Sentencia 35888 de febrero 1 de 2011

 

Sentencia 35888 de febrero 1 de 2011

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad. 35888

Acta 2

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Gabriel Miranda Buelvas

(Legis considera conveniente que los datos de las partes y terceros, sean suprimidos por las iniciales de los nombres y apellidos, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política).

Bogotá, D.C., primero de febrero de dos mil once.

Resuelve la Corte el recurso de casación interpuesto por AJMP, quien actúa en representación de la interdicta ACM, contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Medellín el 18 de enero de 2008, en el proceso que promovió el recurrente contra Pensiones de Antioquia.

I. Antecedentes

AJMP, quien actúa en representación de la interdicta ACM, demandó a Pensiones de Antioquia para que fuera condenada, de manera principal, a pagarle, en forma indexada, una pensión vitalicia de sobrevivientes desde el 21 de noviembre de 1994 y los intereses moratorios. Subsidiariamente, para que se le reconozca la indemnización sustitutiva, debidamente indexada.

En sustento de sus pretensiones, afirmó que la señora GSMP estuvo vinculada con el Departamento de Antioquia desde el 5 de octubre de 1977 hasta el 20 de noviembre de 1994; que el 21 de noviembre siguiente falleció a consecuencia de una aneurisma cerebral; que dio a luz a ACM el 16 de septiembre de 1983, quien presenta características físicas y psicosomáticas propias del Dx Clínico del Síndrome de Dawn con retardo mental; que ACM dependía del cuidado, custodia y manutención de su madre; que el Juzgado 9º de Familia de Medellín, el 4 de junio de 1996, decretó la interdicción definitiva por demencia de la niña ACM, asignándole a su tío AJMP como su curador, y que la demandada le negó el derecho pensional deprecado.

II. Respuesta a la demanda

Pensiones de Antioquia, se opuso a las pretensiones del actor por no acreditar los requisitos de los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993. Propuso las excepciones de inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, ineptitud de las pretensiones de la demanda y prescripción.

Suscitada colisión de Jurisdicción entre el Juzgado Segundo Laboral de Medellín y el Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia, el Consejo Superior de la Judicatura, a través de providencia de 4 de agosto de 2005, declaró que el conocimiento del proceso le correspondía al primero.

III. Sentencia de segunda instancia

El Juez de conocimiento, por sentencia de 27 de marzo de 2007, absolvió a la demandada de todas y cada una de las pretensiones incoadas en el escrito promotor del litigio.

IV. La sentencia del tribunal

Para confirmar la decisión del juez de primer grado, esencialmente, el ad quem asentó que “en asuntos de pensión de sobrevivientes, la ley aplicable es la vigente al momento del fallecimiento del causante, que para el caso de marras es el 21 de noviembre de 1994, fecha para la cual, si bien ya estaba vigente la Ley 100 de 1993, lo cierto es que en materia de pensiones no lo estaba para los entes territoriales, la cual solo entró a regir el 15 de junio de 1995, lo que significa que no le se pueda aplicar a la parte actora y aunque el Parágrafo del artículo 151 de la cita ley expresamente dice que <El Sistema General de Pensiones para los servidores públicos del nivel departamental, municipal y distrital, entrará a regir a más tardar el 30 de junio de 1995, en la fecha que así lo determine la respectiva autoridad departamental>, la verdad es que no existe prueba en contrario en el proceso que dicha fecha hubiera sido adelantada por el ente territorio: Es la misma ley lo que ha establecido la entrada en vigencia del nuevo régimen pensional para los servidores públicos territoriales, por lo que no puede hablarse de vulneración de derechos constitucionales, ni de los derechos de los incapaces”.

Luego, el juzgador copió los artículos 1º de la leyes 12 de 1975 y 33 de 1985, y sostuvo que “quiere decir que la ley del servidor público exige en materia pensional 20 años de servicio, que no los tenía la progenitora de la demandante ya que solo alcanzó 17 años, 1 mes y 15 días, y 55 años de que se convalidarían con la muerte, todo lo cual conduce a concluir que desafortunadamente para los intereses de la hija discapacitada, declarada así judicialmente (fls. 46 y ss), no tiene derecho a la pensión de sobrevivientes y como así lo decidió el aquo, se mantendrá la decisión

V. El recurso de casación

Inconforme con la anterior decisión la parte demandante interpuso el recurso de casación, que no fue replicado, en el que le pide a la Corte que case la sentencia impugnada y “en su lugar condenar a Pensiones de Antioquia, a través de su representante legal” al pago de las pretensiones de su demanda inicial.

Para ello le formula un cargo en el que acusa la sentencia de violar la “ley sustancial, concretamente por interpretación errónea del artículo 151 de la Ley 100 de 1993. Y violación de los principios generales que fundamentan la Seguridad Social, en especial el de igualdad y la fvorabilidad (sic) en concordancia con el principio de la condición más beneficiosa respaldada en el artículo 53 de la Carta actual en concordancia con el artículo 48 ibídem, toda vez que la asegurada GSMP dejó acreditados los requisitos mínimos exigidos en la legislación vigente (Ley 100 de 1993 artículo 47) para dejar causado a favor de su hija invalida, la pensión de sobrevivientes, lo cual no sería posible si se aplicara la Ley 33 de 1985, en contravía de los principios fundamentales citados .

Acota el recurrente que la sentencia acusada viola el principio de igualdad, consagrado en el artículo 13 de la Constitución Política, “pues consagra un privilegio para los trabadores del sector privado, y una discriminación injustificada para los servidores públicos, con lo cual se está desnaturalizando la figura de la pensión de sobrevivientes, que busca beneficiar a quien realmente se ajusta a las condiciones del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, en este caso hija mayor discapacitada que dependía económicamente de su made (sic) (…) desigualdad que se acentúa más cuando lo único que se está poniendo en discusión es la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, y con ella el artículo 46 ibídem, que consagra una norma más favorable a los intereses de la demandante, que conforme a la condición más beneficiosa, debería aplicarse a favor de la señorita ACM, independiente que la señora GSMP no había cumplido al momento de su fallecimiento veinte años (20) al servicio del Departamento y tal como lo deja ver la Ley 12 de 1975”.

Asevera que si bien el parágrafo del artículo 151 de la Ley 100 de 1993 establece que el sistema general de pensiones para los servidores públicos territoriales entró a regir a más tardar el 30 de junio de 1995, “esta fecha no es un plazo máximo para que las entidades departamentales, municipales y distritales hicieran sus ajustes presupuestales para acogerse al sistema de Seguridad Social previsto en la Ley 100 de 1993, pero no significa que esta norma deba entenderse en contra de las personas y de los principios de universalidad que tan sabiamente inspiran a la Ley 100 de 1993. Entones (…) entre la fecha de la muerte del trabajador, 21 de noviembre de 1994 y la vigencia de la Ley 100 de 1993 en su sistema general de pensiones de los servidores públicos del nivel departamental, el 30 de junio de 1995, este lapso de tiempo entre el 21 de noviembre de 1994 y el 30 de junio de 1995, su contingencia no la puede asumir el trabajador o en este caso su beneficiario, de manera desfavorable, porque anterior a la fecha de su muerte ya había entrado a regir la presente Ley tal como lo dispone el artículo 288”.

Para el impugnante, “el sistema general de pensiones consagrado en la Ley 100 de 1993 comenzó a regir a partir del 1º de abril de 1993 (sic), sin que se encuentre establecido en él un régimen de transición para la pensión de sobrevivientes; de modo entonces que no es viable la aplicación de normas anteriores referentes a este tema, cuando la muerte de la cotizante ocurrió después de la fecha anotada, en virtud del principio de la aplicación inmediata de la ley. No estima, la suscrita apoderada, improcedente solicitar que se aplique la condición más beneficiosa, pues si en virtud de esta se ha admitido incluso la aplicación de una norma derogada, con mayor razón debe aplicarse para una situación como esta en la cual la norma más beneficiosa a los intereses del asegurado, (Ley 100 de 1993 artículos 46 y 47) ya están vigentes por regla general, pero con una particularidad consagrada en el parágrafo del artículo 151 de la Ley 100 de 1993, misma norma que consagra la fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, que resulta perjudicial para los interese de la demandante, como lo es el plazo máximo otorgado para las entidades públicas del orden departamental, municipal y distrital”.

Por último, el recurrente afirma que “es erróneo interpretar el artículo 151 de la Ley 100 de 1993, en desmedro de los intereses de un grupo determinado de personas, en este caso los servidores públicos y sus beneficiarios, (la parte débil en la presente litis) ocasionando con ello, violación a los principios de igualdad, favorabilidad, condición más beneficiosa y la Universalidad que rige a la Seguridad Social, obviamente menoscabando la dignidad humana”.

VI. Consideraciones de la Corte

Es claro que el debate se contrae en dilucidar si la demandada Pensiones de Antioquia debe reconocer a la parte actora la pensión de sobrevivientes de acuerdo con los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, pese a que la causante falleció antes de la entrada en vigencia de dicha normatividad.

Para abordar el estudio en cuestión, es prioritario precisar que no es materia de controversia dentro del proceso que: que la causante señora GSMP le prestó servicios al Departamento de Antioquia desde el 5 de octubre de 1977 hasta el 20 de noviembre de 1994; que falleció el 21 de noviembre de 1994, y que el sistema general de pensiones, estatuido en la Ley 100 de 1993, para los servidores del departamento de Antioquia comenzó a regir el 30 de junio de 1995, dado que no está acreditada fecha anterior.

Pues bien, la Corte Suprema de Justicia en sentencia de 19 de septiembre de 2007, radicación 31.203, tuvo oportunidad de estudiar similares argumnetos a los expuesto en el cargo, en torno a la vigencia del sistema general de pensiones para los servidores públicos territoriales, cuando al respecto razonó:

“En primer lugar manifiesta el recurrente que el ad quem interpretó erróneamente el artículo 151 de la Ley 100 de 1993, pues según la primera parte de esta disposición la vigencia del sistema general de pensiones empezó el 1º de abril de 1994 para todos los sectores de trabajadores y empleadores del país, sin ningún tipo de excepción, y sin que la fijación de una fecha posterior para los servidores de los entes territoriales implicara la desprotección del trabajador y su familia durante el lapso transcurrido desde la fecha inicial hasta dicho momento.

Para la Sala el ad quem no incurrió en el yerro denunciado, porque precisamente la voluntad explícita del legislador fue que el régimen de seguridad social integral y especialmente el sistema general de pensiones que forma parte del mismo no entrara en vigencia de manera simultánea para todos los sectores, sino que señaló un plan gradual, escalonado y progresivo, de modo que para un tipo especial de servidores debía empezar a regir con posterioridad a la fecha general, atendiendo seguramente las dificultades fiscales que iba a representar la implementación del novedoso esquema, con sus nuevas cargas en materia de aportes para las entidades a las que se dirigía el plazo de gracia, así como el hecho de que tales entes habían sido tradicionalmente reticentes a la afiliación a los entes de seguridad o previsión social y tenían un precario nivel de aseguramiento, por lo que el paso a un cubrimiento universal implicaba mayores dificultades de todo orden, y por ende se consideró prudente darles un tiempo más largo para su articulación al sistema. 

Es así como el parágrafo del artículo 151 de la Ley 100 de 1993 señaló con total claridad que el sistema general de pensiones para los servidores públicos de los niveles departamental, municipal y distrital entraría a regir a más tardar el 30 de junio de 1995, en la fecha en que así lo determinara la respectiva autoridad gubernamental, lo que quiere decir que para este específico sector de servidores oficiales la ley facultó a las autoridades locales para que fijaran el momento a partir del cual empezaría a regir para sus trabajadores esta parte del régimen de seguridad social, con la salvedad que si no hacían tal señalamiento se entendería que su vigencia sería en la fecha atrás reseñada, sin que este segmento de la norma pueda entenderse, conforme lo insinúa la censura, como si la fijación de una fecha para la vigencia del sistema en general dejase sin ningún efecto el señalamiento que hace el parágrafo, pues la literalidad del texto en mención es de tal nitidez que permite deducir sin dificultad que se trata de situaciones que son reguladas de manera diferente y que una es la entrada en vigencia del sistema de pensiones para la generalidad de los trabajadores y otra, bien distinta, para los servidores de las entidades territoriales ya referidas. 

Cabe puntualizar que en el presente caso no se adujo ni acreditó que las autoridades competentes del municipio demandado hubiesen anticipado la entrada en vigencia del sistema general de pensiones para sus trabajadores para una fecha anterior al 30 de junio de 1995, de donde se sigue que dicha vigencia empezó en esta fecha. Conviene también precisar que regulaciones como la que se viene analizando no son inéditas en la tradición jurídica colombiana, porque hay que recordar que el establecimiento de lo (sic) seguros sociales no se implementó de manera simultánea en todo el territorio patrio, sino que igualmente se ordenó una ampliación paulatina de cobertura de suerte que poco a poco se fueran abarcando distintas regiones del país, lo que aparejó que en algunas porciones de la Nación se aplicaran las prestaciones de los seguros, mientras que en las otras no, sin que para esas calendas tal situación llevara a la jurisprudencia a una aplicación indiscriminada de prestaciones sociales según más conviniera a los reclamantes sin atender si el sitio donde se generó la prestación estaba o no cubierto por los seguros sociales. Conviene tener en cuenta que a pesar de los buenos propósitos de las autoridades, nunca se alcanzó, en definitiva, un cubrimiento general, objetivo que solo vino a lograrse con la puesta en vigencia de la Ley 100 de 1993, aunque con algunas deficiencias, pero obviamente con mayor grado de realización que el esquema precedente.

La lógica consecuencia de la vigencia posterior del sistema general de pensiones, para los empleados de las entidades territoriales, es que las prestaciones previstas en la Ley 100 de 1993 y sus disposiciones en general sobre esta temática, entre ellas las relativas a cotizaciones, no se aplican para casos o siniestros ocurridos antes de que la autoridad respectiva hubiese ordenado dicha entrada en vigor o, de no haberse dado esta hipótesis, con anterioridad al 30 de junio de 1995, fecha máxima señalada por el legislador para dicho evento.

Suponer lo contrario implica desconocer los efectos de la ley en el tiempo y pasar por alto que solamente a partir de su entrada en vigencia la ley obliga al Estado y a los particulares y que el legislador en su condición de “hacedor de leyes” es el llamado a fijar el momento en el que empieza a regir, naturalmente que en desarrollo de esta potestad puede definir con respecto a puntuales aspectos, atendiendo a particularidades regionales o por la complejidad del asunto regulado, fechas de vigencia diferentes, como aconteció con la Ley 100 de 1993, que con respecto de algunos temas empezó a regir desde el momento mismo de su publicación (artículo 289), frente a otros desde el 1º de abril de 1994, y en cuanto a otros, en fecha posterior.

Lo anterior no pugna con el artículo 16 del Código Sustantivo del Trabajo, porque lo que dispone es precisamente que las normas sobre trabajo, en la que se entienden incluidas las de seguridad social, producen efecto general inmediato, es decir, desde “el momento en que dichas normas empiecen a regir”, lo que significa que la sola promulgación o publicación de la norma o la entrada en vigencia de algunos de sus artículos no implica su aplicación general inmediata, pues si con respecto de algunas materias el legislador fijó una fecha de vigencia diferente y posterior, la aplicación de estas solamente es posible a partir de dicho momento.

Resulta igualmente de interés destacar que no existe contrariedad entre los artículos 289 y 151 de la Ley 100 de 1993 en cuanto a fechas de vigencia diferentes y que debe privilegiarse uno sobre el otro, porque es claro que se debe entender que la vigencia señalada en la primera norma citada está referida a asuntos con respecto de los cuales el legislador no fijó una fecha distinta, pues cuando así lo hizo, como aconteció con el segundo, es apenas elemental que interpretada la ley de modo integral, es dable deducir que corresponde aplicar este y no aquel, lo cual denota que los momentos de vigencia son diferentes y por tal razón las normas son coexistentes y no excluyentes.

De acuerdo con lo discurrido, no incurrió el Tribunal en los errores que se le enrostran, cuando concluyó que el presente caso no podía decidirse con base en los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, dado que esas disposiciones no estaban vigentes para los empleados municipales cuando acaeció el deceso del trabajador Hoyos Hoyos.

La segunda crítica del impugnante está relacionada con la trasgresión del artículo 288 de la Ley 100 de 1993, norma que a su juicio garantiza la aplicación de los artículos 46 y 47 ibídem a la presente controversia pues si la ley empezó a regir el día de su publicación (artículo 289 ejusdem) y tal hecho se produjo el 23 de diciembre de 1993, resulta palmar que al producirse la muerte del trabajador con posterioridad a dicha fecha tiene derecho a que sea aplicable cualquier norma en ella contenida que estime favorable ante el cotejo con lo dispuesto en leyes anteriores sobre la misma materia. 

El anterior planteamiento no es aceptable, porque si se parte de la vigencia escalonada y progresiva de la Ley 100 de 1993, esto es, que toda ella no tiene una sola fecha de vigencia, sino que contempla varias, como antes se analizó, es lógico que la posibilidad de exigir la aplicación de normas de la citada ley que se estimen favorables ante el cotejo con lo dispuesto en leyes anteriores, que brinda el precepto de marras, requiere que la parte de la ley que contempla los aspectos que se reclaman como ventajosos hayan entrado en vigencia en el ámbito a que pertenece el interesado. Obsérvese que la norma dice que el trabajador o servidor público tiene tal derecho “a la vigencia de la presente ley...”, lo que tiene que interpretarse en concordancia con los diferentes momentos de vigencia que establece la misma ley, o sea que la aludida expresión remite al artículo 151 y no al 289 de la Ley 100. En conclusión, para que a la demandante le fueran aplicables las disposiciones de los artículos 46 y 47 ibídem era menester que dicha ley estuviera rigiendo en su caso, lo cual no se dio como ya tuvo oportunidad de explicarse.

Así las cosas, el Tribunal tampoco erró cuando fijó el alcance de los artículos 288 y 289 de la Ley 100 de 1993.

En tercer lugar, el recurrente pide la aplicación del criterio jurisprudencial contenido en la sentencia del 6 de marzo de 2003 del H. Consejo de Estado en virtud del cual se reconoció la prestación de los artículos 46 a 48 de la Ley 100 de 1993 a los beneficiarios de un trabajador que estaba excluido del régimen de seguridad social integral, por tratarse de un miembro de las Fuerzas Militares, cuya muerte ocurrió el 24 de noviembre de 1994, por considerar que por ser en este caso la norma especial menos favorable que la norma general, debía aplicarse esta última, pues lo contrario significa que una prerrogativa conferida a un grupo de personas, se convierta en un obstáculo para acceder a los derechos mínimos consagrados en la ley para la generalidad.

Esa tesis no es de recibo, porque ella contraría categóricos e inveterados principios jurídicos, materializados en normas jurídicas vigentes, como el de la obligatoriedad de la ley a partir de su vigencia, el efecto general inmediato de las leyes de trabajo y, como con acierto lo señaló el Tribunal, el debido proceso que obliga a juzgar con base en leyes preexistentes al momento de ocurrencia de los supuestos que dan nacimiento al conflicto. Y aquí ocurre que la norma, cuya aplicación se reclama, no estaba vigente para el ámbito territorial en que se desenvolvió la relación de trabajo del señor Hoyos en el momento de su muerte y por ende no puede ser llamada a resolver el litigio, pues significa hacer nugatorio el parágrafo del artículo 151 de la Ley 100 de 1993, puesto que contra el expreso mandato legal, se estaría poniendo a producir efectos a una norma mucho antes de que empiece su vigencia y sin que el legislador explícitamente hubiera autorizado dicha conducta.

No puede perderse de vista, de otra parte, que el proceso de la seguridad social colombiana ha estado plagado de regímenes especiales que implican, la mayoría de las veces, condiciones más favorables, vistas en su conjunto, para los afiliados, de suerte que la comparación no puede hacerse prestación por prestación, pues de ser así, algunas de ellas, concebidas a favor de específicos destinatarios, terminaría beneficiando a otros, con lo que se alteran las bases del régimen especial, se desconoce la voluntad abstracta del legislador y se quebranta el principio de certeza y seguridad jurídicas. 

Por otro lado, el Tribunal no erró cuando asentó que el principio de favorabilidad contemplado en el artículo 21 del C. S. del T. supone la existencia de duda o conflicto sobre la aplicación de “normas vigentes de trabajo” (subraya la Sala), de suerte que no es posible invocar dicho principio cuando la norma en colisión no está todavía vigente para el caso específico en que se va aplicar”.

Mutatis mutandi, lo expresado en la precedente providencia resulta pertinente en este caso por tratarse de un asunto en el cual las circunstancias de orden jurídico y fáctico relevantes resultan sustancialmente similares.

Aunado a todo lo anterior, resulta insoslayable el hecho de que el parágrafo del artículo 151 de la Ley 100 de 1993, fue declarado exequible por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C- 711 de 25 de noviembre de 1998. 

También debe decirse que en el asunto bajo escrutinio no se dan los supuestos para darle aplicación al principio de la condición más beneficiosa, por la potísima razón de que la causante antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993, no concretó situación jurídica alguna.  

Siendo regla del derecho social el que sus normas tienen aplicación general e inmediata, no resultaba válido al juzgador dejar de aplicar las normas que regían el caso para aplicar unas que no lo eran, pretextando una “condición” jurídica que en vida de aquellas la demandante no obtuvo, con el arbitrio o expediente de ser necesaria al caso la conservación de un mejor tratamiento legal que de ninguna manera podía invocar.

De lo que viene de decirse, se colige para la Sala que el juez de apelación no incurrió en los desaciertos que le atribuye la censura.

El cargo no prospera.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 18 de enero de 2008, por el Tribunal Superior de Medellín, en el proceso que AJMP, quien actúa en representación de la interdicta ACM, promovió contra Pensiones de Antioquia.

Sin costas en el recurso.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase al Tribunal de origen.

Magistrados: Luis Gabriel Miranda Buelvas—Jorge Mauricio Burgos Ruiz—Elsy Del Pilar Cuello Calderón—Gustavo José Gnecco Mendoza—Carlos Ernesto Molina Monsalve—Francisco Javier Ricaurte Gómez—Camilo Tarquino Gallego.