Sentencia 36298 de julio 2 de 2009 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

EXTRACTOS: «Decide la Corte el recurso de casación que interpuso la parte demandante, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 7 de marzo de 2008, en el proceso ordinario adelantado por Fabio Salazar Mujica contra Integral S.A.

I. Antecedentes

Con la demanda inicial y su reforma, en lo que interesa al recurso, solicita el actor que se condene a la accionada al pago de la indemnización, por terminación unilateral del contrato de trabajo por justas causas imputables al empleador, la indexación y a las costas del proceso.

Como fundamento de esos pedimentos, argumentó que ingresó a laborar para la demandada mediante contrato de trabajo a término indefinido el 25 de febrero de 1969; que se desempeñó como ingeniero mecánico; que laboró hasta el 15 de mayo de 2003, cuando renunció por causas imputables a su empleadora, consistentes en el sistemático incumplimiento en el pago de salarios, que hasta esa fecha sumaban $ 28’371.483, más la primera quincena del mes de mayo de ese año; así como los intereses a la cesantía causados a 31 de diciembre de 2001 y 2002, en un monto total de $ 14’693.600; y que su último salario mensual fue de $ 3’528.000.

II. Respuesta a la demanda

La parte accionada al dar respuesta a la demanda, se opuso a las pretensiones. De sus hechos, admitió la existencia de la relación de trabajo entre las partes, la modalidad de vinculación, sus extremos temporales, el cargo desempeñado por el demandante, el último salario que este devengó y la causa de terminación del contrato. En su defensa adujo, que si bien incumplió algunas de las obligaciones a su cargo, que motivaron la renuncia del trabajador, ello se debió a dificultades económicas insuperables que generaron para la empresa una fuerza irresistible, que la saca del campo de la mala fe; que de acuerdo con el artículo 7º del Decreto 2351 de 1965, para que el trabajador pueda renunciar a su empleo por causas imputables al empleador se requiere que el incumplimiento sistemático por este de sus obligaciones legales y convencionales no obedezca a razones válidas. Propuso como excepciones las de prescripción, inexistencia de la obligación, pago y buena fe.

III. Sentencia de primera instancia

Conoció de la primera instancia el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Medellín, quien en sentencia del 25 de mayo de 2007, absolvió a la sociedad demandada de todas las pretensiones y condenó en costas al actor.

IV. Sentencia de segunda instancia

Apeló el demandante, y la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, mediante sentencia del 7 de marzo de 2008, confirmó la de primera instancia y se abstuvo de imponer costas en la alzada.

Para esa decisión consideró, que si bien la demandada incumplió con sus obligaciones laborales frente al actor, ello obedeció a la difícil situación económica por la que atravesaba, y al no mediar ninguna culpa de su parte no puede deducírsele responsabilidad y en tales condiciones la indemnización deprecada no puede salir avante.

(…).

V. El recurso de casación

Lo interpuso la parte demandante con fundamento en la causal primera de casación laboral consagrada en el artículo 87 del C.P.L. y de la S.S., modificado por el 60 del Decreto 528 de 1964, con el cual pretende, según lo dijo en el alcance de la impugnación, que se CASE la sentencia recurrida; y en sede de instancia esta Sala revoque el fallo de primer grado y en su lugar acceda a las súplicas de la demanda inicial, y provea sobre las costas como corresponda.

Con tal objeto formuló un cargo, cuya réplica por haber sido extemporánea no se tendrá en cuenta.

(…).

VII. Se considera

Dado el sendero escogido por la censura, debe ponerse de presente que no se discute la conclusión fáctica a que arribó el Tribunal, en el sentido de que el demandante unilateralmente terminó el contrato de trabajo que lo unía a la accionada, por el incumplimiento de esta de algunas de sus obligaciones laborales, como eran la falta de pago de salarios e intereses a las cesantías.

Por ende, el debate se centra exclusivamente en la justificación que le dio el juez colegiado a la conducta de la empleadora, quien debido a la difícil situación económica por la que atravesaba, lo cual tampoco se controvierte, dejó de cumplir con sus obligaciones laborales frente al demandante; circunstancia que para la censura, no la exonera del reconocimiento y pago de la indemnización por terminación del contrato que reclama.

Al respecto, considera la Sala que la razón está de parte del recurrente, por lo siguiente:

El contrato de trabajo lleva implícita la condición resolutoria por incumplimiento de lo pactado, con indemnización de perjuicios a cargo de la parte responsable.

Cualquier violación grave de las obligaciones o prohibiciones especiales que incumben tanto al empleador como al trabajador, faculta al uno o al otro para dar por terminado el contrato de trabajo por justa causa, de acuerdo con el artículo 7º, literales a numeral 6º y literal b numeral 8º del Decreto 2351 de 1965.

En cuanto tiene que ver con el empleador, el pago del salario de conformidad con lo convenido, es una de sus obligaciones especiales; y siendo especial esa obligación, ello significa que está revestida de una particular y superior condición, justificable en la medida en que con el salario, que es la contraprestación directa y necesaria de la fuerza de trabajo que el empleado pone a su vez a disposición de su empleador, con la que aquel trabajador puede satisfacer sus necesidades personales y familiares, es decir que puede realizarse como ser humano y proyectar su vida dentro del núcleo social en el cual se desenvuelve.

La violación grave de una obligación no supone siempre una conducta culposa de la cual se desprenda un daño. La jurisprudencia de la Corte, sobre el particular ha dicho:

“Lo que es grave no siempre produce perjuicios; lo que es leve o insignificante a veces puede producirlos. La gravedad —cuyo neto sentido etimológico es peso— y que resulta de tan difícil mensura para el juzgador, suele ser el énfasis y encarecimiento con el cual el legislador ha querido rodear los hechos generadores de efectos jurídicos, sin que necesariamente envuelva que tales hechos hayan producido perjuicios al patrono. Quiere la ley que circunstancias baladíes no se erijan en causales eximentes de cumplir el contrato, ni que puedan usarse por las partes en su exclusiva conveniencia y como instrumentos lesivos de los intereses de la otra, y por ello ha ocurrido a la calificación de graves, sin atender a los efectos dañosos que hayan producido” (sent. de casación jul. 7/58. G. J. 2199/2200, pág. 819).

Ahora, si el empleador, aun sin incurrir en culpa, pero por las situaciones propias del mercado, se ve inmerso en una crisis financiera que afecta la estabilidad propia de la empresa y por ello deja reiteradamente de pagar el salario a sus trabajadores, es evidente que viola gravemente sus obligaciones como tal. La dinámica en que desarrolla su actividad empresarial posibilita que todos los fenómenos, salvo fuerza mayor o caso fortuito, sean previsibles y por tanto no pueden usarse como justificantes para incumplir sus obligaciones como empleador.

Una actividad empresarial supone necesariamente riesgos; así como por regla general se procura con ella la obtención de utilidades, correlativamente también pueden acontecer pérdidas o dificultades que impidan o estorben el pleno desarrollo de su objetivo social.

Pero cualquiera que sea la causa que la afecte —salvo fuerza mayor o caso fortuito—, el trabajador no tiene por qué asumir la contingencia de esos riesgos, pues la legislación laboral ha sido celosa en salvaguardarlos de los mismos, tal como se desprende del artículo 29 del Código Sustantivo del Trabajo, que de manera perentoria establece que el trabajador “nunca” podrá asumir los riesgos y pérdidas de su empleador, excepto aquellas que provengan de su propia actividad culposa en el desempeño de sus funciones y que hayan causado perjuicio al empresario, porque ello es propio de los contratos bilaterales, conmutativos y onerosos como es el contrato de trabajo, el cual además se celebra en beneficio recíproco de las partes.

La jurisprudencia de la suprema también ha ratificado la orientación legislativa, pues al respecto ha dicho que:

“Si quien se dice trabajador dependiente está sometido al riesgo de la empresa para la cual trabaja, es decir, participa en las pérdidas del negocio, se destruye la presunción de que los servicios fueron prestados en virtud de un contrato de trabajo. El trabajador de servicios regulados por el código laboral nunca asume los riesgos o pérdidas del negocio, por lo cual cuando tal compromiso se concierta, él no tiene el carácter a que se refiere dicho estatuto, sino el de socio industrial que regula el derecho común y cuya participación en las pérdidas bien puede consistir en la de su industria o trabajo”. Así lo asentó en sentencia del 29 de marzo de 1954, publicada en el D. del T., volumen XIX, números 112-114, página 179.

De otro lado, no puede olvidarse que de conformidad con el artículo 66 de la Ley 50 de 1990, que modificó el artículo 466 del Código Sustantivo del Trabajo, las empresas que no sean de servicio público no pueden clausurar labores, ni total ni parcialmente sin el permiso del ministerio del ramo, salvo fuerza mayor o caso fortuito y sin perjuicio de las indemnizaciones a que haya lugar por causa de los contratos de trabajo concertados por un tiempo mayor, lo cual implica que, salvo las excepciones legales, ni siquiera la autorización ministerial exonera al empleador del pago de las indemnizaciones correspondientes.

La susodicha hipótesis está reiterada por el artículo 67 de la Ley 50 de 1990, que regula la protección en caso de despidos colectivos, que cuando son autorizados, el empleador debe pagar a los trabajadores afectados la indemnización legal que les hubiere correspondido si el despido se hubiera producido sin justa causa legal, lo cual incluye las situaciones en que los despidos colectivos cuya autorización se solicite, tengan su causa en las pérdidas sistemáticas de la empresa, o cuando se encuentre en una situación financiera que lo coloque en peligro de entrar en cesación de pagos o que de hecho esto haya ocurrido, entre otras más que discrimina el mencionado precepto legal.

De igual manera, también han sido reiteradas las enseñanzas de la Corte según las cuales las dificultades económicas de la empresa no constituyen justa causa de despido, ya que “El principio jurídico de la continuidad o permanencia del contrato de trabajo, del cual se deducen las normas que protegen la estabilidad en el empleo, resulta contrario a la posibilidad de que la empresa despida eficazmente a los trabajadores protegidos por la estabilidad propia, aduciendo razones de comodidad, interés propio o dificultades económicas”, tal cual se pronunció a través de su extinguida Sección Primera en la sentencia de casación del 17 de mayo de 1984.

Por tanto, si dichas dificultades económicas no son fuente lícita para despedir a un trabajador, la consecuencia para el empleador es el pago de la indemnización correspondiente, lo que correlativamente implica que cuando el trabajador renuncia por el no pago de salarios y prestaciones que comporta el reiterado incumplimiento del empleador de sus obligaciones especiales, este no puede alegar las dificultades económicas suyas para exonerarse de la indemnización derivada del despido indirecto, como se conoce tal situación.

Bajo la anterior perspectiva el Tribunal incurrió en los yerros jurídicos que le enrostra la censura, y en consecuencia el cargo prospera y habrá de casarse la sentencia recurrida.

VIII. Sentencia de instancia

En sede de instancia, se revocará la sentencia de primer grado, para en su lugar condenar a la demandada al pago de la indemnización por terminación del contrato por justas causas imputables al empleador, debidamente indexada; para lo cual, fuera de las consideraciones hechas en casación, debe decirse, que ésta al contestar la demanda inicial admitió la existencia del contrato de trabajo entre las partes a término indefinido, sus extremos temporales entre el 25 de febrero de 1969 y el 15 de mayo de 2003, esto es durante 34 años, 2 meses y 20 días, y el último salario mensual devengado por el actor de $ 3’528.000, es decir $ 117.600 diarios.

Así las cosas, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo transitorio del artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 28 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo preceptuado en el literal d del artículo 6º de la Ley 50 de 1990, dicha indemnización equivale a 1.373,88 días, que multiplicados por el referido salario diario, da como resultado $ 161’558.288. Igualmente la indexación de esta suma, entre el 15 de mayo de 2003 y el 30 de junio de 2009, asciende a $ 58’738.397, teniendo el IPC certificado por el DANE que es un hecho notorio conforme a lo establecido en el artículo 191 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por analogía en materia laboral según el artículo 145 del C.P.L. y de la S.S.; ello sin perjuicio de que la indexación vaya hasta el momento en que se pague la condena principal.

De otro lado, la excepción de prescripción propuesta por la accionada no tiene vocación de prosperar, si se tiene en cuenta que la relación de trabajo entre las partes terminó el 15 de mayo de 2003, y la demanda introductoria se presentó el 24 de junio del mismo año, cuando obviamente no había transcurrido el término de tres años establecido en los artículos 488 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del C.P.L. y de la S.S., para que esta operara. Las demás excepciones quedaron implícitamente resueltas con lo expresado en sede de casación.

Sin costas en el recurso extraordinario, dado que la demanda de casación salió avante; las de la primera instancia correrán por cuenta de la demandada; y en la segunda no se causaron.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 7 de marzo de 2008, en el proceso ordinario adelantado por Fabio Salazar Mujica contra Integral S.A.

En sede de instancia SE REVOCA la sentencia de primer grado, y en su lugar se condena a la sociedad demandada al pago de la suma de ciento sesenta y un millones quinientos cincuenta y ocho mil doscientos ochenta y ocho pesos ($ 161’558.288) moneda corriente, por concepto de la indemnización por terminación del contrato de trabajo por justas causas imputables al empleador; y a la cantidad de cincuenta y ocho millones setecientos treinta y ocho mil trescientos noventa y siete pesos ($ 58’738.397,) moneda corriente, por la indexación de dicha suma, entre el 15 de mayo de 2003 y el 30 de junio de 2009, sin perjuicio de que esta vaya hasta el momento en que se pague la condena principal.

Costas como se indicó en la parte motiva.

Devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Cópiese, notifíquese y publíquese».

(Sentencia de 2 de julio de 2009. Radicación 36298. Magistrado Ponente: Dr. Luis Javier Osorio López).

___________________________________