Sentencia 3633 de julio 16 de 1998 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONFLICTO ENTRE MARCAS Y RESERVA DE NOMBRE

PREVALECE EL RÉGIMEN MARCARIO

EXTRACTOS: «La controversia se circunscribe a establecer si la existencia de una “reserva de nombre” ante la Dirección Nacional del Derecho de Autor impide registrar el mismo nombre o parte de él ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

Sobre el particular, cabe tener en cuenta lo siguiente:

El artículo 61 de la Ley 44 de 1993 estableció:

“La reserva del nombre será competencia de la Dirección Nacional del Derecho de Autor, constituyéndose en un derecho exclusivo a favor de sus titulares con el objeto único y específico de identificar y/o distinguir publicaciones periódicas, programas de radio y televisión, y estaciones de radiodifusión. El titular conservará su derecho durante el tiempo en que efectivamente lo utilice o explote en los términos en los cuales le fue otorgado y un año más, salvo que se trate de una publicación o programa anual, caso en que el plazo se elevará a 3 años ...”.

Si bien es cierto que el artículo 73 del Decreto-Ley 2150 de 5 de diciembre de 1995, que entró a regir el día 6 del mismo mes y año, en que fue publicado en el Diario Oficial número 42137, prevé: “Supresión de la reserva de nombre. Suprímese la reserva de nombre ante la Dirección Nacional del Derecho de Autor”, no lo es menos que cuando se expidió el acto administrativo acusado, el 24 de agosto de 1995, estaba vigente el artículo 61 de la Ley 44 de 1993, antes transcrito.

No obstante ello, si la Superintendencia de Industria y Comercio, antes de la solicitud o durante el trámite de ésta y antes de la expedición de dicho acto no tenía conocimiento de la existencia de la reserva del nombre a favor del doctor Joaquín Estrada Monsalve, no estaba en capacidad de violar la ley.

Por ello no sólo queda sin sustento el cargo de violación del referido artículo 61, a que alude el cargo 6º de la demanda, sino los cargos 1º a 5º y 7º, relativos a la violación de los artículos 2º, 58, 61, 73, 83 y 84 de la Constitución Política.

En lo que respecta al cargo 8º, referente a la violación de la Resolución 898 de 15 de septiembre de 1994, expedida por la Dirección Nacional del Derecho de Autor, cabe tener en cuenta que por no ser dicha resolución jerárquicamente superior al acto administrativo acusado no puede exigírsele a éste sujeción frente a aquélla.

En lo que concierne a la violación de los artículos 83, literales b, d, g, y 96 de la Decisión 344, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cabe resaltar que al hacer el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena la interpretación prejudicial número 1-IP-97, de dichas normas, precisó:

“Como se expresa en el proceso 10-IP-94 (Gaceta Oficial Nº 177 del 20 de abril de 1995) “Para este Tribunal, la doctrina predominante sobre la materia de marcas y de derechos de autor da base suficiente para pensar que en lo que respecta a diarios, revistas u otras publicaciones no se configura derecho de autor sobre sus títulos o nombres, ya que el aporte intelectual en estas publicaciones está ligado al contenido de cada ejemplar, independientemente de sus títulos. En consecuencia los títulos de diarios y publicaciones periódicas conllevan más bien una función marcaría ya que sirven de signo distintivo para identificar al producto de la industria editorial, hablada o escrita. Desde este punto de vista, cualquier conflicto que se suscite entre el derecho de autor sobre nombres de publicaciones periódicas y de programas de radio y televisión frente a posibles pretensiones de derecho marcario, deberán resolverse en favor del régimen de marcas ...” (folios 210 y 211).

Y concluyó el citado Tribunal:

“... 1. El registro de una marca es oponible y prevalece sobre eventuales pretensiones de exclusividad que pudieran hacerse valer, derivadas de sistemas de inscripción, como el de la “reserva de nombre” respecto a publicaciones periódicas.

2. Los conflictos que se susciten entre los nombres de publicaciones periódicas y programas de radio y televisión frente a posibles pretensiones de derecho marcario, deben resolverse en favor del régimen de marcas...” (folio 215).

De lo que ha quedado reseñado concluye la Sala que la inscripción anterior de una “reserva de nombre”, a la luz de las normas comunitarias, no es causal de irregistrabilidad, habida cuenta de que el registro marcario prevalece sobre aquélla».

(Sentencia de julio 16 de 1998. Expediente 3633. Consejero Ponente: Dr. Ernesto Rafael Ariza Muñoz).

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