Sentencia 3603 de febrero 9 de 2006 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Expedientes Acumulados: 050012331000200304258-01 50012331000200304244-01 050012331000200304249-01

Radicación Interna: 3603

Consejera Ponente:

Dra. María Nohemí Hernández Pinzón

Actor: Procuraduría Judicial 32 Antioquia

Demandado: Alcalde Municipal La Pintada

Asunto: Electoral - Fallo segunda instancia

Bogotá D.C., nueve de febrero de dos mil seis.

EXTRACTO: «I. Antecedentes

1. Las demandas.

1.1. Demanda 2003-4258 de la Procuraduría Judicial 32 de Antioquia.

1.1.1. Las pretensiones.

Con la demanda se solicitaron los siguientes pronunciamientos:

“1. Previo el trámite del proceso de nulidad electoral, que se declare la nulidad de la elección del señor Jair de Jesús Castillo, como alcalde del municipio de La Pintada, (Ant.).

2. Que se comunique la decisión anterior al cabildo municipal de la entidad referida”.

1.1.2. Soporte fáctico.

Que el señor Jair de Jesús Castillo “fue elegido como concejal” (sic) del municipio de La Pintada, según se aprecia en formulario E-26 AG de la Registraduría Nacional del Estado Civil, contra el cual pesa sentencia condenatoria por el punible de peculado culposo, configurándose la inhabilidad prevista en el artículo 122 de la Constitución Nacional.

1.1.3. Normas violadas y concepto de la violación.

De una manera sintética señala la demanda que el demandado estaba inhabilitado para ser elegido como tal, por virtud de lo dispuesto en el artículo 122 de la Constitución Nacional.

1.1.4.La contestación.

No hubo pronunciamiento al respecto.

1.2. Demanda 2003-4249 de Dora Elena Balvín Agudelo.

1.2.1. Las pretensiones.

Con la demanda se solicitaron los siguientes pronunciamientos:

“1. Declarar la nulidad de la elección del señor Jair de Jesús Castillo con cédula (sic) 3.592.612 de La Pintada, para el período comprendido entre el 2004 y el 2007, proferido por la comisión escrutadora municipal que consta en las actas de escrutinios formulario E-26-AG con fecha del 28 de octubre del 2003.

2. Dar aplicación al artículo 223 numeral 5º del Código Contencioso Administrativo, modificado Ley 96 de 1985, artículo 65 Ley 62 de 1988, artículo 17 Causales de nulidad numeral 5º...

3. Como consecuencia de la nulidad de los votos se practique nuevos escrutinios en donde excluye el computo (sic) de los sufragios contados a favor de Jair de Jesús Castillo”

1.2.2. Soporte fáctico.

Se afirma en este acápite que:

1. El 26 de octubre de 2003 resultó elegido como alcalde del municipio de La Pintada, período 2004-2007, el señor Jair de Jesús Castillo.

2. Tal declaración de elección se halla recogida en el formulario E-26-AG del 28 de octubre de 2003 o acta parcial de escrutinios de la comisión escrutadora municipal de La Pintada.

3. Para el día de la elección estaba en firma la sentencia penal que condenó a Jair de Jesús Castillo por el delito de peculado culposo. “Tal sentencia condenatoria se ejecutó (sic) el día 4 de julio de 2000”.

4. Según Decreto 2286 la Gobernación de Antioquia destituyó el 27 de septiembre de 2000 a Jair de Jesús Castillo, quien había sido elegido como alcalde municipal para el período 1998-2000.

5. En el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Santa Bárbara cursa el proceso 00018-2002-00 contra Jair de Jesús Castillo, por el delito de interés ilícito en la celebración de contratos, en el que con auto del 23 de julio de 2001 se le impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva sin beneficio de libertad provisional, con detención domiciliaria; con auto del 22 de agosto de 2003 se le concedió libertad provisional, se profirió resolución de acusación y el proceso está para fallo.

1.2.3. Normas violadas y concepto de la violación.

Afirma la demanda que Jair de Jesús Castillo se hallaba inhabilitado para ser elegido alcalde municipal de La Pintada, por así prescribirlo el artículo 122 numeral 5º de la Constitución Nacional, en el que se consagra para los servidores públicos la obligación de acatar los valores y principios constitucionales.

De igual manera invoca lo dispuesto en el numeral 2º del artículo 38 de la Ley 734 de 2002, para a renglón seguido narrar que el señor Jair de Jesús Castillo, habiendo sido electo alcalde municipal de La Pintada período “2002-2003”, fue destituido por el delito de peculado culposo, hallándose en la actualidad con libertad provisional y resolución de acusación por el delito de interés ilícito en la celebración de contratos. Con este proceder ha antepuesto sus propios intereses a los de la comunidad, resultando inadmisible que por esa condena sea exonerado, cuando el peculado culposo lesiona el patrimonio del Estado, conduciendo todo esto a que se tenga por inelegible a ese candidato, según lo previsto en el artículo 223 numeral 5º del Código Contencioso Administrativo.

Cita la sentencia del 5 de noviembre de 1998 proferida dentro del Recurso Extraordinario de Súplica 089, para señalar que el delito de peculado culposo está comprendido dentro del capítulo del código penal que trata de los “Delitos contra la administración pública”, el cual inhabilita por lesionar el patrimonio del Estado; además, la Corte Constitucional en su fallo del 25 de junio de 1996, sostuvo, con base en el artículo 122 de la Constitución Nacional, que el constituyente para esos efectos no distinguió entre delitos dolosos y culposos.

Con escrito de corrección de la demanda (1) , fue modificado el capítulo de normas violadas y concepto de la violación, en el sentido de invocar la reforma que al artículo 122 de la Constitución Nacional, introdujo el Acto Legislativo 1 de 2004, el que para el libelista consagró una inhabilidad a perpetuidad “sin distingo del tipo de delitos ni del grado de culpabilidad”. Por último agregó: “..., considero que el señor Jair de Jesús Castillo, condenado mediante sentencia judicial en dos ocasiones por el delito de peculado culposo. La primera, ejecutoriada el 4 de julio de 2000 y la segunda, el 4 de mayo del 2001 ha violado claramente este artículo, no tiene sentido el hecho de que el señor Jair se posesione como alcalde del municipio de La Pintada, pues, fue allí mismo que el (sic) cometió los delitos antes mencionados”.

1.2.4. Suspensión provisional.

Con la demanda se solicitó la suspensión provisional del acto acusado y el Tribunal Administrativo de Antioquia, con auto del 5 de diciembre de 2003 que admitió la demanda, decretó la suspensión provisional del acto de elección de Jair de Jesús Castillo como alcalde de La Pintada, para el período 2004-2007.

1.2.5. La contestación.

Respecto de las pretensiones hay franca oposición. Admite como ciertos la totalidad de los hechos, pero frente al tercero no lo acepta, pues si bien admite la existencia de la condena a la pena principal de ocho meses de arresto y multa, señala que le fue concedido el subrogado de la suspensión de la ejecución de la pena; además, la sentencia se profirió el 15 de junio de 2000 y para la fecha de las elecciones no estaba en firme, en atención a que se cumplió el período de prueba, sin la comisión de nuevos delitos, y que esa circunstancia lleva a la extinción de la pena.

Frente a la cita que en la demanda se hace del artículo 122 de la Constitución Nacional, señala el apoderado del demandado que esa norma constitucional fue desarrollada a través de la Ley 617 de 2000 en su artículo 37 numeral 1º, que modificó la Ley 136 de 1994 artículo 95, en la que se consagró la inhabilidad por haber sido condenado a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos, derivándose de esta última excepción que no hay inhabilidad para el accionado. Aduce que ese desarrollo legislativo no se opone al precepto constitucional, el cual es abierto, y que su regulación da un tratamiento diverso a los delitos políticos y culposos, por lo que la condena impuesta al demandado feneció cuando se cumplieron los ocho meses previstos en las sentencias penales.

Por último, no es aplicable el artículo 38 de la Ley 734 de 2002 al caso en estudio, porque allí se habla de delitos dolosos, el cual difiere del delito por el que fue condenado el alcalde demandado.

1.3. Demanda 2003-4244 de la Procuraduría Regional de Antioquia.

1.3.1. Las pretensiones.

Con la demanda se solicitaron los siguientes pronunciamientos:

“PRIMERA: Se disponga la nulidad parcial del acto por medio del cual se declaró la elección del alcalde del municipio de La Pintada, contenido en el formulario E-26 AG, proferido el día 28 de octubre de 2003 por los miembros de la comisión escrutadora municipal, en cuanto determinó que la elección se declaraba para un período de cuatro años comprendido entre 2004 y 2007.

SEGUNDA: Como consecuencia de la anterior declaración, se ordena la corrección del acto por medio del cual se declaró la elección y se determine que el período del alcalde de dicho municipio, de conformidad con el artículo 7º del Acto Legislativo 2 de 2002 se efectúa para el período que se comprende del 10 de noviembre de 2003 hasta el 5 de diciembre del 2005 como también se efectúe idéntica modificación respecto de la credencial expedida”.

1.3.2. Soporte fáctico.

Se afirma en este acápite que:

1. En el municipio de La Pintada el período de tres años del alcalde anterior venció el 10 de noviembre de 2003.

2. El 26 de octubre de 2003 resultó elegido como alcalde municipal de La Pintada, el señor Jair de Jesús Castillo.

3. La comisión escrutadora municipal hizo tal declaración.

4. Esa declaración de elección se hizo para el período 2004-2007, inobservando lo preceptuado en el artículo transitorio del Acto Legislativo 2 de 2002.

1.3.3. Normas violadas y concepto de la violación.

Se afirma que el acto demandado viola lo dispuesto en el artículo transitorio del Acto Legislativo 2 de 2002, en los artículos 1º, 2º y 3º de la Resolución 1653 del 20 de marzo de 2003 del Consejo Nacional Electoral, y en la Circular del 5 de noviembre de 2003 expedida por el Ministerio del Interior y de Justicia.

Explica que esa reforma constitucional tuvo por objeto acabar con la interpretación jurisprudencial que consideró como personales los períodos de alcaldes y gobernadores, los cuales pasaron a ser institucionales y uniformes para todos ellos. Se creó igualmente un régimen de transición por el que todos los alcaldes y gobernadores que inicien sus períodos entre la vigencia de ese acto legislativo (ago. 7/2002) y el 31 de diciembre de 2003, ejercerán sus funciones por un período equivalente a la mitad del tiempo que haga falta para llegar al 31 de diciembre de 2007, que fue precisamente lo acontecido en el sub lite puesto que el período del mandatario anterior culminó en noviembre de 2003, razón que impedía colegir que su elección fuera para un período ordinario de cuatro años, es decir, su período real es de dos años y 26 días, yendo hasta el 5 de diciembre de 2005.

Esta circunstancia configura la causal genérica de nulidad prevista en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, por violación de la ley, al expedirse un acto administrativo con desconocimiento de normas superiores en que debía fundarse.

1.3.4. La contestación.

Aunque la parte demandada contestó la demanda por conducto de apoderado judicial, ella no fue tenida en cuenta por el tribunal del conocimiento con auto del 17 de febrero de 2004, tras encontrar que se presentó extemporáneamente.

(...).

Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

La competencia de esta corporación para conocer de esta acción electoral está fijada por lo dispuesto en el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, modificado por la Ley 446 de 1998, artículo 37; al igual que por lo normado en el Acuerdo 55 del 5 de agosto de 2003 expedido por la Sala Plena del Consejo de Estado.

2. El acto acusado.

El acto de elección del señor Jair de Jesús Castillo como alcalde del municipio de La Pintada - Antioquia, para el período constitucional 2004-2007, se demostró con la copia auténtica del acta parcial del escrutinio de los votos para alcalde o formulario E-26 AG del 28 de octubre de 2003, expedido por la comisión escrutadora municipal (Exp. 2003-4258, fl. 5 cdno. 1º).

3. Problema jurídico.

El debate jurídico que envuelven los recursos de alzada gira en torno a dos temas. Uno de ellos dirigido a determinar si la condena penal por delitos culposos constituye causal de inhabilidad intemporal, o si por el contrario la inhabilidad derivada de la restricción al derecho ciudadano de ejercer funciones públicas, solo comprende el período que en la misma sentencia condenatoria se imponga; y el otro, encaminado a establecer si el período para el cual se eligió al demandado es atípico y por tanto de inferior extensión al que la comisión escrutadora municipal le otorgó (2004-2007). Así, dependiendo del resultado que arrojen las subsiguientes disquisiciones, podrá establecerse si hay lugar a despojar de la presunción de legalidad al acto administrativo por medio del cual se declaró la elección del señor Jair de Jesús Castillo como alcalde municipal de La Pintada, por el período constitucional 2004-2007.

4. Cuestión previa.

Dos situaciones deben ser consideradas preliminarmente:

1. Observa la Sala que el Tribunal Administrativo de Antioquia incurrió en una imprecisión de orden formal en el fallo apelado (jun. 30/2004), puesto que en el numeral 3º de la parte resolutiva dispuso “SE NIEGAN las demás pretensiones de las demandas contenidas en los proceso (sic) acumulados números 034249 y 034244”, lo cual daría a entender que la propuesta anulatoria de esas demandas fue estudiada, concluyéndose que no tenían vocación de prosperidad.

Pues bien, la contradicción que se advierte es que carece de toda técnica y lógica disponer en la parte resolutiva del fallo de primer grado, que se niegan las pretensiones de la demanda radicada bajo el número 20003-4249(sic), cuando esta demanda solicita y plantea todo aquello que fue acogido por el mismo tribunal al despachar favorablemente la nulidad del acto de elección acusado; es decir, al existir entre las demandas radicadas con los números 2003-4249 y 2003-4258, identidad en cuanto a su objeto, la causa y las normas violadas y el concepto de la violación, no podía prosperar la una y resultar impróspera la otra, puesto que con ellas se propuso el mismo problema jurídico.

Por consiguiente, al desatar la alzada se tendrá en cuenta esta circunstancia para que la decisión sea unívoca como homogéneas son las pretensiones y cargos presentados a través de las dos demandas acumuladas que se mencionan.

2. Las demandas radicadas bajo los números 2003-4249 y 2003-4258 se fundamentan en que el señor Jair de Jesús Castillo estaba incurso en la causal de inhabilidad prevista en el inciso 5º del artículo 122 de la Constitución Política, por haber sido condenado por el delito de peculado culposo.

Esa norma constitucional recientemente fue modificada por el Acto Legislativo 1 de 2004 y a ella se atiene una de las demandas anteriores. Sin embargo, la Sala deja en claro, como con acierto lo apuntó el colaborador fiscal en su concepto, que el examen de legalidad del acto de elección de Jair de Jesús Castillo, como alcalde municipal de La Pintada para el período constitucional 2004-2007, no puede realizarse bajo la óptica de esa reforma constitucional, puesto que ella entró en vigencia con posterioridad a la expedición del acto acusado, enmienda constitucional que por supuesto no puede aplicarse retroactivamente, pues como lo dice el propio artículo 29 de la Constitución Política: “Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio”.

Además, con base en los artículos 48 y 49 de la Ley 134 de 1994 “por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participación ciudadana”, queda suficientemente claro que la reforma constitucional contenida en el Acto Legislativo 1 de 2004, no puede ser tenida en cuenta para estudiar la legalidad del acto de elección que se acusa, puesto que el mismo se expidió en fecha anterior a su promulgación. Por consiguiente, el estudio del problema debatido se hará con base en el texto original del inciso 5º del artículo 122 de la Constitución Política.

5. De las demandas 2003-4249 y 2003-4258.

La inhabilidad invocada y el caso concreto

En ejercicio de la acción pública de nulidad electoral, tanto Dora Elena Balvín Agudelo como el Procurador Judicial 32 de Antioquia, solicitaron la nulidad del acto de elección del señor Jair de Jesús Castillo como alcalde del municipio de La Pintada - Antioquia, por el período constitucional 2004-2007, porque en su opinión dicha persona soportaba la causal de inhabilidad prevista en el inciso 5º del artículo 122 de la Constitución Política, por haber sido condenado por el delito de peculado culposo, norma que en particular señala:

“Sin perjuicio de las demás sanciones que establezca la ley, el servidor público que sea condenado por delitos contra el patrimonio del Estado, quedará inhabilitado para el desempeño de funciones públicas”.

Interpreta el accionante que al haber sido condenado el señor Jair de Jesús Castillo por el punible de peculado culposo, ello se enmarcaba dentro de la descripción de la norma anterior y que dicha condena, aunque ya se hubiera extinguido formalmente, se constituye en el evento intemporal requerido para la configuración de la inhabilidad. Pues bien, observa la Sala que el demandado no estaba inhabilitado para ser elegido alcalde municipal de La Pintada, por el período constitucional 2004-2007, según pasa a explicarse:

El desarrollo legislativo de la causal de inhabilidad constitucional que se cita, en punto de candidatos a cargos de elección popular, aunque no fue invocado con las demandas, está contenido en el artículo 37 numeral 1º de la Ley 617 de 2000, que modificó el artículo 95 de la Ley 136 de 1994, que enseña:

“ART. 37.—Inhabilidades para ser alcalde. El artículo 95 de la Ley 136 de 1994, quedará así:

“ART. 95.—Inhabilidades para ser alcalde. No podrá ser inscrito como candidato, ni elegido, ni designado alcalde municipal o distrital:

1. Quien haya sido condenado en cualquier época por sentencia judicial a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos; o haya perdido la investidura de congresista o, a partir de la vigencia de la presente ley, la de diputado o concejal; o excluido del ejercicio de una profesión; o se encuentre en interdicción para el ejercicio de funciones públicas” (2) (resalta la Sala).

Como podrá advertirse, en la anterior norma se prevé que no podrá ser inscrito como candidato, ni elegido, ni designado alcalde municipal, “Quien haya sido condenado en cualquier época por sentencia judicial a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos”, lo cual lleva a inferir que la formulación de esa excepción comprende a quienes hayan sido condenados por delitos políticos o culposos, y que dentro de estos, por no haberse hecho ninguna distinción, están contenidas todas las modalidades que en nuestro ordenamiento jurídico registra el delito cometido a título de culpa, incluidos los que se cometan contra el patrimonio del Estado, puesto que donde el legislador no distinguió al intérprete le está prohibido hacerlo, máxime si se trata de un tema tan importante como es el ejercicio del derecho fundamental a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político (C.N., art. 40), puesto que todo aquello que tienda a restringir el ejercicio de ese derecho, en particular cuando se postule una persona para ser elegida a un cargo o corporación pública de elección popular, debe provenir de dictados expresos de la ley, ya que en este terreno del derecho está desterrada toda posibilidad de interpretación analógica o extensiva.

Recuérdese, además, que según lo previsto en los artículos 150 numeral 23 y 293 de la Constitución Política, tan solo el constituyente y el legislador cuentan con la facultad de fijar el régimen de inhabilidades para los cargos de elección popular, de donde se obtiene una razón adicional para no considerar causales de inhabilidad derivadas de interpretaciones extensivas o analógicas, en cuya dirección igualmente se orienta el principio de la capacidad electoral consagrado en el numeral 4º del artículo 1º del Código Electoral, que señala: “Todo ciudadano puede elegir y ser elegido mientras no exista norma expresa que le limite su derecho. En consecuencia, las causales de inhabilidad y de incompatibilidad son de interpretación restringida” (resalta la Sala).

De otra parte, existe una clara evolución legislativa que da muestras contundentes de que el delito culposo, aun el cometido contra el patrimonio del Estado, no configura causal de inhabilidad intemporal, o si se prefiere, la comisión de un hecho punible de esa naturaleza apenas sí lograría inhabilitar por el término que el juzgador de la causa penal determine como pena accesoria, pero no más allá. Así, existe el siguiente desarrollo normativo sobre el particular:

La causal de inhabilidad en estudio, consagrada en el numeral 1º del artículo 95 de la Ley 136 de 1994, antes de la reforma introducida por la Ley 617 de 2000, prescribía:

“ART. 95.—Inhabilidades. No podrá ser elegido ni designado alcalde quien:

1. Haya sido condenado por más de dos años a pena privativa de la libertad entre los diez años anteriores a su elección, excepto cuando se trate de delitos políticos y culposos, siempre que no hayan afectado el patrimonio del Estado(3) (resalta la Sala).

Como podrá advertirse, el texto original de la causal de inhabilidad traía una excepción a la excepción, pues si bien se excluían de ella los delitos políticos y culposos, para los últimos se excluían a su vez los que afectaran el patrimonio del Estado, de donde se infiere que en ese entonces la inhabilidad se configuraba para los condenados por la comisión de delitos culposos que hubieran afectado el patrimonio del Estado, sin limitación temporal alguna; sin embargo, la reforma introducida a través de la Ley 617 de 2000 a ese precepto, suprimió la excepción de la excepción, presentándose de la siguiente manera: “Quien haya sido condenado en cualquier época por sentencia judicial a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos”. Significa lo anterior, que la intención del legislador fue clara, hacer que la comisión de delitos culposos que afectaran el patrimonio del Estado, tuviera un carácter inhabilitante temporal, restringido única y exclusivamente al período que el juez de la causa estableciera como pena accesoria a la condena respectiva, de tal manera que una vez superado ese intervalo, la inhabilidad no podría invocarse con efectos intemporales, seguramente porque el legislador concluyó que el delito culposo, que se comete por imprudencia, negligencia o impericia, con o sin representación, pero en todo caso con ausencia de dolo, debe ser sancionado en forma menos drástica que el delito que se comete con la intención de inferir daño al erario, donde el agente incurre en la conducta conociendo la antijuridicidad de su proceder y queriendo el resultado propuesto.

La prueba de que al delito culposo, en general, y al cometido contra el patrimonio del Estado en particular, se le atribuyó un efecto inhabilitante temporal, reducido al término que como pena accesoria se haya previsto en el fallo condenatorio, se ubica en el tenor literal de la misma causal de inhabilidad, ya que allí se dispuso que no podrá ser inscrito como candidato, ni elegido, ni designado alcalde municipal, quien “se encuentre en interdicción para el ejercicio de funciones públicas”, de tal manera que la inelegibilidad de las personas condenadas por esas conductas únicamente es por el término de la pena accesoria, nada más.

En otros desarrollos legislativos que tocan materias como las inhabilidades en el campo del derecho electoral, e incluso en el terreno del derecho disciplinario, se puede apreciar la misma circunstancia, para lo cual es suficiente citar los siguientes ejemplos:

La Ley 136 de 1994 en su artículo 43 numeral 1º, modificado por la Ley 177 de 1994, que trata del régimen de inhabilidades previsto para quienes aspiren a ser elegidos concejales, disponía:

“ART. 43.—Inhabilidades. No podrá ser concejal:

1. Quien haya sido condenado, a la fecha de la inscripción por sentencia judicial, a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos, salvo que estos últimos hayan afectado el patrimonio del Estado”.

Con las modificaciones de la Ley 617 de 2000 “por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional” se suprimió la referencia a aquellos delitos que hubieran afectado el patrimonio. En efecto la norma se modificó así:

“ART. 43.—Inhabilidades. <Artículo modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000. El nuevo texto es el siguiente:> No podrá ser inscrito como candidato ni elegido concejal municipal o distrital:

1. Quien haya sido condenado por sentencia judicial, a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos; o haya perdido la investidura de congresista o, a partir de la vigencia de la presente ley, la de diputado o concejal; o excluido del ejercicio de una profesión; o se encuentre en interdicción para el ejercicio de funciones públicas” (resalta la Sala).

La misma situación se apreciaba en la Ley 200 de 1995 “por la cual se adopta el Código Disciplinario Único”, en la que el régimen de inhabilidades contenía circunstancia similar, puesto que prescribía:

“ART. 43.—Otras inhabilidades. Constituyen además inhabilidades para desempeñar cargos públicos, las siguientes:

1. Haber sido condenado por delito sancionado con pena privativa de la libertad, excepto cuando se trate de delitos políticos o culposos salvo que estos últimos hayan afectado la administración pública”.

Con la expedición de la Ley 734 de 2002 “por la cual se expide el Código Disciplinario Único”, quedó claro el propósito del legislador de excluir del régimen de inhabilidades los delitos culposos y entre ellos los cometidos contra la administración pública, puesto que esta codificación estableció en esa materia.

“ART. 38.—Otras inhabilidades. También constituyen inhabilidades para desempeñar cargos públicos, a partir de la ejecutoria del fallo, las siguientes:

1. Además de la descrita en el inciso final del artículo 122 de la Constitución Política, haber sido condenado a pena privativa de la libertad mayor de cuatro años por delito doloso dentro de los diez años anteriores, salvo que se trate de delito político.

PAR. 2º—Para los fines previstos en el inciso final del artículo 122 de la Constitución Política a que se refiere el numeral 1º de este artículo, se entenderá por delitos que afecten el patrimonio del Estado aquellos que produzcan de manera directa lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de los bienes o recursos públicos, producida por una conducta dolosa, cometida por un servidor público.

Para estos efectos la sentencia condenatoria deberá especificar si la conducta objeto de la misma constituye un delito que afecte el patrimonio del Estado” (resalta la Sala).

Resulta innegable, entonces, que el legislador, prevalido de su poder de configuración legislativo, trató bajo criterios de proporcionalidad al delito culposo, aun el cometido contra el erario, prescribiendo sanciones que están a la par con la conducta asumida, distinguiendo en forma razonada el contenido y alcance que los delitos dolosos tienen respecto de los delitos culposos. Se trata, como se vio, de un desarrollo legislativo que ha dispuesto brindar un tratamiento diferente, en materia de inhabilidades, a aquellas personas que han cometido delitos culposos contra el patrimonio del Estado, revaluando esa posición anterior que los hacía merecedores de sanciones intemporales, excluyéndolos para siempre de la posibilidad de acceder a cargos públicos o corporaciones de elección popular.

Ahora, la limitación al derecho fundamental de participar en política postulándose como candidato a esos cargos, no es perenne, es temporal, su alcance se reduce, valga la iteración, al término de la pena accesoria que determine la interdicción del ejercicio de los derechos civiles y políticos, que una vez cumplida habilita a la persona para que, de nuevo, pueda candidatizarse a los cargos o corporaciones públicas de elección popular.

Al examinar la constitucionalidad del artículo 38 de la Ley 734 de 2002, anteriormente citado, la Corte Constitucional, además de establecer la exequibilidad del precepto, en la ratio decidendi de su providencia determinó por qué era válido dar tratamiento disímil a los delitos culposos, en punto de las inhabilidades, incluso aquellos delitos cometidos contra el patrimonio del Estado, lo cual se recoge en los siguientes razonamientos:

“La Corte considera que la diferencia entre delitos dolosos y culposos no es indiferente para el constituyente, de tal manera que esa distinción es utilizada por él en distintas disposiciones de la Carta para dar un tratamiento proporcional con el tipo de responsabilidad que esas conductas aparejan. Así, en materia de inhabilidades para ser congresista se tiene en cuenta como criterio relevante de distinción la modalidad de la conducta punible, debido a que si la persona fue condenada en cualquier época por delitos dolosos quedará inhabilitada, en cambio si la conducta fue culposa queda exceptuada de la inhabilidad, tal como se desprende del numeral 1º del artículo 179 de la Constitución. De igual manera sucede con las inhabilidades para ser magistrado de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado (C.P., art. 232-3) y para ser diputado de las asambleas departamentales (C.P., art. 299).

Sobre este punto es pertinente anotar la diferenciación entre conductas punibles dolosas y culposas. Por las primeras se entienden aquellos en los cuales el agente conoce los hechos constitutivos de infracción penal y quiere su realización, de igual forma cuando la realización de la infracción penal ha sido prevista como probable y su no realización se deja librada al azar (C.P., art. 22); por conductas punibles culposas, por su parte, se entiende aquellos en que el resultado típico es producto de la infracción al deber objetivo de cuidado y el agente debió haberlo previsto por ser previsible, o habiéndolo previsto, confió en poder evitarlo (C.P., art. 23).

Como puede observarse la modalidad de la conducta del sujeto activo en esta clase de delitos es diversa: mientras en los delitos dolosos el agente dirige su conducta de manera inequívoca a producir un daño a bienes tutelados por el orden jurídico, en los delitos culposos el daño ocasionado es producto de una negligencia, imprudencia o impericia, sin que en ningún momento el autor haya querido ocasionar un menoscabo del bien tutelado por la ley. Esa circunstancia permite diferenciar claramente estas conductas delictivas, haciendo posible, también, atribuirle consecuencias jurídicas diferentes, atendiendo al principio de proporcionalidad. En síntesis, la diferencia entre las conductas punibles dolosas y culposas se explica en virtud de sus distintos contenidos de injusticia, pues mientras en las primeras existe un claro momento subjetivo orientado a la vulneración del bien jurídico protegido, en las culposas ese momento no existe. De allí que en cumplimiento del principio de proporcionalidad las consecuencias punitivas no pueden ser —ni son en efecto— las mismas.

(...).

A continuación se establecerá cómo la regulación realizada por el legislador se ajusta a estos parámetros.

Como quiera que es la propia Constitución la que atribuye al legislador la facultad de establecer la responsabilidad de los servidores públicos y la forma de hacerla efectiva (C.P., art. 124), puede, en consecuencia, el legislador delimitar de manera legítima el ámbito de esa responsabilidad utilizando los mismos criterios utilizados por el constituyente.

Cuando el inciso final del artículo 122 de la Carta Fundamental dispone que “el servidor público que sea condenado por delitos contra el patrimonio del Estado, quedará inhabilitado para el desempeño de funciones públicas” no estableció una cláusula general que atribuya idénticas consecuencias a las conductas culposas y dolosas, y es así porque de acuerdo con una interpretación sistemática de las disposiciones constitucionales en materia de inhabilidades es razonable sostener que dichas disposiciones otorgan y permiten dar un tratamiento diverso a esas conductas, luego no puede reprochársele al legislador el criterio de distinción utilizado por el propio constituyente para regular los mencionados comportamientos delictivos.

Ahora bien, la inhabilidad de que trata la disposición constitucional citada es perpetua, lo que quiere decir que el servidor público que se coloque en el supuesto para imponerla no podrá en el futuro desempeñar fruiciones públicas, sin forma de rehabilitación alguna como forma de protección efectiva del patrimonio estatal.

En criterio de la demandante esta inhabilidad se genera por delitos contra el patrimonio estatal producto de conductas tanto dolosas como culposas, dado que esa norma constitucional no distingue, por lo que debe entenderse que no le es dado a la ley hacerlo.

A juicio de la Corte esta afirmación no tiene respaldo constitucional. Vimos cómo una interpretación sistemática de la Constitución otorga un tratamiento disímil a estas conductas, por tanto, no es válido sostener que el artículo 122 de la Carta atribuyó la misma consecuencia a esas conductas, pues como quedó establecido, hay un tratamiento constitucional y legal más favorable para los delitos culposos. Por tanto, no todo delito contra el patrimonio del Estado puede generar la inhabilidad prevista en su último inciso, puesto que los delitos culposos no pueden originar la inhabilidad permanente en él establecida.

Ello no significa que los delitos culposos contra el patrimonio del Estado no generen inhabilidad, porque el legislador dentro del marco de la política criminal del Estado puede atribuírsela, como de hecho sucede cuando dosifica las penas, así encontramos, entre otros delitos, que el peculado por apropiación, regulado por el artículo 397 del actual Código Penal, tiene previsto como pena principal prisión de seis (6) a quince (15) años e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término. En consecuencia, los delitos culposos contra el patrimonio del Estado cometidos por servidores públicos en ejercicio de sus funciones pueden acarrear inhabilidades, pero no perennes o perpetuas sino las contempladas en la ley, con fundamento en la libertad de configuración del legislador consagrada en los artículos 114 y 150 superiores.

La Corte deja claramente establecido que los delitos culposos no están exentos de inhabilidad, ni el legislador puede eximirlos de inhabilidad, pues se estaría violando el artículo 122 de la Constitución; pues ellos deben conllevar un mínimo de inhabilidad; lo que no puede el legislador es atribuirles una inhabilidad perpetua. Existen, entonces dos límites uno hacia abajo, que consiste en que debe existir inhabilidad (o sea que no pueden quedar sin inhabilidad) y otro hacia arriba consistente en que la inhabilidad no puede ser perpetua; dentro de esos limites el legislador tiene una amplia capacidad de configuración tratándose de delitos culposos. De este modo se conjuga aquel principio con la protección del patrimonio del Estado perseguida por el constituyente” (4) .

La posición anterior fue reiterada por la Corte Constitucional, que al tratar de nuevo el punto sobre el alcance de la inhabilidad contenida en el inciso 5º del artículo 122 de la Constitución Política, ratificó su tesis, aduciendo:

“(iv) Inoperancia de la inhabilidad por delitos culposos.

El tema de si el inciso quinto del artículo 122 de la Constitución Política tiene aplicación en el caso de delitos culposos ha sido objeto de largo debate en la jurisprudencia.

Inicialmente se estimó que no era contrario a la Carta aplicar la inhabilidad intemporal establecida en el artículo 122 para delitos culposos porque la Constitución Política no establecía diferencia alguna entre modalidades de la culpabilidad a efecto de asignar dicha sanción. Al respecto, en la Sentencia C-280 de 1996, ya citada, la Corte sostuvo lo siguiente: (...).

Esta posición fue reiterada por la Corte en la Sentencia C-209 de 2000 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa) en donde la corporación declaró exequible el artículo 43 de la Ley 136 de 1994 que establecía la inhabilidad para ser concejal de quien hubiere sido condenado a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos, salvo que en los últimos se hubiere afectado el patrimonio del Estado.

Dicha jurisprudencia sostenía que a pesar de tratarse de delitos políticos o culposos, si la conducta desplegada por el autor atentaba contra el patrimonio del Estado, era posible imponer la inhabilidad establecida en el artículo 122 de la Constitución que impedía al afectado acceder a cargos públicos de por vida.

No obstante, con la expedición de la citada Ley 734 de 2002 la posición de la Corte sufrió variaciones. Dicho viraje tuvo lugar a propósito del estudio de constitucionalidad del artículo 38 de esa ley que limita la aplicación de la inhabilidad intemporal a los delitos dolosos. En lo pertinente, la norma establece que “para los fines previstos en el inciso final del artículo 122 de la Constitución Política a que se refiere el numeral 1º de este artículo, se entenderá por delitos que afecten el patrimonio del Estado aquellos que produzcan de manera directa lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de los bienes o recursos públicos, producida por una conducta dolosa, cometida por un servidor público”.

Luego de hacer un análisis de la potestad que le asiste al legislador para desarrollar los artículos constitucionales y acudiendo a una interpretación sistemática de la Constitución y a un criterio de proporcionalidad de la sanción y la conducta, la Corte adujo que no era posible aplicar la misma inhabilidad a quien atenta de manera dolosa contra el patrimonio del Estado que a quien lo hace de forma culposa.

El fundamento de la sentencia fue el siguiente: (...).

De lo anterior se tiene que a partir de la vigencia de la Ley 734 de 2002 la inhabilidad del inciso final del artículo 122 de la Constitución no se aplica para delitos culposos, sino únicamente para dolosos, sin perjuicio de que los primeros puedan ser sancionados con inhabilidades de inferior duración establecidas por la ley” (5) (resalta la Sala).

Todo lo dicho pone en evidencia que el contenido normativo del inciso 5º del artículo 122 de la Constitución Política de 1991 invocado con la demanda, no puede ser interpretado en forma aislada para deducir de allí que la comisión de delitos culposos contra el patrimonio del Estado configura una inhabilidad de carácter intemporal; tal como lo sugiere la evolución legislativa destacada en esta providencia y la doctrina constitucional que ha tratado la materia, su verdadero sentido surge de una hermenéutica sistemática, armónica con postulados constitucionales tales como los del numeral 23 del artículo 150 (6) y el artículo 293 (7) .

La inhabilidad allí expresada por el constituyente sobre que “..., el servidor público que sea condenado por delitos contra el patrimonio del Estado, quedará inhabilitado para el desempeño de funciones públicas”, no corresponde a una formulación plena en su contenido, por el contrario se trata de una formulación abierta e inacabada, que entrega al legislador la facultad de su reglamentación, al punto que es al Congreso de la República a quien compete determinar su verdadero sentido y alcance, que si bien en vigencia de la Ley 136 de 1994 cobijó con la intemporalidad de la inhabilidad a los delitos culposos cometidos contra el patrimonio del Estado, el paso siguiente dado a través de la Ley 617 de 2000, que modificó el régimen de inhabilidades previsto en la anterior, abandonó esa postura bajo criterios de proporcionalidad y razonabilidad, dando a entender que el delito culposo cometido contra ese bien jurídico debería colocar a su autor en interdicción pero por un tiempo fijo, no a perpetuidad, sobre lo cual desapareció toda duda con la expedición de la Ley 734 de 2002 y la Doctrina Constitucional vertida en las sentencias C-064 y C-652 de 2003 de la Corte Constitucional.

En este orden de ideas, el auténtico sentido y alcance de la inhabilidad consagrada en el artículo 122 inciso 5º de la Constitución Política de 1991, ha sido provisto por el legislador a través de las distintas leyes que han regulado la materia, panorama del que aflora que el delito culposo cometido contra el patrimonio del Estado no es sancionado con una inhabilidad intemporal sino referida al término que como medida accesoria fije la autoridad correspondiente (8) .

Ahora bien, tal como se ha predicado a lo largo del proceso y ha sido admitido por el alcalde demandado, el señor Jair de Jesús Castillo fue condenado en dos oportunidades por el delito de peculado culposo. En una primera ocasión por el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Santa Bárbara, mediante sentencia del 2 de octubre de 2000, modificada por el Tribunal Superior de Antioquia-Sala de Decisión Penal, mediante fallo del 4 de mayo de 2001 (9) , imponiéndoles pena de arresto por cinco meses e interdicción de derechos y funciones públicas por igual término; y en una segunda oportunidad, por el Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Santa Bárbara, con fallo del 15 de junio de 2000 (10) , que lo condenó a ocho meses de arresto e interdicción en el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo lapso, condena que se declaró extinguida por la misma autoridad con auto del 22 de julio de 2002.

Estas condenas, según se explicó, solamente tienen la virtud de inhabilitar a quien las sufre durante el término que en la misma condena se establezca, carecen de efectos inhabilitantes perennes y por lo mismo, una vez cumplidas revierten al condenado el pleno y efectivo goce de sus derechos civiles y políticos, de tal suerte que las mismas no hacen inelegible a la persona para cargos o corporaciones públicas de elección popular, como tampoco le impiden que acceda al ejercicio de funciones públicas, en síntesis, sus derechos civiles y políticos, con la extinción de la pena, quedan restablecidos a plenitud.

Las condenas por peculado culposo invocadas contra el alcalde demandado, ya se habían extinguido para la fecha en que se produjo su inscripción y con mayor razón para la fecha de su elección, y con ello la interdicción en el ejercicio de derechos y funciones públicas, por lo que el cargo por violación el inciso 5º del artículo 122 de la Constitución Nacional, resulta infundado, máxime que el Acto Legislativo 1 de 2004, que modificó la causal de inhabilidad contenida en el precepto anterior, no había entrado en vigencia para la fecha en que se expidió el acto de elección demandado.

6. De la demanda 2003-4244.

Con la demanda de la referencia la Procuradora Regional de Antioquia demandó la nulidad del acto de elección de Jair de Jesús Castillo, como alcalde municipal de La Pintada para el período 2004-2007, por considerar que se violó el artículo transitorio del Acto Legislativo 2 de 2002, dado que el período del alcalde anterior culminó en noviembre de 2003, circunstancia que hacía atípico el período del alcalde demandado, debiendo ser elegido no para el período 2004-2007, sino para un período de 2 años y 26 días, es decir hasta el 5 de diciembre de 2005.

La vulneración del ordenamiento jurídico, según se dijo, se concentra en el artículo transitorio introducido a nivel constitucional por el artículo 7º del Acto Legislativo 2 del 6 de agosto de 2002, publicado en el Diario Oficial Nº 44.893 de agosto 7 de 2002, que literalmente enseña:

“ART. 7º—La Constitución Política tendrá un artículo transitorio del siguiente tenor:

ART. TRANS.—Todos los alcaldes y gobernadores que inicien sus períodos entre la vigencia del presente acto legislativo y el 31 de diciembre del año 2003, ejercerán sus funciones por un período equivalente a la mitad del tiempo que haga falta para llegar al 31 de diciembre del año 2007. Sus sucesores se elegirán para un período que terminará el mismo 31 de diciembre del año 2007.

Todos los gobernadores y alcaldes elegidos con posterioridad al 29 de octubre del año 2000 y antes de la vigencia del presente acto legislativo, ejercerán sus funciones por un período de tres años. Sus sucesores se elegirán para un período que termina el 31 de diciembre de año 2007.

En todo caso, el último domingo del mes de octubre del año 2007, se elegirán alcaldes y gobernadores para todos los municipios, distritos y departamentos del país, para períodos institucionales de cuatro años, que se iniciarán el 1º de enero del año 2008.

El período de cuatro años de los miembros de las asambleas departamentales, concejos distritales y municipales y ediles se iniciará el 1º de enero del año 2004” (resalta la Sala).

Según la acusación la atipicidad del período del alcalde electo Jair de Jesús Castillo, se origina en que “... el período de tres años del anterior alcalde venció el día 10 de noviembre de 2003”, motivo por el cual el actual mandatario no podía ser elegido para el período que corre entre el 1º de enero de 2004 y el 31 de diciembre de 2007, pues solo lo podía ser, como dice el aparte destacado, por la mitad del tiempo faltante para llegar al 31 de diciembre de 2007, contado a partir del 11 de noviembre de 2003, debido a que su mandato inició entre el 7 de agosto de 2002, fecha de vigencia del Acto Legislativo 2 de 2002, y el 31 de diciembre de 2003. Sin embargo, ningún sentido tendría ahondar en la valoración jurídica del cargo si los fundamentos fácticos que allí subyacen carecen de respaldo probatorio.

El proceso electoral no es ajeno a la necesidad de la prueba de que trata el artículo 174 del Código de Procedimiento Civil, y a la asignación de su carga contenida en el artículo 177 ibídem, según los cuales las decisiones judiciales deben fundarse en las pruebas regular y oportunamente aportadas al informativo, y que es del resorte de las partes probar las afirmaciones lanzadas para poder derivar el efecto jurídico reclamado y consagrado en normas jurídicas. Esto, porque al afirmar la parte demandante que el período del anterior alcalde municipal de La Pintada, que precedió al que fue elegido para el período 2004-2007, concluyó en noviembre de 2003, corría con la carga de probar ese supuesto de hecho, es decir debía acreditar documentalmente qué persona fue declarada alcalde municipio de La Pintada para el período 2001-2003 y en qué momento culminó su mandato.

Pese a que la parte accionante hizo la afirmación de que el mandatario anterior ejerció su cargo hasta el mes de noviembre de 2003, no existe dentro del plenario ninguna prueba que demuestre tal aseveración; es cierto que con su demanda (11) y con su escrito de alegato de conclusión radicado en primera instancia la Procuradora Regional de Antioquia presentó copia de algunos documentos (12) , pero esas copias son informales, carentes de valor probatorio, en virtud a que no se ajustan a ninguna de las prescripciones del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el Decreto 2282 de 1989 artículo 1º modificación 117, razón suficiente para afirmar que no tienen el mismo valor probatorio del original y que por ende, nada prueban.

Frente a esta circunstancia deduce la Sala que la improsperidad del cargo es inevitable, pues al no haberse probado el término durante el cual se ejerció el período del alcalde que antecedió al aquí demandado, resulta materialmente imposible determinar si se trató de un período típico o atípico, conservándose, de contera, la presunción de legalidad que acompaña al acto de elección acusado. Por consiguiente, el cargo formulado con esta demanda tampoco prospera.

7. Conclusión.

Respecto de las demandas radicadas con los números 2003-4249 y 2003-4258, se demostró que si bien el demandado fue condenado por peculado culposo, este tipo delictual no inhabilita intemporalmente, solamente lo hace por el término que en la condena se establezca, y como las aquí traídas ya se habían extinguido para cuando el demandado se inscribió y resultó electo como alcalde municipal de La Pintada, no era inelegible, lo que condujo a la improsperidad del cargo, a lo cual se suma el hecho de que la enmienda constitucional introducida al inciso 5º del artículo 122 de la Carta Fundamental, a través del Acto Legislativo 1 de 2004, no había entrado en vigencia para la fecha en que se expidió el acto acusado. Por tanto, el fallo proferido el 30 de junio de 2004 será revocado para en su lugar negar las súplicas de la demanda; de igual forma, la medida de suspensión provisional será cancelada.

Por el contrario, la sentencia complementaria dictada el 10 de octubre de 2005 será confirmada, pues como allí se estableció y así lo conceptuó el colaborador fiscal, no se aportaron medios de prueba idóneos para acreditar la supuesta atipicidad del período del alcalde demandado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado —Sala de lo Contencioso Administrativo— Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Revócase el fallo proferido el treinta (30) de julio de dos mil cuatro (2004) por el Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia, dentro de las acciones electorales promovidas por la Procuraduría Judicial 32 ante el Tribunal Administrativo de Antioquia (2003-4258) y por Judicial 32 de Antioquia (2003-4258) y por Dora Elena Balvín Agudelo (2003-4249), para en su lugar decidir:

a) Deniéganse las súplicas de las demandas acumuladas radicadas bajo los números 2003-4249 y 2003-4258.

b) Cancélase la medida de suspensión provisional decretada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, con auto del 5 de diciembre de 2003, respecto del acto de elección de Jair de Jesús Castillo como alcalde municipal de La Pintada, para el período 2004-2007. Líbrense las comunicaciones a las autoridades respectivas.

2. Confírmase la sentencia complementaria dictada el diez (10) de octubre de dos mil cinco (2005), por el Tribunal Contencioso Administrativo por medio de la cual negaron las pretensiones de la demanda promovida por la Procuraduría Regional de Antioquia (2003- 4244).

3. Devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Este proyecto fue discutido y aprobado en sesión de la fecha.

Cópiese y notifíquese».

(1) Ver documento fls. 94 a 97, Exp. 2003-4249.

(2) Esta norma fue declarada exequible por la Corte Constitucional con Sentencia C-952 del 5 de septiembre de 2001, con ponencia del magistrado Dr. Álvaro Tafur Galvis.

(3) Esta norma fue declarada conforme al ordenamiento constitucional por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-194 del 4 de mayo de 1995, con ponencia del magistrado Dr. José Gregorio Hernández Galindo.

(4) Corte Constitucional. Sentencia C-064 del 4 de febrero de 2003. M.P. Dr. Jaime Araújo Rentería.

(5) Corte Constitucional. Sentencia C-652 del 5 de agosto de 2003. M.P. Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra.

(6) “ART. 150.—Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones: ... 23. Expedir las leyes que regirán el ejercicio de las funciones públicas y la prestación de los servicios públicos”.

(7) “ART. 293.—Sin perjuicio de lo establecido en la Constitución, la ley determinará las calidades, inhabilidades, incompatibilidades, fecha de posesión, períodos de sesiones, faltas absolutas o temporales, causas de destitución y formas de llenar las vacantes de los ciudadanos que sean elegidos por voto popular para el desempeño de funciones públicas en las entidades territoriales. La ley dictará también las demás disposiciones necesarias para su elección y desempeño de funciones”.

(8) Esta tesis ya fue expuesta por la Sala, con ponencia de la magistrada que aquí actúa en la misma calidad, mediante sentencia del 28 de julio de 2005, expediente 3579, actor: Manuel Cely. Demandado: alcalde municipal de Sativanorte.

(9) Ver copia auténtica fls. 7 a 16. Exp. 2003-4258.

(10) Ver copia auténtica fls.17 a 33. Exp. 2003-4258.

(11) Ver fls. 6 a 10. Exp. 2003-4244.

(12) Ver fls. 65 a 70. Exp. 2003-4258.

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