Sentencia 36023 de septiembre 29 de 2009

 

Sentencia 36023 de septiembre 29 de 2009 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 36023

Acta Nº 38

Magistrado Ponente:

Dr. Camilo Tarquino Gallego

Bogotá, D.C., veintinueve de septiembre de dos mil nueve.

EXTRACTOS: «Se considera

La Sala asume el estudio conjunto de los dos cargos, conforme lo autoriza el numeral 3º del artículo 51 del Decreto 2651 de 1991, adoptado como legislación permanente por el artículo 162 de la Ley 446 de 1998, por cuanto a pesar de estar dirigidos por vías diferentes, persiguen idéntico objetivo, denuncian iguales disposiciones legales, y se valen de similares argumentos para su demostración.

Frente a las objeciones técnicas que formula el opositor, advierte la Sala, que es admisible en casación, acusar una misma disposición legal mediante modalidades de violación excluyentes, cuando se hace a través de cargos diferentes e independientes, como se hizo en este caso, en que se denuncia el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, por interpretación errónea en el primero y por aplicación indebida en el segundo.

De igual forma, si bien es cierto que la vía directa, supone la conformidad con los supuestos fácticos y probatorios que se dieron por demostrados en la sentencia atacada, el censor no controvierte en la primera acusación, ninguna de las conclusiones que en ese sentido dedujo al tribunal, al punto de que en el desarrollo del cargo, textualmente indicó: "No se discute las conclusiones fácticas sobre las cuales el honorable tribunal edificó el fallo absolutorio (…).

Ahora bien, destaca la Sala, que no fue tema de controversia en el proceso, la condición de afiliado que tenía Erit Alberto Molina Piñeros con la Compañía de Seguros Vida Colpatria S.A., así como tampoco su fallecimiento, ocurrido el 15 de febrero de 2003, como consecuencia de un accidente de trabajo, y la condición de padres de los demandantes respecto del causante.

En ese orden, corresponde determinar si los actores, en su calidad de progenitores del asegurado, reúnen la exigencia de la dependencia económica prevista en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, norma vigente cuando se produjo el fallecimiento de Molina Piñeros, circunstancia aquella que no encontró acreditada el tribunal en la sentencia objeto de ataque.

Se advierte inicialmente, que conforme a la jurisprudencia de la Corte, en tratándose de la pensión de sobrevivientes, la dependencia económica de los padres no tiene que ser total y absoluta, pues así ellos se provean de algún sustento, que no los convierta en autosuficientes, tienen derecho a la garantía pensional cuando fallece el hijo que les brindaba su verdadero sustento económico, por quedar en imposibilidad de procurarse una vida digna.

El anterior, es el criterio que ha expuesto la Sala al fijar el alcance del texto original del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, cuando en la sentencia del 7 de febrero de 2006, radicación 25069, reiterada, entre otras, en la del 5 de marzo de 2009, radicación 33053, precisó:

"Ese criterio se corresponde con la doctrina que ha expuesto la Corte al interpretar el original artículo 47 de la Ley 100 de 1993, tal como lo expuso entre muchas otras, en la sentencia del 7 de febrero de 2006, radicada con el número 25069, en la que al reseñar la evolución de su criterio sobre el tema, explicó lo que a continuación se transcribe:

""Según la exégesis de la Sala la configuración de la dependencia a que alude la disposición legal no se desvirtúa por la circunstancia de que la ayuda o apoyo del hijo hacia sus progenitores sea parcial y complementaria a la de otros ingresos precarios, que por sí no basten para proveerse de lo necesario para llevar una vida digna; la dependencia económica del beneficiario, según ha sido concebida por la Corte, no riñe con emolumentos, ayudas o provechos para la subsistencia siempre y cuando estos no los convierta en autosuficientes económicamente, situación que hace desaparecer la subordinación que predica la norma legal.

"Planteada la controversia jurídica en los anteriores términos, para la Sala es claro que le asiste razón al recurrente por cuanto las disposiciones de la Ley 100 de 1993 que se denuncian como quebrantadas en modo alguno consagran que la dependencia económica de los padres frente a los hijos, que da lugar a la pensión de sobrevivientes, debe ser absoluta y total"" (las subrayas y negrillas no son del texto).

Ahora bien, del examen conjunto de las pruebas que denuncia el censor como indebidamente apreciadas, infiere la Sala, que en efecto el tribunal incurrió en los desatinos fácticos que se le enrostran, cuando dio por no acreditada la dependencia económica que tenían los demandantes respecto de su hijo fallecido, pues aquellas lo que demuestran es una situación totalmente diferente.

En efecto, si bien es cierto que los demandantes en los interrogatorios rendidos ante el juez del conocimiento, admitieron que no dependían totalmente del asegurado, por cuanto, además de la ayuda económica que este les dispensaba, también contribuían para su sostenimiento los demás hijos, esa circunstancia no constituye razón válida para deducir que aquellos fueran autosuficientes económicamente, porque, además, como ellos mismos lo afirman, el aporte que hacía el causante era destinado para comida, gastos de medicina que no cubría el POS, sus plantillas médicas y el pago de servicios públicos.

Tampoco puede predicarse autosuficiencia económica de los padres del causante, por el hecho de que su progenitor tuviera una expectativa de pensión de vejez que eventualmente puede reconocerle el Instituto de Seguros Sociales, pues, por tratarse de un ingreso no consolidado al momento de la muerte, y del cual no se sabe a ciencia cierta si será o no reconocido por dicha entidad de seguridad social, no puede ser argumento para deducir que los actores contaban con recursos propios que descartan la dependencia, exigida por la ley para considerarlos beneficiarios de la pensión de sobrevivientes.

Con relación a la propiedad que ostenta el padre del fallecido sobre una casa en la que este y sus demás hijos habitaban, no podría configurar una renta o entrada económica suficiente que elimine la subordinación económica requerida, dado que no existe prueba que evidencie, que, además de servirles a los actores de sitio de residencia le genere algún tipo de recurso.

Además de lo anterior, se agrega, que no existe en el plenario, elemento probatorio alguno que demuestre que los demandantes perciben ingresos fruto de su trabajo o que tengan recursos propios para satisfacer sus necesidades básicas; por el contrario, lo que surge de los medios de prueba recopilados, es que los actores dependen económicamente de sus hijos, quienes, mancomunadamente contribuyen al sostenimiento de sus necesidades primarias, amén de que el aporte que realizaba el causante era permanente y significativo para su supervivencia.

El asumir gastos que resultan indispensables para la cotidianidad de la vida, y que se tornan fundamentales para la subsistencia del ser humano, como lo son, la alimentación, medicamentos y el pago de servicios públicos, es un asunto que apareja, necesariamente, para el caso objeto de estudio, signo inequívoco de dependencia económica.

Demostrados los errores fácticos denunciados, procede el estudio de la prueba testimonial. En ese sentido cabe decir que Fabio Jiménez, Carmenza Cedeño Cuéllar, María Adela Farieta Castillo y Arturo Molina Murcia (fls. 80 a 85 y 90 a 93), coinciden en manifestar, que los demandantes no trabajan, que la madre del asegurado sufre de una enfermedad en los huesos, que requiere de unas plantillas bastante costosas que no cubre el POS, así como que el fallecido, en vida, suministraba los recursos indispensables para costear los medicamentos y tratamientos no asumidos por la EPS, aseveraciones que tienen pleno respaldo en las documentales de folios 16 y 17 del expediente, en las que se da cuenta que en efecto aquella sufre de osteoporosis.

Para concluir, es pertinente advertir, que si bien es cierto, cuando se trata de analizar la dependencia económica de los padres frente a un hijo que fallece, no pueden considerarse bajo la misma perspectiva, sino atendiendo sus especiales particularidades, es evidente que, en el sub judice, la ayuda económica del causante respecto de sus padres, fue constante y permanente, y además, contribuyó a sobrellevar las cargas o gastos familiares, necesarios para una vida digna, por lo que es procedente derivar la dependencia económica de que trata el artículo 47 de la Ley 100 de 1993.

Las motivaciones que se han dejado precisadas, conducen a la Corte a colegir, que en efecto el tribunal incurrió en las violaciones denunciadas, por lo que los cargos prosperan, debiéndose casar totalmente la sentencia impugnada.

En instancia, además de los razonamientos que tuvo en cuenta el juez de primer grado, sirven de soporte las mismas consideraciones plasmadas al despachar los cargos para confirmar la sentencia del a quo, modificando, en el sentido de que la pensión de sobrevivientes será reconocida a partir del 16 de febrero de 2003.

Las costas en las instancias son a cargo de la parte demandada. En casación no hay lugar a ellas.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA TOTALMENTE la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 30 de noviembre de 2007, en el proceso que le promovió Rodrigo Molina Rivera y Evangelina Piñeros de Molina a la Compañía de Seguros de Vida Colpatria S.A.

En sede de instancia, se confirma en su integridad la sentencia del 27 de julio de 2007, proferida por el Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Bogotá modificando, en el sentido de que la pensión de sobrevivientes será reconocida a partir del 16 de febrero de 2003.

Sin costas en el recurso de casación. En las instancias son a cargo de la parte demandada.

Cópiese, notifíquese y devuélvase al tribunal de origen».

Aclaración de voto

Disiento, respetuosamente, de las razones de la mayoría sobre las que se fundamenta la sentencia proferida en el proceso de la referencia, razón por la cual aclaro mi voto, por las siguientes razones:

Estando por fuera de discusión que las normas que rigen el sub lite son los artículos 47 y 74 de la Ley 100 de 1993, luego de la modificación introducida por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, la controversia se circunscribe a determinar la clase de dependencia que los padres deben acreditar respecto al hijo fallecido, para ser admitidos como beneficiarios de la pensión de sobrevivientes reclamada, que no ha de ser total y absoluta, pero conclusión a la que se ha de llegar bajo los siguientes razonamientos:

Dos dificultades entrañan estas normas, respecto a la expresión "total y absoluta", a) la incidencia de su inexequibilidad declarada con posterioridad a la muerte del causante; y b) y bajo el supuesto de ser constitucional, determinar su significado.

a) La constitucionalidad de la norma expresión total y absoluta.

Esa restricción legislativa resulta inconstitucional, como efectivamente lo declaró posteriormente el Tribunal Constitucional, lo que conduce a aplicar la excepción de inconstitucionalidad de dicha expresión, por encontrar que no se compadece con los fines de la seguridad social ni de la institución de la prestación de sobrevivientes de protección a la familia que queda en el desamparo por la muerte del afiliado.

Ciertamente, como lo señala la Corte Constitucional como primera razón para declarar la inexequibilidad de la norma no guarda proporcionalidad la intención del legislador de exigir una dependencia total y absoluta para evitar que cualquier ayuda que el afiliado brinde a un beneficiario subsidiario se constituya en aquella dependencia que la ley exige para que la seguridad social ofrezca la protección a los miembros del grupo familiar desamparado, pues, lo mismo se logra sin esa restricción, bastando la jurisprudencia que las Cortes han elaborado en torno a la pensión de sobrevivientes.

De igual manera, la finalidad superior de la seguridad social de acudir al amparo de quien queda expósito por la pérdida del sustento que le brindaba el afiliado fallecido, no puede quedar al albur de elementos circunstanciales, como lo de contar con ingresos ínfimos como los del sub lite o ayudas mínimas; las prestaciones en las que se cifran las posibilidades de realización de los derechos fundamentales no pueden ser decididos sino a la luz de una racionalidad amplia, como la que ofrece la jurisprudencia de esta Sala, de definir la dependencia económica por contraste con la autosuficiencia.

De esta manera la Sala debía corregir su tesis formulada Sentencia 27464 de 9 de agosto de 2006, según la cual la declaración de inexequibilidad de una ley hacia futuro, impone que luego de expedido el fallo de la Corte Constitucional, y durante el tiempo que aquella estuvo vigente, no es procedente la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad.

Y, debe ser corregida por cuanto es la Constitución Política la que dispone en su artículo 4º que en todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales, regla de rango superior que, por comprometer la supremacía de la Constitución, vale con carácter absoluto ¾así se desprende de su texto¾, sin que le sea dado a la jurisprudencia establecer restricciones a los servidores públicos que deban aplicar la ley de manera tal que ante la disyuntiva prevista en el mandato deban obrar en contrario.

No cabe dentro de nuestro ordenamiento la defensa precaria de la Constitución, ni siquiera para hacer concordar los diferentes mecanismos de control de constitucionalidad.

Una de las características de nuestro ordenamiento jurídico, es el control mixto de las normas infra-constitucionales, en el que coexisten uno centralizado, en cabeza de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado ¾según la clase de norma que se trate¾ y otro difuso, radicado en todo servidor público, y por el que se puede inaplicar una norma al caso particular bajo su consideración, si a su juicio controviertan los mandatos superiores constitucionales.

Para la pacífica coexistencia de los controles basta el respeto de los límites trazados a partir de los diferentes ámbitos y efectos de la declaratoria de inconstitucionalidad; con carácter erga omnes y ex tunc o ex nunc según se determine, si es en sede de exequibilidad; y la excepción de inconstitucionalidad con efectos inter-partes; no se interfieren uno y otro control, si el juicio particular del juez no entra en contradicción con las declaraciones de exequibilidad o inexequibilidad dictados por las Cortes sobre las normas llamadas a gobernar el caso, y declaraciones que tengan vigor para el momento en que se hace valer la excepción.

En el caso bajo estudio para el día 15 de febrero de 2003, fecha del fallecimiento del afiliado al sistema de seguridad social, no estaba en vigencia la sentencia de la Corte Constitucional C-106 del 22 de febrero de 2006, que declaró inconstitucional la referida norma.

Los efectos de la Sentencia C-106 de 2006, por defecto de una consideración expresa al respecto, son hacia futuro, y por tanto no se puede predicar que hizo alguna consideración para el lapso en el que la norma estuvo vigente, y con el fin de que sean discernidos los derechos que pudo generar en casos particulares, en respeto del principio de la seguridad jurídica, y del principio de la legalidad, sin que suponga que este quede sustraído al juicio del juez sobre si lo halla o no ajustado a la Constitución.

De esta manera, resultaría contrario y paradójico sostener la tesis que se corrige, de despojar a los jueces de la posibilidad de declarar la excepción de inconstitucionalidad, frente a la inequívoca intención de la Corte Constitucional en la sentencia en comento de declarar inexequible la expresión de forma total y absoluta prevista en la disposición acusada, para que en su lugar, sean los jueces de la República quienes en cada caso concreto determinen si los padres son o no autosuficientes económicamente, para lo cual deberán demostrar subordinación material que da fundamento a la pensión de sobrevivientes.

b) El significado de total y absoluto.

La mayoría opta por una solución diferente; como participa de la postura de la Sala de que al juez ordinario se le prohíbe adoptar los criterios de la Corte Constitucional para lapsos diferentes a los que resulten de los efectos temporales de una sentencia de inconstitucionalidad, parte del supuesto de que debe ser aplicada la expresión "total y absoluta" a la dependencia económica pero dándole un significado tal que lo total y absoluto no es total y absoluto, sino que ello se debe entender como lo entendía la jurisprudencia para cuando la dependencia no estaba sujeta por ley a tal restricción.

Este es mi entendimiento de lo que la Sala dice en su providencia cuando señala:

... que pese a lo consagrado originalmente en el citado literal d) del artículo 13, que incorporó al ordenamiento la expresión "total y absoluta", debía entenderse que la dependencia allí exigida no podía tener tal connotación, en la medida que en su sentir aquella se configura cuando los beneficiarios de la prestación, no son autosuficientes económicamente así tengan un ingreso o patrimonio, y cuando para poder subsistir dignamente "se hallan supeditados al ingreso proveniente del de cujus";

La reiterativa expresión "total y absoluta" es suficientemente clara, y ha de tener por significado que todo o cualquier ingreso de los padres, impide la configuración de la dependencia del hijo; interpretación que se ajusta fielmente a los antecedentes que motivaron su formulación y al itinerario legislativo, pues era clara la intención de poner fin a controversias tendientes a determinar un nivel de rentas o emolumentos compatibles con la dependencia exigida a los beneficiarios de pensión de sobrevivientes; efectivamente había suscitado controversias en sede normativa, la disposición que trató de establecer la medida de compatibilidad el medio salario mínimo, y en sede jurisprudencial, la tesis de la autosuficiencia, por la que se admitía como compatibles con la dependencia los ingresos que no le otorgaran a los beneficiarios la condición de autosuficientes económicamente.

Así se muestra la total impertinencia de trasladar el concepto de la autosuficiencia, elaborado para medir ingresos permitidos al alero del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, al de un contexto legal que no consiente algún tipo de beneficios económicos; faltando estos sobra su medida; así la Sala, pasa por encima de la voluntad del legislador fruto de un proceso político tendiente a promover la "sostenibilidad financiera".

Fecha ut supra. 

Eduardo López Villegas