Sentencia 35999 de septiembre 29 de 2009 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Ref.: Expediente 35999

Magistrado Ponente:

Dr. Eduardo López Villegas

Acta 38

Bogotá, D.C., veintinueve de septiembre de dos mil nueve.

EXTRACTOS:«IV. Consideraciones de la Corte

El censor acusa al tribunal de no dar por demostrado que en la demanda se solicitó indemnización de perjuicios, devolución de lo descontado por no haber cumplido con las cotizaciones en pensión. Empero, lo que dijo el ad quem sobre las pretensiones de la demanda fue meramente incidental. El argumento central para no reconocer dicha pretensión fue que en la cláusula 19 del acuerdo de reestructuración aparecen las obligaciones a favor de las entidades del sistema de seguridad social en salud y pensión, acordando cancelar en el año 2007 y 2008 lo adeudado y que las cotizaciones por pensiones se efectuarán por periodos completos.

Así las cosas, no se observa error protuberante en cuanto al análisis de las autoliquidaciones a la seguridad social, folios 99 a 112.

No está de más indicar que no pagar oportunamente las cotizaciones en vigencia de la Ley 100 de 1993, deriva como pretensión u obligación insatisfecha la de cancelar las cotizaciones con los intereses de mora al fondo respectivo, pero en ningún caso, la devolución de los descuentos hechos al empleado por dichos aportes, que es lo que se pretendió con la demanda.

Ahora bien, la Sala Laboral no encuentra error notorio del tribunal en cuanto a la demanda y a los folios 91 y 92, documento en el que se solicita la afiliación a otra caja y no se la acepta por estar en mora la empleadora, toda vez que de estos documentos se concluye que la empresa no estaba al día con la caja al tener unas deudas en el acuerdo de reestructuración, lo cual es declarado por el tribunal. Lo que pasa es que una cosa es la deuda con la caja y otra la obligación de pagar un respectivo subsidio y, este el motivo por el que no yerra el juez colegiado cuando establece, que para el pago del subsidio se requiere adicionalmente la prueba que no aporta el demandante conforme a su deber, de que los hijos estén estudiando de acuerdo con el parágrafo 1º del artículo 3º de la Ley 789 de 2002.

En lo que respecta al pago de las primas de servicios, se concluye que con el folio 135, liquidación final, se acredita el pago de este derecho en lo que le correspondía al actor por lo corrido del año 2004, con los folios 147 y 148 se prueba el pago de este derecho para el primero y segundo semestre de 2003, y con folio 149 el pago de la prima en el segundo semestre de 2001. Así las cosas, la Sala Laboral no encuentra error de hecho manifiesto en la valoración de las pruebas.

En este punto, también se debe precisar que la discusión sobre la aplicación del artículo 1628 en lo que respecta al pago de obligaciones periódicas laborales, es una discusión de índole jurídica no susceptible de ser atacada por la vía escogida por el censor. No obstante, por holgura, se destaca lo dicho por la Corte en Sentencia 9291 del 20 de marzo de 1997, reiterado en Sentencia 11736 del 12 de junio de 1999, así:

“Además, es cierto, como lo dice la impugnante, que lo dispuesto en el artículo 1628 del Código Civil constituye una regla de valoración probatoria aplicable en el campo laboral, dado que los salarios se pagan periódicamente; por ello debe entenderse que cuando el patrono prueba el pago de “tres periodos determinados y consecutivos”, este hecho hace presumir “los pagos de los anteriores períodos”. De manera que si en las planillas de nómina figura que a Torres Niño se le pagó regularmente su salario por los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 1991 y la primera quincena de enero de 1992, lo razonable era suponer que el salario correspondiente a períodos anteriores, había sido también pagado.

“Conviene anotar que no encuentra la Corte razón plausible para no aplicar la presunción del artículo 1628 del Código Civil en los procesos laborales cuando se trate de acreditar pagos periódicos, como, por ejemplo, los concernientes al salario, cuyo pago debe hacerse “por períodos iguales y vencidos, en moneda legal", de acuerdo con el artículo 134 del Código Sustantivo del Trabajo, y sin que el período para el pago de los jornales pueda ser mayor de una semana y en el caso de los sueldos mayor de un mes”.

De los folios 93 a 98, 135 a 146, 157 y nómina de pago con número 53 dan muestra del pago y otorgamiento de las vacaciones, razón por la que no resulta atinado por parte del censor desacreditar los recibos de egreso firmados por su poderdante o restarle valor probatorio a los documentos donde se le reconocían las vacaciones por un determinado periodo porque en estos no aparecía la respectiva liquidación por esos días, máxime cuando tienen su respaldo en volantes de nomina o en formatos de liquidación de vacaciones.

Lo mismo ocurre con las cesantías de los años 2002 y 2003, que hacían parte de las deudas incluidas en el acuerdo de reestructuración, las cuales se le cancelaron al demandante según consta en folio 131, por lo que el actor no puede pretender desconocer dicho documento, ni desacreditarlo porque en él no aparezca la fecha de pago y mucho menos acusar a la demandada de no hacer pago por consignación de una obligación pagada directamente al demandante.

En lo que respecta a la indemnización moratoria contenida en los artículos 99 de la Ley 50 de 1990 y 65 del Código Sustantivo del Trabajo y a los hechos en que se sustentó la absolución por dichos conceptos, se debe decir que la Sala Laboral no encuentra error evidente en la valoración probatoria, y que se equivoca el censor al indicar que la mala fe del empleador se presume. De la prueba documental se concluye que la demandada se sometió a la Ley 550 de 1999 y que el inoportuno pago de algunos derechos laborales no fue con el interés de desconocer o defraudar al demandante, con mayor razón si estos fueron incluidos dentro de los pasivos a pagar dentro del acuerdo de reestructuración económica. La ley laboral no se puede apartar de la realidades económicas y de los instrumentos que trae la misma ley para efectos de salvar a las empresas como factor de producción y fuente de empleo, por lo que no puede entenderse que los mismos deriven per se, mala fe del empresario en su utilización, máxime en tratándose de mecanismos consagrados por el derecho comercial.

Sobre este punto, también se debe indicar que los acuerdos de reestructuración dentro del marco de la Ley 550 de 1999 y el orden de pago de acreencias que ahí se establece, no se ven afectados por la terminación del contrato de los trabajadores como lo señala el censor. Tanto el empleado activo como el inactivo están en igualdad de condiciones en cuanto al pago de las deudas ahí contenidas.

La demandada fue admitida en el proceso de promoción de un acuerdo de reestructuración antes de la culminación del contrato de trabajo, razón por la que no le asiste razón al demandante al restarle valor a dicha circunstancia sustentado en que el acuerdo como tal se firmó con posterioridad al retiro del actor.

Al revisar la carta de despido no se encuentra error notorio en su valoración, toda vez que: (i) No quedó demostrado el incumplimiento en el pago del subsidio familiar, como se dijo antes; (ii) La no consignación de las cesantías en el fondo para los años 2002 y 2003 encuentra una justificación, como lo es el sometimiento de la empresa a la Ley 550 de 1999; (iii) En lo que se refiere al retraso en el pago de salarios y primas, el actor lo limita a la segunda quincena de junio, primera quincena de julio, y la prima de junio de 2004, pagos que se hicieron a los pocos días de haber sido exigibles, por lo que no constituye un error protuberante que el tribunal haya concluido que no era un incumplimiento sistemático de las obligaciones.

En ese orden de ideas, no prospera el cargo.

Por lo anterior, no se casará la sentencia.

No habrá condena en costas al no ser objeto de réplica el recurso.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 29 de noviembre de 2007, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C., en el proceso ordinario de Edilberto Rafael Correa Sierra contra Fabripartes S.A.

Sin costas en el trámite del recurso extraordinario de casación.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal».