Sentencia 35865 de 9 de junio de 2010

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 35865

Acta 19

Magistrado Ponente:

Dr. Gustavo José Gnecco Mendoza

Bogotá, D.C., nueve de junio de dos mil diez.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones de la Corte

En lo atinente a las objeciones que la oposición plantea respecto del primer cargo, se encuentra que únicamente tiene razón en cuanto resalta que es equivocada la solicitud de pruebas en casación, habida consideración de que en el procedimiento laboral y de la seguridad social se encuentran definidas las oportunidades para la solicitud de pruebas, sin que en manera alguna se permita tal posibilidad en este recurso, lo que tiene absoluta lógica dado que la confrontación de la sentencia acusada debe partir de las pruebas que reposaban legalmente en el proceso, para el momento en que esa providencia fue proferida.

Por otra parte, no tiene razón la réplica al sugerir que el ataque introduce un medio nuevo cuando sostiene que la pensión del actor debe liquidarse con el 82% del ingreso base de liquidación, toda vez que la pretensión de reajuste de esa prestación está sustentada en el artículo 34 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 10 de la Ley 797 de 2002, que se refiere al monto de la pensión de vejez, que se incrementa, escalonadamente, en términos generales, después de 1000 semanas, hasta un monto máximo del 85%; lo que en opinión del accionante justifica su petición, conforme lo sustenta en el capítulo de los hechos de la demanda inicial, numerales 3º y 4º.

Tampoco acierta la oposición cuando aduce que, por girar la inconformidad planteada respecto a la aplicación del principio de la favorabilidad, no debió ventilarse por la vía indirecta por la que se encauzó el cargo, pues tal cuestión se mencionó como un punto derivado del aspecto fáctico debatido, después de que se entiende acreditado el error de hecho a que se alude, asunto que, incluso fue más claramente expuesto en el segundo cargo, este si orientado por la vía directa.

En realidad la primera acusación se orientó esencialmente a demostrar que el juzgador de segundo grado se equivocó al concluir que, en este asunto, el demandante pretende la aplicación de uno y otro regímenes pensionales. Reproche que es fundado, dado que lo pedido por el demandante no se orientó en ese sentido, sino que se demandó que se determinara su ingreso base de liquidación con la totalidad de las semanas que aportó durante su vida laboral o, en su defecto, con las cotizadas durante los últimos diez años, según le fuera más favorable, con sustento en el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en la forma como fue modificado por el 18 de la Ley 797 de 2003.

Por ello, es claro que el demandante sí precisó cual norma pretendía que se le aplicara y no dejó la escogencia del precepto al juzgador, como se afirma equivocadamente en el fallo, pues en las pretensiones reclamó que se le liquidara la pensión con base en lo dispuesto en los artículos 21 y 34 de la Ley 100 de 1993. Y si bien en el hecho quinto de la demanda se refirió al artículo 288 de la Ley 100 de 1993, lo que no era estrictamente necesario, lo hizo para sustentar la petición de que se le aplicaran algunos preceptos de esa ley.

Con todo, en el hecho séptimo expuso las razones por las cuales los artículos 21 y 34 de la Ley 100 de 1993 le debían ser aplicados, como que arguyó que, para la fecha en que cumplió el último de los requisitos para obtener el derecho a la pensión, se hallaba vigente el artículo 18 de la Ley 797 de 2003, según el cual, respecto de los beneficiarios del régimen de transición pensional, la edad para adquirir el derecho será la establecida en el régimen anterior, pero los demás requisitos, y entre ellos el monto de la pensión, serían los señalados en esa ley.

Es claro, entonces, que el tribunal se equivocó en la apreciación de la demanda inicial, lo que le impidió observar con claridad el sustento de las pretensiones y el análisis jurídico en aquel escrito propuesto.

Sentado lo anterior, corresponde examinar el planteamiento jurídico expuesto por la censura en el segundo cargo, aclarando previamente que es cierto que en ese ataque aquella no fue suficientemente clara al identificar la modalidad de violación de la ley, pero al emplear la expresión “interpretación sistemática” no estaba aludiendo al concepto de violación de la ley de la interpretación errónea, sino que quiso significar que la aplicación armónica de las normas citadas determina la existencia del derecho reclamado, pues es lo que se desprende de la redacción del aparte donde hace tal enunciado.

Y si bien se aludió a la aplicación indebida de las normas que se citaron en la proposición jurídica, en el desarrollo del cargo se habló de la infracción directa del artículo 18 de la Ley 797 de 2003, lo que, obrando con amplitud, le permite a la Corte analizar los argumentos del cargo desde la perspectiva de la invocación de esa modalidad de violación de la ley.

Y al aplicarse a esa tarea, encuentra que el artículo 18 de la Ley 797 de 2003 modificó el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que regula el régimen de transición a que se refirió el tribunal, en punto a que la edad para acceder a la pensión de vejez de las personas que, al entrar en vigencia el sistema tenían 35 o más años de edad si eran mujeres o(sic) 40 o más años de edad si eran varones, o(sic) 15 o más años de servicios cotizados, sería la establecida en el régimen anterior a la cual se encontraran afiliadas. Pero ese precepto, con nitidez, igualmente dispuso que las demás condiciones, requisitos y monto de la pensión se regirían, de acuerdo con lo señalado en el numeral 2º del artículo 33 y el artículo 34, por las disposiciones de esa misma ley.

Y en ese sentido, entonces, la pensión de vejez del actor no ha debido liquidarse de conformidad con el original inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, como tampoco con base en la Ley 33 de 1985, sino con apoyo en lo dispuesto en los artículos 21 y 34 de esa Ley 100 de 1993, en la forma como este último fue modificado por el 10 de la Ley 797 de 2003.

Se advierte, entonces, que el demandante es beneficiario del mencionado artículo 18 de la Ley 797 de 2003, que modificó el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, toda vez que, como servidor oficial, cumplió la edad requerida en su caso, 55 años, el 11 de julio de 2003, hecho no discutido en el proceso y aceptado por el demandado, pero al que de todas maneras se alude en el primer cargo, esto es, antes de que dicha norma fuera declarada inexequible, mediante la sentencia de la Corte Constitucional C-1056 de 11 de noviembre de 2003, con efectos futuros, dado que no se dispuso nada distinto en esa providencia de control constitucional.

En tales circunstancias, se encuentra que respecto del monto de la pensión, en este asunto específico, debía acudirse al artículo 34 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 10 de la Ley 797 de 2003, que prevé un ingreso base de liquidación del 65% para las primera 1000 semanas de cotizaciones, que se incrementará por cada 50 semanas adicionales a las 1.000 hasta las 1.200 semanas, en un porcentaje del 2% y después de las 1.200 semanas aportadas el incremento será del 3% hasta las 1.400 semanas, para un monto máximo del 85%. De igual modo, en cuanto al ingreso base de liquidación, se ha debido acudir al artículo 21 de la citada Ley 100 de 1993, que fue lo que reclamó el actor en su demanda.

Aparece acreditado, así las cosas, que las pretensiones del demandante no quebrantan el principio de inescindibilidad previsto en el artículo 288 de la Ley 100 de 1993, como lo entendió erradamente el tribunal, pues el actor lo que demanda, en estricto sentido, es que se le aplique el régimen de transición pensional como se hallaba establecido para el momento en que consolidó los requisitos para acceder a la pensión de vejez.

Surge, entonces, de lo precedente, que los cargos son fundados; por tanto se casará la sentencia de segundo grado, en cuanto confirmó la decisión absolutoria de primer grado.

En virtud de la prosperidad del recurso de casación, no hay lugar a costas.

Para dictar la correspondiente decisión de instancia, se oficiará al Instituto de Seguros Sociales, para que, con destino al proceso remita la prueba del valor discriminado, mes a mes, de las mesadas pensionales canceladas al actor desde el 29 de diciembre de 2003 a la fecha, y para que informe los salarios devengados por el actor durante toda su vida laboral y las sumas sobre las cuales cotizó en ese mismo lapso.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, casa la sentencia dictada por la Sala Laboral del tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 19 de febrero de 2008, dentro del proceso seguido por Efraín Arturo Álvarez Franco contra el Instituto de Seguros Sociales.

En sede de instancia, y para mejor proveer, se dispone que por secretaría se libre el oficio en la forma arriba señalada.

Sin costas en el recurso extraordinario.

Cópiese, notifíquese y publíquese».