Sentencia 36173 de mayo 4 de 2010

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad. 36173

Acta Nº 14

Magistrada Ponente:

Dra. Elsy del Pilar Cuello Calderón

Bogotá, D.C., cuatro de mayo de dos mil diez.

Se resuelve el recurso de casación interpuesto por la Empresa Arauca S.A., contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, el 28 de febrero de 2008, en el proceso ordinario laboral que le promovió Enrique Bohórquez Restrepo.

Antecedentes

El demandante solicitó declarar la existencia de un contrato realidad y condenar al pago indexado de las primas de servicio y de navidad, vacaciones, cesantía e intereses, indemnización por despido injusto, por el no pago de los salarios y prestaciones y por no haber practicado el examen médico de retiro, la sanción por falta de consignación de las cesantías en un fondo, los pagos a la seguridad social, pólizas de cumplimiento, dotaciones, auxilio de transporte, dominicales y festivos, así como la pensión sanción; en subsidio de ella, el pago de la totalidad de las cotizaciones, previo cálculo actuarial.

Anotó que con la demandada celebró un contrato de trabajo verbal, el 2 de mayo de 1989, como administrador de la agencia de Anserma Caldas; laboró hasta el 17 de abril de 2006, su último salario fue de $ 1.011.007, según certificado de ingresos y retenciones; en ejercicio de su cargo, cumplía las órdenes emitidas por la gerencia y subgerencia de la empresa, debía vender tiquetes para las rutas intermunicipales, responder por el servicio de encomiendas, recibo y despacho de buses, movimiento de ventas y consignaciones bancarias, por los servicios prestados por la empresa y el cuadre de la respectiva planilla, suscribir las actas de control periódico a la agencia, pagar impuestos y servicios públicos del local de la empresa y representarla judicial y administrativamente; “cumplir con los reemplazos de personal” y “permanecer con la agencia abierta al público” de 7 de la mañana a 7 de la noche, que tales labores las desarrolló en las instalaciones de la empresa y con elementos de ella; se le pagaba el 10% sobre los recaudos por la venta de tiquetes y encomiendas, sin incluir los descuentos por póliza de manejo y retención en la fuente.

Aclaró que el despido obedeció a la acción que los administradores de Tuluá y Manzanares instauraron contra la demandada, ante lo cual se llamó al demandante, el 4 de marzo de 2006, para que suscribiera dos documentos, uno denominado “manifestación voluntaria” y otro, “Acuerdo de concesión”, con el primero se le trataba como “revendedor independiente de tiquetes” y con el segundo “recibía en arrendamiento el local comercial”, y que como contraprestación obtendría uno o dos millones de pesos, de lo contrario debía entregar la agencia al respectivo visitador; por negarse a aceptar la oferta y dado el reclamo de sus prestaciones, a las que según la empresa no tenía derecho, el 17 de abril de 2006, hizo entrega del cargo a Jorge Salamanca Díaz.

La demandada, en su respuesta, negó la existencia de un contrato de trabajo, pues explicó que el demandante jamás recibió salario, sino “sumas de dinero generadas por el envío de encomiendas y por la reventa de tiquetería de viaje que la sociedad mencionada le suministraba para su expendio a los usuarios que —en los municipios de Anserma (Caldas) y de Istmina (Chocó)— utilizaban los vehículos afiliados a Empresa Arauca S.A.”; que su actividad siempre la realizó de manera independiente, “con circunstancial acatamiento a muy esporádicas instrucciones —generalmente por vía telefónica— y a circulares generales, pero sin que ni lo uno ni lo otro en manera alguna implicara obedecimiento de órdenes, ni cumplimiento de horario, ni subordinación ni dependencia”; añadió, en relación con las funciones desempeñadas, que nunca medió un “compromiso laboral” y que durante varios años expendió tiquetería de los vehículos afiliados a la Empresa Arauca y Autolegal; también admitió que mantenía tiquetería de la empresa y que en algunas ocasiones hacía el pago de arrendamiento de los locales de la empresa, pero no rendía informes, ni suscribía actas de visita, porque no había supervisor; tampoco que representara a la empresa ante las autoridades; que el horario de la terminal de transporte de Anserma no era el mismo para la reventa de los tiquetes; aseguró que el demandante recibía el 10% sobre el precio de cada tiquete, que él lo deducía, pero después, se hizo a través de cheques girados por la empresa; que entre el 15 de diciembre de 2000 y 15 de diciembre de 2001, recibió la oficina de Istmina, razón por la que la de Anserma, fue atendida por su esposa Teresa de Jesús Córdoba Ortíz; añadió que efectivamente convocó al demandante el 4 de marzo de 2006, pero para escuchar su versión en torno al contrato existente entre las partes y sus intenciones de demandar. Propuso las excepciones de prescripción, inexistencia del vínculo laboral y conducta concluyente del demandante, en relación con el comportamiento por él asumido cuando reclama unos presuntos derechos sociales, cobro de lo no debido; el consiguiente enriquecimiento sin causa y buena fe.

Decisiones de instancia

En sentencia del 24 de agosto de 2007, el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Manizales declaró probada la “excepción denominada inexistencia de vinculación laboral contractual interpartes y —por lo mismo— absoluta improcedencia por total carencia de derecho del demandante —para obtener a su favor y con cargo a la sociedad accionada el reconocimiento y pago de los créditos sociales que por la vía judicial— a través de este proceso reclama le sean satisfechos” y en consecuencia absolvió a la demandada de todas las pretensiones.

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Manizales revocó la sentencia de primera instancia y declaró la existencia de un contrato de trabajo, entre el 31 de diciembre de 1989 y el 17 de abril de 2006 y condenó a pagar $ 17.454,430 por cesantía $ 5.709.623 por intereses, $ 3.270.981 por primas de servicio, $ 2.102.802 por compensación de las vacaciones y los aportes al sistema de seguridad social en pensiones, por el mismo período, advirtiendo al demandante, que en los 5 días siguientes a la ejecutoria, debía señalar el régimen de pensiones al que deseara afiliarse, de lo contrario, la empresa lo hará. Absolvió a la demandada de las demás pretensiones.

Reseñó los documentos aportados por el actor, tales como licencias de funcionamiento de establecimiento de comercio, declaraciones de impuestos de industria y comercio, papelería relacionada con la venta de pasajes de transporte terrestre, el contrato de arrendamiento del inmueble, en el cual el demandante funge como representante de la empresa y arrendatario (fls. 3 a 122); examinó los elementos del contrato de trabajo referidos en el artículo 22 y 23 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el 1º de la Ley 50 de 1990, y consideró, contrario a lo expresado por el a quo, que son “múltiples” los medios probatorios que dan cuenta de la “prestación personal del servicio”, en especial se refirió a los testimonios de José Reinel Moreno (fl. 255), Jhon Fredy Moncada Trejos (fl. 258) y Alonso Escudero Echeverri (fl. 263), de quienes dijo, sostienen que el demandante sólo se ausentaba por autorización de la empresa, con el permiso del encargado de la oficina, cuando debía atender requerimientos de su empleadora; explicó que la prestación personal, tampoco la desconocieron los testigos de la empresa, quienes aceptaron “que era el actor el encargado de la venta de tiquetes en la oficina o “agencia” de Anserma”, que insinúan que era independiente, pero estimó el ad quem que a estas “declaraciones les falta solidez y reflejan ánimo de favorecer a su empresa empleadora”, tales son los testimonios de Luis Alfonso Martínez Ramírez (fl. 281), Jairo Antonio Atehortúa Meza (fls. 281 y 282), Germán Andrés Puerta Daza (fls. 283 a 284) Jaime de Jesús Londoño López (fls. 287 a 288), Elmer Gutiérrez Polo (fls. 288 a 290), Luz del Socorro Gómez (fls. 290 a 291) y José Alberto Meneses Restrepo (fl. 268); de ellos dijo que eran “sospechosos” pues se trataba de conductores que, de paso, visitaban la empresa en Anserma, otros laboraban en Manizales y no asistían a aquella ciudad o lo hacían de modo ocasional, y que contrariaron la afirmación de la propia demandada, atinente que el actor sólo dejó de prestar el servicio en Anserma, cuando atendió la oficina de Istmina (Chocó). Luego concluyó:

“Para este juez colegiado, como ya se dijo, otras pruebas del proceso, incluidas declaraciones, dan la certeza de una verdadera relación laboral que habría existido entre las partes. Nunca Empresa Arauca dejó de llevar la representación legal en Anserma por intermedio de Didio Emiro Peña Castellanos quien también lo es de manera general para la accionada. Los locales o instalaciones de la empresa en Anserma eran tomados en arrendamiento por la empresa y pagados los cánones por ella; así mismo Empresa Arauca pagaba los servicios y otras erogaciones. Existe certidumbre de que el demandante usaba uniforme de Empresa Arauca consistente en pantalón negro y camisa blanca, todos los días de la semana excepto en domingos y festivos. Denota esto último un grado de subordinación y dependencia, que no sería imaginable en un contratista civil o comercial, como lo quiere hacer ver la demandada con su cauda (sic) probatoria”.

Reafirmó su aserto con las declaraciones de José Reinel Moreno (fl. 255) y Jhon Fredy Moncada Trejos (fl. 258) y Alonso Escudero Echeverri (fl. 263), para concluir que se probó el primer elemento, “la prestación del servicio”.

En cuanto al segundo: la “subordinación”, sustentó su decisión en las documentales de folios 83 y 89 a 94, pues ante las autoridades municipales fungía como representante de la empresa; además los testigos al unísono señalan que el actor debía usar uniforme de la empresa, Alonso Escudero y Jhon Fredy Moncada Trejos (fls. 263 y 258) y que periódicamente enviaba un funcionario que realizara arqueo, versión que corrobora el visitador de agencias y oficinas, Jorge Enrique Salamanca Vargas (fl. 284).

En cuanto al tercer elemento “el salario”, señaló que la empresa pagó al accionante “comisiones y honorarios” y en la documental de folio 303, certificó los valores sujetos a retención en la fuente, efectuados por los años 2000 a 2005; dichas sumas son “genuinos salarios” como contraprestación por los servicios prestados a la empresa transportadora y luego dijo: “la consecuencia del anterior examen no puede ser otra que la declaración de la existencia de un contrato de trabajo entre las partes, por haberse encontrado demostrados los tres elementos que lo configuran en la relación que existió entre ellos”.

Para deducir los extremos aludió al interrogatorio del demandado quien expuso que conoció que el demandante era revendedor de tiquetes en Anserma “Desde el año 89 ó 90” (fl. 276) también mencionó que varios declarantes situaron, al actor en esa actividad, desde el año de 1989, entre ellos Jhon Fredy Trejos Moncada (fl. 258), y explicó que a falta de certeza de la fecha concreta, debía establecerse el extremo inicial, el 31 de diciembre de ese año, el final lo obtuvo del “Acta de recibo de unos documentos y valores” (fl. 9) del 17 de abril de 2006; el salario lo obtuvo de los certificados de retención de folios 306, 308 y 110 a 115. Consideró que las acreencias causadas con antelación al 30 de mayo de 2003, estaban afectadas por la prescripción.

El recurso de casación

La accionada pretende que se case totalmente la sentencia acusada, y en sede instancia, se confirme la decisión del a quo; con este objeto presenta un cargo, oportunamente replicado.

Cargo único

Acusa la sentencia de ser violatoria de la ley sustancial por la vía indirecta por aplicación indebida de los artículos 22, 23, 47, 127, 186, 190, 193, 218, 249, 253, 259, 306 y 488 del Código Sustantivo del Trabajo, en relación con el 24 de la misma obra; 1317 a 1319, 1321, 1322, 1325, 1330 y 1331 del Código de Comercio, violaciones a las que, dice, se llegó por inobservancia de los artículos 51 y 61 del Código de Procedimiento Laboral y de la Seguridad Social; 174, 175, 183, 251, 254 y 258 del Código de Procedimiento Civil, aplicables por mandato de los artículos 145, 51 y 55 del Código de Procedimiento Laboral y de la Seguridad Social. Atribuye los siguientes yerros al sentenciador:

“— Dar por demostrado, sin estarlo, que el actor prestaba servicios subordinados.

— No dar por demostrado estándolo, que el actor era un agente comercial”.

Cita como pruebas dejadas de apreciar: La carta del 18 de diciembre 2003, dirigida por el actor al gerente de la Empresa Arauca S.A. (fl. 199), oficio de respuesta de la Secretaría de Gobierno Municipal de Anserma, Caldas (fls. 238 y 239), oficios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del municipio de Anserma, Caldas; de la Empresa Arauca S.A. y de la Empresa Autolegal S.A. (fls. 240, 301, 302 y 315); carpeta Nº “36173” que contiene documentos marcados así: “abril a diciembre año 2001”, “1996-1997” y “Enero a diciembre 2004”, el interrogatorio absuelto por el actor (fls. 277 y “2807”- (sic)), y el testimonio de Eugenio González Giraldo (fls. 282 y 283).

Como erróneamente estimados, cita el acta de recibo de documentos y valores (fls. 8 y 9), las licencias de funcionamiento (fls. 14 a 19), las declaraciones de impuestos de industria y comercio (fls. 22 a 40), el acta de visita física (fl. 41), comprobante (libro de viaje) de folio 49, constancia de la Tesorería de Anserma, Caldas (fl. 76), cartas de la empresa al actor (fls. 83, 84 a 91), póliza de seguro del demandante como agente (fls. 99 a 101), constancia de la empresa de folio 107, interrogatorio de la demandada (fls. 276 a 277), testimonios de José Reinel Moreno (fls. 255 a 258), John Fredy Moncada Trejos (fls. 258 a 263), Alfonso Escudero Echeverri (fls. 263 a 266), Carlos Enrique Cardona Cano (fls. 267 y 268), José Alberto Meneses Restrepo (fls. 268 a 270), Luis Alfonso Martínez Ramírez (fl. 281), Jairo Antonio Atehortúa (fls. 281 y 282), Germán Andrés Puerta (fls. 283 a 284), Jorge Enrique Salamanca Vargas (fls. 284 a 286), Jaime de Jesús Londoño López (fls. 287 a 288), Elmer Gutiérrez Polo (folios 288 a 290) y Luz del Socorro Gómez G. (folios 290 y 291).

Señala que:

“En este orden de ideas, la carta que el actor le dirige al gerente de la demandada el 18 de diciembre 2003 (fl.199) es prueba irrefutable de su independencia como agente al informarle al representante legal de la demandada y dolerse a la vez en relación con otra venta de pasajes o agenciamiento que realizaba simultáneamente mientras era agente para la venta de pasajes y encomiendas de la demandada”.

(...).

“Lo expresado por el señor Bohórquez es confesión y fiel reflejo de su realidad como independiente al afirmar: “Yo con todo mi derecho”, reclamo al estar prestando servicios tanto a la demandada como a la empresa Autolegal S.A. en su calidad de agente independiente al perder una agencia, hecho que igualmente aparece ratificado por la empresa Autolegal S.A. al responder el oficio al juzgado (visible al folio 315 denunciado como no estimado) y que dice (...).

“No puede llamarse a engaño el demandante y menos el ad quem para decir que el señor Bohórquez desconocía desde siempre la manera independiente y autónoma como prestaba sus servicios vendiendo exclusivamente pasajes, recibiendo y despachando encomiendas por las que recibía una comisión, todo ello, sin sujeción a horarios ni recibiendo ni dando órdenes porque, además, mientras la sede y administración de Empresa Arauca S.A. es y ha sido siempre Manizales, en Anserma el actor se encontraba fuera todo (sic) control físico y conceptual posible no solo porque esa ciudad no es ni ha sido nunca estación de salida ni de llegada de los vehículos que cubran las rutas sino, simplemente, porque es un municipio por donde pasan las rutas en sus desplazamientos hacia sus destinos, potísima como elemental razón para que el agente, en este caso el señor Bohórquez, no requería cumplir turnos ni horarios, recibir ni dar órdenes en tanto que su actividad se circunscribió a promover como agente la venta de los pasajes para los desplazamientos intermedios y por las encomiendas, actividades que no demandan tiempos ni horarios preestablecidos dentro del concepto en que se dan estos elementos de la subordinación, sin que el agente esté relevado de atender las obligaciones propias, entre ellas, consignar los dineros que recibe, elaborar las relaciones de ventas y encomiendas, elementales actividades que no encierran dependencia ni subordinación continuada como erróneamente lo entendió el tribunal para deducir una relación de trabajo.

“Tampoco le asiste razón al sentenciador de segundo grado al deducir, sin causa ni razón, que el demandante Bohórquez era trabajador dependiente o subordinado echando mano a las licencias de funcionamiento y las declaraciones de industria y comercio que aparecen en los folios 14 a 19 y 22 a 40 del cuaderno principal (denunciadas como indebidamente valoradas) que nada prueban. (...) porque ninguna de las licencias ni de las declaraciones de industria y comercio sugiere ni tienen el sustento ni la calidad para poder sostener que el actor prestaba servicios subordinados, es más, ninguna de ellas mencionan al actor, todo lo cual ampara la insistencia en que de nada sirven para “demostrar los fundamentos fácticos de su demanda” como lo insinúa el sentenciador de segundo grado.

“Al contrario, esas documentales y las comunicaciones que obran a los folios 238, 239 y 240 del informativo principal (tampoco tenidas en cuenta en su valoración por el sentenciador) que son las respuestas dadas a los oficios por la Secretaría de Gobierno y de Hacienda y Crédito Público del municipio de Anserma, Caldas, integran un acervo completo y expreso en post de la acreditación de la independencia del agente para atender sus obligaciones. Esto dicen los oficios en cita: (...)”.

(...).

“Estos documentos transcritos y dejados de estimar desvirtúan de tajo la temeraria afirmación que hiciera el ad quem insistiendo en que el actor era subordinado”(...).

(...).

“Lo indicado resulta sustancialmente congruente frente al interrogatorio de parte absuelto por el representante legal de la Empresa Arauca S.A. e indebidamente estimada (interrogatorio donde las preguntas se formularon por escrito y las respuestas aparecen aparte sin copias las preguntas y que coincidan unas con otras), por su coherencia, coincidencia y consistencia en que el actor no era trabajador ni administrador en Anserma; que el revendía pasajes por los cuales la empresa le hacía un descuento y/o le reconocía una comisión; que nunca se le dieron instrucciones ni estuvo bajo la dependencia de la empresa; que el actor realizaba su actividad con autonomía; explicando que la empresa no tiene servicios locales en Anserma, que todos los vehículos que por allí pasan van de tránsito; aceptando que el actor debía consignar los dineros de la reventa de tiquetes para así poder obtener un nuevo stock de tiquetes; que anteriormente el demandante compraba anticipadamente los tiquetes y algunas veces se le concedió descuento por ello; se acepta que parcialmente pagaba servicios pero niega que siempre haya colaborado en la compra de repuestos o en desvarar vehículos porque de ello se encarga el jefe de mantenimiento de Manizales quien le da a los conductores las instrucciones de lo que se debe hacer, los almacenes donde deben dirigirse para adquirir repuestos y, cuando se hace necesario les sugiere al mecánico que debe contactar y contratar según la ubicación del vehículo porque en la mayoría de los casos viajan desde Manizales, sin que el actor tuviera autorización para tales actuaciones ni ellas se le exigieron; que la empresa usualmente cancelaba los impuestos directamente a través de personal directo, salvo contadas excepciones; que jamás la empresa delegó la representación legal; que si bien se presentan accidentes esporádicamente los conductores tienen instrucciones de la oficina jurídica de cómo actuar, llevan desde la iniciación del viaje dineros para gastos y viáticos en caso de imprevistos, que saben y están instruidos de los procedimientos a seguir, tomando fotos, datos de testigos, informando a jurídica y en caso de lesionados la abogada de la empresa se moviliza con los demás funcionarios que sean necesarios e igual se procede en caso de incineración o atraco de vehículos, actividades en que nada tienen que ver el agente que solo vende tiquetes sin que tenga que intervenir ni se le exige; que el demandante no tenía que cumplir comisiones ni traslados y que su estadía en Istmina obedeció a que él quería ensayar como agente en esa ciudad manteniendo la de Anserma y dejándola a cargo de su señora esposa; que al no ser trabajador no estuvo afiliado en la seguridad social; que la empresa no dio por terminado ningún contrato, menos de trabajo y que no se pagaron prestaciones sociales. Todas estas precisiones refuerzan integralmente toda la prueba en un mismo sentido para demostrar la forma y calidad de los servicios que atendía el actor como independiente y el sentenciador dejó de apreciar”.

Agrega que la carpeta “36173”, marcada de “abril a diciembre de año 2001”, hace una relación diaria de despacho de encomiendas y buses en cuyo encabezamiento como taquillero, figura Teresa Córdoba, lo que indica que mientras estuvo en Istmina dejó a su cónyuge en Anserma; luego se refiere al interrogatorio del demandante, para resaltar la contradicción de su dicho respeto de las visitas realizadas por la empresa, cada 6 meses, con lo que obra en el expediente, pues sólo aparecen 5 arqueos en 17 años; también destaca que confesó que su esposa lo reemplazó, “aunque condicionó su respuesta diciendo “y los hacía a razón de que yo me ausentaba a consignar o hacer las respectivas diligencias en la oficina de tránsito y transportes, citaciones de la alcaldía para determinar el funcionamiento de la empresa en la terminal y en una ocasión la gerencia me ordenó trasladarme a la ciudad de Istmina Chocó que fue el 15 de diciembre de 2000, entonces con la autorización de la gerencia dejé un reemplazo en la oficina de Anserma, y dejé a mi señora esposa, ... sin quitarme la responsabilidad de la agencia de Anserma...”.

Asegura que el demandante en la respuesta del folio 279 confiesa que no llevaba libros contables, sin embargo sostiene que se quedaba después de las 7 de la noche, en el cuadre del movimiento del día y la consignación para el siguiente, con la autorización de Helmer Gutiérrez, lo que jamás podía darse, ya que cuando él se refiere a los “libros”, se trata es del “libro de viaje”; en relación con los descuentos del 10%, indica que en el mismo folio aceptó que inicialmente los descontaba con autorización del contador y que luego la empresa los giraba a través de cheque, sin que haya respaldo en este sentido, ni en el horario, pues en Anserma no hay quien controle su ingreso o salida, tampoco estaba obligado a cumplir un reglamento; que reconoce la retención en la fuente y la exigencia de pólizas y la dotación una vez al año “o les tocaba comprarla”, lo que indica que el demandante atendió sus obligaciones “de manera estable como encargo de promover el negocio consistente en la venta de tiquetes y el manejo de las encomiendas dentro de una zona como agente de un empresario (Empresa Arauca S.A) se denomina genéricamente agente, modalidad que le permite a los contratantes pactar o no exclusividad, quedando obligado el agente a cumplir el encargo conforme con las instrucciones recibidas y rendir los informes, cuentas relativas con el encargo y a percibir la remuneración, son las previstas por el legislador” en los artículos 1317 a 1320 del Código del Comercio.

Anota que el acta de folios 8 a 9 y 41, sólo demuestra el listado de tiquetes en poder del demandante, igual los comprobantes denominados libros de viaje, de aforo de encomiendas, la relación diaria de despacho de buses y de encomiendas, etc., que son obligaciones que se atienden en cualquier contrato, sin que puedan constituir subordinación.

Agrega que las órdenes de folios 83 y 89 a 94, no son de trabajo pues con la primera se remitió formulario de industria y comercio, que debía ser devuelto; en el folio 84, se le solicitó otorgar póliza entre febrero de 1995 y 1996, y en la carta del 13 de diciembre de 2001, folio 87, se le solicitó la entrega de tiquetes, que no sirve para sostener que quien la reciba sea un dependiente; que el documento de folios 90 a 91 es una circular del 16 de octubre de 1994, en la que de manera general se sugieren medidas para evitar problemas con las encomiendas; la póliza de folios 3 a 122 no predica una actividad subordinada; las certificaciones de folios 103 a 106 y 109 a 114, relacionadas con ingresos por comisiones y las constancias del 10 y 18 de mayo de 2000, reafirman una actividad comercial. Se refiere luego a la prueba testimonial.

La réplica

En síntesis sostiene que la relación del demandante con la demandada fue de naturaleza laboral y no simplemente comercial y que los medios probatorios denunciados por el recurrente, no logran evidenciar un desatino ostensible, amén del acertado examen que realizó el tribunal.

Se considera

Se procede al examen de las pruebas acusadas en el único cargo formulado, y al efecto se encuentra:

La carta vista a folio 199, enviada por el actor al representante legal de la demandada, textualmente dice: “En el día de hoy 18 de diciembre de 2003 a las 12:30 p.m. se presentó en la oficina de la Empresa Autolegal S.A., los señores Gonzalo Mejía administrador y el señor Jairo Pérez auxiliar de contabilidad con el fin de retirar la oficina de la taquilla que le fue arrendada a la Empresa Arauca S.A. por el municipio de Anserma Caldas.

Yo con todo mi derecho, le pregunto al señor Gonzalo Mejía del porqué dicha determinación, respondiéndome el señor administrador, que en parte por varias quejas de los conductores y el cual manifestaban que yo prefiero a la Empresa Arauca que la Autolegal vendiendo mas pasajes para Manizales, Arauca y Risaralda que a la Empresa Autolegal y que además como yo no les había querido firmar lo constitución de una sociedad familiar que eso lo habían tenían en cuenta para el retiro de dicha oficina (sic)”.

De esa documental no surge de modo inequívoco el hecho pretendido, de haber realizado el demandante, una labor de venta de tiquetes de manera independiente o autónoma, es decir, no desvirtúa la inferencia del tribunal obtenida especialmente de la prueba testimonial, amén de que en aquella comunicación no aparecen las condiciones en las cuales se ejecutó el contrato que ligó a las partes. Además corresponde anotar que el accionante resaltó en ese documento, las explicaciones que dice le ofreció Gonzalo Mejía, sin que así se constituya en aceptación de su parte, cuando lo que hizo fue manifestar su inconformidad con la determinación del citado Mejía.

El oficio de folio 301, enviado por la empresa al juzgado, proviene de esa parte interesada en el resultado del proceso, además que reitera los hechos argüidos por ella en la respuesta a la demanda y en nada contribuyen a derribar la sentencia atacada; igual ocurre con el oficio de la Secretaría de Hacienda de Anserma (fl. 240) que niega el ejercicio como representante legal del demandante, para atribuirlo a Didio Emiro Peña, sin que destruya la conclusión del ad quem, que no reside en este tipo de representación.

Tampoco se deduce confesión en los términos del artículo 195 del Código de Procedimiento Civil, del interrogatorio absuelto por el demandante, en tanto no existe la manifestación de un hecho con consecuencias adversas a él o que favorezca al accionado, al decir que: “don Ramiro que era el que trabajaba allá (en la oficina de Istmina) y resultó descuadrado entones me llamaron a mí para que me fuera por dos meses y me acomodaron un año” y al anotar respecto de la dotación que: “Eso nos mandaban si puede llamarse dotación una vez al año, y consistía en un pantalón negro, una camisa blanca y una corbata color negra, con el logotipo de la empresa Arauca S.A, como era tan poca la dotación, de bolsillo de nosotros nos tocaba comprarla para el uso de los otros días con la frecuencia de que se usaba por lo regular era de lunes a sábado, domingos y festivos ropa sport”.

Tales aseveraciones, que se repite, no constituyen confesión tampoco desconocen la inferencia del tribunal, en cuanto a que el actor debió, por indicación, de la empresa trasladarse a la ciudad de Istmina y que quedó en su reemplazo, su esposa, o respecto del suministro y uso de uniforme de la empresa, para cumplir las actividades propias del movimiento de la oficina, tales como consignaciones e informes de hora de salida de vehículos.

La licencia de funcionamiento (fls. 14 a 19), el acta de recibo de los tiquetes, bienes, ventas y papelería del 17 de abril de 2006 (fls. 8 y 9), las declaraciones de industria y comercio (fl. 33), la constancia de la tesorería sobre la existencia del establecimiento de comercio (fl. 76), tampoco llevan al quebranto del soporte de la sentencia, respecto de que “Los locales o instalaciones de la empresa en Anserma eran tomados en arrendamiento por la empresa y pagados los cánones por ella; así mismo Empresa Arauca pagaba los servicios y otras erogaciones”; ello no es ajeno al contrato de trabajo, más bien, inherente a él, que el empleador sea propietario del establecimiento en el que se desarrolle la labor, lo maneje y direccione.

Las pólizas que constituyó el accionante, por orden de la empresa, folios 99 a 101, no conducen a demostrar un error ostensible, puesto que bien podía el juzgador, como lo hizo, hallar probada con otros medios una realidad distinta a la que podía surgir de esa póliza u otra documental, que en apariencia fuera característica de otro tipo de vinculación, diferente de la laboral.

Las documentales de folios 83 a 101 corresponden a comunicaciones entre la empresa y el actor, sobre las actividades que él realizaba como remisión a la empresa del formulario de industria y comercio, la orden para que otorgue póliza de fianza y manejo, solicitud de entrega de tiquetes, tampoco pueden llevar a la ineludible independencia o autonomía que se predica en el cargo; en ese sentido la circular del 16 de octubre de 1994 (fl. 89), a través de la cual “La gerencia de la empresa hace conocer las instrucciones, prohibiciones que se describen a continuación” en el manejo de recibo y entrega de encomiendas, contiene precisamente unas directrices; las actas de visita de folio 41 y las 5 señaladas por la censura en el cuaderno “36173” “1996 y 1997” “abril a diciembre de 2001” “enero a diciembre de 2004”, dan cuenta de que la empresa pidió informes en esas fechas, pero no descarta de tajo que lo hubiera hecho en otras oportunidades.

En conclusión no se demostró yerro manifiesto con capacidad de destruir las inferencias obtenidas por el sentenciador, en relación con la vinculación laboral del demandante, y por lo tanto no procede el análisis de los testimonios por ser pruebas no calificadas en casación (L. 16/69, art. 7º).

Costas a cargo de la parte recurrente.

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 28 de febrero de 2008, por el Tribunal Superior de Manizales, Sala Laboral, en el proceso promovido por el señor Enrique Bohórquez Restrepo contra la Empresa Arauca S.A.

Costas en el recurso de casación a cargo de la parte recurrente.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase al tribunal de origen.

Magistrados: Elsy del Pilar Cuello Calderón—Gustavo José Gnecco Mendoza—Eduardo López Villegas—Luis Javier Osorio López—Francisco Javier Ricaurte Gómez—Camilo Tarquino Gallego.