Sentencia 3626 de septiembre 23 de 2005 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Rad.: 3626

Acumulados 4100112331000200301295-01 4100112331000200301259-01

Consejera Ponente:

Dra. María Nohemí Hernández Pinzón

Actor: Procuraduría 34 Judicial Administrativa departamento del Huila y otro

Demandado: Diputado a la Asamblea del Huila

Proceso: Electoral fallo segunda instancia

Bogotá, D.C., veintitrés de septiembre de dos mil cinco

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Competencia.

La competencia de esta corporación para conocer de esta acción electoral está fijada por lo dispuesto en el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, modificado por la Ley 446 de 1998, artículo 37; al igual que por lo normado en el Acuerdo 55 del 5 de Agosto de 2003 expedido por la Sala Plena del Consejo de Estado.

2. Hechos probados.

Dentro del informativo fueron probados los siguientes hechos relevantes:

1. El acto de elección del señor Rodrigo Celada Cicery como diputado a la Asamblea Departamental del Huila, por el período constitucional 2004-2007, se probó con copia auténtica del formulario E-26 o acta del escrutinio de los votos para asamblea departamental (fl. 99, exp. 2003-1295). Este documento fue remitido con oficio 1766 del 11 de junio de 2004, por la delegación departamental del Huila - Registraduría Nacional del Estado Civil (fls. 97 y 98, exp. 2003-1295).

2. El acto de inscripción de los señores Rodrigo Celada Cicery y Alexander Celada Cardozo, entre otros, como candidatos a la Asamblea Departamental del Huila, por el movimiento político convergencia ciudadana, según se aprecia en copia auténtica de los siguientes documentos: a) Formulario E-6 o acta de solicitud de inscripción y constancia de aceptación de lista de candidatos, recepcionada el 6 de agosto de 2003 a las 4:00 p.m. (exp. 20031295, fI. 101); b) Lista definitiva de candidatos para asamblea signada el 14 de agosto de 2003 (exp. 20031295, fl. 102); c) Certificación expedida por el Registrador Nacional del Estado Civil, sobre que al movimiento convergencia ciudadana le fue reconocida personería jurídica mediante Resolución 171 del 24 de julio de 1997, expedida por el Consejo Nacional Electoral y que su representante legal es el doctor Luis Alberto Gil Castillo (exp. 20031295, fl. 103); d) Comunicación dirigida por el coordinador nacional de convergencia ciudadana, del 30 de julio de 2003, al registrador departamental del Estado Civil, en la que expresa avalar la lista con voto preferente de candidatos a la Asamblea Departamental del Huila, entre cuyos aspirantes se encuentran los señores Rodrigo Celada Cicery y Alexander Celada Cardozo (exp. 20031295, fl. 104 y 105); e) Comunicación dirigida por el senador Luis Alberto Gil Castillo, en calidad de representante legal del Movimiento Convergencia Ciudadana, de fecha 27 de junio de 2003, al registrador delegado en lo electoral en Bogotá, en la que informa que la función de otorgar aval a los candidatos a los distintos cargos y corporaciones públicas de elección popular, para las elecciones del 26 de octubre de 2003, se delega, entre otras personas, en el señor Carlos Ramón González Merchán (exp. 20031295, fl. 106); f) Notas de aceptación de las candidaturas a la Asamblea Departamental del Huila, suscritas el 4 de agosto de 2003 por los señores Rodrigo Celada Cicery y Alexander Celada Cardozo (exp. 20031295, fls. 107 y 108).

3. El parentesco en tercer grado de consanguinidad entre los señores Rodrigo Celada Cicery y Alexander Celada Cardozo se probó debidamente con la copia auténtica de los registros civiles de nacimiento visibles de folios 16 a 18 expediente 2003-1295, según los cuales el primero es sobrino del segundo, en razón a que Rodrigo Celada Cicery es hijo de Ninfa Cicery Barrios y Rodrigo Celada Cardozo, y que Rodrigo Celada Cardozo y Alexander Celada Cardozo son hijos de Mercedes Cardozo y Raúl Celada.

3. Problema jurídico

Compete a la Sala examinar si el señor Rodrigo Celada Cicery estaba inhabilitado para ser elegido como diputado a la Asamblea Departamental del Huila, por el período constitucional 2004-2007, porque dentro de la misma lista inscrita por el movimiento convergencia ciudadana se inscribió un pariente suyo en tercer grado de consanguinidad; así mismo, se analizarán los argumentos expuestos por la defensa como enervantes de las pretensiones invocadas con las demandas acumuladas, según los cuales no hay lugar a la inhabilidad porque la inscripción del señor Alexander Celada Cardozo se produjo después de la inscripción del demandado, porque ella fue producto de maniobras engañosas por parte de algunos militantes del mismo movimiento político, y porque la persona anterior renunció a dicha candidatura.

4. Cuestión previa

En el escrito de apelación el mandatario judicial de la parte demandada plantea la ineptitud de la demanda porque los anexos con que fue presentada, no estaban autenticados; sin embargo, admite que el tribunal del conocimiento en el auto de pruebas ordenó, de oficio, el acopio de esos documentos en copia auténtica, como en efecto fueron aportados. Así las cosas, cualquier ineptitud que haya existido en ese sentido, se superó con la obtención de las copias auténticas.

De otro lado, con el escrito de alegatos de conclusión presentado en esta instancia, solicita la parte demandada decretar algunas pruebas de oficio. Esta petición no es de recibo porque en sentir de la Sala no existen puntos que deban aclararse con el empleo de esa facultad oficiosa; además, algunas de esas pruebas fueron negadas por el tribunal a-quo con providencia que luego de recurrida en súplica ordinaria, fue confirmada.

Implica lo último, que los documentos aportados con el alegato de conclusión presentado por la parte apelante, militantes de folios 310 a 332 del expediente 2003-1295, no serán valorados en esta decisión, por tratarse de pruebas que no fueron regular y oportunamente allegadas al proceso.

5. El auténtico alcance de la inhabilidad invocada con las demandas acumuladas.

El ciudadano Víctor Hugo Bahamón Cerquera y el Procurador 34 Judicial Administrativo de Neiva - Huila, demandaron la nulidad del acto administrativo contenido en el acta general de escrutinio departamental, por medio del cual se declaró electo como diputado a la Asamblea Departamental del Huila, por el período constitucional 2004 - 2007, al señor Rodrigo Celada Cicery, esgrimiendo como razón de la acusación que dicho candidato era inelegible por estar inhabilitado al haberse inscrito en la misma lista del Movimiento Convergencia Ciudadana, su tío el señor Alexander Celada Cardozo.

Se invoca como causal de inhabilidad la prevista en el numeral 5º del artículo 33 de la Ley 617 de 2000, que literalmente dispone:

“ART. 33.—De las inhabilidades de los diputados. No podrá ser inscrito como candidato ni elegido diputado:

(...)

5. Quien tenga vínculo por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco en segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, con funcionarios que dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección hayan ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar en el respectivo departamento; o con quienes dentro del mismo lapso hayan sido representantes legales de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social de salud en el régimen subsidiado en el respectivo departamento. Así mismo, quien esté vinculado entre sí por matrimonio o unión permanente o parentesco dentro del tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o único civil, y se inscriba por el mismo partido o movimiento político para elección de cargos o de corporaciones públicas que deban realizarse en el mismo departamento en la misma fecha(1) (resalta la Sala).

Se defiende la parte demandada aduciendo que si bien se sanciona con inhabilidad el nepotismo por la inscripción por el mismo partido o movimiento político para la elección de cargos o de corporaciones públicas que deban surtirse en la misma fecha en el mismo departamento, ello solamente opera para el segundo de los inscritos, puesto que la causal viene precedida del pronombre personal “quien”, que por estar dado en singular lleva a inferir que no puede cobijar a las personas inscritas y parientes entre sí, sino solo a quien defrauda la voluntad del legislador. También se aduce por el demandado que su situación no puede juzgarse por la conducta de otro, así sea la de su pariente, puesto que la responsabilidad en Colombia no es objetiva, amén de que el señor Alexander Celada Cardozo fue inscrito mediante engaños.

Pues bien, previamente a desentrañar el auténtico sentido de la causal de inhabilidad que se estudia, deja en claro la Sala que el argumento esgrimido por la parte demandada, respecto a que la situación del demandado no puede ser juzgado por la conducta de otro porque en Colombia no opera la responsabilidad objetiva, no es de recibo.

Sea lo primero señalar que el contencioso de nulidad electoral no juzga, en manera alguna, la conducta de las partes, se encarga de juzgar la legalidad de los actos administrativos por medio de los cuales se provee sobre un nombramiento o una elección, a la luz de las causales de nulidad previstas en el ordenamiento jurídico, con las que el legislador ha precisado circunstancias objetivas que pueden limitar el ejercicio del derecho fundamental a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político, y que ante el cumplimiento de los ingredientes normativos vertidos en las distintas causales de inhabilidad, se puede arribar a la certeza de su existencia y, por tanto, de la nulidad de un acto de elección o de nombramiento.

Aquello de que la responsabilidad objetiva está proscrita en Colombia es cierto. Lo que no es cierto es que el juicio electoral entrañe un juicio de responsabilidad, puesto que él no busca establecer responsabilidad alguna, por el contrario se dirige a verificar si la presunción de legalidad que reviste a esos actos debe mantenerse o no, labor en la que por supuesto no se califica la conducta de los sujetos procesales y menos la de terceros, se trata eso sí, de establecer los distintos elementos que integran las causales de inelegibilidad o de nulidad, que de hallarse cumplidos no dejan alternativa distinta a proveer la nulidad deprecada.

Ahora bien, frente a cuál es el verdadero sentido de la causal de inhabilidad estudiada, acudirá primero la Sala a los precedentes que sobre la materia existen en la sección, para luego hacer una interpretación constitucional que dirá si tales precedentes están de acuerdo con la carta fundamental o no.

Tal como lo anunció el apoderado judicial de la parte demandada en su escrito de alegato final presentado en esta instancia, sobre el particular esta sección ha expuesto dos tesis.

Con sentencia del 30 de octubre de 1994, expediente 1425, que juzgó la situación de un alcalde a la luz de la causal de inhabilidad consagrada en el numeral 9º del artículo 95 de la Ley 136 de 1994, similar a la que hoy se estudia, se aceptó que la inhabilidad operaba únicamente para quien se inscribiera en segundo orden, lo que hacía absolutamente elegible a quien se hubiera inscrito en primer lugar, constituyéndose esta en la primera tesis. Sin embargo, esta posición fue abandonada por la sección en sentencia del 5 de agosto de 1999, expediente 2067, al hacer la interpretación del artículo 43 numeral 7º de la Ley 136 de 1994, que trataba la inhabilidad de concejales de la siguiente manera:

“ART. 43.—Inhabilidades. No podrá ser concejal:

(...)

7. Quien esté, vinculado entre sí por matrimonio o unión permanente o parentesco dentro del tercer grado de consanguinidad, primero de afinidad o primero civil y se inscriba por el mismo partido o movimiento político para elección de cargos, o de miembro de corporaciones públicas que deba realizarse en la misma fecha.

(...)

PAR.—Las inhabilidades previstas en los numerales 4º, 6º y 7º se refieren a situaciones que tengan lugar en la circunscripción del municipio en la cual se efectúe la respectiva elección”.

El giro que la jurisprudencia de la sección dio sobre el particular apoyó, entre otras razones, en que:

“La inhabilidad es recíproca, nace en el preciso instante en que se produce la segunda inscripción pero se consolida con la elección de los candidatos, de todos los que en esas condiciones irregulares resulten ungidos con los votos de la ciudadanía.

Es indiferente establecer cuál de las dos inscripciones se hizo primero, puesto que la norma no hace distinciones a este respecto y tampoco le es permitido al juzgador darle un alcance que no tiene. Del factor tiempo no se ocupa la disposición que consagra esta clase de inhabilidad, sino de la coexistencia de inscripciones de las candidaturas, en forma simultánea o sucesiva, siendo esto último indiferente. Se requiere, entonces, que dentro de la misma justa electoral se inscriban dos o más candidatos unidos por los lazos de consanguinidad o afinidad prohibidos, sin que sea determinante ni importante el orden de la inscripción; que lo hagan para la elección de cargos (como es el caso de los alcaldes) o para la de corporaciones públicas (como es el caso de los concejales); que participen por el mismo partido o movimiento político y que resulten electos”.

Esta tesis ha conservado su vigencia, al punto que fue refrendada por la Sala en reciente pronunciamiento, en el que al analizar similar situación a la aquí debatida, invocó tales razones:

“El artículo 33, numeral 5º in fine, de la Ley 617 de 2000, que fundamenta la sentencia del tribunal, contiene el mismo precepto del numeral 7º del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, hoy el numeral 4º in fine, e incluso adolece de la misma “defectuosa redacción ... que utiliza el singular para dejar por fuera varios sujetos pasivos de su mandamiento, necesariamente plurales” (2) ; se diferencia en que, por cuanto se refiere a los diputados a las asambleas, su ámbito de aplicación abarca el nivel departamental, como es obvio.

Por lo tanto, aplica con respecto a esta norma el criterio de interpretación descrito en la providencia antes referida de esta Sala, del 5 de agosto de 1999, expediente 2067, como lo consideró acertadamente el tribunal en la sentencia impugnada; según dicho criterio, para que se configure la inhabilidad se requiere demostrar el nexo originado en la relación matrimonio o de hecho y la de parentesco en los grados señalados entre el elegido diputado y otro candidato a cargo o corporación de elección popular, y la coexistencia de inscripciones por un mismo partido o movimiento político y para un mismo evento electoral, siendo irrelevante el orden cronológico en que se hubieran producido las inscripciones de los candidatos.

Y a propósito del argumento de la parte demandada en el sentido de que la referida inhabilidad solo es predicable para el candidato que a sabiendas de que un pariente suyo se ha inscrito con anterioridad, allí se dice.

“El temor, pues no es otra cosa, de que parientes inoportunos se atraviesen en el camino de las candidaturas, hasta hacerlas anular con otras inscripciones posteriores, se despeja con facilidad haciendo uso debido del artículo 9º de la Ley 130 de 1994. Porque si corresponde a los partidos y movimientos políticos con personería jurídica reconocida, postular personas a los cargos y corporaciones públicas de elección popular, nada mas lógico que sean esos partidos y movimientos los únicos llamados a procurar el orden dentro de sus filas, comenzando por la juiciosa expedición de los avales que son indispensables para inscribir a los candidatos”.

Por lo tanto se debe entender, sin lugar a dubitaciones, como lo hizo el tribunal, que una inscripción posterior a la del candidato a diputado, quebrantando la prohibición descrita en el artículo 34, numeral 5º in fine, de la Ley 617 de 2000, inhabilita a este para su elección como tal, o invalida la que en esas condiciones se produzca” (3) .

Queda claro, entonces, que los precedentes jurisprudenciales de la sección, desde 1999, han mantenido la misma línea de pensamiento, inclinándose por colegir que la inhabilidad no atiende a criterios temporales y que por ello, la inelegibilidad recae sobre quienes se hayan inscrito por el mismo movimiento o partido político para participar en las mismas elecciones en el mismo departamento, cuando entre ellos exista cualquiera de las relaciones previstas en la causal de inhabilidad invocada con las demandas acumuladas, sin tener relevancia que la inscripción se haya efectuado simultanea o sucesivamente.

Ahora, resta por examinar si esta interpretación está de acuerdo con el ordenamiento constitucional, o si por el contrario desatiende claros preceptos de la carta fundamental, pues de ser así, la Sala no dudará en abandonar esa tesis para salvaguardar la primacía del derecho fundamental a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político.

Recuérdese que la causal de inhabilidad invocada con la demanda regula la situación particular de los aspirantes o candidatos a las asambleas departamentales, quienes vinieron a contar con un régimen propio de inhabilidades, dado por el legislador, con la expedición de la Ley 617 de 2000 artículo 33. Empero, para estas corporaciones públicas la Constitución Política tiene dicho:

“ART. 299.—Inc. 1º. Modificado Acto Legislativo 01 de 1996 articulo 1º. En cada departamento habrá una corporación administrativa de elección popular que se denominará asamblea departamental, la cual estará integrada por no menos de once miembros ni más de treinta y uno. Dicha corporación gozará de autonomía administrativa y presupuesto propio.

Inciso 2º—Modificado Acto Legislativo 02 de 2002 artículo 2º. El régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los diputados será fijado por la ley. No podrá ser menos estricto que el señalado para los congresistas en lo que corresponda. El período de los diputados será de cuatro años y tendrán la calidad de servicios públicos.

Para ser elegido diputado se requiere ser ciudadano en ejercicio, no haber sido condenado a pena privativa de la libertad, con excepción de los delitos políticos o culposos y haber residido en la respectiva circunscripción electoral durante el año inmediatamente anterior a la fecha de la elección.

Los miembros de la asamblea departamental tendrán derecho a una remuneración durante las sesiones correspondientes y estarán amparados por un régimen de prestaciones y seguridad social, en los términos que fije la ley” (resalta la Sala).

Por disposición del constituyente, según se vio, el régimen de inhabilidades de los diputados no podrá ser menos estricto que el fijado para los congresistas en lo que corresponda, precepto constitucional que lleva a determinar, primero, si la causal de inhabilidad del numeral 5º del artículo 33 de la Ley 617 de 2000 tiene su par en las causales de inhabilidad previstas para los congresistas en el artículo 179 de la Constitución Nacional, y segundo, si aquella causal es, al menos, igual de estricta a la dictada por el constituyente.

En esa línea de pensamiento debe decirse que la causal de inhabilidad consagrada en el numeral 5º del artículo 33 de la Ley 617 de 2000, se corresponde con la causal de inhabilidad prevista en el numeral 6º del artículo 179 de la Constitución Política, no solo por su contenido literal sino también por la teleología que las impregna, encaminadas a evitar el nepotismo en los cargos o corporaciones públicas de elección popular. Ahora, para determinar si la causal de inhabilidad prevista para los diputados no es menos estricta que la dictada por el constituyente para los congresistas, resulta conveniente citarlas literalmente a continuación, pues de la interpretación de su contenido aflorará el verdadero sentido de la causal invocada con las demandas.

La causal de inhabilidad del numeral 5º del artículo 33 de la Ley 617 de 2000, señala en lo pertinente:

“ART. 33.—De las inhabilidades de los diputados. No podrá ser inscrito como candidato ni elegido diputado:

(...)

5. ... Así mismo, quien esté vinculado entre sí por matrimonio o unión permanente o parentesco dentro del tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o único civil, y se inscriba por el mismo partido o movimiento político para elección de cargos o de corporaciones públicas que deban realizarse en el mismo departamento en la misma fecha”.

Y la causal de inhabilidad del numeral 6º del artículo 179 de la Constitución Política dispone:

“ART. 179.—No podrán ser congresistas:

(...)

6. Quienes estén vinculados entre sí por matrimonio, o unión permanente, o parentesco dentro del tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad, o primero civil, y se inscriban por el mismo partido, movimiento o grupo para elección de cargos, o de miembros de corporaciones públicas que deban realizarse en la misma fecha”.

En lo sustancial estas causales de inhabilidad se identifican, dado que contienen ingredientes afines tales como el parentesco o la relación de pareja y la inscripción por el mismo partido o movimiento político para elección de cargos o de miembros de corporaciones públicas en justas democráticas que deban llevarse a cabo en la misma fecha. Sin embargo, existe una diferencia de la cual se vale la parte demandada para afirmar que la inhabilidad solamente cobija al último de los inscritos, pero no al primero, consistente en que el legislador comienza la redacción de la inhabilidad con la frase “quien esté vinculado entre sí”, en tanto que el constituyente empieza definiendo la inhabilidad con la expresión “Quienes estén vinculados entre sí”.

Cree el impugnante que la inhabilidad prevista por el legislador está dada en singular y que por ende su tesis debe ser acogida. No obstante esta particular visión de la problemática jurídica, la Sala interpreta que si bien la expresión está dada en singular, nunca puede aludir al segundo inscrito, no solo porque la redacción de la inhabilidad no da a entender eso, sino también porque es claro que nadie se vincula por parentesco consigo mismo, estas relaciones, por simple lógica, siempre se dan respecto de otra persona, y si lo pretendido por el legislador era evitar el nepotismo, obviamente que la inelegibilidad abriga a todos los parientes inscritos y no solo aquellos que lo hagan después del primero.

Además, téngase en cuenta que de acogerse la particular visión que la parte demandada tiene de la causal de inhabilidad prevista en el numeral 5º del artículo 33 de la Ley 617 de 2000, se estaría traicionando la voluntad del constituyente, quien expresamente dijo que las causales de inhabilidad de los diputados no pueden ser menos estrictas que las de los congresistas, de tal suerte que si para los congresistas se estableció que estarían inhabilitados “Quienes estén vinculados entre sí”, que está dado en plural y sin la menor hesitación cobija a todos los inscritos, a ninguna duda se presta la conclusión de que la interpretación que se haga de la causal de inhabilidad dictada por el legislador, debe estar siempre orientada por la causal de inhabilidad equivalente provista por el constituyente.

Queda descartado, por consiguiente, que la causal de inhabilidad invocada con la demanda cobije solamente a los inscritos con posterioridad al primero, pues si bien la redacción de la misma no es la mejor, ella debe ser entendida, por lo menos, en la misma forma que se dictó la causal señalada en el numeral 6º del artículo 179 de la Constitución Política, ya que el constituyente fue enfático en que el régimen de inhabilidades de los diputados no podía ser menos estricto que el de los congresistas, y la interpretación patrocinada por la parte demandada apunta a hacer menos estricto el régimen de inhabilidades de los miembros de las asambleas departamentales, al limitar el verdadero alcance de esa causal de inelegibilidad.

Se ha demostrado, según las lucubraciones antecedentes, que los argumentos de la defensa, según los cuales la causal de inhabilidad tan solo comprende a los candidatos que se inscriban después del primero, no son de recibo. Resta por examinar lo relacionado con la renuncia presentada por el candidato Alexander Celada Cardozo, tema que se abordará a continuación.

6. Renuncia de candidatos a cargos o corporaciones públicas de elección popular.

La defensa sostiene que si bien el señor Alexander Celada Cardozo se inscribió como candidato a la asamblea del departamento del Huila, por el movimiento convergencia ciudadana, para participar en la jornada electoral del 26 de octubre de 2003, pese a que por el mismo movimiento político se inscribió su sobrino el señor Rodrigo Celada Cicely, aquel presentó oportuna renuncia a su candidatura, lo que borraba cualquier inhabilidad que hubiera podido existir.

Antes de abordar el tema de fondo que plantea la defensa, es oportuno señalar que si bien el señor Procurador Séptimo Delegado ante el Consejo de Estado, adujo en su concepto de fondo que no hacía pronunciamiento sobre el particular “dado que el documento allegado para su demostración, en el cual se dice consta el acto de renuncia, carece de valor probatorio, pues se trata de una reproducción fotomecánica carente de autenticidad”, para la Sala esta razón no es válida, puesto que la copia informal de ese documento aparece a folio 126 del expediente 2003-1295, pero el original figura al folio 58 del expediente 2003-1259, lo que además de negar la afirmación del colaborador fiscal, demuestra la existencia del citado documento, conllevando al estudio del argumento esgrimido por la defensa.

La postulación a los cargos o corporaciones públicas de elección popular es, indudablemente, un acto voluntario, fruto de la decisión autónoma que una persona adopta y que viene precedida del respaldo de una colectividad política, la cual no puede obligar a sus militantes a la aceptación de tales candidaturas, puesto que ellas deben ser voluntariamente aceptadas. Ahora, así como voluntariamente se puede aceptar una candidatura, voluntariamente se puede desistir de ella, pues la dimisión o acto de renuncia hace parte del libre albedrío del candidato.

Ahora bien, el proceso de inscripción de candidaturas a cargos o corporaciones públicas de elección popular, está rodeado de términos u oportunidades fijadas por el legislador, durante las cuales se puede hacer la inscripción, la modificación de la inscripción y por supuesto la renuncia a las candidaturas. Es así como el artículo 88 del Código Electoral, modificado por la Ley 62 de 1988 artículo 4º y por la Ley 163 de 1994 artículo 2º, prevé que el término para dicha inscripción vence a las seis de la tarde y 55 días antes de la respectiva elección, y que las modificaciones podrán realizarse dentro de los 5 días siguientes; inscripción que debe realizarse por parte de los representantes legales de los partidos y movimientos políticos o movimientos sociales y grupos significativos de ciudadanos, con personería jurídica reconocida por el Consejo Nacional Electoral (C.N., art. 108 modificado Acto Legislativo 01 de 2003 art. 2º).

Aunque en principio la inscripción es un proceso que se hace a expensas del partido o movimiento político correspondiente, ya que es su representante legal quien presenta la lista de candidatos a las corporaciones públicas, esta es apenas una fase del proceso, puesto que a ella se suma la necesaria aceptación de la candidatura por parte de quienes integran la lista a la corporación pública de elección popular, pues como lo dice el artículo 89 del Código Electoral “Si al vencimiento de los términos señalados en el artículo anterior, el funcionario electoral no ha recibido la aceptación escrita de una candidatura, se entenderá que el candidato no la acepta y, por consiguiente, podrá ser reemplazado por los inscriptores, conforme al artículo 94 de este código”. Implica lo anterior, como diamantinamente lo señala el legislador, que de no ser presentada la aceptación escrita de la candidatura por cada uno de sus integrantes, bien al momento de la inscripción o bien hasta la oportunidad que se tiene para modificar la lista, ella se entenderá como no aceptada y el partido o movimiento político queda en libertad de sustituir a ese candidato; lo anterior se halla en consonancia con lo dispuesto en el artículo 92 del Código Electoral, según el cual “Las constancias escritas de aceptación de los candidatos deberán acompañarse a la solicitud de inscripción o presentarse antes del vencimiento del término de dicha inscripción, y en el caso del artículo 94 de este código, las constancias escritas de aceptación de los candidatos reemplazantes deberán acompañarse a la solicitud de modificación de las listas de candidatos”.

Pareciera, por lo dicho en las normas hasta el momento invocadas, que la oportunidad con que cuentan los partidos o movimientos políticos para modificar las listas de candidatos inscritos, se vence dentro de los cinco días siguientes a la expiración del término para inscribir las candidaturas. Pero esta apreciación no es correcta. Los artículos arriba citados, que de una u otra forma se ocupan de la modificación a la lista de candidatos, remiten en su totalidad al artículo 94 del mismo código, cuyo tenor literal dispone:

“ART. 94.—En caso de muerte, pérdida de derechos políticos, renuncia o no aceptación de alguno o algunos de los candidatos, podrán modificarse las listas por la mayoría de los que las hayan inscrito a más tardar quince (15) días calendario antes de la fecha de las votaciones” (resalta la Sala).

Esta normatividad, que regula de modo expreso la renuncia de los candidatos, y que sin duda constituye una de las formas legítimas que pueden conducir a la modificación de las listas de candidatos, deja en claro que la renuncia a la candidatura puede ser presentada, a más tardar, quince días calendario antes de la fecha de las respectivas votaciones, renuncia que desde luego debe formularse por escrito presentado personalmente por el dimitente al funcionario electoral correspondiente “o mediante comunicación dirigida por el mismo renunciante al respectivo funcionario con nota de presentación personal ante un juez, notario o agente consular” (C.E., art. 96).

Todo esto conduce a afirmar, en el marco de la causal de inhabilidad que se estudia, que la inelegibilidad de los parientes que se inscriban por un mismo movimiento o partido político, para participar en unas mismas elecciones en el mismo departamento, debe existir al momento de llevarse a cabo la jornada electoral, pues aunque haya ocurrido la inscripción de los candidatos vinculados por lazos de parentesco o relación conyugal o de pareja, si alguno de los dos renuncia oportunamente a su candidatura, desaparece ese factor de mutua inhabilitación, tornando legítima no solo la candidatura de quien continúa en la justa democrática inhabilitante sino también válida su eventual elección.

Adicional a esto debe advertirse que la depuración de la candidatura, cuando el otro candidato pariente renuncia oportunamente, es factible en atención a que la causal de nulidad que se aplica para estos eventos corresponde a la consagrada en el numeral 5º del artículo 223 del Código Contencioso Administrativo, modificado por la Ley 96 de 1985 artículo 65 y por la Ley 62 de 1988 artículo 17, que dice: “Cuando se computen votos a favor de candidatos que no reúnen las calidades constitucionales o legales para ser electos” (resalta la Sala). Y si para el momento de producirse la elección esa calidad negativa ha desaparecido, resulta razonable colegir que el candidato no está inhabilitado y su elección resulta a todas luces válida.

Dentro del plenario quedó demostrado que los señores Rodrigo Celada Cicery y Alexander Celada Cardozo, parientes entre sí en tercer grado de consanguinidad (sobrino y tío), se inscribieron por el Movimiento Político Convergencia ciudadana, para participar en las elecciones de diputados a la Asamblea Departamental del Huila a realizarse el 26 de octubre de 2003. Sin embargo, para desvirtuar la configuración de la inhabilidad, que según los planteamientos del acápite anterior se presentaría, al informativo la parte demandada aportó documento contentivo de renuncia a la candidatura a la Asamblea Departamental del Huila, suscrita por Alexander Celada Cardozo.

En efecto, a folio 58 del expediente 2003-1259 se advierte la presencia del original de un escrito datado el 2 de octubre de 2003, dirigido por el señor Alexander Celada Cardozo al señor Registrador Nacional del Estado Civil, con nota de presentación personal ante el Notario Único del Círculo de Gigante Huila, en el que se lee:

“Alexander Celada Cardozo identificado como aparece al pie de mi firma, bajo la gravedad del juramento me dirijo a usted para presentar la renuncia a la integración de la lista de la asamblea departamental en el renglón 7 por el partido Convergencia Ciudadana.

Lo anterior debido a que me solicitaron prestar ni nombre de manera provisional para llenar dicha lista y que era mientras que se decidía quienes (sic) más iban a integrarla y entraran a la lista. Pase (sic) mi renuncia al partido y no me entregaron en su debido tiempo por lo cual esta renuncia la hago para no tener problemas mas (sic) adelante”.

Tal como se dijo párrafos arriba, la renuncia de una candidatura a cargos o corporaciones públicas de elección popular está permitida, pero es necesario que la comunicación que la contenga esté “... dirigida por el mismo renunciante al respectivo funcionario...” (C.E., art. 96), funcionario que entratándose de candidatos a una asamblea departamental corresponde a los delegados del Registrador Nacional del Estado Civil (art. 90 Ib.); sin embargo, ello no obsta para que si el documento es erróneamente presentado ante los registradores distritales o municipales, estos, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 33 del Código Contencioso Administrativo (4) , lo remitan a la autoridad competente.

Ahora bien, el documento que contiene la renuncia, fechado el 2 de octubre de 2003, y dirigido al “Registrador Nacional del Estado Civil”, presenta la impresión de dos sellos. El primero de ellos corresponde a la diligencia de reconocimiento de contenido y firma que hizo su suscriptor, señor Alexander Celada Cardozo, ante el Notario Único del Círculo de Gigante - Huila, que acredita su presentación personal ante notario; y el segundo, corresponde a un sello ilegible, sobre el que aparece manuscrito “recibí. Gustavo 3 - oct. - 2003”, que según lo afirma la parte demandada, se radicó ante el Registrador Municipal del Estado Civil de Neiva.

No obstante, los delegados de la Registraduría Nacional del Estado Civil para el departamento del Huila, dijeron en su oficio 1837 del 23 de junio de 2004 (fls. 137 y 138, exp. 2003-1259), que en esa dependencia solamente aparecen las renuncias presentadas por los candidatos José Nelson Flórez Montero y Virgilio Pérez Murcía, integrantes de la lista inscrita por el Movimiento Convergencia Ciudadana, y que “en consecuencia, la del señor Alexander Celada Cardozo no fue presentada ante esta delegación departamental”, lo que condujo a la Sala a decretar, a través del auto signado el 19 de julio de 2005, una prueba de oficio para aclarar tal situación, recibiéndose en consecuencia y de tales delegados los oficios 2753 de agosto 9 de 2005 (fl. 361) y 2810 de agosto 16 de 2005, ratificando que en esas oficinas no se radicó la mencionada renuncia. De igual forma se recibió de los registradores especiales del Estado civil de Neiva, donde supuestamente se radicó la renuncia, el oficio SC515 de agosto 16 de 2005, en el que se lee:

“Comedidamente nos permitimos certificarle que en los archivos de esta entidad no se encontró radicada renuncia escrita a participar en las elecciones de diputados por la Asamblea Departamental del Huila para las elecciones de 26 de octubre de 2003 por parte del señor Alexander Celada Cardozo, como integrante de la lista presentada por el partido Convergencia Ciudadana” (exp. 20031295. fl. 365).

Así, a la ilegibilidad del sello impreso en el documento de renuncia visible a folio 58 del expediente 20031259, se suman las afirmaciones de los delegados de la Registradora Nacional del Estado Civil y de los registradores especiales del Estado civil de Neiva, en el sentido de que la citada renuncia no aparece radicada en los archivos de esas entidades, todo lo cual lleva a inferir que no se puede tener como cierta la afirmación de que el señor Alexander Celada Cardozo presentó renuncia a su candidatura a la Asamblea Departamental del Huila por el partido Convergencia Ciudadana.

Al no resultar probada la renuncia alegada por la parte demandada y atendiendo las consideraciones expuestas en torno a la causal de inhabilidad prevista en la Ley 617 de 2000 artículo 33 numeral 5º in fine, emerge con suma claridad que la inscripción de los señores Rodrigo Celada Cicery y Alexander Celada Cardozo, parientes en tercer grado de consanguinidad, por el Movimiento Convergencia Ciudadana, para aspirar a la asamblea departamental del Huila en las elecciones del 26 de octubre de 2003, los inhabilitaba para ser elegidos como tales; y en virtud a que el primero de ellos obtuvo una curul en esa corporación de elección popular, el acto de elección que así lo declaró está afectado de nulidad, como así lo dedujo el tribunal del conocimiento. Por tanto, la providencia censurada se confirmará.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de —Estado Sala de lo Contencioso Administrativo— Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Confírmase el fallo anulatorio proferido el dos (2) de septiembre de dos mil cuatro (2004) por el Tribunal Contencioso Administrativo del Huila, dentro de las acciones electorales promovidas por la Procuraduría 34 Judicial Administrativa de Neiva - Huila y Victor Hugo Bahamón Cerquera.

2. Devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Este proyecto fue discutido el aprobado en sesión de la fecha.

Cópiese y notifíquese».

(1) El aparte resaltado con negrilla, que constituye la causal de inhabilidad invocada contra el acto acusado, fue declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-671 Ley 13 de julio de 2004, con ponencia del magistrado Dr. Jaime Córdoba Triviño.

(2) Sentencia de la Sección Quinta del 5 de agosto de 1999, expediente 2067, ya citada.

(3) Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Quinta. Sentencia del 24 de febrero de 2005. Expediente 410012331000200301260-01. Interno 3442. Actor: Luis Gerardo Ochoa Sánchez. Demandado: Diputado departamento del Huila.

(4) El artículo 33 del Código Contencioso Administrativo, dispone: “Si el funcionario a quien se dirige la petición, o ante quien se cumple el deber legal de solicitar que inicie la actuación administrativa, no es el competente, deberá informarlo en el acto al interesado, si este actúa verbalmente; o dentro del término de diez (10) días, a partir de la recepción si obró por escrito; en este último caso el funcionario a quien se hizo la petición deberá enviar el escrito, dentro del mismo término, al competente, y los términos establecidos para decidir se ampliarán en diez (10) días”.

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