demandante en el recurso de apelación contra la decisión de primer grado, el tiempo de servicios fue de 17 años y 217 días; mas la razón para no acceder a dicha pretensión es la señalada al decidir el punto en sede de casación, sin que se pierda de vista que la demandada afilió a la demandante a la seguridad social durante la vigencia del contrato de trabajo, con exclusión de los 7 años largos en que estuvo cesante, cuya procedencia aquí no se ha discutido.

No hay lugar a costas por el recurso extraordinario comoquiera que cada uno de los recursos prosperaron parcialmente. Tampoco ha lugar por la alzada y las de primera instancia son a cargo de la demandada.

En mérito de lo expuesto la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN LABORAL, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Pamplona (Sala de Descongestión) el 31 de julio de 2007, en el proceso ordinario adelantado por ANA CECILIA RODRÍGUEZ MEDINA contra la CAJA DE CRÉDITO AGRARIO INDUSTRIAL Y MINERO, CAJA AGRARIA EN LIQUIDACIÓN, en cuanto condenó al pago de la pensión sanción por despido injusto y a salarios moratorios por valor de $ 90.587,38, a partir de 6 de noviembre de 1999; NO LA CASA EN LO DEMÁS.

En sede de instancia, CONFIRMA la decisión absolutoria del Juzgado Trece Laboral del Circuito de Bogotá, en lo que respecta a la pensión sanción de jubilación por despido injusto; y modifica la sanción moratoria en el sentido de que se impone por $ 85.550 diarios, desde el 6 de noviembre de 1999 hasta cuando cancele lo adeudado por prima técnica.

Costas como se dijo en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase al tribunal de origen».