Sentencia 3624 de octubre 21 de 2005 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Rad. interna 3624

Rad.: 110010328000200400035-01

Consejera Ponente:

Dra. María Nohemí Hernández Pinzón

Bogotá, D.C., veintiuno de octubre de dos mil cinco.

Actor: Adonai Caro Puin

Demandado: Consejo Nacional Electoral

Electoral - Fallo de única instancia

EXTRACTOS: «Consideraciones

Decide la Sala en única instancia, la acción de nulidad impetrada por el ciudadano Adonai Caro Puin, actuando a través de apoderada, contra el acto administrativo que improbó su nombramiento como registrador distrital 0025-07.

La parte actora acusa el acto demandado de violar los artículos 40 y 43 del Código Electoral, el artículo 1º del Decreto 2450 de 1979, el artículo 6º del Decreto 1011 del 2000, los artículos 23, 28, 35, 44 y 76 del Código Contencioso Administrativo e igualmente, los artículos 2º, 13, 25, 40, 53, 127 y 209 de la Constitución Nacional. Lo anterior, por cuanto el Consejo Nacional Electoral improbó su nombramiento, por no contar con el aval del Partido Liberal, pese a que cumplía los requisitos legales exigidos, particularmente el de la certificación de su filiación política, esgrimiendo para ello, motivos partidistas o grupistas, ajenos al ordenamiento constitucional y legal.

Por su parte la entidad demandada sostiene que esa corporación tiene dos criterios para aprobar los nombramientos señalados en el numeral quinto del artículo 12 del Código Electoral, a saber:

Criterio legal: El aspirante al cargo de registrador distrital debe acreditar los requisitos de formación (sic) académica y experiencia consagrados en el artículo 21 de la Resolución 6053 de 2000 expedida por el Registrador Nacional del Estado Civil.

Criterio político: El Consejo Nacional Electoral tiene la convicción de que el aspirante al cargo de registrador distrital debe cumplir con el aval expedido por la Dirección Nacional Liberal, requisito que no reunió el señor Caro Puin, pues uno solo de los codirectores de ese partido respaldó al aspirante al cargo mencionado (resaltado en el texto)”.

De acuerdo con lo anterior, el problema jurídico que debe resolver la Sala dentro del presente asunto, se contrae a determinar si, como lo afirma el Consejo Nacional Electoral, para la aprobación del nombramiento del Registrador Distrital de Bogotá, es necesario que la persona a designar cuente con el aval del partido político al que se encuentra afiliada o, si dicha exigencia viola las normas invocadas en libelo de demanda.

Para proveer, la Sala procede en primer lugar a determinar la naturaleza jurídica del cargo de registrador distrital, posteriormente, se precisarán las nociones de aval político y filiación partidista y sus implicaciones dentro del caso bajo análisis.

1. Naturaleza jurídica del cargo de registrador distrital.

En los términos del artículo 9º del Código Electoral, los registradores distritales integran la organización electoral, junto con el Consejo Nacional Electoral, el Registrador Nacional del Estado Civil, los delegados del Registrador Nacional, los registradores municipales y auxiliares y sus delegados.

En efecto, el artículo 40 del Código Electoral establece:

“En el Distrito Especial de Bogotá, habrá dos (2) registradores distritales de filiación política distinta, quienes tendrán la responsabilidad y vigilancia de la organización electoral, lo mismo que del funcionamiento de las dependencias de la Registraduría Distrital”.

El capítulo V del Código Electoral, artículos 40 a 46, establecen de manera precisa el régimen jurídico al cual están sometidos dichos funcionarios, consagrando expresamente las calidades (art. 43), incompatibilidades (art. 44) e inhabilidades (art. 45) que deben observarse para la provisión de dichos cargos.

De acuerdo con las normas citadas, los registradores distritales deberán tener las mismas calidades de los delegados del Registrador Nacional del Estado Civil, no podrán ser miembros de corporaciones públicas durante el ejercicio de sus funciones ni dentro de los seis meses siguientes al día en que haya cesado el desempeño de su cargo y dicho nombramiento no puede recaer en quienes hayan sido elegidos para cargos de elección, popular, o hubieren actuado como miembros de directorios políticos en los dos años anteriores a su designación, o tengan vínculos de parentesco con el Registrador Nacional del Estado Civil, o con alguno de los miembros del Consejo Nacional Electoral.

Las funciones que desarrollan los registradores distritales están consagradas de manera expresa en el artículo 41 del Código Electoral, el cual les otorga la facultad de celebrar contratos, nombrar los registradores auxiliares, disponer los movimientos de personal, autorizar el pago de sueldos, instruir al personal sobre las funciones que le competen, resolver consultas sobre materia electoral, disponer la preparación de cédulas y tarjetas de identidad, atender y vigilar la preparación y realización de las elecciones, nombrar jurados de votación, actuar como clavero de la correspondiente arca triclave, entre otras.

El trámite para el nombramiento de los registradores distritales, está previsto en los artículos 26, numeral 8º Código Electoral y 12, numeral 5º del mismo ordenamiento los cuales disponen:

ART. 26.—El Registrador Nacional del Estado Civil tendrá las siguientes funciones:

(...).

8. Nombrar al ... y registradores distritales de Bogotá, con aprobación del Consejo Nacional Electoral.

ART. 12.—El Consejo Nacional Electoral ejercerá las siguientes funciones:

5. Aprobar los nombramientos de secretario general, visitadores nacionales delegados del Registrador Nacional del Estado Civil y, registradores distritales de Bogotá.

Pese a que el capítulo V del Código Electoral, artículos 40 a 46, no ha sido actualizado de acuerdo con las reformas que a nivel constitucional y legal se han adoptado en materia electoral, es preciso tener en cuenta que el artículo 260 de la Constitución Nacional, reformado por el Acto Legislativo 01 de 2003, establece que la Registraduría Nacional estará conformada por servidores públicos que pertenezcan a una carrera administrativa especial (que aún no ha sido desarrollada ni implementada) a la cual se ingresará exclusivamente por concurso de méritos y que preverá el retiro flexible de conformidad con las necesidades del servicio.

En esas condiciones, la Sala concluye que el registrador distrital es un servidor público, que previo el cumplimiento de los requisitos legales previstos para el cargo, es nombrado por la Registradora Nacional del Estado Civil, con la aprobación del Consejo Nacional Electoral, es decir, que este cargo no se provee a través del mecanismo de la elección popular.

2. La noción de aval político.

La citada noción está contemplada en el título IV, capítulo 2, artículo 108 de la Constitución Nacional, de una parte, como un derecho de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica reconocida, a respaldar la inscripción de candidatos a elecciones sin requisito adicional alguno. De otra parte, el aval es considerado por dicha norma, como una exigencia que deberán cumplir quienes aspiren a participar en las justas electorales de elección popular, en representación de un partido o movimiento político.

Así lo establece el citado artículo, que en el aparte pertinente dice:

“Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica reconocida podrán inscribir candidatos a elecciones sin requisito adicional alguno.

Dicha inscripción deberá ser avalada para los mismos efectos por el respectivo representante legal del partido o movimiento o por quien él delegue”.

En el mismo sentido, el artículo 9º de la Ley 130 de 1994, establece:

“ART. 9º—Designación y postulación de candidatos. Los partidos y movimientos políticos, con personería jurídica reconocida, podrán postular candidatos a cualquier cargo de elección popular sin requisito adicional alguno.

La inscripción deberá ser avalada para los mismos efectos por el respectivo representante legal del partido o movimiento o por quien él delegue”.

De otra parte, la jurisprudencia de la corporación (1) ha definido el aval en los siguientes términos:

“La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado (2) , señaló que el aval “consiste en la garantía que un partido o movimiento político expide a un candidato, para dar fe de su pertenencia al partido y que, en tal condición, goza del reconocimiento de buenas condiciones de moralidad, honestidad y decoro al punto que puede presentar su candidatura a consideración del electorado. Constituye, por tanto, para el partido, un mecanismo de consolidación de su autoridad y disciplina, en la medida en que tiene la potestad de autorizar y convalidar las aspiraciones de sus integrantes frente al electorado y, de otra, el compromiso de su responsabilidad ante sus miembros a quienes asegura la pertenencia del candidato a sus filas y la condición ética del mismo”. En resumen, el aval es un requisito necesario para la inscripción de candidatos a cargos de elección popular, se otorga por escrito firmado por el representante legal del partido o movimiento político, o por quien, él delegue, y debe ser presentado al momento de la inscripción de los candidatos ante la autoridad electoral respectiva, de lo cual se dejará constancia en el acta de inscripción. El aval constituye un mecanismo de control ético de los partidos y movimientos políticos y su otorgamiento expresa reconocimiento de moralidad, corrección y decoro personal del avalado. Constituye garantía de las calidades del avalado frente a la organización electoral y los electores (resalta la Sala).

De acuerdo con los anteriores criterios, el aval constituye una garantía que otorga un partido o movimiento político a los candidatos a cargos de elección popular, quienes en virtud del mismo, se convierten en voceros de las ideas y programa de dicho partido, en la perspectiva de aplicarlos en la gestión de los asuntos públicos correspondientes al cargo a cuya elección se aspire.

Cabe resaltar, que en ninguno de los criterios anteriormente citados, se identifica el aval como una condición a cumplir por quienes aspiren a ocupar cualquier cargo público, sino que dicha exigencia está limitada de manera exclusiva para quienes aspiren a ejercer cargos de elección popular en nombre de un partido o movimiento político.

3. La filiación partidista.

La posibilidad de formar parte de agrupaciones o partidos políticos es considerada como un derecho fundamental de la persona (3) , consagrado en el artículo 40 numeral 3º de la Constitución Nacional. En el mismo sentido, el artículo 107 de la Carta Política, garantiza a todos los ciudadanos el derecho de asociación, filiación y participación en los partidos y movimientos políticos. La citada norma textualmente reconoce a los ciudadanos “la libertad de afiliarse a ellos o de retirarse”.

En esas condiciones, la libertad de afiliarse a un partido político, hace parte del ejercicio de los derechos políticos en virtud de la cual, el ciudadano expresa de manera libre y autónoma, su voluntad de ingresar a un determinado movimiento o partido político.

No obstante, el citado derecho ha sido limitado por el inciso segundo del artículo 107 de la Constitución Nacional, norma según la cual “En ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político”. El derecho a la afiliación política se halla consagrado expresamente en el artículo 10 de la Ley 130 de 1994, estableciendo claramente que para ser considerado como afiliado a un partido político, el ciudadano debe expresar de manera clara su voluntad de afiliarse ante la organización del partido.

Textualmente la citada norma prescribe:

“Son afiliados aquellos ciudadanos que voluntariamente inscriben su nombre ante la organización del partido como miembros de dichas agrupaciones políticas”.

De esta manera, corresponderá a la respectiva agrupación política certificar la afiliación de aquellos ciudadanos que han manifestado expresamente su deseo de ingresar al correspondiente movimiento o partido y que permanecen en él.

Cabe resaltar, que el aval y la filiación política son dos conceptos diferentes, razón por la cual no es viable legalmente, trastocar la exigencia del uno por la otra o viceversa, así mientras que la filiación política hace referencia a la militancia en un partido político, producto de la voluntad autónoma del ciudadano de participar en la actividad política como miembro de un partido o movimiento, el aval por su parte, implica la expresión de una doble voluntad, de un lado, la del militante que desea conformar el poder político aspirando a ser candidato a un cargo de elección popular en nombre del partido o movimiento al cual pertenece, y de otro lado, la del respectivo representante legal del partido o de la persona a quien este delegue (L. 130/94, art. 9º), quien al expresar su respaldo al candidato, en sus aspiraciones a ocupar cargos de elección popular, en nombre de la agrupación política correspondiente, está garantizando las calidades de moralidad, corrección y decoro personal del avalado, al igual que su pertenencia al partido o movimiento político.

También es conveniente precisar, que mientras que el aval constituye un requisito esencial para acceder exclusivamente a cargos públicos de elección popular, la filiación política muy excepcionalmente es exigible para proveer ciertos cargos públicos, diferentes a los de elección popular.

Así las cosas, resulta jurídicamente desacertado y abiertamente contrario a derecho, exigir el aval partidista a quienes aspiren a ocupar cargos públicos que no correspondan a aquellos de elección popular.

Dicha exigencia, vulnera de paso el derecho fundamental a acceder a la conformación del poder político, previsto en el artículo 40 de la Constitución Nacional, en tratándose de cargos públicos que sin ser de elección popular también conforman dicho poder. En este sentido la Corte Constitucional ha señalado:

“Desde la Declaración universal de los derechos del hombre y del ciudadano, proclamada en 1789 por la Asamblea Nacional Francesa, se plasmó, como derecho del ciudadano, el de ser admitido a todas las dignidades, puestos y empleos públicos, según sus capacidades y sin otro criterio de distinción que el derivado de sus virtudes y de sus talentos (2) , principio ratificado por el artículo 23 de la Convención americana sobre derechos humanos (Pacto de San José de Costa Rica) cuando declaró en 1969 que todo ciudadano debe gozar del derecho y la oportunidad de “tener acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país” (3) .

(...).

El derecho específico al ejercicio de cargos y funciones públicas merece protección, a la luz de la Constitución Colombiana, no únicamente por lo que significa en sí mismo sino por lo que representa, al tenor del artículo 40, como medio encaminado a lograr la efectividad de otro derecho —genérico— cual es el de participar en la conformación, ejercicio y control del poder político, a objeto de realizar la vigencia material de la democracia participativa (resalta la Sala).

Adicionalmente, es necesario tener en cuenta que en nombre de la facultad discrecional otorgada a una autoridad, tampoco es aceptable jurídicamente cambiar el requisito de acreditar una determinada afiliación política por la exigencia del aval del respectivo movimiento al cual pertenece el aspirante a un determinado cargo público, que no se provee por elección popular. Al respecto se advierte, que la jurisprudencia de la corporación ha sostenido de manera reiterada (4) , que la facultad discrecional no autoriza el proceder arbitrario, sino que todas las autoridades de la República, están sometidas al imperio de la Constitución y la ley, por consiguiente la jurisdicción contencioso administrativa, puede controlar los límites de los actos proferidos en ejercicio de esa facultad, los cuales deben observar el principio de legalidad y los fines propios del buen servicio en los que deben fundarse. De suerte que, está fuera del alcance de la competencia de las autoridades públicas, establecer invocando la facultad discrecional, requisitos adicionales o diferentes a los que exigen las normas pertinentes, para acceder al ejercicio de cargos públicos, desconociendo de esa manera, los artículos 6º y 121 de la Constitución Nacional y el derecho fundamental de los ciudadanos a acceder al desempeño de funciones públicas.

4. El caso concreto.

A la luz de las anteriores precisiones de orden normativo y jurisprudencial desciende la Sala a analizar el caso en examen, para tal efecto, en primer término se precisarán los elementos probatorios, para luego determinar si el acto expedido por la entidad demandada se ajustó a derecho.

En cuanto a las pruebas, se allegó al proceso (fl. 237) copia auténtica de la Resolución 1858 del 21 de mayo de 2004, mediante la cual la Registradora Nacional del Estado Civil, nombró al señor Adonai Caro Puin, para desempeñar el cargo de Registrador Distrital 0025-07. Además, obra en el plenario a folio 191 y siguientes, copia auténtica del acta 45, de fecha 26 y 30 de agosto de 2004, emitida por el Consejo Nacional Electoral, en dicha acta se consigna en lo concerniente la aprobación del nombramiento del señor Adonai Caro Puin como Registrador Distrital 0025-07 lo siguiente:

“9. Que con el fin de garantizar el cumplimiento del artículo 40 del Código Electoral en cuanto a que los registradores distritales deben ser de filiación política distinta, el Consejo Nacional Electoral exigió al funcionario designado aportar la correspondiente certificación del partido o movimiento al cual se encuentra afiliado, razón por la cual obran en el expediente los siguientes documentos:

Certificado expedido por el secretario general del Partido Liberal Colombiano, doctor Juan Carlos Posada, en el que se puede leer textualmente: Que el señor Adonai Caro Puin, identificado con la cédula de ciudadanía 230.810 de Negativa, (sic) según nuestra base de datos se encuentra afiliado al Partido Liberal Colombiano desde el 08 de septiembre de 1994, y que su número de credencial liberal es el 4614 (...) Expedida en Bogotá, D.C., a los 04 días del mes de junio de dos mil cuatro (2004).

(...).

El doctor Bornacelli afirma que es oportuna la anotación del Dr. Botero, porque se ha aclarado que no fue envidado por la dirección liberal, como corporación, sino por el senador Cristo; y precisamente por haberla entregado el doctor Cristo, los magistrados liberales del Consejo Electoral, tienen conocimiento directo que el resto de los miembros de la dirección liberal no respaldan ese candidato (...).

La doctora Rengifo, refiriéndose al aval dice que los partidos no lo expiden sino solo para candidatos de elección popular y por eso lo que existe en el expediente es una certificación (...).

El doctor Mejía sugiere que no se confundan dos (2) situaciones: sí se ha hecho por medio de resolución y es el caso de la señora Alonso, candidata también a la Registraduría Distrital, que le correspondió en reparto y que presentará a continuación que sí contiene un aval; en el caso del señor Caro Puin hay una duda política frente a las condiciones de aval del Partido Liberal.

El doctor Bornacelli solicita que se dé por concluido el debate y se remita a la registradora una comunicación por el señor presidente, informando que el nombramiento del doctor Caro Puin, fue improbado por la Sala” (resalta la Sala).

En el mismo sentido, obra a folio 135 del plenario, copia del salvamento de voto suscrito por el Consejero Antonio José Lizarazo Ocampo, frente a la decisión adoptada por la mayoría de miembros del Consejo Nacional Electoral consistente en improbar el nombramiento del señor Adonai Caro Puin. Documento que se presume auténtico, pues fue remitido al proceso por la presidenta de dicha corporación ante solicitud que en tal sentido hizo el despacho y en el cual se lee:

“1. El doctor Adonai Caro Puin acreditó las calidades y requisitos para el desempeño del cargo de registrador (sic) Distrital para el cual fue nombrado por la señora Registradora Nacional del Estado Civil, según análisis detallado que sobre el particular hice en el proyecto de resolución del cual fui ponente, análisis que ahora reitero como fundamento de este salvamento de voto.

2. El motivo por el cual la mayoría de la corporación negó la aprobación del nombramiento, según lo expresaron varios magistrados y lo reiteraron luego de una pausa solicitada por los miembros liberales de la corporación para deliberar por separado, es que el doctor Adonai Caro Puin no cuenta con el aval de la Dirección Nacional del Partido Liberal Colombiano.

3. Ninguna disposición constitucional o legal exige el aval del representante legal del partido o movimiento al cual se encuentra afiliado el funcionario designado, ni mucho menos de la totalidad o la mayoría de sus directivos. Tampoco lo ha exigido en ningún caso la corporación, como puede verificarse en los antecedentes de los nombramientos aprobados durante los dos últimos años”.

Igualmente obra en el plenario a folio 147 copia de la certificación expedida por el secretario general del Partido Liberal Colombiano; enviada por la presidenta del Consejo Nacional Electoral, según la cual el demandante se encuentra afiliado a esa agrupación política. Adicionalmente, en la contestación de la demanda la apoderada de la entidad demandada manifestó:

Criterio político: El Consejo Nacional Electoral tiene la convicción de que el aspirante al cargo de Registrador Distrital debe cumplir con el aval expedido por la Dirección Nacional Liberal, requisito que no reunió el señor Caro Puin, pues uno solo de los codirectores de ese partido respaldó al aspirante al cargo mencionado (resaltado en el texto).

(...).

En el presente caso la corporación decidió de manera mayoritaria que el nombramiento del señor doctor Adonai Caro Puin no cumple con el requisito de carácter político, el cual es indispensable para ser nombrado como Registrador Distrital en presentación del Partido Liberal, debido a que el señor Caro anexó una certificación suscrita por el secretario general del Partido Liberal Colombiano en que se indica:

Que el señor Adonai Caro Puin, identificado con la cédula de ciudadanía 230.810 de Negativa, (sic) según nuestra base de datos se encuentra afiliado al Partido Liberal Colombiano desde el 8 de septiembre de 1994, y que su número de credencial liberal es EL 4614.

Esta certificación no constituye aval ni representación institucional a nombre del partido.

Al analizar el contenido textual de la anterior certificación, para esta corporación es claro que el señor Caro Puin no cuentaba (sic) con el respaldo de la totalidad o la mayoría de los codirectores del Partido Liberal, quienes constituyen la máxima autoridad dentro de esa colectividad y, por ende, son ellos quienes deben recomendar la persona que le brinde las garantías, tanto al partido como a la Organización Electoral, en el cargo de Registrador Distrital.

(...).

Es así como la aprobación o improbación del nombramiento del Registrador Distrital debe reunir el cumplimiento de los requisitos de formación académica, pero debe respetar las circunstancias políticas del momento, ya que es deber del Consejo Nacional Electoral, garantizar a las mayorías la representación en dichos cargos. Y la realidad es que el Partido Liberal Colombiano es una mayoría en Bogotá.

(...).

Bajo ninguna premisa se puede pensar que el Consejo Nacional Electoral descalificó las calidades académicas y profesionales del doctor Caro Puin, sino que sencillamente el doctor Caro no cuenta con el respaldo de la Dirección Nacional Liberal, requisito al igual que el primero indispensable para ser designado como Registrador Distrital”.

De acuerdo con los anteriores elementos probatorios, la Sala encuentra fehacientemente demostrado que el señor Adonai Caro Puin optó por el cargo de Registrador Distrital cumpliendo las calidades y requisitos que la ley establece para acceder a dicho cargo, dentro de los cuales se destaca, además de los requisitos académicos, el de demostrar la afiliación a un partido o movimiento político diferente a aquel al cual debe pertenecer el otro Registrador Distrital.

Se ha constatado igualmente, que el cargo de Registrador Distrital no se provee a través del mecanismo de la elección popular. Pese a lo anterior, se ha demostrado, que el Consejo Nacional Electoral, órgano competente para aprobar el nombramiento, exigió como requisito indispensable para tal efecto, la existencia de aval del partido al cual se encontraba afiliado el aspirante, o contar con el respaldo de la totalidad o la mayoría de los codirectores del partido.

De esta manera, se evidencia que no siendo el cargo a proveer, uno de elección popular, ni exigiendo la ley contar con el respaldo de la totalidad o la mayoría de los codirectores del Partido Liberal Colombiano, de ninguna manera podía el Consejo Nacional Electoral, cambiar la exigencia de la filiación política, por aquella del aval del partido, o por el respaldo de la totalidad o la mayoría de los codirectores del Partido Liberal Colombiano, desconociendo de esta forma la ley, en cuanto esta solamente exige la acreditación por parte del candidato de su filiación política, requisito que cumplió a cabalidad el señor Caro Puin, aspirante al cargo de Registrador Distrital y nombrado en el mismo por la Registradora Nacional del Estado Civil, mediante la Resolución 1858 del 21 de mayo de 2004.

En esas condiciones, la Sala encuentra que el Consejo Nacional Electoral, al proferir el acto administrativo demandado, negando la aprobación del nombramiento del señor Adonai Caro Puin, efectuado por la Registradora Nacional del Estado Civil, por no haber acreditado el aval del Partido Liberal Colombiano o el respaldo de la totalidad o la mayoría de los codirectores de esa colectividad, violó abiertamente el artículo 43 del Código Electoral y el artículo 40 de la Constitución Nacional.

De acuerdo con las anteriores consideraciones, la Sala declarará la nulidad parcial del Acta 045, de fecha 26 y 30 de agosto de 2004, emitida por el Consejo Nacional Electoral, en lo concerniente a la improbación del nombramiento del señor Adonai Caro Puin como Registrador Distrital 0025-07.

Adicionalmente, y teniendo en cuenta que en razón de la declaratoria de nulidad del acto que improbó el nombramiento del actor, quedó intacta la Resolución 1858 del 21 de mayo de 2004, mediante la cual la Registradora Nacional del Estado Civil nombró al señor Caro Puin en el cargo de Registrador Distrital, corresponderá al Consejo Nacional Electoral ocuparse de rehacer con sujeción a la Constitución y la ley, en los términos precisados en esta providencia, la actuación administrativa anulada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Declárase la nulidad parcial del Acta 045, de fecha 26 y 30 de agosto de 2004, emitida por el Consejo Nacional Electoral, en lo concerniente a la improbación del nombramiento del señor Adonai Caro Puin como Registrador Distrital 0025-07.

2. Ordenar al Consejo Nacional Electoral rehacer con sujeción a la Constitución y la ley, en los términos precisados en esta providencia, la actuación administrativa anulada.

3. Ofíciese al Consejo Nacional Electoral y a la Registraduría Nacional del Estado Civil, comunicando este fallo.

Este proyecto fue discutido y aprobado en sesión de la fecha.

Cópiese y notifíquese».

(1) Sentencia proferida el 5 de noviembre de 2003, dentro del proceso con radicación AC-01905, Consejera Ponente, Ligia López Díaz.

(2) Se cita la sentencia proferida por esta Sección el día 12 de octubre de 2001, dentro del proceso con radicación 25000-23-24-000-2000-0787-01. Consejero Ponente, Reinaldo Chavarro Buriticá, donde se dijo: “El aval de candidatos a elecciones populares, es institución constitucional establecida en el artículo 108 de la Constitución de 1991 y consiste en la garantía que un partido o movimiento político expide a un candidato, para dar fe de su pertenencia al partido y que, en tal condición, goza del reconocimiento de buenas condiciones de moralidad, honestidad y decoro al punto que puede presentar su candidatura a consideración del electorado”.

(3) Corte Constitucional, Sentencia T-439 de 1992.

(2) Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, 1789, artículo 6º.

(3) Convención americana sobre derechos humanos. “Pacto de San José de Costa Rica”. San José 22 de noviembre de 1969.

(4) Sentencia proferida el día 26 de febrero de 1992, dentro del proceso con Radicación 3475. Consejero Ponente, Diego Younes Moreno.

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