Sentencia 36026 de noviembre 24 de 2009

 

Sentencia 36026 de noviembre 24 de 2009 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 36026

Magistrado Ponente:

Dr. Camilo Tarquino Gallego

Acta 45

Bogotá, D.C., veinticuatro de noviembre de dos mil nueve.

EXTRACTOS:«Se considera

La Sala asume el estudio conjunto de los tres cargos, conforme lo autoriza el numeral 3º del artículo 51 del Decreto 2651 de 1991, adoptado como legislación permanente por el artículo 162 de la Ley 446 de 1998, por cuanto a pesar de estar dirigidos por vías diferentes, persiguen idéntico objetivo, denuncian iguales disposiciones legales, y se valen de similares argumentos para su demostración.

Frente a las objeciones técnicas que formula el opositor, advierte la Sala, que las mismas no tienen la entidad suficiente para desestimar las acusaciones, pues si bien el censor aduce que la sentencia impugnada es la proferida por la Sala Civil - Familia - Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santander, tal imprecisión obedece a un lapsus calami, en cuanto es claro, que esa decisión corresponde a la del Tribunal Superior de San Gil (Santander), del 2 de octubre de 2007.

De igual forma, aun cuando es acertado afirmar, que el error de hecho no es propiamente una modalidad de violación a la ley, el censor al plantear el segundo cargo, denuncia las normas relacionadas por aplicación indebida, como consecuencia de los yerros fácticos en que a su juicio incurrió el tribunal, con lo cual cumple con las características exigidas en un ataque dirigido por la vía indirecta.

En cuanto a la objeción que hace el opositor al tercer cargo, si bien es fundada, tal irregularidad es superable, en la medida en que de su demostración, entiende la Sala, que el ataque se hace por la vía directa, en la modalidad de infracción directa del artículo 66 del Código de Procedimiento Laboral y de la Seguridad Social, que condujo a aplicar indebidamente el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, tal como se indicó al plantear la acusación.

Superado lo anterior, destaca la Sala, que no fue tema de controversia en el proceso, la condición de pensionado que tenía Aldo Antonio Quiroga Diaz Respecto del Fondo de Ahorro y Vivienda Distrital “Favidi”, así como tampoco su fallecimiento, ocurrido el 16 de septiembre de 1999, y la condición de la actora como madre de aquel.

En ese orden, corresponde determinar si la demandante, en su calidad de progenitora del asegurado, reúne la exigencia de la dependencia económica prevista en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, norma vigente cuando se produjo el fallecimiento de Quiroga Díaz, circunstancia que encontró acreditada el tribunal en la sentencia objeto de ataque, pero que el censor controvierte en el recurso.

Se advierte inicialmente, que conforme a la jurisprudencia de la Corte, en tratándose de la pensión de sobrevivientes, la dependencia económica de los padres no tiene que ser total, pues así ellos se provean de algún sustento, que no los convierta en autosuficientes, tienen derecho a la garantía pensional cuando fallece el hijo que les brindaba su verdadero sustento económico, por quedar en imposibilidad de procurarse una vida digna.

El anterior, es el criterio que ha expuesto la Sala al fijar el alcance del texto original del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, cuando en la sentencia del 7 de febrero de 2006, radicación 25069, reiterada, entre otras, en la del 5 de marzo y 29 de septiembre de 2009, radicaciones 33053 y 36023, respectivamente, precisó:

“Ese criterio se corresponde con la doctrina que ha expuesto la Corte al interpretar el original artículo 47 de la Ley 100 de 1993, tal como lo expuso entre muchas otras, en la sentencia del 7 de febrero de 2006, radicada con el número 25069, en la que al reseñar la evolución de su criterio sobre el tema, explicó lo que a continuación se transcribe:

““Según la exégesis de la Sala la configuración de la dependencia a que alude la disposición legal no se desvirtúa por la circunstancia de que la ayuda o apoyo del hijo hacía sus progenitores sea parcial y complementaria a la de otros ingresos precarios, que por si no basten para proveerse de lo necesario para llevar una vida digna; la dependencia económica del beneficiario, según ha sido concebida por la Corte, no riñe con emolumentos, ayudas o provechos para la subsistencia siempre y cuando estos no los convierta en autosuficientes económicamente, situación que hace desaparecer la subordinación que predica la norma legal. 

“Planteada la controversia jurídica en los anteriores términos, para la Sala es claro que le asiste razón al recurrente por cuanto las disposiciones de la Ley 100 de 1993 que se denuncian como quebrantadas en modo alguno consagran que la dependencia económica de los padres frente a los hijos, que da lugar a la pensión de sobrevivientes, debe ser absoluta y total”” (las subrayas y negrillas no son del texto).

Ahora bien, en el sub judice, el tribunal omitió analizar si la demandante dependía económicamente de su hijo fallecido, o al menos, si recibía ayuda significativa de él para satisfacer las necesidades relativas a su sostenimiento, pues le bastó para reconocerle el derecho a la pensión de sobrevivientes, el que la compañera permanente del causante no reclamó prestación alguna y la circunstancia de ser compatible con la que recibe por la muerte de su compañero permanente Alfonso Quiroga Gómez.

Lo anterior por cuanto, para que los padres puedan acceder a la pensión de sobrevivientes, se impone determinar si se cumple el requisito legal de la dependencia económica, contemplada en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, esto es, si el presunto beneficiario es autosuficiente económicamente para prodigarse subsistencia, o si por el contrario, recibía en vida, ayuda económica de su progenitor en forma permanente y significativa para su sustento, así sea de carácter parcial.

En consecuencia, como ningún análisis realizó el tribunal a fin de determinar, si se cumplía o no el requisito exigido de la dependencia económica de la demandante para acceder a la pensión de sobrevivientes pretendida, para lo cual debió acudir a las pruebas que se incorporaron al proceso, tal circunstancia apareja la infracción de las disposiciones legales relacionadas en las acusaciones.

Las motivaciones que se han dejado precisadas, conducen a la Corte a colegir, que en efecto, el tribunal incurrió en las violaciones denunciadas, por lo que los cargos prosperan, debiéndose casar totalmente la sentencia impugnada.

En sede de instancia, es pertinente advertir, que al proceso se incorporó copia de la Resolución 0522 del 16 de marzo de 1982, mediante la cual la Caja de Previsión Social de Cundinamarca, le reconoció en forma vitalicia a la demandante, el derecho a sustituir la pensión de jubilación que en vida percibía el causante Alfonso Quiroga Gómez, en su condición de compañera permanente, a partir del 15 de octubre de 1980.

De igual forma, a folio 154 del expediente, milita una certificación expedida por la directora de pensiones públicas de la unidad administrativa especial de pensiones de Cundinamarca, donde además de ratificarse lo consignado en la resolución anterior, se indica, que la mesada pensional para el mes de febrero de 2003, fue de $ 449.185.

Así mismo, al revisar todo el caudal probatorio que se incorporó al proceso, no se encuentra evidencia que dé cuenta de la dependencia económica de la progenitora respecto de su hijo, correspondiéndole a ella demostrar, que los ingresos percibidos y derivados de la pensión de sobrevivientes reconocida por la muerte de su compañero permanente, no le alcanzaban para su manutención o congrua subsistencia, y si aspiraba a la pensión aquí reclamada era su obligación probar que aquellos eran complementados con la eventual y significativa ayuda que le proporcionaba su fallecido hijo, situación que no aconteció en el sub judice.

Es importante precisar que a la demandante que pretende obtener la pensión de sobreviviente en su calidad de madre del causante, es a la que, en principio, le corresponde probar, por cualquier medio de los legalmente autorizados, su dependencia económica del occiso, y cumplido lo anterior, será el demandado quien deberá demostrar dentro de la contienda judicial, la existencia de ingresos o rentas propias de la ascendiente que le permitan ser autosuficiente.

En las condiciones que anteceden, como la demandante no cumplió con la carga probatoria que a ella le correspondía, se impone concluir, que no le asiste el derecho para acceder a la pensión de sobrevivientes pretendida. Por ello, se confirmará la sentencia del juez de primer grado, aun cuando por razones diferentes a las que allí expuso.

Las costas en las instancias son a cargo de la parte demandante. En casación no hay lugar a ellas.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Administrando Justicia En nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA TOTALMENTE la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil - Sala Civil - Familia Laboral, el 2 de octubre de 2007, en el proceso que le promovió Belén Díaz Palacios al Fondo de Ahorro y Vivienda Distrital - Favidi.

En sede de instancia, se confirma en su integridad la sentencia del 11 de octubre de 2004, proferida por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bogotá, D.C.

Sin costas en el recurso de casación. En las instancias son a cargo de la parte demandante.

Cópiese, notifíquese y devuélvase al tribunal de origen».