Sentencia 36075 de octubre 27 de 2009 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Sentencia 36705 de 2009

Magistrado Ponente:

Dr. Gustavo José Gnecco Mendoza

Bogotá, D.C., veintisiete de octubre de dos mil nueve.

EXTRACTOS: «Aunque dirigidos por diferentes sendas, lo que se pretende en los dos cargos, en esencia, es demostrar que la transformación de la empresa demanda de empresa industrial y comercial del Estado en empresa de servicios públicos domiciliarios no afectó la condición de trabajador oficial del actor, de tal suerte que le resulta aplicable el artículo 1º del Decreto 797 de 1949.

No comparte la Corte el razonamiento jurídico del impugnante, pues la transformación de la empresa demandada implicó una modificación en el régimen laboral aplicable a sus trabajadores, pues como lo precisó la Corte en la sentencia de 11 de julio de 2003, radicación 20290:

"De otro lado, el artículo 41 de la Ley 142 de 1994, dispuso que los trabajadores que presten sus servicios a las empresas de servicios públicos domiciliarios, privadas o públicas, tendrán el carácter de trabajadores particulares y estarán sometidos al Código Sustantivo del Trabajo y a lo que disponga dicha ley".

Por razón de lo dispuesto en el citado artículo de la Ley 142 de 1994, y dado el efecto general inmediato que tienen las leyes laborales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del Código Sustantivo del Trabajo, la modificación del régimen laboral de los trabajadores de las empresas de servicios públicos domiciliarios que mudaron su naturaleza cobija los contratos de trabajo que se encuentren en curso, a partir, eso sí, del momento en que produzca efectos la transformación de la respectiva empresa, pues ese régimen laboral no es inmodificable, de modo que la pertenencia al mismo no es un derecho irreversible. No admitir ese efecto modificatorio, sería restarle consecuencias a lo dispuesto en la norma en comento, que, desde luego, tiene efectos retrospectivos, conforme se anotó.

Es claro, así las cosas, que en casos como el que convoca ahora la atención de la Corte, no puede hablarse de un derecho adquirido del trabajador al mantenimiento del régimen jurídico de orden legal que regía su relación laboral antes del cambio de naturaleza jurídica de su empleadora, pues ello significaría desconocer el mandato legal que determina cuál es el estatuto laboral aplicable a empresas como la aquí demandada, régimen cuya fijación, también lo ha explicado esta Sala, es competencia exclusiva del legislador, quien también goza de la facultad para determinar la estructura de la administración del Estado.

Así lo dijo la Corte en la sentencia del 25 de agosto de 2000, radicación 14146, en la que se trajeron a colación los criterios vertidos en las sentencias del 16 de mayo de 1996 (rad. 8114) y del 19 de septiembre de 1985 (rad. 11609) cuyos razonamientos jurídicos, pese a hacer referencia a la viabilidad de la conversión del régimen laboral de trabajadores oficiales en el de empleados públicos, mutatis mutandis son aplicables a la situación de hecho presentada en el presente proceso, por cuanto aluden a las consecuencias de la transformación de entidades del Estado, que es el asunto aquí ventilado.

Se dijo por la Corte:

"Y ello es así porque, como ha tenido oportunidad de explicarlo la Corte, el vínculo jurídico de un servidor público, y las consecuencias que de allí se derivan en materia del régimen laboral que le resulte aplicable, no es una situación inmodificable o inmutable, pues puede ser variado por normas posteriores, de modo que la calidad de empleado público o trabajador oficial no constituye un derecho adquirido.

Así lo expresó en la sentencia del 16 de mayo de 1996 (rad. 8114), en la que precisó que "el criterio expuesto por el recurrente es interesante y respetable, y la Corte no desconoce que encuentra respaldo en conceptos emitidos por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. Sin embargo, al transformarse la relación del trabajador vinculado por contrato de trabajo en una vinculación legal y reglamentaria, la voluntad de la ley así expresada no puede ser desconocida en ningún caso por el empleador. Tal desconocimiento no puede darse ni en virtud de un acuerdo de voluntades ni por mera liberalidad, sin incurrir en un acto a todas luces ilegal".

Al respecto ha sido jurisprudencia constante de la Corte la que aparece expresada en la sentencia de 19 de septiembre de 1985 (rad. 11609), en la que dijo lo siguiente:

"El artículo 50 del Decreto-Ley 3135 de 1968 tiene dispuesto que quienes sirvan a empresas industriales y comerciales del Estado son trabajadores oficiales, excepto aquellos que en los estatutos de la respectiva entidad se clasifiquen como empleados públicos.

"Tales estatutos, expedidos con acomodo a la ley, aunque no son reglas jurídicas de observancia general para los habitantes del país, cuyo conocimiento se presume por la totalidad de las gentes y cuya existencia debe demostrarse por quien los invoque en juicio, sí tienen la calidad de normas de orden público, con imperio inmediato, por cuanto regulan la vida institucional de una persona jurídica que hace parte del Estado y las relaciones entre el dicho ente y quienes estén vinculados a su servicio.

"Por consiguiente, cualquiera modificación que se introduzca a las disposiciones estatutarias se aplica inmediatamente, sin que valga alegar la existencia de situaciones jurídicas individuales que se afecten con esa variación como pretexto para exceptuarse de aquel imperio de las nuevas provisiones, desde luego que frente a las leyes de orden público no puede predicarse la existencia de derechos adquiridos intangibles, porque el interés general de la colectividad, representado en esas leyes, debe prevalecer siempre sobre el interés particular, según lo enseña la Constitución Política".

Así las cosas, la modificación de la clasificación del cargo que ocupaba la hoy recurrente, que en virtud de la decisión por ella tomada en su caso no surtió efectos, no traía aparejada la extinción de su vínculo laboral, pues, como lo admite en su recurso, esa circunstancia no está contemplada como modo de legal de terminación del contrato de trabajo, por lo que su relación laboral hubiera continuado, aun cuando ya no gobernada por un contrato sino como una relación exclusivamente regulada por la ley.

Aparte de ello, y como surge del criterio de la Corte plasmado en la sentencia atrás transcrita, por no existir un derecho adquirido a mantener su alegada condición de trabajadora oficial, es claro que podía la Empresa Municipal de Teléfonos modificar sus estatutos y establecer una nueva clasificación de los empleados a su servicio, incluyendo por supuesto a la impugnante, sin que de esa variación fuera dable deducir la existencia de perjuicios, los que, de otra parte, no se produjeron por cuanto que, como se dijo, la reclasificación de su empleo no produjo efectos por terminarse la relación de trabajo antes de que comenzara a regir".

De conformidad con los citados criterios, para los efectos de la indemnización moratoria deprecada, nada importa que, cuando el demandante comenzó a prestar sus servicios, tuviera la calidad de trabajador oficial, pues lo que interesa es el régimen laboral que se le aplicaba cuando se terminó el vínculo, esto es, cuando pudo haberse causado el derecho a esa indemnización.

El recurrente argumenta que el artículo 41 de la Ley 142 de 1994 estableció una diferencia respecto del régimen laboral aplicable a empresas como la demandada, que variaron su naturaleza jurídica, manteniendo el carácter de trabajadores oficiales a quienes venían prestando sus servicios al momento de la transformación. Pero no encuentra la Corte ningún elemento de juicio que permita, al interpretar el citado artículo de manera razonable, obtener la inferencia propuesta por la censura.

En efecto, la norma es del siguiente tenor literal:

"Aplicación del Código Sustantivo del Trabajo. Las personas que presten sus servicios a las empresas de servicios públicos privadas o mixtas, tendrán el carácter de trabajadores particulares y estarán sometidas a las normas del Código Sustantivo del Trabajo y a lo dispuesto en esta ley. Las personas que presten sus servicios a aquellas empresas que a partir de la vigencia de esta ley se acojan a lo establecido en el parágrafo del artículo 170, se regirán por las normas establecidas en el artículo 5º del Decreto-Ley 3135 de 1968".

La anterior disposición legal debe armonizarse con el artículo 17 de ese estatuto, que señala:

"Naturaleza. Las empresas de servicios públicos son sociedades por acciones cuyo objeto es la prestación de los servicios públicos de que trata esta ley.

PAR. 1º¾Las entidades descentralizadas de cualquier orden territorial o nacional, cuyos propietarios no deseen que su capital esté representado en acciones, deberán adoptar la forma de empresa industrial y comercial del Estado.

Mientras la ley a la que se refiere el artículo 352 de la Constitución Política no disponga otra cosa, sus presupuestos serán aprobados por las correspondientes juntas directivas. En todo caso, el régimen aplicable a las entidades descentralizadas de cualquier nivel territorial que presten servicios públicos, en todo lo que no disponga directamente la Constitución, será el previsto en esta ley. La Superintendencia de Servicios Públicos podrá exigir modificaciones en los estatutos de las entidades descentralizadas que presten servicios públicos y no hayan sido aprobados por el Congreso, si no se ajustan a lo dispuesto en esta ley.

PAR. 2º¾Las empresas oficiales de servicios públicos deberán, al finalizar el ejercicio fiscal, constituir reservas para rehabilitación, expansión y reposición de los sistemas".

Es claro, entonces, que, interpretándolo de manera sistemática con el 17, el artículo 41 lo que establece es que las empresas oficiales cuyos propietarios no optaran por transformarlas y no desearan que su capital estuviera representado en acciones, si no tenían la calidad de empresas industriales y comerciales del Estado, debían transformarse en una de ellas, caso en el cual a sus trabajadores se les aplicaría el artículo 5º del Decreto 3135 de 1968. Pero, respecto de aquellas empresas que se convirtieron en empresas en acciones, como la aquí demandada, es claro que el citado artículo fijó una regla general, para todos los trabajadores: la aplicación del Código Sustantivo del Trabajo.

Por manera que no es jurídicamente posible, a la luz de lo que correctamente entendido surge del citado artículo, que en una empresa que preste servicios públicos domiciliarios que adquirió esa naturaleza luego de ser industrial y comercial del Estado, existan dos regímenes laborales diferentes para sus trabajadores, dependiendo de la fecha en que comenzaron a prestar sus servicios, esto es, si antes o después de la mutación de la naturaleza de la empresa.

Lo anterior, a juicio de la Corte, es suficiente para desestimar los cargos».