Sentencia 3596 de marzo 7 de 2002 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A

LIQUIDACIÓN DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN

ACTUALIZACIÓN MONETARIA DE LO DEVENGADO EN EL ÚLTIMO AÑO DE SERVICIOS

EXTRACTOS: «EI asunto se contrae a establecer si al liquidar la pensión al actor se debe tomar nominalmente el 75% del promedio de lo devengado en el último año de servicios, que lo fue 30 de agosto de 1977 al 30 de agosto de 1978, o si, por el contrario, este valor debe actualizarse al 30 de julio de 1988, fecha en la que se cumplió el requisito de edad con el cual se consolidó el derecho pensional.

El tribunal accedió a las pretensiones de la demanda. Consideró que el valor nominal calculado para 1978 debía actualizarse con fundamento en lPC pues, evidentemente, 10 años después, tal suma, había sufrido los efectos de la inflación y, en esas condiciones, al no actualizarlo se presentaba una situación injusta e inequitativa frente al demandante.

(...).

Expresará la Sala que, liquidar la pensión de jubilación al demandante con fundamento en una suma devaluada, sin duda, implica desconocer el hecho notorio de la inflación.

Si bien, por mandato de la ley aplicable al actor, la pensión deba liquidarse sobre el promedio de lo devengado en el último año de servicios, no pueden desconocerse mandatos preconizados en la Constitución de 1991 como los que contienen los artículos 48 inciso último al tenor del cual “La ley definirá los medios para que los recursos destinados a pensiones mantengan su poder adquisitivo constante“ o el previsto en el artículo 53 inciso 3º conforme al cual “El Estado garantiza el pago oportuno y el reajuste periódico de las pensiones legales”.

Como lo ha reiterado la Sala, el ajuste de valor obedece al hecho notorio de la constante y permanente de la devaluación de la moneda de nuestro país, que disminuye en forma continua el poder adquisitivo del ingreso por lo que disponer, en casos como el presente la indexación es una decisión ajustada a la ley y un acto de equidad, cuya aplicación por parte del Juez encuentra sustento en nuestro máximo ordenamiento jurídico, como expresamente lo consagra el artículo 230 de la Carta.

Actualizar el promedio de lo devengado en el último año de servicios, es la única forma de impedir que el demandante se vea obligado a percibir una pensión de jubilación devaluada, buscando que el restablecimiento del derecho represente el valor real al momento del reconocimiento de la pensión.

Así en sentencia SU-400 de 28 de agosto de 1997 la Sala Plena de esa corporación expresó:

“... La Corte Constitucional en sentencia T-418 de 9 de septiembre de 1996, dejó en claro que los obligados al pago de salarios, prestaciones y pensiones deben asumir, además el cubrimiento íntegro de las sumas correspondientes a la actualización de los valores que hayan venido reteniendo a los trabajadores, desde el momento en que adquirieron el derecho al pago hasta el instante en que éste se produzca efectivamente.

Tal actualización según lo destacó la Sala Plena en sentencia C-448 de 1996 desarrolla principios claros constitucionales, en especial el que surge del artículo 53 C.P., a cuyo tenor la remuneración debe ser móvil, a fin de proteger el poder adquisitivo de los trabajadores, lo cual se logra normalmente mediante la indexación de las sumas adeudadas, para que éstas no se deterioren en los términos reales con el paso del tiempo, sin detrimento de los cargos que pueda hacerse a la entidad incumplida en cuanto a la indemnización de otros perjuicios que su ineficiencia y demora puedan generar al afectado”.

Pero, aún más, el artículo 21 de la Ley 100 de 1993 previó que el ingreso base para liquidación de la pensión estaba sujeto a la actualización con base en el índice de precios al consumidor. Si bien esta disposición se aplica para las pensiones reguladas por la mencionada ley y la reconocida al actor no se rige por ella, sin duda, es un elemento que puede tenerse en cuenta para sustentar la decisión tomada por el tribunal. En este sentido se pronunció la Corte Constitucional en la sentencia C-444 del 18 de septiembre de 1997, con ponencia del magistrado Dr. Jorge Arango Mejía, dijo allí “La ley posterior sí puede mejorar las condiciones económicas del pensionado; lo que no puede hacer, por contrariar preceptos constitucionales, es desmejorar los derechos ya reconocidos...”».

(Sentencia de 7 de marzo de 2002. Expediente 3596-00. Consejero Ponente: Dr. Alberto Arango Mantilla).

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