Sentencia 36154 de julio 10 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. Gustavo Enrique Malo Fernández

Aprobado acta 213

Bogotá, D.C., diez de julio de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Para la Corte, debe anunciarse desde ya, el asunto discutido surge nítido en su resolución, pues, desde antaño la Sala ha construido una sólida, pacífica y reiterada jurisprudencia sobre el tema, precisamente, transcrita por el demandante y el Ministerio Público en su concepto, extrañando, sí, que no sea conocida por los jueces individual y colegiado.

A ese respecto no es mucho lo que aquí deba añadirse, pues, es claro que la pena en su imposición también debe regirse por criterios de legalidad, que en su sentido más amplio implican atender los dictados del legislador cuando en el respectivo tipo penal fijó los mínimos y máximos para cada tipo de sanción.

Esos topes, huelga anotar, solo pueden modificarse dentro del espectro de las llamadas circunstancias modificadoras de límites punitivos, expresamente consagradas en el Código Penal —dígase, entre otros, los dispositivos amplificadores del tipo, tentativa y complicidad, o las circunstancias específicas de agravación y atenuación—, ya que los factores post delictuales propios de la justicia premial o de reparación del daño, se hacen valer sobre la pena ya individualizada.

De ninguna manera, a este efecto, es posible acudir a lo preceptuado por el artículo 371 de la Ley 600 de 2000, simplemente porque se trata de una norma construida para situaciones completamente diferentes a la de la dosificación de la pena en concreto cuando de la comisión de delitos se trata.

La norma en comento dispone:

“Pago de multas y cauciones. Las cauciones y las multas que se impongan durante la actuación procesal se depositarán en dinero a órdenes de los despachos correspondientes, en las cuentas de depósitos judiciales del Banco Agrario de la localidad del depositante o, si no existiere sucursal de esta entidad, de aquel que autorice el funcionario judicial, dentro del plazo fijado por el funcionario competente.

Teniendo en cuenta las condiciones económicas del sindicado, el funcionario judicial podrá, mediante resolución motivada contra la que no procede recurso alguno, imponer una multa inferior al mínimo señalado o prescindir de ella”.

No se duda del carácter eminentemente procesal de la disposición transcrita, pues, el inciso segundo no opera aislado del contexto de todo el artículo, claramente definido cuando en el inciso primero se advierte que se trata de cauciones y multas “que se impongan dentro de la actuación procesal”, esto es, por consecuencia de la facultad sancionadora del juez en los casos en los cuales hace uso de su potestad correccional, o cuando se incumplen las obligaciones propias de la libertad provisional, sin dejar de lado, sobre esto último, que precisamente el artículo se inserta dentro del capítulo VI, del título II de la Ley 600 de 2000, que se rotula “Libertad del procesado”.

Por manera que resulta un verdadero despropósito el que sin más, a partir de un examen ligero y descontextualizado de la norma, se pretenda hacerle producir efectos sustanciales, al punto de variar al mero arbitrio del juez los montos previamente establecidos por el legislador como pena por la comisión de delitos.

Ello, como al inicio se anotó, ha sido ampliamente examinado por la Corte en decisiones reiteradas. Apenas para resumir su postura invariable, se trae a colación lo expresado recientemente sobre el tema(1):

“De ahí que no sea de recibo la postura de la demandante, pues, una sanción pecuniaria inferior a la determinada por las instancias sería, ni más ni menos, una pena ilegal, conforme lo reseñó acertadamente, se repite, el tribunal.

Por lo anterior, es menester aclararle a la censora que el artículo 39 que cita, lejos que consagrar algunos criterios modificadores de los límites de la sanción de multa, lo que señala son las directrices para su fijación, o mejor, la guía para ‘una fundamentación explícita sobre los motivos de la determinación cualitativa y cuantitativa’, en los términos del artículo 59 ibídem.

De igual modo, que no es viable aplicar en este asunto el artículo 371 del Código de Procedimiento Penal de 2000, el cual alude a la multa como medida correccional en el curso de la actuación, en la que, sin duda alguna, se puede imponer un monto inferior al mínimo o incluso prescindir de ella, pero que, de todos modos, es absolutamente diferente de la pena de multa que encuentra una regulación específica en las normas sustantivas penales.

Sobre este tópico ya se pronunció la Sala, en providencia del 30 de noviembre de 2006 (rad. 25.185), en la que se señala:

‘Adicional a lo anterior, considera la Sala que el inciso segundo del artículo 371 del Código Procesal Penal no sirve de fundamento para imponer una multa inferior al mínimo o aún prescindir de ella, cuando se trata de sancionar un delito que tenga pena de esa naturaleza, pues tal disposición solo es aplicable, como surge de lo establecido en el inciso primero de la misma, respecto de las “multas que se impongan durante la actuación procesal”, esto es, antes de dictarse sentencia, como ocurre con aquellas que se aplican en ejercicio de los poderes correccionales del juez (Estatuto Procesal Penal, art. 144).

Confirma esta hermenéutica el hecho de que el artículo 371 esté situado en el capítulo VI denominado ‘Libertad del procesado’, que a su vez hace parte del libro II ‘Investigación’ del título II, correspondiente a la ‘Instrucción’”.

Es evidente, así, que la dosificación realizada por la primera instancia, expresamente ratificada por el tribunal, asoma contraria a la legalidad, pues, fijó en dos salarios mínimos legales mensuales el monto de la multa que debe pagar el procesado por consecuencia de haber sido hallado penalmente responsable del delito de concierto para delinquir agravado, pasando por alto que el mínimo pasible de imponer es el de dos mil salarios mínimos legales mensuales, conforme lo directamente ordenado por el artículo 340 del Código Penal.

Por ello, asiste la razón al casacionista cuando advierte que los falladores aplicaron sin motivo el artículo 371 de la Ley 600 de 2000, y en su lugar, dejaron de aplicar estrictamente lo consagrado en el artículo 340 del Código Penal, con lo cual incurrieron en la violación directa pregonada.

La Corte, en consecuencia, casará parcialmente la sentencia atacada, a efectos de modificar el numeral segundo de la parte resolutiva, en el sentido de imponer como pena de multa la de dos mil salarios mínimos legales mensuales, en lugar de los dos salarios mínimos legales mensuales allí fijados.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CASAR la sentencia impugnada, proferida por el Tribunal Superior de Valledupar, en relación con el cargo propuesto por el representante del Ministerio Público.

2. En consecuencia, MODIFICAR la pena de multa impuesta al acusado CELSO ALVARADO NAVARRO, que será de DOS MIL (2.000) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES.

3. En lo demás, permanece incólume el fallo.

4. Contra esta decisión no procede recurso alguno.

Cópiese, notifíquese, devuélvase al tribunal de origen y cúmplase».

(1) Auto del 18 de noviembre de 2009, radicado 32948.