SENTENCIA 36174 DE JULIO 08 DE 2009

 

Sentencia 36174 de julio 8 de 2009 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

EXTRACTOS: «Sea lo primero poner de presente, que por riesgo profesional debe entenderse la amenaza, contingencia o probabilidad de un daño en el cuerpo o en la salud a que se encuentra expuesto el trabajador, a consecuencia o con ocasión de la actividad encomendada; por lo que se constituye en la base de la responsabilidad imputable al empleador, cuando hay incumplimiento de sus obligaciones y con ello el acaecimiento de un accidente o una enfermedad profesional, que resultan siendo la fuente del resarcimiento de perjuicios y de la asistencia médica, farmacéutica y hospitalaria, por la lesión anímica o corporal que puede experimentar el subordinado.

Ahora bien, dado el sendero escogido por la censura, quedan incólumes, entre otras, las siguientes conclusiones fácticas a que arribó el Tribunal: a) Que entre las partes existió un contrato de trabajo; b) Que este se inició el 25 de febrero de 2002; c) Que ese mismo día el actor sufrió un accidente de trabajo estando al servicio del demandado, como consecuencia del cual quedó inválido, pues se le dictaminó una pérdida de su capacidad laboral del 68.7%, estructurada en esa fecha, y d) Que su empleador no lo afilió a una administradora de riesgos profesionales.

Como pudo verse, los cargos están orientados a que se determine jurídicamente, que como la cobertura del sistema de riesgos profesionales, no se inicia sino hasta el día siguiente calendario a la afiliación, conforme a lo dispuesto en el literal k del artículo 4º del Decreto 1295 de 1994, por haber ocurrido el accidente en que se invalidó el demandante, el mismo día en que empezó a trabajar, al accionado no puede imputársele el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez de origen profesional deprecada, pues si a ello no está obligada la administradora, tampoco puede estarlo el empleador.

Visto lo anterior, para la Sala no son acertados los cuestionamientos jurídicos que la parte recurrente le hace a la sentencia impugnada, por cuanto en el sistema laboral colombiano la responsabilidad por los riesgos profesionales en principio, está a cargo del empleador y surge desde el inicio de la relación laboral, quien para liberarse de ella la debe asegurar en las administradoras de riesgos profesionales, mediante la afiliación de sus trabajadores a estas, cumpliendo con el pago de las correspondientes cotizaciones; para que a su vez tales entidades se responsabilicen y reconozcan las prestaciones económicas y asistenciales por los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que se presenten.

Mientras no ocurra la afiliación, o por expresa regulación legal la cobertura del sistema para tales administradoras no se inicie a partir del mismo momento de la afiliación, como es el caso de lo dispuesto el literal k del artículo 4º de Decreto 1295 de 1994, según el cual estas solo cubren el riesgo hasta el día calendario siguiente al de la afiliación; es el empleador quien debe asumir la responsabilidad en materia de riesgos profesionales.

Ello es así, dado que el sistema de riesgos profesionales está concebido esencialmente como de aseguramiento, en el cual el tomador del seguro es el empleador, y por ello la decisión de escoger la entidad que debe cubrir los riesgos le corresponde exclusivamente a él; la aseguradora es la ARP; los asegurados son los trabajadores; los beneficiarios del seguro son los mismos trabajadores o su núcleo familiar; la prima de aseguramiento, es la cotización que debe asumir exclusivamente el empleador; el riesgo asegurado es la contingencia producto del accidente de trabajo o la enfermedad profesional; y por último los beneficios en caso de presentarse el siniestro, lo son las prestaciones asistenciales y económicas a que tienen derecho los trabajadores que sufren los percances, o en caso de muerte sus causahabientes beneficiarios señalados en la ley.

Por lo tanto, se ha de entender que a diferencia del sistema general de pensiones, el de riesgos profesionales tiene por finalidad cubrir una contingencia que corresponde íntegramente al empleador y que surge desde el mismo momento en que se inicia la relación de trabajo, debido a que es él quien debe responder por el riesgo creado con su actividad empresarial y por ser quien obtiene el provecho de la labor que desarrolla el trabajador, con el que procura el éxito de la empresa.

Dicho sistema, valga decirlo, se apoya en la responsabilidad objetiva, que tiene como fundamento el riesgo creado por el empleador, por lo que las prestaciones que deban pagarse al trabajador o eventualmente a su familia por la ocurrencia de un accidente de trabajo o enfermedad profesional, no dependen en grado alguno de la culpa del empleador, sino que por el contrario surgen de una obligación objetiva de reparación, derivada del beneficio que a este le reporta la labor desarrollada por el trabajador.

En conclusión, una cosa es la responsabilidad de las ARP y el momento en que para ellas se inicia la cobertura del sistema de riesgos profesionales, que como atrás se dijo, según lo dispuesto en el literal k del artículo 4º del Decreto 1295 de 1994 empieza el día calendario siguiente al de la afiliación, y otra muy distinta la responsabilidad del empleador, quien debe asumir el riesgo y el reconocimiento de las prestaciones asistenciales y económicas derivadas de la ocurrencia de un accidente de trabajo o enfermedad profesional, se reitera, desde el preciso instante en que se inicia la relación laboral.

Así las cosas, el juez colegiado no incurrió en los errores jurídicos que le enrostra la censura, y por tanto los cargos no prosperan».

(Sentencia de casación, 8 de julio de 2009. Radicación 36174. Magistrado Ponente: Dr. Luis Javier Osorio López).

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