Sentencia 36285 de mayo 4 de 2010

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 36285

Acta 14

Magistrado Ponente:

Dr. Camilo Tarquino Gallego

Bogotá, D. C., cuatro de mayo de dos mil diez.

Resuelve la Corte el recurso extraordinario de casación interpuesto por el apoderado de Ana Teresa Tinoco Dangón, contra la sentencia proferida el 27 de febrero de 2008, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta - Sala Laboral, en el proceso que la recurrente le promovió a la Lotería del Libertador y Apuestas Permanentes del Magdalena.

EXTRACTOS: « Recurso de casación

Fue interpuesto por la demandante, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

Alcance la impugnación

Pretende el recurrente que se case totalmente la sentencia proferida por el tribunal, y en instancia, revoque la absolutoria de primer grado, para que, en su lugar, acceda a las súplicas contenidas en la demanda inicial.

Por la causal primera de casación propone dos cargos, los cuales no fueron replicados.

Primer cargo

Lo plantea textualmente así: “Acuso la sentencia por la vía directa por violar la ley sustancial en la modalidad de interpretación errónea de los artículos 467, 468, 469 y 476 del Código Sustantivo del Trabajo que son soportes legales de la cláusula de estabilidad laboral A.2. de la convención colectiva de trabajo celebrada entre la Lotería del Libertador y el sindicato de trabajadores oficiales de dicha empresa el 19 de febrero de 1993, en relación con los artículos 1º, 11, 12, 46 y 49 de la Ley 6ª de 1945, artículos 1º, 9º, 19, 26, 27, 34 y 52 del Decreto 2127 de 1945, artículos 1º, 2º y 4º de la Ley 65 de 1946, artículos 5º y 14 del Decreto 3135 de 1968, artículos 1º, 3º, 6º, 7º, 43 y 51 del Decreto 1848 de 1969, artículos 5º, 12, 24, 32, 40, 44, 45 y 46 del Decreto 1045 de 1978, artículo 6º de la Ley 50 de 1990, artículos 6º, 7º y 8º del Decreto 2351 de 1965, artículos 1º, 3º, 4º, 7º, 9º, 10, 11, 16 y 21 del Código Sustantivo del Trabajo, artículos 1546, 1602, 1603, 1613, 1614 y 1618 del Código Civil, artículos 1º, 2º, 13, 25, 29 y 53 de nuestra Constitución Política y artículo 174 del Código de Procedimiento Civil”.

Adujo en la demostración, que el argumento esgrimido por la demandada para justificar la supresión de los cargos, fundado supuestamente en la necesidad de reestructurar la empresa, no es de recibo por cuanto la desvinculación de la actora se produjo por decisión arbitraria y caprichosa, lo cual pone de presente que el despido no solo fue injusto sino también ilegal, situación que a la luz de la convención colectiva de trabajo amerita el reintegro.

Que en el presente asunto, se violó la convención colectiva de trabajo que exige el reintegro, y que, además, no existe prueba alguna de la que pueda inferirse que la empresa demandada se encontrara en proceso de liquidación al momento del despido, con lo cual se infringió el artículo 174 del Código de Procedimiento Civil, que exige que toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas allegadas regular y oportunamente al proceso.

Segundo cargo

Así lo planteó:“Acuso la sentencia impugnada por la vía indirecta por violar la ley sustancial en la modalidad de aplicación indebida de los artículos 467, 468, 469 y 476 del Código Sustantivo del Trabajo que son soportes legales de la cláusula de estabilidad laboral A.2. de la convención colectiva de trabajo celebrada entre la Lotería del Libertador y el sindicato de trabajadores oficiales de dicha empresa el 19 de febrero de 1993, en relación con los artículos 1º, 11, 12, 46 y 49 de la Ley 6ª de 1945, artículos 1º, 9º, 19, 26, 27, 34 y 52 del Decreto 2127 de 1945, artículos 1º, 2º y 4º de la Ley 65 de 1946, artículos 5º y 14 del Decreto 3135 de 1968, artículos 1º, 3º, 6º, 7º, 43 y 51 del Decreto 1848 de 1969, artículos 5º, 12, 24, 32, 40, 44, 45 y 46 del Decreto 1045 de 1978, artículo 6º de la Ley 50 de 1990, artículos 6º, 7º y 8º del Decreto 2351 de 1965, artículos 1º, 3º, 4º, 7º, 9º, 10, 11, 16 y 21 del Código Sustantivo del Trabajo, artículos 1546, 1602, 1603, 1613, 1614 y 1618 del Código Civil, artículos 1º, 2º, 13, 25, 29 y 53 de nuestra Constitución Política y artículo 174 del Código de Procedimiento Civil”.

Señaló como error de hecho, en que a su juicio, incurrió el tribunal:

“Dar por demostrado sin estarlo y sin existir una sola prueba que así lo indique que la entidad demandada se encontraba en proceso de liquidación”

Denuncia la errónea apreciación de las siguientes pruebas: las resoluciones 192 y 193 del 6 de agosto de 2004, así como la solicitud de reintegro que formuló el actor el 30 de octubre de 2004 y la convención colectiva de trabajo de 1993 - 1994, que consagró la estabilidad laboral.

Adujo, que la consideración del tribunal para abstenerse de ordenar el reintegro del demandante, por haber cesado en sus actividades la empresa demandada al cerrar sus instalaciones, debió basarse en pruebas demostrativas de esos hechos y no en suposiciones, ya que del examen al expediente, se observa que no hay evidencia del proceso de liquidación que supuestamente se adelantó, y que impedía la reincorporación de la trabajadora al cargo que desempeñaba.

Se considera

Tal como lo autoriza el numeral 3º del artículo 51 del Decreto Extraordinario 2651 de 1991, adoptado como legislación permanente por el artículo 162 de la Ley 446 de 1998, se estudian conjuntamente los dos cargos, por cuanto a pesar de estar dirigidos por distinta vía, denuncian las mismas disposiciones legales, se valen de similares argumentos y persiguen idéntico objetivo.

Conforme a la parte motiva de la sentencia atacada, el tribunal aun cuando aceptó que en aplicación de la cláusula convencional, relativa a la “estabilidad laboral y régimen disciplinario”, la demandante tenía derecho al reintegro pretendido, concluyó que era improcedente ordenarlo, por ser jurídicamente imposible, prevalido de que “es un hecho de conocimiento general que la demandada se encuentra en proceso de liquidación, por tanto ha cesado en sus actividades y ha cerrado sus instalaciones”.

Tal como puede observarse de lo trascrito con anterioridad, el sentenciador de alzada, en efecto infringió el artículo 174 del Código de Procedimiento Civil, aplicable al campo laboral por el principio de la integración normativa, al soportar la improcedencia del reintegro de la demandante, no en las pruebas regular y oportunamente incorporadas al proceso, como lo ordena la citada disposición legal, sino en un hecho, que, a su juicio, “es de conocimiento general”, esto es, que la demandada se encuentra en “proceso de liquidación, por tanto ha cesado en sus actividades y ha cerrado sus instalaciones”.

La anterior inferencia, carece por completo de la comprobación en el proceso, pues no existe evidencia que conduzca a dar por demostrado que, en efecto, la entidad demandada se encontrara en las condiciones deducidas por el ad quem, es decir, en proceso de liquidación o en cese de actividades y cierre de sus instalaciones, carga probatoria que le correspondía asumir a la parte demandada, pues no le era dable al tribunal deducir esa condición de su conocimiento personal y, menos, aún, considerarlo como si se tratara de un hecho notorio, por no reunir los supuestos exigidos para el efecto.

Advierte la Sala, que aun cuando se ha adoctrinado, que la liquidación de la empresa es una circunstancia que imposibilita física y jurídicamente la reincorporación del trabajador al cargo que ocupaba, así el reintegro se encuentre consagrado en la ley, en pacto colectivo o en convención colectiva, ese supuesto fáctico necesariamente debe aparecer demostrado en el proceso, lo cual no acontece en el sub judice.

Adicionalmente, las resoluciones 192 y 193 del 6 de agosto de 2004, visibles a folios 31 a 37 del expediente, dan cuenta sin lugar a equívoco alguno, que el fundamento esencial de la entidad demandada para prescindir de los servicios de la actora, fue la supresión del cargo que desempeñaba, debido a las políticas de austeridad implantadas, mas no, a la liquidación de la empresa, argumento que, inclusive, fue el que esgrimió en su defensa para oponerse al reintegro.

En el contexto que antecede, si la liquidación de la empresa demandada no constituyó el soporte del despido de la demandante, tampoco fue objeto de debate por no ser el fundamento de la defensa y, menos se demostró, se impone concluir que el tribunal incurrió en las infracciones legales denunciadas.

Por lo visto, los cargos prosperan.

En instancia, precisa la Sala, que al estar acreditado que la demandada fue quien decidió unilateralmente terminarle el contrato de trabajo a la demandante, bajo una supuesta supresión del cargo, tal como se dejó expuesto al despachar la acusación, se colige que el despido no estuvo motivado en una justa causa, pues aquel hecho no se encuentra previsto en los artículos 48 y 49 del Decreto 2127 de 1945 para justificar ese proceder.

De otro lado, a folios 106 a 110 del cuaderno principal, aparece la convención colectiva de trabajo que suscribió la empresa demandada y su sindicato de trabajadores, con vigencia entre el 1º de enero de 1993 al 31 de diciembre de 1994, con su correspondiente constancia de depósito, en la que se prevé el derecho al reintegro de los trabajadores por despido sin justa causa, en cuanto textualmente dispone:

Capítulo II

Estabilidad laboral y régimen dsiciplinario

“A.2. La Lotería garantizará la estabilidad en el empleo de todos sus servidores, en armonía con el preámbulo de la Constitución Política, y sus artículos 53 y 125, que consagran el trabajo como uno de los derechos fundamentales de la población colombiana. Los trabajadores oficiales sólo podrán ser desvinculados por las causas contempladas por la Ley 6ª y el Decreto 2127 de 1945, debidamente comprobadas.

“No será válida la terminación unilateral de la relación laboral que se haga por causas y circunstancias distintas a las señaladas en las normas citadas y sin sujeción a un proceso disciplinario que permita la plena constatación de la falta, el derecho a la defensa del trabajador afectado y participación de un miembro del Sindicato en la diligencia de descargos del trabajador. En caso de que la Lotería desatienda estas disposiciones, el trabajador despedido tendrá derecho a solicitar y obtener directamente, o a través de la justicia laboral ordinaria el reintegro al cargo y el pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir desde la fecha de la desvinculación hasta aquella en que se verifique el reintegro”.

La norma convencional antes transcrita, mantuvo su vigencia en las convenciones colectivas suscritas con posterioridad, inclusive, la que regía cuando se produjo el despido, esto es, del 1º de enero de 2003 al 31 de diciembre de 2004 (fls. 112 a 134), la que también cumple con la exigencia del depósito oportuno.

Así las cosas, como la demandante era beneficiaria de las referidas convenciones colectivas, conforme a la constancia que milita a folio 772 del cuaderno anexo, le asiste el derecho al reintegro pretendido, pues la supresión del cargo que desempeñaba, no es razón suficiente para negarle el derecho a que se reincorpore al servicio de la entidad, máxime en este caso, en que no existen pruebas sobre la veracidad de las razones que expone la demandada para suprimir los cargos, consistente en “la delicada situación financiera”.

Precisamente, la Corte en sentencia del 16 de septiembre de 2008, Radicación 33004, reiterada en la del 28 de abril de 2009, Radicación 35252, al referirse al tema relacionado con la procedencia del reintegro, cuando la supresión del cargo no obedece al interés general, y el reordenamiento administrativo no cumple con estudios previos que lo aconsejen, indicó:

“Las normas laborales legales o convencionales que garantizan la estabilidad en el empleo y las especiales que son desarrollo de mandatos constitucionales, han de tener cabal aplicación, lo cual no significa que lo sea de manera absoluta, aún frente aquellos eventos en que se hace imperioso reordenar la administración.

“Pero esta postura jurisprudencial no puede hallar automático acomodo frente a cualquier acto administrativo que provenga de un ente descentralizado del orden territorial tendiente a modificar, ajustar o disminuir la planta de personal y que entrañe supresión de cargos, pues de su mera legalidad no puede inferirse la realización de los intereses superiores de la Administración Pública de ordenarse bajo reglas de eficiencia, procurando el mejoramiento del servicio, propendiendo al equilibrio entre ingresos y egresos.

“El ejercicio de la autonomía administrativa de la que gozan las entidades descentralizadas territoriales no es garantía per se de tratarse de actuaciones que estén revestidas de la excepcionalidad y racionalidad que se exige para que primen los intereses públicos sobre los derechos colectivos e individuales de los trabajadores; ningún sistema de derechos está garantizado si su disfrute pende de que el deudor, y sólo el, ejerciten o no acciones que los hagan inanes.

“Por está razón el mero acto administrativo de la entidad demandada por la que se auto - autorizó para ajustar su planta de personal y suprimir cargos, no es suficiente para declarar la existencia de un interés publico que tenga primacía sobre la eficacia de las garantías convencionales de estabilidad de empleo a las necesidades de la administración; esta debe resultar de estudios que aconsejen el reordenamiento administrativo, y que persuadan de cómo el sacrificio de los trabajadores que pierden su empleo, se justifica por la realización de un interés superior, como el de hacer más eficaz, o menos superflua la administración, o para propender al nivel de gasto que le permite su situación financiera.

“De esta manera, incurre el tribunal en una incorrecta hermenéutica de las normas en comento, y por ello el cargo es fundado y prospera”.

Acorde con lo explicado, se revocará la sentencia de primer grado, y en su lugar, se condenará a la demandada a reintegrar a la demandante al cargo que ostentaba al momento del despido, o a uno de igual o superior categoría y remuneración, así como al pago de los salarios, prestaciones sociales legales y convencionales con sus respectivos incrementos, compatibles con su reincorporación al servicio, dejados de percibir desde el momento del despido.

Así mismo, se autorizará a la demandada para que descuente las sumas que le fueron canceladas a la trabajadora con ocasión del fenecimiento del contrato de trabajo, incluyendo la indemnización por terminación unilateral del contrato de trabajo.

Sin costas en el recurso extraordinario. En las instancias son a cargo de la parte demandada.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA la sentencia del 27 de febrero de 2008, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta - Sala Laboral, en el proceso que Ana Teresa Tinoco Dangón le promovió a la Lotería del Libertador y apuestas permanentes del Magdalena.

En instancia, se revoca la sentencia de primer grado, y en su lugar, se condena a la demandada a reintegrar a la demandante al cargo que ostentaba al momento del despido, o a uno de igual o superior categoría y remuneración, así como al pago de los salarios, prestaciones sociales legales y convencionales con sus respectivos incrementos, compatibles con su reincorporación al servicio, dejados de percibir desde el momento del despido y hasta cuando se materialice el reintegro.

Así mismo, se autoriza a la demandada para que descuente las sumas que le fueron canceladas a la trabajadora con ocasión de la terminación del contrato de trabajo, incluyendo la suma indemnizatoria pagada por terminación unilateral y sin justa causa.

Sin costas en casación. En las instancias son a cargo de la parte demandada.

Cópiese, notifíquese y devuélvase al tribunal de origen.

Magistrados: Camilo Tarquino Gallego—Elsy Del Pilar Cuello CalderonGustavo José Gnecco MendozaEduardo López VillegasLuis Javier Osorio—Francisco Javier Ricaurte Gómez».