Sentencia 1993-07888 de mayo 12 de 2010

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Rad.: 54001-23-31-000-1993-07888-01(36144)

Consejero Ponente (E):

Dr. Mauricio Fajardo Gómez

Actor: Astrid Leonor Álvarez Jaime y otros

Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional

Referencia: Conciliación judicial

Bogotá, D.C., doce de mayo de dos mil diez.

Corresponde a la Sala pronunciarse sobre la conciliación judicial que lograron las partes en audiencia del 11 de marzo de 2010 ante esta corporación, en la cual llegaron al siguiente acuerdo:

“1. Que el Ministerio de Defensa-Policía Nacional, pagará integralmente el 80% de la condena impuesta en la providencia de primera instancia a favor de cada uno de los demandantes relacionados en la parte resolutiva de la misma, calculada con base en el salario mínimo legal vigente e indexada para el momento de ejecutoria del auto aprobatorio del acuerdo.

2. Que el Ministerio de Defensa-Policía Nacional, efectuará el pago dentro de los dieciocho (18) meses siguientes a la ejecutoria de la providencia que apruebe la conciliación, previa presentación de la cuenta de cobro ante la entidad.

3. Que el Ministerio de Defensa-Policía Nacional, reconocerá los intereses de que trata el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo. Sin embargo, las partes de común acuerdo, manifiestan que estos se pagarán a partir de los tres meses siguientes a la fecha de ejecutoria del auto que aprueba la conciliación.

El proceso deberá continuar respecto a los llamados en garantía.

Concedida la palabra al agente del Ministerio Público manifiesta que se remite a los argumentos dados en el Concepto C-09-237 del 19 de noviembre de 2009, donde solicitó la confirmación de la sentencia apelada, al estar demostrados con el material probatorio allegado al proceso, los elementos de responsabilidad extracontractual de la administración, razón por la cual ninguna objeción podría oponer a la celebración de un acuerdo conciliatorio entre las partes para dar por terminado el proceso por esta vía” (fls. 711 a 713, cdno. ppal.).

I. Antecedentes.

1. Las demandas.

Fueron presentadas en ejercicio de la acción de reparación directa contra la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional y los diversos procesos fueron acumulados en primera instancia.

En todos se solicitó que se declarara administrativamente responsable a la Nación por los perjuicios causados a los demandantes con ocasión de los hechos ocurridos el 13 de abril de 1992 en el lugar conocido como “Alto del Pozo”, ubicado en la vía que conduce del municipio de Cúcuta al municipio de Ocaña y que, en consecuencia, se indemnizara a los actores en la forma en que se relaciona a continuación:

1.1. Pretensiones.

1.1.1. Proceso 7825.

Fecha de presentación de la demanda: 2 de abril de 1993.

La indemnización se solicitó con ocasión de la muerte de la señora Faride Herrera Jaime.

DemandantesPerjuicios
MoralesMateriales
Encarnación Herrera Lobo (padre de la víctima)1.000 gramos oro$ 4’232.000
Diocelina Jaime Villalba (madre de la víctima)1.000 gramos oro$ 6’947.000
David Herrera Jaime (hermano de la víctima)1.000 gramos oro0
Libia Herrera Jaime (hermana de la víctima)1.000 gramos oro0
Uriel Herrera Jaime (hermano de la víctima)1.000 gramos oro0

 

1.1.2. Proceso 7888.

Fecha de presentación de la demanda: 28 de mayo de 1993.

La indemnización se solicitó con ocasión de la muerte del señor Óscar Iván Andrade Salcedo y las lesiones de la señora Astrid Leonor Álvarez Jaime.

DemandantesPerjuicios
MoralesMateriales
Astrid Leonor Álvarez Jaime (cónyuge del occiso y lesionada)2.000 gramos oro$140’000.000
Óscar Iván Andrade Álvarez (hijo del occiso y de la lesionada)1.000 gramos oro$80’000.000

 

1.1.3. Proceso 8378.

Fecha de presentación de la demanda: 8 de abril de 1994.

La indemnización se solicitó con ocasión de la muerte del señor Óscar Iván Andrade Salcedo.

DemandantesPerjuicios
MoralesMateriales
Mario José Andrade Arenas (padre de la víctima)1.000 gramos oro$37’500.000
Graciela Salcedo de Andrade (madre de la víctima)1.000 gramos oro$37’500.000

 

1.2. Hechos.

— El 13 de abril de 1992, los señores Óscar Iván Andrade Salcedo, Astrid Leonor Álvarez Jaime, Faride Herrera Jaime, Esperanza Álvarez Jaime y Leonardo Arévalo se dirigían en el vehículo Toyota Samuray de placas SCK-297 al municipio de Ocaña, lugar en donde se hospedarían durante la Semana Santa.

— Ese día, aproximadamente a las 8:00 P.M., cuando pasaban por el sitio conocido como el “Alto del Pozo”, una patrulla de contraguerrilla del Cuerpo Élite de la Policía Nacional atacó el vehículo con granadas y disparos efectuados con fusil, causando la muerte de Óscar Iván Andrade Salcedo y Faride Herrera Jaime, lesiones graves a Astrid Leonor Álvarez Jaime y heridas menores a los demás ocupantes del vehículo.

— Los integrantes de la Policía Nacional no utilizaron señales para indicarle al conductor que debía parar el vehículo.

2. La acumulación de los procesos.

Luego de admitidas las demandas y encontrándose cada uno de los procesos en etapa probatoria, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander decretó la acumulación mediante providencias de 9 de diciembre de 1994 y 3 de mayo de 1999 (fls. 243 a 245 y 336 a 338, cdno. 2).

3. La contestación de la demanda y el llamamiento en garantía.

La Nación se opuso a las pretensiones formuladas en cada una de las demandas y señaló que en la etapa probatoria demostraría la exoneración de responsabilidad alegada.

En escrito aparte, solicitó el llamamiento en garantía de los siguientes integrantes de la Policía Nacional: Mayor César Emilio Camargo Cuchía, capitán Eduardo Guzmán López y los agentes Roberto Rosero, Henry Sánchez Bueno y Óscar Oviedo Cáceres, el cual fue aceptado por el tribunal a quo.

Los llamados en garantía criticaron la decisión de la Nación al vincularlos al proceso, por cuanto no se tuvo en cuenta la decisión del Consejo Verbal de Guerra que los exoneró de responsabilidad penal y solicitaron negar las pretensiones de la demanda porque los daños padecidos por los demandantes fueron ocasionados por el hecho de un tercero y no por dolo o culpa grave de los Agentes del Estado.

4. El trámite adelantado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

4.1. La solicitud ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El 22 de julio de 1995 la Comisión Colombiana de Juristas presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una petición relativa a la violación del derecho a la vida de Faride Herrera Jaime y Oscar Iván Andrade Salcedo y la integridad personal de Astrid Leonor Álvarez Jaime, Gloria Beatriz Álvarez Jaime y Juan Felipe Rúa Álvarez por parte del Estado Colombiano.

4.2. El acuerdo de solución amistosa lograda entre las partes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El 27 de mayo de 1998 se suscribió el acuerdo de solución amistosa, a cuyo tenor:

“1. El Estado expresa su sentimiento de pesar y solidaridad a los familiares de las víctimas y manifiesta su voz de censura y rechazo en relación con actuaciones de este tipo.

El gobierno se compromete en un término no superior a dos (2) meses contados desde la firma del presente documento, a celebrar un acto público de desagravio, con la presencia del Presidente de la República, las víctimas, sus familiares y sus representantes, en el cual se le exprese a las víctimas y a sus familiares el reconocimiento de responsabilidad estatal en los hechos.

2. El Estado Colombiano acordará con los familiares y sus representantes, en un plazo no superior a dos (2) meses, contados desde la firma del presente documento, el mecanismo adecuado de recuperación de la memoria de las víctimas de los hechos denunciados.

3. Teniendo en cuenta la obligación del Estado colombiano adquirida conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante la Convención), de investigar, juzgar sancionar y reparar a las víctimas y a sus familiares, y la no procedencia de alegar razones internas para eludir el cumplimiento de sus obligaciones internacionales, el Gobierno de Colombia se compromete a continuar estudiando los mecanismos internos que conforme al ordenamiento vigente le permitan satisfacer los derechos de las víctimas en materia de derecho a la justicia (arts. 8º y 25 de la Convención) y a informar a los peticionarios y a la CIDH.

En tal sentido, el gobierno se compromete a informar a los peticionarios y a la CIDH acerca del resultado del estudio que sobre la viabilidad de ejercitar la acción de revisión adelantan los organismos competentes.

4. El Gobierno de Colombia asume el compromiso de observar, adoptar y materializar cada una de las recomendaciones contenidas en el informe a que se ha venido haciendo referencia, en particular, la relacionada con la desvinculación de los agentes del Estado comprometidos en graves violaciones de los derechos humanos, disponiendo que las personas vinculadas a los hechos materia de cada uno de los dos casos a los que hace alusión el informe, si aún continúan vinculados a la Fuerza Pública, sean llamados a calificar servicios o sean separados del servicio, conforme a las facultades constitucionales y legales que le competen al ejecutivo.

Debe entenderse el compromiso que adquiere el gobierno en la implementación de las recomendaciones como “...una obligación de medio o comportamiento que no es incumplida por el sólo hecho de que [...] no produzca un resultado satisfactorio. Sin embargo, debe emprenderse con seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa” (Corte IDH Caso Godínez Cruz, sent. ene. 20/89, Serie C Nº 5, párr. 188).

5. El Gobierno de Colombia mantendrá informados a los peticionarios, sin perjuicio de lo previsto en el punto siguiente, sobre el cumplimiento de los anteriores compromisos.

6. El Gobierno de Colombia y los peticionarios se comprometen a presentar en cada una de las sesiones ordinarias de la CIDH, un informe detallado sobre el cumplimiento de los compromisos adquiridos. La CIDH determinará hasta cuándo subsiste tal obligación.

16. La Comisión expresa su satisfacción con los términos de este acuerdo —que fuera oportunamente refrendado por el Profesor Robert K. Goldman, miembro de la CIDH y relator para Colombia, y el Embajador Jorge Taiana, Secretario Ejecutivo de la CIDH— y manifiesta su sincero aprecio a las partes por sus esfuerzos en colaborar con la comisión en la tarea de arribar a una solución basada en el objeto y fin de la Convención Americana.

4.3. Las recomendaciones.

El comité de trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos efectuó recomendaciones generales, todas ellas encaminadas a la reforma de la justicia penal militar, con el fin de que los delitos cometidos contra los derechos humanos sean investigados y juzgados por la justicia penal ordinaria, de conformidad con los parámetros establecidos por la Corte Constitucional de Colombia en la Sentencia C-358 del 5 de agosto de 1997 y a la participación activa de las instituciones de investigación y control.

Así mismo, dicho comité realizó recomendaciones específicas para que el Gobierno Nacional investigara los delitos en los cuales pudieron haber incurrido los integrantes de la Policía Nacional y adelantara las gestiones necesarias para la recuperación de la memoria de las víctimas y el reconocimiento internacional de la responsabilidad del Estado por la muerte de éstas.

4.4. La aprobación del acuerdo de solución amistosa.

Por medio del informe 46 del 9 de marzo de 1999, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aprobó el acuerdo de solución amistosa en los siguientes términos:

“1. Aprobar los términos del acuerdo de solución amistosa suscrito el 27 de mayo de 1998.

2. Instar al Estado a tomar las medidas necesarias para cumplir con los compromisos pendientes.

3. Continuar con la supervisión del cumplimiento con los compromisos asumidos con relación a la recuperación de la memoria histórica de las víctimas y el acceso a la justicia.

4. Hacer público el presente informe e incluirlo en su informe anual a la asamblea general de la OEA”.

5. Las conciliaciones judiciales logradas en los procesos 8378 y 7825 y su aprobación.

5.1. Proceso 8378.

El 26 de julio de 1999 se celebró la audiencia de conciliación judicial en la cual las partes llegaron al siguiente acuerdo:

“(…) Acto seguido se le concede el uso de la palabra al señor apoderado del proceso 8378 doctor Jairo Alcides Toloza Cañas quien manifiesta: “En mi calidad de apoderado especial del señor Mario Andrade Arenas y Graciela Salcedo de Andrade quienes a su vez son los padres de Óscar Iván Andrade Salcedo como propuesta conciliatoria solicitamos el reconocimiento y pago de 1.000 gramos oro para cada uno de los padres en razón a que la jurisprudencia solamente ha reconocido dichos valores como un tope máximo para los perjuicios morales, medidas que si bien es cierto se han quedado cortas en la jurisprudencia solamente aceptamos el valor de dicho tope a causa del fallecimiento del hijo de mis poderdantes”.

De la anterior propuesta se corre traslado a la señora apoderada de la entidad demandada quien manifiesta: “Como contrapropuesta presento el reconocimiento de 800 gramos oro para cada uno de los padres arrojando un total 1.600 gramos oro”.

De la anterior contrapropuesta se corre traslado a la parte actora del proceso 8378 quienes manifiestan: “Aceptar la contrapropuesta presentada por la señora apoderada de la entidad demandada y manifiestan que renuncian expresamente a los perjuicios materiales solicitados en la demanda”.

Acto seguido se le concede el uso de la palabra a la señora apoderada de la entidad demandada quien manifiesta: “Teniendo en cuenta el acuerdo logrado con el señor apoderado de la parte actora en el expediente 8378 solicito al señor apoderado de los llamados en garantía el reconocimiento del 80% del valor total conciliado”.

De la anterior propuesta se corre traslado al señor apoderado de los llamados en garantía quien manifiesta: “en mi condición de apoderado sustituto muy respetuosamente me permito manifestar a la señora apoderada que los señores César Emilio Camargo Cuchía, Eduardo Guzmán López, Henry Sánchez Bueno, Roberto Rosero Montero y Óscar Oviedo Cáceres llamados en garantía dentro del proceso que hoy nos ocupa no están en disposición de reconocer y pagar suma alguna conforme a lo pretendido toda vez que el mismo Estado Colombiano en forma unilateral decidió aceptar y reconocer la responsabilidad del Estado, sin tener en cuenta la calidad que los mismos ostentan dentro del proceso y menos aún podría haber reconocimiento alguno cuando la misma justicia penal militar los absolvió de toda responsabilidad”” (fls. 360 a 363, cdno. 2).

Por auto del 30 de agosto de 1999, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander aprobó la conciliación en los siguientes términos:

“PRIMERO: Aprobar la conciliación judicial total que por conducto de apoderado celebraron los señores Mario José Andrade Arenas y Graciela Salcedo de Andrade, con la señora apoderada de la Nación —Ministerio de Defensa Policía Nacional, el día 26 de julio de 1999 (…).

SEGUNDO: ACEPTAR el desistimiento de las pretensiones respecto del pago por perjuicios materiales.

TERCERO: CONTINUAR con el proceso radicado 8378 entre la entidad demandada y los llamados en garantía.

CUARTO: CONTINUAR el trámite normal de los procesos radicados 7825 y 7888” (fls. 373 a 377, cdno. 2).

5.2. Proceso 7825.

El 14 de julio de 2000 se celebró la audiencia de conciliación judicial en la cual las partes llegaron al siguiente acuerdo:

“(...) Seguidamente se le concede el uso de la palabra a la doctora Claudia Fernanda Villamizar, quien manifiesta lo siguiente. Aprovechando esta nueva oportunidad conciliatoria, me permito reiterar los valores por concepto de perjuicios morales a favor de la parte actora de ochocientos gramos para cada uno de los padres (800 gramos), y cuatrocientos gramos para cada uno de los hermanos, arrojando un valor total de perjuicios morales de dos mil ochocientos gramos oro (2.800 gramos) y teniendo en cuenta la reconsideración del comité de conciliaciones del Ministerio de Defensa, Policía Nacional, por concepto de perjuicios materiales a favor de los padres de la víctima, esto es, Encarnación Herrera Lobo y Dioselina Jaime Villalba, la suma de cuarenta millones cuatrocientos mil pesos moneda corriente ($ 40’400.000).

Seguidamente retoma la palabra la apoderada de la parte actora, quien manifiesta lo siguiente: Se acepta la anterior propuesta hecha por parte de la entidad demandada, o discriminando los montos anteriormente reconocidos de la siguiente manera, en cuanto a los perjuicios Morales para los padres Encarnación Herrera y Dioselina Jaime Villalba, el valor de ochocientos gramos oro puro para cada uno de ellos, y para los hermanos Uriel, David y Libia Herrera Jaime, el valor de cuatrocientos gramos de oro puro (400 gramos) para cada uno de ellos. Para un total de dos mil ochocientos gramos de oro (2.800 gramos). Las anteriores sumas devengarán intereses moratorios, a partir de la ejecutoria del auto de aprobación de la presente conciliación, hasta la fecha en que la entidad demandada cancele tales sumas” (fls. 537 a 538, cdno. 2).

Por auto del 15 de septiembre de 2000, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander aprobó la conciliación en los siguientes términos:

“PRIMERO: Aprobar la conciliación judicial total celebrada entre la señora apoderada del proceso acumulado radicado 7825, actor Encarnación Herrera Lobo y otros, con la señora apoderada de la entidad demandada, el día 14 de julio del 2000 (…)

SEGUNDO: Declarar terminado por conciliación judicial total el proceso radicado: 7825 actor Encarnación Herrera Lobo y otros entre la parte actora y la parte demandada y continuarlo entre ésta y los llamados en garantía.

TERCERO: Continuar el trámite normal de los procesos radicados 7825 y 7888” (fls. 373 a 377, cdno. 2).

6. La sentencia de primera instancia.

El Tribunal Administrativo de Norte de Santander dictó sentencia el 18 de junio de 2008, por medio de la cual decidió:

“PRIMERA: Declarar que no prospera la objeción por error grave al dictamen pericial visto a folio 331 y siguientes del expediente 7888.

SEGUNDA: Declarar a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional administrativa y patrimonialmente responsable de la muerte de Óscar Iván Andrade Salcedo y Faride Herrera Jaime y de las lesiones personales sufridas por la señora Astrid Leonor Álvarez Jaime, como consecuencia del ataque perpetrado por una patrulla de la Policía Nacional en hechos ocurridos el día 13 de abril de 1992, en el sitio denominado el ‘Alto del Pozo’ de la carretera que de Sardinata conduce a Ocaña.

TERCERA: Como consecuencia de la anterior declaración condenar a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional a pagar por concepto de perjuicios morales por la muerte de Óscar Iván Andrade Salcedo a Astrid Leonor Álvarez Jaime y Óscar Iván Andrade Álvarez, en su condición de cónyuge e hijo 100 SLMM, equivalentes a cuarenta y seis millones ciento cincuenta mil pesos m/cte. ($ 46’150.000), para cada uno. Así mismo, por concepto de las lesiones personales sufridas por la señora Astrid Leonor Álvarez Jaime en su condición de lesionada 90 SMLM, equivalentes a cuarenta y un millones quinientos treinta y cinco mil pesos m/cte. ($ 41’535.000).

CUARTA: Condenar a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional a pagar la suma de novecientos veinte millones sesenta y un mil doscientos diecisiete pesos ($ 920’061.217) por concepto de perjuicios materiales a favor de Astrid Leonor Álvarez Jaime y la suma de seiscientos treinta y dos millones doscientos setenta y siete mil ochocientos noventa y siete pesos ($ 632.277.897) a favor de Óscar Iván Andrade Álvarez.

QUINTA: Negar las demás súplicas de la demanda.

SEXTA: Esta condena devengará intereses comerciales y de mora en los términos de los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administración.

SÉPTIMA: Devolver a la parte actora la suma consignada para gastos del proceso o su remanente.

OCTAVA: Declarar responsables a los llamados en garantía señores Mayor César Emilio Camargo Cuchía, capitán Eduardo Guzmán López y los agentes Roberto Rosero Montero y Henry Sánchez Bueno, por los hechos reseñados. En consecuencia deberán responder por el setenta por ciento (70%) de lo que ha pagado y/o tenga que pagar la Nación-Policía Nacional, por concepto de esta providencia y de las conciliaciones aprobadas en los procesos 7825 y 8378, por las sumas aprobadas en autos proferidos por este Tribunal, en fechas 30 de agosto de 1999 y 15 de septiembre de 2000.

NOVENA: Absolver de responsabilidad al llamado en garantía agente Óscar Oviedo Cáceres, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

DÉCIMA: En caso de no ser apelada, REMÍTASE la presente actuación al honorable Consejo de Estado, a fin de que surta el grado de consulta correspondiente” (fls. 593 a 644, cdno. ppal.).

Con fundamento en el material probatorio y en las recomendaciones y conclusiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander encontró plenamente acreditado el daño y concluyó que el mismo resultaba imputable a la Nación a título de falla del servicio. Explicó:

“Aunque los integrantes de la patrulla han alegado en todas las instancias penales, disciplinarias y en el presente proceso, que el vehículo fue impactado por fuerzas irregulares que a su vez los atacaban, de todas las pruebas allegadas se puede concluir que en realidad no existió el enfrentamiento con la guerrilla al que aluden y el infortunado suceso fue producto de la imprudencia con la cual se manejó dicha operación, ya que si tenían duda acerca de que el vehículo pertenecía a fuerzas irregulares, debieron efectuar un retén y no disparar de manera indiscriminada como lo hicieron.

Acorde con los anteriores elementos, para la Sala la falla del servicio se encuentra debidamente probada, toda vez que hubo errores tácticos por parte de quienes tenían al mando la operación de patrullaje en la carretera de Sardinata a Ocaña que culminó con la muerte del arriba mencionado. No se tomaron las medidas necesarias y conducentes para evitar que situaciones como la que segó la vida de Óscar Iván Andrade Salcedo y heridas a Astrid Leonor Álvarez Jaime no sucedieran. Se permitió entonces que la organización de la prestación de dicho servicio fuese tan deficiente que no se observaran las reglas básicas o mínimas a seguir en el manejo de este tipo de operativos policiales, tendientes a evitar errores como el que aquí se lamenta. Se comprometió por tanto la responsabilidad del Estado, por lo que será declarado responsable y condenado a pagar a favor de los demandantes, los perjuicios que dicho evento les produjo”.

7. Trámite en segunda instancia.

La Nación interpuso recurso de apelación contra la anterior providencia, el cual se admitió por auto del 21 de septiembre de 2009 y, ejecutoriada dicha decisión, se ordenó el traslado a las partes y al Ministerio Público para que presentaran sus escritos finales, mediante providencia del 13 de octubre siguiente.

Previo a decidir se hacen las siguientes,

II. Consideraciones

El asunto que hoy le corresponde resolver a la Sala ha sido conocido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, órgano internacional que concluyó acerca de la existencia de responsabilidad del Estado colombiano por los hechos objeto de este proceso y que formuló recomendaciones.

En atención a lo anterior, la Sala hará unas breves consideraciones acerca de las decisiones de los órganos internacionales y su incidencia en el derecho interno, así como de la normativa aplicable y el procedimiento a seguir en dichos casos.

1. La Convención Americana de Derechos Humanos y el Estado Colombiano.

1.1. La Comisión Interamericana y la Convención Americana de Derechos Humanos.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos(1) es un organismo internacional que está a cargo de la promoción y defensa de los derechos humanos y que junto con los Estados que hacen parte del tratado internacional para la protección de estos derechos, puede someter un caso por violación de los derechos humanos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, órgano judicial encargado de decidir. Ambos organismos internacionales son competentes para conocer los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos contraídos por los Estados Parte.

Dentro de las funciones de la Comisión Interamericana se encuentra la de formular recomendaciones a los Estados Parte, con el fin de que éstos adopten las medidas necesarias para la protección de los derechos humanos.

La Ley 16 del 30 de diciembre de 1972(2), por medio de la cual se aprobó la Convención Americana sobre derechos humanos (Pacto de San José de Costa Rica del 22 de noviembre de 1969), señala el procedimiento para la protección de los derechos humanos ante los organismos internacionales señalados, así:

— Recibida la petición, la Comisión Interamericana determina si reconoce su admisibilidad y, en caso positivo, solicita información al Estado Parte al cual pertenezca la autoridad presuntamente responsable de la violación de los derechos humanos, con el fin de verificar los motivos de la solicitud.

— En caso de que encuentre que exista violación a los derechos humanos, la comisión declara la responsabilidad del Estado Parte y cita a las partes para buscar una solución amistosa; si ambas partes aceptan el arreglo, la comisión realiza un informe en el cual plasma las recomendaciones pertinentes y fija un plazo en el cual el Estado debe tomar las medidas necesarias para remediar la situación examinada.

— Las actuaciones a las cuales se obliga el Estado Parte al acoger las recomendaciones son objeto de verificación por parte de la comisión y, en caso de incumplimiento, la comisión puede presentar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos asuma la competencia para conocer de un caso por violación de los derechos humanos, es necesario que el respectivo Estado haya aceptado la jurisdicción obligatoria de la Corte Interamericana, en relación con la interpretación o aplicación de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Particularmente Colombia, al ser Estado Parte de dicho tratado, se obligó a acatar las disposiciones relacionadas con la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y su respectiva Comisión (L. 16/72 y L. 288/96).

A su turno, el artículo 93 de la Constitución Política dispone que los tratados y convenios internacionales —aprobados por el Congreso de la República y ratificados por el Estado Colombiano que reconocen los derechos humanos, prevalecen en el ordenamiento interno. Así lo ha explicado la corporación:

“En virtud de lo establecido en el artículo 93 de la Constitución Política, Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia.

Así pues, la referida disposición constitucional impone, en el orden interno colombiano, la prevalencia (3) de aquellos tratados ratificados por Colombia, encaminados a asegurar la protección los derechos humanos. En tales circunstancias, la noción de prevalencia comporta que éstos se imponen a las leyes internas y, por consiguiente, no sólo dichos instrumentos sino además la jurisprudencia de las instancias internacionales previstas y consagradas en esas mismas convenciones, encargadas de interpretarlos y aplicarlos, constituyen —sin duda alguna—, fuente de derecho para la solución de los conflictos que se presenten ante las respectivas instancias y organismos judiciales del Estado que forme parte de los mismos, razón por la cual no puede desconocerse su aplicación y mucho menos dejar de acatarse tales disposiciones”(3).

Con fundamento en la anterior disposición constitucional y en atención a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos —a través de su jurisprudencia— y la Comisión Interamericana —por medio de sus recomendaciones—, interpretan y desarrollan los contenidos de la Convención Americana de Derechos Humanos, los lineamientos que se trazan en dichos fallos y recomendaciones deben ser tenidos en cuenta por los diferentes operadores jurídicos de los Estados Parte.

Así también lo dispone el artículo 1º de la Ley 288 de 1996: “El Gobierno Nacional deberá pagar, previa realización del trámite de que trata la presente ley, las indemnizaciones de perjuicios causados por violaciones de los derechos humanos que se hayan declarado, o llegaren a declarase (sic), en decisiones expresas de los órganos internacionales de derechos humanos...”.

Por consiguiente, los tratados internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos, incorporada al derecho interno a través de la Ley 16 de 1972, son obligatorios para el Estado Colombiano y están llamados a prevalecer en el ordenamiento interno, el cual se debe analizar a la luz de las interpretaciones realizadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, respecto de los derechos fundamentales.

1.2. Lineamientos propuestos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos ante daños causados con ocasión de masacres y atentados terroristas.

Las decisiones adoptadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos se fundamentan en la Convención Americana de Derechos Humanos, a través de una interpretación que amplía o enriquece el ordenamiento jurídico interno, toda vez que ésta se centra en el ser humano(4).

Con base en ese postulado, ante la existencia de una situación calificada internacionalmente como ilícita, por acción o por omisión atribuible a un Estado, constitutiva de una violación de la obligación internacional contraída por el respectivo Estado, la Corte decide el caso bajo el régimen de la responsabilidad objetiva, ya sea de forma directa (la responsabilidad se predica de uno de los agentes del Estado parte) o indirecta (se imputa la responsabilidad al Estado parte por su omisión en la protección de los derechos humanos)(5).

En interpretación de la Convención Americana, la Corte ha indemnizado a los damnificados de los daños causados con ocasión de las masacres y atentados terroristas con base en los siguientes criterios:

“347. La reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación internacional requiere, siempre que sea posible, la plena restitución (restitutio in integrum), la cual consiste en el restablecimiento de la situación anterior a la violación. De no ser esto posible, como en el presente caso, cabe al tribunal internacional determinar una serie de medidas para que, además de garantizar el respeto de los derechos conculcados, se reparen las consecuencias producidas por las infracciones y se establezca, inter alia, el pago de una indemnización como compensación por los daños ocasionados(6). La obligación de reparar, que se regula en todos los aspectos (alcance, naturaleza, modalidades y determinación de los beneficiarios) por el derecho internacional, no puede ser modificada o incumplida por el Estado obligado invocando disposiciones de su derecho interno(7).

348. Las reparaciones consisten en las medidas que tienden a hacer desaparecer los efectos de las violaciones cometidas. Su naturaleza y su monto dependen del daño ocasionado en los planos material e inmaterial”(8).

1.3. Normativa aplicable al caso.

Este caso se rige por lo dispuesto en la Ley 288 del 5 de julio de 1996(9), por medio de la cual se establecen instrumentos para la indemnización de perjuicio a las víctimas de violaciones de derechos humanos en virtud de lo dispuesto por determinados órganos internacionales de Derechos Humanos, en consideración a que existe una decisión previa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, órgano internacional que concluyó que el Estado colombiano incurrió en violación de derechos humanos y, en virtud de lo anterior, formuló recomendaciones previo concepto(10) favorable del comité de trabajo constituido por la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos.

La precitada Ley 288 de 1996 introdujo el procedimiento a seguir para efectos de la conciliación prejudicial y judicial en estos casos especiales, que no siguen la normativa tradicional, sino que debe cumplir con los siguientes requisitos:

— Que exista una decisión previa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la cual se concluya que el Estado Colombiano incurrió en violación de derechos humanos en un caso concreto y se establezca que, como consecuencia, deba indemnizar los perjuicios causados(11).

— Que exista concepto previo favorable al cumplimiento de la decisión adoptada por el órgano internacional, por parte de un comité constituido por los ministerios del Interior, de Relaciones Exteriores, de Justicia y del Derecho y de Defensa Nacional(12).

El acuerdo de las partes debe estar avalado por el agente del Ministerio Público y será objeto de revisión por parte de la jurisdicción contencioso administrativa, para que el magistrado estudie, únicamente, si la conciliación resulta lesiva al patrimonio público y si está viciada de nulidad.

Como se observa y como ya lo ha explicado la Sala(13), la Ley 288 de 1996 establece un procedimiento diferente al comúnmente adoptado en materia de conciliaciones, solo en relación con la indemnización de perjuicios a las víctimas de violaciones de derechos humanos, en cumplimiento de lo dispuesto por los órganos internacionales de derechos humanos.

Con fundamento en lo anterior, la Sala se limitará a resolver si el acuerdo conciliatorio está o no viciado de nulidad y si la conciliación lesiona el patrimonio público.

2. Caso concreto.

Como se mencionó, este particular asunto se sometió a consideración de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, órgano internacional a cargo de la protección de este tipo de derechos y facultado para presentarlo a la Corte Interamericana, en caso de incumplimiento de las recomendaciones, con el objeto de que dicho organismo judicial lo decida.

En el presente caso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos consideró que el Estado Colombiano tenía responsabilidad en la ocurrencia de los hechos objeto de este proceso y formuló algunas recomendaciones, las cuales fueron acogidas por el comité del Estado Colombiano durante la audiencia de solución amistosa lograda con la parte demandante en la cual, además, el Estado Colombiano efectuó el reconocimiento internacional de la responsabilidad del Estado por la muerte y lesiones de las víctimas.

En el acuerdo conciliatorio judicial logrado entre la señora Astrid Leonor Álvarez Jaime —quien actúa en su condición de lesionada y cónyuge de otra de las víctimas, el señor Óscar Iván Andrade Salcedo— y Óscar Iván Andrade Álvarez, quien actúan en calidad de hijo del occiso y de la lesionada por una parte y, por la otra, la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, la parte demandada se comprometió a pagar el 80% de la condena impuesta en la sentencia de primera instancia a favor de tales personas.

La Sala observa que dicho acuerdo no está viciado de nulidad y no es lesivo al patrimonio público porque resulta acorde con la vinculación a la cual se sometió el Estado frente al Acuerdo de Solución Amistoso logrado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y con las recomendaciones realizadas por éste último órgano internacional en interpretación de la Convención Americana de Derechos Humanos(14).

Cabe precisar que con la aprobación de la conciliación judicial, el Consejo de Estado aplica íntegramente el tratado internacional sobre derechos humanos, como lo es la Convención Americana de Derechos Humanos.

Con fundamento en todo lo anterior, la Sala aprobará la conciliación judicial lograda entre los señores Astrid Leonor Álvarez Jaime y Óscar Iván Andrade Álvarez y la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional y declarará terminado el proceso únicamente respecto de esas personas, toda vez que el mismo continuará en lo que atañe con la responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado llamados en garantía.

Por lo expuesto, se

RESUELVE:

1. Aprobar la conciliación lograda entre los señores Astrid Leonor Álvarez Jaime y Óscar Iván Andrade Álvarez y la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, en la audiencia que se realizó el 11 de marzo de 2010.

2. Declarar terminado el proceso respecto de los demandantes, Astrid Leonor Álvarez Jaime y Óscar Iván Andrade Álvarez y la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional.

3. Continuar el proceso respecto de la relación entre la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional y los llamados en garantía.

4. Otorgar prelación de fallo.

5. Ejecutoriada esta providencia, enviar inmediatamente el expediente al despacho para elaborar la ponencia respectiva acerca de la relación entre la parte demandada y los llamados en garantía.

6. Expedir copias con destino a las partes en aplicación de los artículos 115 del Código de Procedimiento Civil y 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995, las cuales se entregarán al apoderado que las ha venido representando.

Cópiese, notifíquese, publíquese y cúmplase.

Magistrados: Ruth Stella Correa Palacio, Presidenta—Mauricio Fajardo Gómez—Enrique Gil Botero.

(1) Fue creada en 1959 mediante la Resolución VIII de la Quinta Reunión de Consulta de ministros de Relaciones Exteriores.

(2) Publicada en el Diario Oficial 33.780 del 5 de febrero de 1973, pág. 321.

3 Conviene llamar la atención acerca del tratamiento jurídico que, de manera expresa y precisa, la propia Constitución Política ordena e imparte en relación con los tratados y convenios internacionales que —previa aprobación del Congreso de la República y consiguiente examen de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional—, sean ratificados por el Estado colombiano en materia de derechos humanos, puesto que con total claridad, tanto por el sentido y contexto de la norma suprema en referencia (art. 93) como por la expresión que la misma utiliza, queda por fuera de toda duda que lo que la Carta dispone de manera imperativa es que a dichos tratados se les reconozca su prevalencia, por manera que no podrán ser desconocidos por leyes internas y, en caso de conflicto entre aquellos y estas, naturalmente debe darse aplicación preferente a tales tratados o convenios internacionales.

Nótese que la Constitución Política consagra, de manera imperativa, la prevalencia que corresponde a dichos tratados o convenios internacionales mas no dispone su incorporación a la Constitución misma, razón por la cual se impone evidenciar el yerro en el cual, a juicio del Despacho, incurre la teoría del denominado bloque de constitucionalidad, como quiera que la misma no sólo no consulta el texto de la Carta sino que lo contraría en varios aspectos, como quiera, entre otras consecuencias, no deseadas ni deseables: i) genera una incertidumbre mayúscula entre los ciudadanos y entre las propias autoridades públicas, acerca del contenido y alcance de la Constitución, puesto que no será fácil y en algunos casos posible siquiera, definir cuál es exactamente el texto supremo, tanto por lo cambiante que él podría resultar, según que entren en vigor o pierdan vigencia esa clase de tratados y demás leyes (estatutarias y orgánicas) que se han querido identificar como parte de la Constitución misma —sin serlo—, como por las opiniones variadas o contrarias que alrededor de algunos de ellos puedan existir, todo lo cual, naturalmente, pone en grave riesgo el valor de la seguridad jurídica que sí informa y prohíja la Carta Política; ii) amplía de manera imprevisible la competencia que la Constitución Política le otorgó a la Corte Constitucional para que defienda y preserve la integridad y supremacía de aquella, pero no de manera ilimitada, de cualquier manera, por cualquier vía y a cualquier precio incluyendo el de la violación o desconocimiento de la propia Carta, sino para que lo haga en los estrictos y precisos términos del artículo 241 superior, tal como corresponde a un Estado de Derecho en el cual no existen ni se pueden concebir competencias implícitas o no atribuidas expresamente por la Constitución o por la ley (C.P., art. 121); iii) Introduce una modificación infundada, no prevista y no autorizada, a los artículos 374 y siguientes de la misma Constitución Política, por medio de los cuales se regulan y consagran, de manera precisa, las únicas modalidades, los procedimientos y los requisitos a través de los cuales se pueden introducir reformas a la propia Carta, como quiera que si en virtud de la teoría del bloque de constitucionalidad’ se tendría que de la Constitución formarían parte también, tanto los aludidos tratados o convenios internacionales como las leyes estatutarias y orgánicas con las cuales se ha venido ampliando impredeciblemente el alcance de dicha teoría (ver sents. C-225/95, C-243/95, C-578/95, C-191/98, C567/2000, C-1490/2000), habría que admitir entonces que la Constitución resultaría reformada y podría reformarse entonces mediante adiciones o supresiones, a través de cada expedición, reforma, derogatoria o cualquier otra novedad que ocurriere en relación con el contenido o alcance de los tratados, las leyes estatutarias o las leyes orgánicas que ahora se pretende sostener que forman parte de aquella; iv) esa teoría, ajena por completo a la tradición jurídica colombiana, introduce elementos extraños y de inseguridad en el ordenamiento jurídico nacional.

(3) Auto del 17 de septiembre de 2007, expediente 17.639.

(4) “La Corte Interamericana de Derechos Humanos. Un cuarto de siglo”. Escrito de la Juez Cecilia Medina Quiroga intitulado “Las obligaciones de los Estados bajo la Convención Americana sobre Derechos Humanos”. San José de Costa Rica, 2005, pág. 217.

(5) Sobre el tema puede consultarse la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 29 de julio de 1988 dentro del caso “Velásquez Rodríguez”.

(6) Cfr. Caso Baldeón García, supra nota 5, párr. 176; Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa, supra nota 9, párr. 197; y Caso Acevedo Jaramillo y otros, supra nota 12, párr. 296.

(7) Cfr. Caso Baldeón García, supra nota 5, párr. 175; Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa, supra nota 9, párr. 197; y Caso Acevedo Jaramillo y otros, supra nota 12, párr. 296.

(8) Sentencia que dictó la Corte Interamericana de Derechos Humanos el o(sic) de julio de 2006, en el Caso de las Masacres de Ituango V.S. Colombia.

(9) Por la cual se establecen instrumentos para la indemnización de los perjuicios causados a las víctimas de violaciones de derechos humanos, de conformidad con lo dispuesto por los órganos internacionales de derechos humanos. Publicada en el Diario Oficial 42.826 del 9 de julio de 1996. Esa ley establece un procedimiento diferente al comúnmente adoptado en materia de conciliaciones, solo en relación con la indemnización de perjuicios a las víctimas de violaciones de derechos humanos, en cumplimiento de lo dispuesto por los órganos internacionales de derechos humanos, siempre que se configure los requisitos exigidos para tal efecto.

(10) El parágrafo primero del artículo 2º de la Ley 288 de 1996, señala que el concepto favorable para cumplir con las decisiones de los órganos internacionales debe fundamentarse, entre otros elementos, en las pruebas recaudadas y en las providencias de los procesos judiciales internos (administrativos o disciplinarios) y en la actuación adelantada ante el respectivo órgano internacional. Particularmente, el comité de trabajo rindió concepto por medio del cual consideró que estaban dados los presupuestos para el reconocimiento de responsabilidad internacional en el caso de Óscar Iván Andrade y Faride Herrera y que, en tal sentido, asumía ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos su responsabilidad por tales hechos.

(11) En el caso concreto, la Comisión Interamericana declaró la responsabilidad del Estado Colombiano por la muerte Óscar Iván Andrade y Faride Herrera y las lesiones de Astrid Leonor Álvarez, previo reconocimiento internacional de responsabilidad por parte del Estado Colombiano.

(12) Particularmente, el comité estuvo integrado por la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos.

(13) Autos de 22 de febrero de 2007, expediente 26.036, C.P. Dr. Ramiro Saavedra Becerra; 17 de septiembre de 2007, expediente 17.639; 28 de septiembre de 2007, expediente 32.793; 13 de abril de 2007, expediente 31.409, C.P. Dra. Ruth Stella Correa Palacio.

(14) El artículo 1º de la Ley 288 de 1996 dispone que el Gobierno Nacional deberá pagar las indemnizaciones de los perjuicios causados por violaciones de los derechos humanos que se hayan declarado por parte de los órganos internacionales de derechos humanos, como la Comisión Interamericana.