SENTENCIA 359, 361, 362 DE FEBRERO 15 DE 1991

 

INSCRIPCIÓN IRREGULAR DE LISTAS

ES CAUSAL DE RECLAMACIÓN PERO NO DE NULIDAD ELECTORAL

EXTRACTOS: «Si se observa, con algún detenimiento, el artículo 17 de la Ley 62 de 1988, por medio del cual se subrogó el artículo 223 del CCA, sobre causales de nulidad que pueden afectar las actas de escrutinio de los jurados de votación y de toda corporación electoral, se encontrará que la causal sexta de la norma subrogada, o sea, la ocurrencia de cualquiera de los eventos previstos en las causales de reclamación de que trata el artículo 42 de esta ley —Ley 96 de 1985, art. 65 que había ya subrogado el indicado art. 223 del CCA—, desapareció como tal, es decir, no existía en el momento de los hechos que dieron origen a esta contención. En otras palabras, las causales de reclamación en la vía administrativa-electoral, que, al mismo tiempo, por mandato del art. 65 de la Ley 96 de 1985, constituían causales de nulidad de las actas y registros electorales, por voluntad expresa del legislador, quedaron sólo como tales, es decir, como causales de reclamación y desaparecieron como causales para invocarlas o hacerlas valer ante esta jurisdicción.

Probablemente, se podría pensar y así lo afirma la distinguida agente del Ministerio Público, por cuanto el legislador quiso que las simples irregularidades, como, por ejemplo, la no manifestación expresa del partido o movimiento político al cual pertenecen los que inscriben una lista, la modificación irregular de la lista por quienes la inscribieron inicialmente, la no existencia de las constancias escritas de aceptación de los diferentes candidatos, la de no ir en columnas separadas los candidatos principales y los candidatos suplentes, etc., producido el resultado electoral y expedidas las credenciales, no puedan tener la virtud de determinar la anulación del verdadero querer popular, y, con ello, sí se buscó garantizar el principio de la ''''eficacia del voto”.

Por ello, la Sala está de acuerdo con la agencia fiscal en el sentido de que, en cuanto hace relación a estos ocho cargos, la demanda no está llamada a prosperar.

Como ya se dijo en relación con el proceso 0361, en el cual se invocaron los mismos hechos y las mismas disposiciones relativas a cómo se debe proceder a realizar la inscripción de listas para corporaciones públicas, todos aquellos que estaban consagrados en la ley no sólo como causales de reclamación ante las propias autoridades electorales, sino igualmente como causales de anulación ante el juez administrativo (Ley 96 de 1985, art. 65, subrogatorio del art. 223 del CCA), por virtud de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 62 de 1988, subrogatorio del art. 65 de la precitada Ley 96 de 1985, desaparecieron como causales de anulación de las actas y registros electorales, como repetidamente lo ha expresado esta Sala en diversas ocasiones, persistiendo como simples causales de reclamación en la vía administrativa electoral.

Ello hace que la jurisprudencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación, contenida en sentencias como las invocadas en la demanda, sobre nulidad de los votos emitidos en favor de lista de candidatos no inscrita o con inscripción irregular por falta, por ejemplo, de la constancia de aceptación de los candidatos, del juramento de pertenecer al partido o movimiento político por el cual se inscribe la lista, modificación extemporánea o irregular de la lista de candidatos, etc., elaborada antes de la expedición de la Ley 62 de 1988, no sea aplicable, en esas materias, a las situaciones o elecciones que se han presentado a partir de la vigencia de la indicada ley que sustituyó la causal sexta de la Ley 96 de 1985, por la del parentesco entre jurados o escrutadores y candidatos a los cargos de elección popular.

Siendo ello incontrovertible, como lo es, carece de objeto que la Sala entre a analizar la prueba producida en este juicio para demostrar los hechos alegados, pues, aún demostrados plenamente, ellos no pueden ser considerados como de nulidad que determine la anulación de los 119.286 computados en favor de la lista inscrita de manera irregular. Parece ser, se repite, que el legislador al expedir la Ley 62 de 1988, quiso que declarada la elección por el Consejo Nacional Electoral o sus delegados, previa decisión sobre las reclamaciones por esos hechos, si se presentaron oportunamente, en aplicación del principio de “eficacia del voto”, no se pudiera controvertir esa declaratoria de elección, sino únicamente por motivos de cierta trascendencia o gravedad, como, por ejemplo, el ejercer violencia contra los escrutadores, la destrucción de las papeletas de votación o su mezcla con otras, aparecer que el registro es falso o apócrifo, o los elementos que hayan servido para la formación del mismo, el computar votos con violación del sistema del cuociente electoral, la alteración sustancial de las actas de escrutinio, después de firmadas por los miembros de la corporación que las expiden, el cómputo de votos en favor de candidatos que no reúnan las calidades constitucionales o legales para ser electos, etc., pues, parecería ilógico y contrario a todo principio democrático que emitidos, por ejemplo, 120.000 votos en favor de una lista de candidatos inscrita con alguna o algunas irregularidades, como el no haber prestado el juramento de pertenecer a determinado partido o movimiento por el cual se inscribió la lista, o no haber expresado los que inscriben una lista de candidatos que pertenecen al partido o movimiento político por el cual la inscriben, el juez administrativo desconozca la voluntad de los electores y, como consecuencia de una declaratoria de nulidad, vengan a resultar elegidas personas que no contaron con una votación de la misma dimensión o magnitud.

Por lo dicho, los cargos indicados anteriormente no están llamados a prosperar».

(Sentencia de febrero 15 de 1991. Expedientes acumulados 0359, 0361 y 0362. Consejera Ponente: Dr. Miguel González Rodríguez).

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