Sentencia 36135 de junio 10 de 2009

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Javier Osorio López

Radicación 36135

Acta 22

Bogotá, D.C, diez de junio de dos mil nueve.

Decide la Corte el recurso de casación que interpuso la parte demandante, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 29 de febrero de 2008, en el proceso ordinario adelantado por la señora MARÍA DEL SOCORRO LONDOÑO LONDOÑO contra PENSIONES DE ANTIOQUIA.

I. ANTECEDENTES

Con la demanda inicial solicita la actora, que se condene a la demandada al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes causada por la muerte de su compañero permanente Jairo Salazar Londoño, a partir del 26 de abril de 2004, incluidas las mesadas adicionales de junio y diciembre, los intereses moratorios o indexación, y a las costas del proceso.

Como fundamento de esos pedimentos, argumentó que su compañero permanente Jairo Salazar Londoño, quien era pensionado por la demandada, falleció el 26 de abril de 2004, luego de haber convivido con ella durante los tres últimos años; que por ello le solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, pero la entidad se la negó con el argumento de no acreditar el requisito de convivencia mínima de cinco años con el causante, establecida en el artículo 13 de la Ley 797 de 2003; que contra dicha decisión interpuso recurso de reposición, y al resolverlo confirmó la negativa a reconocerle dicha prestación; que le asiste el derecho a la pensión deprecada, toda vez que satisface el requisito de la convivencia de dos años, consagrado en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, antes de la modificación introducida por el artículo 13 de la citada Ley 797.

II. RESPUESTA A LA DEMANDA  

La parte accionada al dar respuesta a la demanda, se opuso a las pretensiones. De sus hechos admitió haber pensionado al señor Jairo Salazar Londoño, su fallecimiento, la solicitud que le hizo la demandante de la pensión de sobrevivientes y su negativa a otorgársela; de los demás expresó que no eran ciertos. En su defensa adujo que no estaba obligada a reconocer la pensión incoada por cuanto la actora no cumplía con el requisito de la convivencia de al menos cinco años con el pensionado, establecido en el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, pues ella misma reconoció que solo habían hecho vida marital por espacio de tres, antes de su deceso. Propuso como excepciones las de falta de legitimación en causa por activa, ineptitud de las pretensiones de la demanda, inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, y prescripción.

III. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

Conoció de la primera instancia el Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Medellín, quien en sentencia del 6 de julio de 2007, declaró probada la excepción de inexistencia de la obligación, absolvió a la demandada de todas las pretensiones, y condenó en costas a la demandante.

IV. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 

Apeló la parte actora, y la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, mediante sentencia del 29 de febrero de 2008, confirmó la de primera instancia y se abstuvo de imponer costas en la alzada.

Para ello consideró que no le asiste derecho a la demandante a la pensión de sobrevivientes, dado que no acreditó la convivencia continua con el pensionado Jairo Salazar Londoño, por lo menos durante los cinco años anteriores a su muerte ocurrida el 26 de abril de 2004, establecida en el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, normatividad vigente para ese momento.

Igualmente expresó que la única prueba que obra en el proceso sobre la convivencia, la constituye una declaración extrajuicio rendida por la propia actora, ante la Notaría del Municipio de Guarne, en la que sólo reconoce tres años de convivencia con el pensionado anteriores a su deceso, a la cual se le restó todo valor probatorio.

Sobre tales aspectos y otros que interesan al recurso extraordinario, manifestó:

“(...).

“La jurisprudencia reiterada de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia tiene dicho que, en principio, la fecha de la muerte determina la legislación aplicable al caso cuando de establecer el derecho a una pensión de sobrevivientes se trata. En el caso bajo estudio, cuando se produjo el deceso del señor Salazar Londoño — el 26 de abril de 2004 -, la normativa vigente en la materia era la Ley 797 de 2003, que permite el reconocimiento de la pensión vitalicia de sobrevivientes al cónyuge, compañero o compañera permanente, siempre que acredite su convivencia con el causante hasta la fecha del fallecimiento y por lo menos durante cinco (5) años continuos con anterioridad a dicha fecha:

“ART. 47.—Modificado. L. 797/2003, art. 13.—Beneficiarios de la pensión de sobrevivientes. Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:

a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte;

(...)”.

Las razones que Pensiones de Antioquia adujo para negar la prestación, se contraen a que la peticionaria no acreditó el requisito de convivencia mínima previsto en la preceptiva citada, ya que afirmó, a manera de confesión espontánea haber convivido con el pensionado fallecido, sólo por espacio de los tres años anteriores al deceso, siendo necesario acreditar al menos cinco.

(…).

Con todo, observa la Sala que la única prueba aportada al proceso acerca de la convivencia referida, está constituida por la declaración extra juicio rendida por la propia actora ante la Notaria Única del Municipio de Guarne Antioquia, en los siguientes términos puntuales (folios 57):

“MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, Que VIVÍ EN UNIÓN LIBRE CON EL SEÑOR JAIRO DE JESÚS SALAZAR LONDOÑO, QUIEN SE IDENTIFICABA CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA N° 8.219.645, (FALLECIDO EL 26 DE ABRIL DE 2.004), POR TRES (3) AÑOS EN EL MOMENTO DE SU MUERTE VIVIMOS BAJO EL MISMO TECHO EN LA VEREDA LA CLARA ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE GUARNE, EN EL TIEMPO DE CONVIVENCIA NO TUVIMOS HIJOS. SOY AMA DE CASA Y NO DEVENGO SUELDO” (Mayúsculas del original)

Aún admitiendo sin crítica alguna la anterior declaración, obtendríamos que si el causante falleció el día 26 de abril de 2004, la convivencia aducida por tres años se remontaría al mes de abril de 2001. Y, como la Ley 797 de 2003, empezó a regir el día 29 de enero de este mismo año 2003, para ese instante la demandante y el causante no habrían alcanzado a convivir los dos (2) años mínimos que en condiciones más beneficiosas exigía el anterior artículo 47 de la Ley 100 de 1993.

Esto es, la demandante tampoco tenía consolidada su situación cuando operó el tránsito de legislación en mención, de manera tal que pudiera reclamar la prestación, sin reunir las condiciones del precepto tanto derogado como del derogatorio.

Además de lo anterior pero no menos relevante, es que como ya se indicó, la prueba unitaria con la cual se pretende edificar l convivencia la constituye la precitada declaración extra procesal en cabeza de la demandante misma. Una prueba de tal estirpe, desconoce sentidos principios del derecho procesal, entre ellos la inmediación del juez, la publicidad y la oralidad, la contradicción de la prueba, la igualdad de oportunidades, etc. Ni siquiera podría tomarse como una declaración de terceros vertida fuera del proceso, caso incluso en el cual habría requerido su ratificación en el proceso (artículo 229 del Código de Procedimiento Civil), con mayor razón cuando como en este asunto acaeció, la versión proviene de la parte directamente interesada en el éxito de su pretensión.

Y a juicio de la Sala, no sería exacto argüir que la entidad accionada no discutid el hecho, pues, en general cimentó su defensa simplemente en que la actora no reunía el requisito de los 5 años de convivencia que exige el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, aún en el evento de que la cohabitación se hubiere producido durante los 3 años que aquella intentó hacer valer cuando formuló la reclamación directa ante la entidad. Pero, el fijar así la entidad su posición respecto de la reclamación, no relevaba a la demandante del deber de demostrar en el proceso el hecho mismo de la convivencia con el causante y su término de duración, real o aproximado, con el señalamiento de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ello sucedió.”

V. EL RECURSO DE CASACIÓN

Lo interpuso la parte demandante con fundamento en la causal primera de casación laboral consagrada en los artículos 60 del Decreto 528 de 1964 y 51 del Decreto 2651 de 1991, con el cual pretende, según lo dijo en el alcance de la impugnación, que se CASE la sentencia recurrida; y en sede de instancia esta Sala revoque la de primer grado y en su lugar acceda a las pretensiones de la demanda inicial, proveyendo sobre costas como corresponda.

Con tal objeto formuló un cargo que no fue replicado.

VI. ÚNICO CARGO

Acusa la sentencia impugnada por la vía directa, en la modalidad de interpretación errónea “…del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 13 de la Ley 797 de 2003, en relación con los artículos 50, 141, 142 ibídem. Artículos 42, 48 y 53 de la Constitución Nacional”.

De su demostración se destacan los siguientes planteamientos:

“(...).

No debe mirarse simplemente el tenor literal de las normativas jurídicas, sino, igualmente, auscultar su espíritu a fin de determinar cual fue la intención o finalidad del legislador en el proceso de creación de la Ley.

Es evidente que la finalidad de las normas que gobiernan la pensión de supervivientes es proteger el núcleo familiar de los asegurados o pensionados, ante la calamidad más grande que sufre el ser humano que es la muerte, caso en el cual queda en total desprotección y corresponde a los supervivientes, sobrellevar las cargas materiales y espirituales que ello comporta. La interpretación sistemática mira pues más a la finalidad de la ley que a su texto literal.

Ahora, sí bien es cierto que el artículo 47 de la ley 100 de 1993, con la modificación introducida por el 13 de la Ley 797 de 2003, consigna que cuando la pensión de supervivientes se cause por muerte del pensionado es necesario que se acredite la convivencia con el óbito por lo menos en los cinco años anteriores al deceso, tal exigencia no es absoluta o no debe mirarse en abstracto, pues cuando la pareja había constituido una verdadera familia bien por vínculos naturales ora jurídicos (Art. 42 Constitución Nacional) antes de que entrara en vigencia la nueva Ley y cumpliera las exigencias de la legislación antecedente, esto es, dos años de convivencia (Ley 100 de 1993 artículos 46 y 47), la condición de convivencia por 5 años, no le es aplicable, dado que, se insiste, ya tenían una condición consolidada (inicio de convivencia) que la nueva Ley en manera alguna puede menoscabar, so pretexto de conculcar un verdadero derecho adquirido (Art. 58 C. N.), o por lo menos una expectativa legitima de adquirir la pensión bajo un determinado régimen y que definitivamente también es objeto de protección por el legislador.

(...).

Independientemente de que la pareja hubiere acreditado dos años de convivencia antes de la Ley 797 de 2003, contrario a lo concluido por el tribunal, y por el solo hecho de haber constituido una familia de manera responsable, tiene derecho la demandante a la pensión, teniendo en cuenta que el principio de progresividad prohíbe hacer mas gravoso el acceso al nuevo régimen para quienes tenían, se insiste, una expectativa legítima de pensionarse en el anterior régimen.

(...).

Es pues equivocado el alcance que el Tribunal le fija a la norma acusada, pues debió hacerse consultando el fin de la institución de la pensión de supervivientes.

Y tan irrazonable termina siendo la exigencia de la convivencia en los 5 (cinco) anteriores al deceso del pensionado, que se llegaría a situaciones absurdas e inverisímiles, por ejemplo en el presente caso de exigirle 5 años de convivencia a una pareja que para aquellas calendas ni siquiera se conocía y mucho menos había tenido la voluntad de conformar una familia, en los términos en que lo consagra el canon 42 Superior.”

VII. SE CONSIDERA

Como puede verse, el cargo esta orientado a que se determine jurídicamente, que cuando la vida marital con el pensionado se inicia con anterioridad a la vigencia del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, la norma aplicable es el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, es decir que no se requieren cinco años de convivencia como lo exige la primera disposición citada, sino dos como lo establecía la segunda.

Según la motivación de la sentencia atacada, el juez colegiado para confirmar la de primer grado, infirió que, la fecha de la muerte es la que determina la legislación aplicable, cuando de establecer el derecho a una pensión de sobrevivientes se trata, por lo que en el presente caso, la norma que lo gobierna es el artículo 13 de la Ley 797 de 2003.  

Ahora, teniendo en cuenta los razonamientos jurídicos que contiene el cargo, para la Sala no son acertados los cuestionamientos que la parte recurrente le hace a la sentencia de segunda instancia, en relación con el precepto legal que debió acogerse para dirimir el conflicto, que según ella, debió ser el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, antes de la modificación que le introdujo la citada disposición aplicada por el Tribunal.

En efecto, para el 26 de abril de 2004, día en que murió el señor Jairo Salazar Londoño, la norma aplicable para lo relacionado con la pensión de sobrevivientes, era el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, que entró en vigencia el 29 de enero de dicho año, y por lo tanto a esa prestación tendrá derecho el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, siempre y cuando, entre otros requisitos, acredite para el caso de un pensionado o pensionada, que estuvieron haciendo vida marital hasta su fallecimiento, y que la convivencia entre ambos se hubiese mantenido por lo menos cinco años continuos con anterioridad a tal hecho.  

Al respecto cabe decir, que esta Sala por regla general tiene definido que el derecho a la pensión de sobrevivientes, debe ser dirimido a la luz de la normatividad vigente al momento del fallecimiento del afiliado o pensionado; verbigracia en sentencia del 20 de noviembre de 2007 radicación 30356, se dijo:

“En ese orden, no le asiste razón a la censura en cuanto a que en el presente asunto no tienen aplicación los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003, toda vez que la fecha del fallecimiento del afiliado o del pensionado es la que determina la disposición legal que ha de gobernar la sustitución pensional y por consiguiente el derecho a la de sobrevivientes, tal como lo ha sostenido la jurisprudencia. Empero, también ha aceptado excepciones a ese criterio para avalar las prerrogativas de los beneficiarios supérstites, nacidas por afiliados activos de la seguridad social que habían reunido todas las cotizaciones fijadas en preceptivas anteriores a la Ley 100 de 1993 o habían iniciado convivencias firmes con un pensionado o contraído matrimonio con él, eventos en los cuales se ha sostenido la aplicación de las disposiciones anteriores a la nueva preceptiva.

Sin embargo, tal no es el caso en estudio, en el que como quedó definido por el Tribunal, sin que hubiera sido punto de cuestionamiento en casación, el afiliado MONTEZUMA ARCOS falleció el <23 de junio de 2003>. Así las cosas, es claro que el sentenciador de segundo grado no incurrió en los yerros jurídicos que le atribuye la impugnante, toda vez que al momento en que ocurrió el deceso del causante <23 de junio de 2003>, la preceptiva vigente al punto de los requisitos para obtener la pensión de sobrevivientes era el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, y por lo mismo, la disposición legalmente aplicable para efectos de la sustitución pensional era aquella, como con acierto lo definió al ad quem, y no los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, como lo pretende la recurrente.

En efecto, dada la naturaleza de orden público que conllevan las disposiciones legales que regulan el trabajo humano, es incuestionable que conforme a lo previsto por el artículo 16 del C. S. del T., ellas producen efecto general inmediato, y que gobierna las situaciones que no fueron definidas o consolidadas conforme a preceptivas anteriores. Por lo mismo, no tiene aplicación el principio de la condición más beneficiosa que reclama la censura, para así definir el asunto a la luz del artículo 46 de la Ley 100 de 1993, pues tal preceptiva fue subrogada por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, a partir del 29 de enero de tal anualidad <norma que gobierna el caso pues el afiliado falleció el 23 de junio de 2003>, y la situación de vejez de MONTEZUMA ARCOS no había sido definida o concretada en preceptiva anterior.”

Adicionalmente, la recurrente dejó libre de ataque la principal conclusión fáctica del juez de segundo grado, en el sentido de que la demandante no demostró la convivencia con el pensionado, pues la única prueba de la misma que aportó la constituye una declaración extrajuicio suya que rindió ante la Notaría del Municipio de Guarne, a la cual éste le restó todo valor probatorio, por lo que ese pilar de la decisión inatacada se erige como suficiente para que la misma continúe gozando de la presunción de acierto y legalidad que caracteriza toda sentencia judicial.

De suerte que, como lo ha sostenido esta Corporación en múltiples ocasiones, resultan exiguas las acusaciones parciales, así se tenga razón en la crítica, porque los elementos probatorios y raciocinios no discutidos mantienen incólume lo resuelto por el ad quem, con independencia de su acierto, conservando como se dijo, tal decisión la presunción de legalidad que la caracteriza.

Por lo expuesto, el juez colegiado no incurrió en los errores jurídicos que le enrostra la censura, y en consecuencia el cargo no prospera.

Sin costas en el recurso extraordinario, por cuanto la demanda de casación no tuvo réplica.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 29 de febrero de 2008, en el proceso ordinario adelantado por la señora MARÍA DEL SOCORRO LONDOÑO LONDOÑO contra PENSIONES DE ANTIOQUIA.

Sin costas en el recurso extraordinario.

Devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y publíquese.

Magistrados: Luís Javier Osorio López—Elsy Del Pilar Cuello Calderón——Gustavo Jose Gnecco Mendoza—Eduardo López Villegas—Francisco Javier Ricaurte Gómez—Camilo Tarquino Gallego—Isaura Vargas Díaz.