CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Aprobado acta 417

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Guillermo Salazar Otero

Bogotá, D.C., catorce de noviembre de dos mil doce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Nulidad por afectación de la estructura del proceso.

El demandante plantea la anulación del juicio por afectación de la estructura del debido proceso y su repetición, en razón a que en la audiencia de lectura de la sentencia la misma juez que adelantó el juicio oral y a la conclusión del debate anunció la absolución del acusado, declaró la nulidad de este para modificarlo por uno de carácter condenatorio.

En orden a abordar el problema planteado en la demanda, es pertinente recordar la evolución jurisprudencial en torno a dicha temática, en el entendido que la misma requiere una precisión para evitar que lo excepcional termine siendo una regla general en la sistemática acusatoria.

La Sala en múltiples decisiones se ha ocupado de establecer el alcance del sentido del fallo, cuyo anuncio corresponde hacer al juez a la terminación del debate en el juicio oral o después de un receso hasta de dos (2) horas si lo considera necesario, y su vinculación con el proferido posteriormente de manera escrita.

Respecto de la naturaleza del anuncio del sentido del fallo, inicialmente la Sala estimó que se trata de “un concepto jurídico determinado y obligatorio”, lo cual significa que la sentencia escrita guarde coherencia con el aviso oral y público hecho por el juez que presidió el juicio.

De ese modo advirtió que “Si el legislador consagró la obligación para el juez de informar a las partes el sentido de su resolución final, de manera oral y pública, es para garantizarles el pronto conocimiento de la decisión adoptada y que, por obvias razones, debe ser coherente con ese anuncio verbal. De otra manera, no tendría razón de ser la inclusión de ese precepto en la actual codificación procesal penal”(1).

Posteriormente en un caso, en el que el juez en la audiencia de lectura de la sentencia absolvió en lugar de condenar al acusado como lo había anunciado, citó las disposiciones de la Ley 906 de 2004 relacionadas con el sentido del fallo, para precisar que junto con la sentencia escrita constituye un acto complejo que hace parte de la estructura básica del proceso.

Dijo entonces que “resulta incontrastable que la comunicación del juez sobre el sentido del fallo, acto con el que culmina el debate público oral, forma parte de la estructura básica del proceso como es debido y vincula al juzgador en la redacción de la sentencia.

Por tanto, el fallo conforma un todo inescindible, un acto complejo, una unidad temática, entre el anuncio público y la sentencia finalmente escrita, debiendo, por tanto, ser coincidentes sus alcances”(2).

La iniciación del incidente de reparación integral, la fijación de las penas correspondientes, la reglamentación especial del trámite, la inmediación del juez, la interpretación de la ley, su inaplicabilidad, los procedimientos dilatorios o inoficiosos, las consecuencias y los antecedentes legislativos, son tenidos en cuenta como sustento de la obligación del juez de respetar lo anunciado.

Precisó que “De lo anterior deriva que el aviso público sobre condena o absolución hecho por el juez una vez finalizado el debate oral, constituye la resolución de mérito al conflicto, emitido el cual solamente resta redactar, a modo de sentencia, los aspectos que se deriven de ese aviso. Por modo que esta no puede desconocer el sentido pronunciado, de donde surge que exista una unidad temática entre el sentido del fallo y la sentencia finalmente adoptada”(3).

Sin embargo, en esa oportunidad reconoció la posibilidad excepcional del juez de anular el sentido del fallo, si en el proceso de redacción del mismo llega al convencimiento que la decisión anunciada encierra una injusticia material, con el propósito de preservar con uno nuevo las garantías de las partes.

Señaló que “si, eventual y excepcionalmente, al redactar la sentencia el juez llega a la convicción de que el acatamiento al anuncio de ese sentido implicaría una injusticia material, debe declarar la nulidad de aquel aviso, para que, al reponer la actuación con el anuncio correcto, respete las garantías de las partes”.

Luego al estudiar el principio de congruencia en el juicio acusatorio, indicó que el mismo debe predicarse del anuncio del sentido de fallo con la sentencia por ser este un acto complejo(4).

Y frente a la manifestación del juez, sobre la posibilidad al momento de redactar la sentencia de cambiar el sentido del fallo anunciado, reiteró su carácter vinculante e insistió en la viabilidad de esa hipótesis, únicamente cuando razones de justicia material lo aconsejaran, mediante la anulación de dicha decisión.

Expresó que “Una vez más recuerda la Sala que el sentido del fallo es vinculante para el juez, en cuanto conforma una unidad inescindible con la sentencia. En ese orden, aquel y esta deben guardar consonancia.

Por manera que una vez terminado el debate público oral y dado a conocer por el juez cuál va a ser el sentido de su fallo, no puede proferir sentencia en sentido contrario. Si al redactar o emitir la sentencia llega a la convicción contraria por razones de justicia material, esto es, a pesar de haber anunciado condena considera que lo debido es absolver, no puede dictar sentencia bajo esa orientación. Está en la obligación de declarar la nulidad de lo actuado a partir de ese momento procesal”(5).

Al recordar que en el proceso acusatorio el concepto de juez natural tiene un alcance distinto al conocido en los códigos anteriores, ya que ahora se entiende referido a la persona y no al cargo, la Sala ha sostenido que si el juez que profiere la sentencia no es el mismo que anunció el sentido del fallo, el juicio oral debe repetirse siempre que aquél se aparte de lo decidido por este.

“Ahora, si el funcionario que luego es reemplazado alcanzó a anunciar el sentido del fallo, el nuevo podría omitir la repetición del juicio, siempre que respete el criterio adoptado por quien presenció el juicio y no haga cosa distinta que desarrollar, o mejor materializar los argumentos expuestos en la audiencia en la que se anunció el sentido del fallo, salvo, eventualmente, cuando el cambio resulte benéfico para el acusado.

De manera que si se anunció sentencia absolutoria, mal puede el nuevo juzgador revocar esa determinación y optar por emitir una condenatoria, en tanto que la seguridad jurídica sobre la certeza de una decisión favorable al procesado se lesiona. Ese supuesto infringiría el principio constitucional de inmediación de la prueba”(6).

La reseña anterior, permite concluir que la consideración según la cual el anuncio de la decisión o sentido del fallo y la sentencia finalmente leída es un acto complejo que hace parte de la estructura del debido proceso, no es asunto problemático, como tampoco lo es la obligación que entre el uno y la otra haya concordancia.

Sin embargo, la anulación del sentido del fallo cuando el juez encuentra en el proceso de redacción de la sentencia que él contiene una injusticia material, es admitida como la vía jurídica expedita que permite su modificación a través de un nuevo anuncio.

A pesar de ella, la misma merece una reconsideración en aquellos asuntos en los cuales se ha preservado el principio de la inmutabilidad del juez, a partir de la naturaleza del juicio oral consagrado en la Ley 906 de 2004 y los principios que lo orientan, con el objeto de garantizar el debido proceso acusatorio.

Con dicha rectificación no se sacrifica lo sustancial por lo formal; por el contrario, implica la observancia plena de los principios constitucionales y legales inherentes al juicio oral, rescatar su importancia y distinguirlo de los procedimientos escritos, como también es el camino adecuado con miras a respetar las garantías fundamentales de los intervinientes.

En el juicio oral, la labor del juez no está circunscrita a su instalación, a dirigir el desarrollo de la audiencia, a verificar la validez de la manifestación de culpabilidad del acusado, a aceptar o rechazar las manifestaciones de culpabilidad preacordadas entre la defensa y la acusación, sino que lo obliga a estar atento a su desarrollo y al debate probatorio en razón de la inmediación.

Recuérdese que en virtud de dicho principio, son pruebas únicamente las practicadas, confrontadas y controvertidas en su presencia, dada la admisibilidad excepcional de la prueba de referencia.

Así las cosas, en su presencia la prueba es producida e incorporada al juicio en forma pública y oral, mediante un debate desarrollado de manera continua en un mismo día, en días consecutivos o no debido a suspensiones legales excepcionales; luego la inmediación y concentración son fundamentales, mientras le posibilitan el conocimiento directo de los hechos, a partir de los cuales le corresponde decidir.

De modo que una vez presentados los alegatos y posterior a la declaración de terminación del debate, el juez se hallará en capacidad inmediatamente o después del receso legal, de dar a conocer de manera oral y pública el sentido del fallo, cuya decisión individualizará frente a cada uno de los enjuiciados y cargos contenidos en la acusación, indicando el delito por el cual lo halla culpable o inocente.

Entonces el debido proceso acusatorio se preserva, cuando el juez al redactar la sentencia respeta el sentido del anuncio del fallo y no a la inversa, esto es, cuando anula su aviso por considerar que el mismo encierra una injusticia material.

La anulación de ese acto, admitida bajo el hipotético juicio del juez de encontrarse en el proceso de redacción del mismo con que su convencimiento es distinto del anunciado, resulta inadmisible en un procedimiento regido por la inmediación, concentración e inmutabilidad del juez.

Permitirla no es un acto trascendente sino una informalidad que sacrifica el debido proceso acusatorio con el pretexto de contener una injusticia material, fundamentalmente porque la aceptación de dicha tesis, conduce sin ninguna duda, a ignorar los principios de inmediación y de concentración, pilares del juicio oral, que considera protegidos.

Riñe además con el debido proceso, cuando el mismo juez que asistió, presenció, dirigió el juicio, esto es, ante quien la prueba fue producida e incorporada en forma pública, oral, concentrada, confrontada y controvertida, procede a anular su sentido porque al redactar la sentencia aduce que con él cometió una injusticia material.

Este procedimiento avalado por la Sala, tiene justificación únicamente en aquellos casos en los que por razones administrativas o de otra índole, la inmediación y la concentración no tienen cabal aplicación, en el entendido que el juez que intervino en el juicio oral y anunció el sentido del fallo no es el mismo encargado de redactarlo.

Sin embargo, respecto de la posibilidad que un juez distinto al que presenció el juicio oral sea el que dicte el fallo, se tiene dicho que tal situación es de carácter excepcional dado que es “necesario insistir en la estricta atención de los principios de inmediación y de concentración que impone el nuevo sistema penal, porque si bien la jurisprudencia de la Sala ha admitido como posible que un juez distinto al que presenció el debate oral, sea el que profiera la sentencia correspondiente, ello debe ser entendido como una situación excepcional o, si se quiere, inusual”(7).

Ahora bien, la justicia material en un estado social de derecho se resguarda observando el debido proceso y no acudiendo a procedimientos que lo vulneran. Su invocación para invalidar el sentido del fallo, no deja de ser una entelequia, porque estará de por medio una decisión respecto de la cual tampoco existirá certeza, esto es, no existe un parámetro razonable que permita determinar cuál fue el anuncio correcto, ya que puede ser probable que el primer anuncio fuera el que finalmente se ajustara a lo probado y debatido en el juicio oral.

Luego no hay una causa jurídica válida o de derecho que justifique un procedimiento distinto al señalado por la ley, así se argumenten razones de justicia material, no solo porque los principios tutelares en los que se sustenta el debido proceso acusatorio deben ser acatados, sino también por la existencia de medios idóneos para impedir que ello ocurra.

Por eso la ley ha consagrado la facultad del juez, si lo estima necesario, para decretar un receso antes de anunciar el sentido del fallo, cuya finalidad no es otra que adelantar un reexamen de lo acontecido en el juicio, incluso consultar los videos y oír los audios, para disipar las dudas surgidas de lo percibido, procurando por esa vía que la sentencia escrita y leída días después guarde consonancia con él.

“La posibilidad de acudir a registros audiovisuales, en los términos del artículo 146 de la normativa procesal penal de 2004, debe entenderse como soporte para probar lo ocurrido en el juicio oral para efectos de tramitar y resolver los recursos de apelación y de casación y para suplir algunas falencias temporales que no incidan de manera sustancial en el sentido del fallo”(8).

Del mismo modo, cuando la complejidad del asunto lo amerita, el receso puede prolongarse razonablemente más allá del término señalado en la ley, para garantizar que el sentido del fallo anunciado corresponda a lo probado y debatido en el juicio oral.

A dicha posibilidad, la Sala se refirió cuando dijo que “Para lograr esa armonía, el legislador otorgó al funcionario un lapso prudencial para que decante lo percibido directamente en el juicio y, así, evite posibles yerros. Ahora, si un asunto resulta en extremo complejo, nada obsta para que prudencialmente amplíe ese término, pues criterios superiores, como la prevalencia de lo sustancial sobre las formas, la necesidad y la ponderación (L. 906/2004, arts. 10 y 27), lo autorizarían”(9).

De otro lado, los equívocos en que pudo incurrir el juez al hacer el anuncio, son susceptibles de ser corregidos con la interposición de los recursos legales por la parte a la que le asista interés jurídico, haciendo posible la reparación de la “injusticia material” vislumbrada al redactar la sentencia, pero no por vía de anulación que equivaldría a la revocatoria de la sentencia por el mismo juez que la dictó.

La obligación de mantener inmodificable el sentido del fallo no atenta contra la verdad y la justicia, por el contrario respeta los pilares sobre los que se sustenta el debido proceso acusatorio y vivifica el deber de obrar con absoluta lealtad y buena fe de quienes intervienen en la actuación, los cuales no pueden ser sorprendidos ni afectados con nuevas decisiones que desconocen el surgimiento de derechos con el sentido del fallo anunciado, como el de la libertad y el levantamiento de las medidas cautelares impuestas.

En este sentido, la Sala tiene dicho que “claramente delimitadas la naturaleza y efectos concretos de esas dos figuras, sentido del fallo y sentencia, debe hacerse énfasis en que de la primera nacen expectativas, o, si se quiere, derechos, que no pueden ser desconocidos”(10).

La anulación del sentido del fallo cuando se ha observado el debido proceso acusatorio, es una medida extrema contraria a la seguridad jurídica, no solo porque las partes no sabrían a qué procedimiento atenerse, sino que quedarían sometidas al arbitrio de la facultad discrecional del juez, a quien solo le bastaría con invocar la justicia material para modificar su decisión inicial. Además, la nulidad no es aplicable para corregir un criterio del juez, sino que opera por vicios en la producción de los actos procesales y el sentido del fallo no fue irregular.

En el caso concreto, la misma juez que presidió y anunció el sentido del fallo lo anuló, argumentando que de no hacerlo lesionaría el debido proceso del acusado, a quien dicho sea de paso había absuelto por duda.

Esencialmente indicó “que la primigenia idea que llevó a esta funcionaria a emitir un sentido del fallo de carácter absolutorio quedó plenamente desvirtuada, luego de analizar con más detenimiento todo el caudal probatorio, aun cuando al culminar el trámite del juicio oral se consideró la existencia de una serie de dudas que a este punto de la actuación podrían considerarse insalvables, el contenido de las estipulaciones probatorias despejan el panorama procesal y en tal entendido queda plenamente desvirtuada la presunción de inocencia que cobijaba al procesado”.

Ello a pesar de reconocer que “la inmediación del juez frente a lo demostrado con las pruebas practicadas en asocio con las pretensiones de las partes hacen evidente que luego de emitido el sentido en el que habrá de dictarse la sentencia se parte del presupuesto del apego irrestricto del funcionario a su anuncio, toda vez que comporta un acto sustancial, material y de fondo”.

Acudió a la fórmula recurrente de la “afectación sustancial del debido proceso”, sin percatarse que por el contrario ninguna evidencia demuestra su vulneración, comoquiera que en el juicio oral presidido por ella se preservaron los principios de publicidad, oralidad, inmediación, concentración, confrontación y contradicción.

Repárese en que la etapa probatoria se desarrolló en una misma sesión, en la cual la juez aceptó las estipulaciones probatorias y ordenó su introducción, fue producida e incorporada la prueba testimonial y documental y después que las partes presentaran sus alegaciones finales, dio por concluido el debate para anunciar el sentido del fallo “de acuerdo a los medios de conocimiento consagrados en el artículo 380 y 382 del Código de Procedimiento Penal, el cual es de carácter absolutorio”(11).

Ahora que en ella señalara el 28 de julio de 2010, esto es, dos meses después, para la realización de la audiencia de lectura de la sentencia y en esa fecha procediera a anular el sentido inicial para transmutarlo, es inadmisible.

Sin duda, por haber presidido el juicio oral con observancia del debido proceso como ya se dijo, estaba impedida para acudir al mecanismo de la anulación y menos con el fin de evitar “el desconocimiento de las garantías procesales del acusado”, que tampoco se sabe de qué manera resultaron vulneradas con la decisión absolutoria, anunciada a su culminación.

Comoquiera que la sentencia finalmente leída desconoció el sentido del fallo anunciado inicialmente, el cargo tiene vocación de prosperidad, porque con ella al afectarse la estructura del debido proceso, es pertinente declararla nula de conformidad con el inciso primero del artículo 457 de la Ley 906 de 2004.

Finalmente, la Sala no puede avalar situaciones como las ocurridas en este juicio oral, a riesgo no solo de convertir en costumbre lo que ha reconocido de excepcional para otros eventos, sino primordialmente para impedir que el proceso acusatorio se rija por el principio de permanencia de la prueba, ajeno a él.

En esas circunstancias, la Sala casará el fallo y dispondrá que la juez de primera instancia que presidió el juicio oral y anunció el sentido del fallo, proceda a dictar la sentencia conforme al mismo.

El cargo prospera parcialmente, en la medida que no hay lugar a la repetición del juicio como lo demanda el actor, por no darse ninguno de los eventos descritos en el artículo 454 de la Ley 906 de 2004, esto es, la existencia de una situación sobreviniente de manifiesta gravedad que obligara a la suspensión del juicio o que en su desarrollo se hubiera producido el cambio de juez.

Como consecuencia de la decisión que se adopta, no se hará ningún pronunciamiento en relación con el cargo segundo propuesto en la demanda.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

Casar la sentencia proferida el 28 de febrero de 2011 por el Tribunal Superior de Bogotá y en su lugar declararla nula por violación de la estructura del debido proceso. Devuélvase la actuación para que se proceda a dictarla de acuerdo con el sentido del fallo anunciado a la culminación del juicio oral.

Contra esta decisión no procede recurso alguno.

Notifíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen».

(1) Casación de mayo 3 de 2007, radicación 26222.

(2) Casaciones de septiembre 17 de 2007, radicación 27336; octubre 30 de 2008, radicación 29872; y febrero 4 de 2009, radicación 30043.

(3) Casación de septiembre 17 de 2007, radicación 27336.

(4) Casación, noviembre 28 de 2007, radicación 27518.

(5) Casación, diciembre 5 de 2007, radicación 28125.

(6) Casación, enero 20 de 2010, radicación 32556.

(7) Casación de enero 20 de 2010, radicación 32196.

(8) Casación, enero 20 de 2010; radicación 32196.

(9) Casación, septiembre 17 de 2007; radicación 27336.

(10) Casación, enero 20 de 2010; radicación 32196.

(11) Acta de juicio oral, mayo 27 de 2010; folios 154 a 157 de la carpeta.

SALVAMENTO DE VOTO

Con el debido respeto hacia las opiniones y el criterio ajenos, procedo a consignar las razones que me llevaron a salvar el voto en relación con la decisión mayoritaria adoptada por la Sala dentro de este proceso, a través de la cual se casó el fallo proferido por el Tribunal Superior de Bogotá el 28 de febrero de 2011 que confirmó la condena dictada en primera instancia el 13 de octubre de 2010 por el Juzgado 19 Penal del Circuito del mismo lugar en contra de Ricardo José De la Espriella Pérez al encontrarlo autor penalmente responsable del delito de estafa, para en su lugar disponer su nulidad con el objeto de que el juez de conocimiento proceda a dictar sentencia de carácter absolutorio acorde con el sentido anunciado a la terminación del juicio oral.

Como primera medida, he de destacar que la advertencia inicial contenida en la decisión de la cual me aparto, en cuanto a que su propósito se contrae a “precisar” la evolución de la jurisprudencia en torno a la solución pertinente para los casos en que el juez de conocimiento tras anunciar el sentido del fallo y luego de un proceso de reflexión realizado antes de su lectura definitiva encuentra que en este ha incurrido en error, no se corresponde con la realidad, pues lo que en verdad se plasma es una variación radical de la línea jurisprudencial que hasta el momento se venía aplicando y bajo cuyo auspicio el juzgador de conocimiento procedió a decretar la nulidad del aviso del sentido de fallo para modificarlo conforme a su nueva apreciación.

En efecto, como allí mismo se consigna, desde la decisión emitida el 17 de septiembre de 2007 dentro del radicado 27336(1), la Corte venía sosteniendo que frente a tales eventos, de forma excepcional y en defensa de la justicia material, la solución viable ante una problemática como la expuesta era precisamente el decreto de nulidad a partir del anuncio del sentido del fallo con el fin de que el juzgador emitiera uno consecuente con la última visión del asunto, garantizándose así la concordancia que debe existir entre uno y otro, en tanto constitutivos del acto complejo de sentencia, con lo cual quedaba a salvo la estructura del proceso.

Ahora, con la decisión de la cual disiento, se establece que el juez de conocimiento queda inexorable y fatalmente sujeto al anuncio del sentido de fallo emitido una vez culminado el juicio oral, en virtud de lo cual, sin que así se diga, se le otorga una naturaleza inmutable e inmodificable a ese acto, admitiendo como únicas excepciones situaciones administrativas o afines en donde el juez que pronuncia el sentido de la sentencia no es el mismo encargado de su redacción. Es evidente, entonces, el giro jurisprudencial que se le da a la temática.

A mi modo de ver la nueva postura es equivocada, pues desconoce el valor justicia y otorga prevalencia al derecho formal sobre el sustancial, en contravía con lo dispuesto en el canon 228 superior. Así mismo, elude que al juez le asisten deberes, como los de “respeto por la dignidad humana (art. 1º), actuar con imparcialidad, en el entendido que el norte de su actividad es establecer con objetividad la verdad y la justicia (5º), garantizar los derechos fundamentales de todos los intervinientes, lograr la eficacia del ejercicio de la justicia, hacer prevalecer el derecho sustancial (10), y obrar, sin excepción alguna, con absoluta lealtad y buena fe (12)”(2).

Lo anterior, por cuanto al juez le es imperativo ceñir su decisión a la verdad y sólo de esa manera garantiza que sea justa. A cambio de ello, en la decisión mayoritaria se lo obliga a decidir en sentido contrario a su convencimiento íntimo auspiciando una situación injusta materialmente, proferida solo bajo el prurito de satisfacer una congruencia meramente formal, esto es, rindiendo culto absoluto a las formas por sobre el derecho sustancial.

De otra parte, la solución originalmente adoptada por la Sala en la remembrada decisión del 17 de septiembre de 2007, no desconoce el principio basilar al sistema acusatorio de inmediación, tal como dicho apotegma se entendió por la Corte Constitucional en la Sentencia C-591 de 2005, al señalar:

“En efecto, el principio de inmediación de la prueba, es definido por Pfeiffer como aquella posibilidad ‘que tiene el juez de conocimiento de percibir directamente la práctica de pruebas para tomar la decisión acertada en el campo de la responsabilidad penal’(3). De tal suerte que, la aplicación del mismo en un sistema procesal penal acusatorio resulta de cardinal importancia, por cuanto es precisamente durante el juicio oral cuando deben practicarse las pruebas ante el juez que va a dictar sentencia. De allí que, a luz de dicho principio, según Roxin(4), el juez debe proferir una sentencia de acuerdo con sus propias impresiones personales, que obtiene del acusado y de los medios de prueba en el curso del juicio oral, lo cual no es óbice para que, en casos excepcionales, se puedan practicar pruebas anticipadas, a condición de que se respeten todas las garantías procesales”(5).

En términos similares lo ha comprendido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al señalar:

“La lógica de las garantías del proceso penal se basa en la intervención personal del juez concebido como el órgano adecuado para su tutela. El objetivo que se busca con el principio de inmediación procesal es tratar de evitar un distanciamiento de la persona del juez, de los elementos del proceso y en especial de la persona del imputado”(6).

Lo anotado, es necesario hacer precisión, en cuanto una cosa es la percepción o contacto directo del juez en la práctica de las pruebas en el juicio oral, principio de inmediación propiamente dicho, y otra muy distinta el criterio valorativo o juicio de ponderación que le merecen a partir de esa percepción sometida a la sana crítica. Así, autores como Roxin distinguen claramente el referido postulado de inmediación del de libre valoración de la prueba, subsiguiente a aquel(7).

Si ello es así, cuando el juez, luego de percibir de forma directa, oral y pública las pruebas y de haber anunciado el sentido del fallo, encuentra que su ponderación inicial es errada, tras una reevaluación o reexamen más reposado y reflexivo, en donde confronta lo percibido, por ejemplo, con los registros de la actuación, nada obsta para que modifique la inicial valoración, siempre y cuando explique suficientemente las razones que lo llevan a optar por el cambio y no haya transcurrido un tiempo considerable que pueda afectar su memoria o percepción inicial, en cuyo caso sí se evidenciaría vulneración del principio de inmediación.

Para ello, el mecanismo expedito es el de la declaratoria de nulidad del aviso del sentido de la sentencia, bajo la consideración de que este hace parte de la estructura básica del proceso y vincula la redacción del fallo, tal como lo tenía sentado la jurisprudencia de la Sala antes de la variación introducida con la presente decisión que motiva mi salvamento de voto.

En el fondo se propende, como ya se dijo, porque las decisiones judiciales se aproximen a la verdad y cristalicen el axioma fundante de justicia, el cual aflora tras el análisis reposado y reflexivo no solo de las pruebas aportadas en el juicio, sino de la aplicación o interpretación de la ley o frente a las diversas y complejas categorías dogmáticas del derecho penal, tarea nada fácil en cabeza del administrador de justicia y en la que, dada la falibilidad del ser humano, puede errar, ante lo cual no parece lógico negar u obstaculizar la oportunidad de enmendar el desacierto inicial si con ello se corrige una injusticia. Esa misma preocupación, reliévese, asaltó a los miembros de la comisión constitucional redactora del Acto Legislativo 3 de 2002, al cavilar en torno al período necesario para adoptar la decisión después de finiquitado el debate oral:

“Una importante discusión y esto lo decimos, pues es importante trasladar las discusiones que se tuvieron a ustedes para que así mismo se tome nota fue respecto del anticipo del fallo. La percepción que nosotros podemos tener es del alto temor que tienen, o tenemos los jueces de emitir fallos errados, de que existan errores judiciales y entonces esos fallos al momento que se deben emitir en principio según el código, al momento de terminar la audiencia pues en consideración de unos sí, y otros no debe darle más margen de tiempo y discrecionalidad al juez para que en consideración a la complejidad del asunto no se vaya a emitir fallos inmediatos, sino que pueda tomarse un tiempo reposado, prudencial y por sobre todo que no esté, que ni se sienta, la persecución propia del error judicial detrás de sí(8) (resaltado fuera de texto).

Entonces, puede suceder que aun cuando el juzgador haya presenciado a plenitud de forma directa y concentrada la práctica de las pruebas, lo cual desde mi perspectiva garantiza a cabalidad el postulado de inmediación en su proyección estrictamente probatoria, en virtud de los complejos juicios que, como atrás se indicó, debe afrontar, cuya dificultad puede tornarse mayúscula cuando es voluminosa la información aportada o el tema jurídico a resolver admite gran discusión, o porque al funcionario en el decurso del juicio oral lo afectan espacios de cansancio sensorial o distracciones inherentes a su sensible condición humana, circunstancias que lo pueden llevar a conferir mérito a aspectos que no lo tienen o a restárselo a los que sí lo ameritan, emite un sentido del fallo equivocado, pero este forzosamente no lo puede vincular patrocinando una clara injusticia material, como se plasma en la decisión de la cual me distancio.

Tampoco, sosténgase además, acudir al expediente de la nulidad del sentido inicial del fallo, como se contemplaba en la jurisprudencia abrogada, configura lesión alguna al plurimencionado postulado de inmediación porque finalmente es el mismo juez quien de acuerdo a su particular percepción entra a proferir la sentencia, en la medida en que, ya se advirtió, invoque como fundamento de esa variación argumentos sólidos y racionales, pese a que en un momento inicial hubiera optado por una decisión diversa, de índole absolutoria o condenatoria, como le puede ocurrir a cualquier juez independientemente de su preparación, experiencia o nivel.

Es más, un juez que actúa asumiendo con responsabilidad dicho rol, insístase para culminar, no hace cosa distinta a garantizar la autonomía jurisdiccional, la imparcialidad de su decisión, la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, la dignidad humana, la lealtad procesal, la justicia y la equidad.

Las anteriores, en suma, son las razones que me motivaron a salvar el voto frente a esta decisión, porque a mi juicio no se ha debido casar el fallo impugnado en cuanto a la determinación adoptada de haber declarado la nulidad del sentido inicial del fallo de carácter absolutorio.

Con la mayor atención,

María del Rosario González Muñoz

Fecha ut supra.

(1) Cuyos términos fueron reiterados en las sentencias del 28 de noviembre, rad. 27518, y de diciembre 5, rad. 28125, ambas de 2007, y en la del 4 de febrero de 2009, rad. 30043.

(2) Sentencia de septiembre 17 de 2007, rad. 27336.

(3) Gerd Pfeiffer, Libro Homenaje a Bemman, Múnich, 1997, citado por O.J. Guerrero, Fundamentos teórico constitucionales del nuevo proceso penal, Bogotá, 2005.

(4) Claus Roxin, Derecho procesal penal, Buenos Aires, 2000, p. 395.

(5) En palabras de Lorenzo Bojosa Vadell ‘Las exigencias del principio de contradicción y el de inmediación exigen distinguir entre actos sumariales y actos de prueba y conlleva la necesidad de dar valor probatorio únicamente a la prueba practicada en la fase de juicio oral, con la estricta excepción de las pruebas anticipadas y preconstituidas, siempre que se hayan llevado a cabo las debidas garantías, principalmente el cumplimiento del deber de información e ilustración de sus derechos al imputado con el fin de que pueda ejercitar con plenitud su derecho de defensa y esta sea obtenida sin vulneración de los derechos fundamentales’, en ‘Principio acusatorio y juicio oral en el proceso penal español”, en Derecho Penal Contemporáneo, dic. 2004, p. 58.

(6) Comisión Interamericana de Derechos Humanos, informe 2 de 1999.

(7) Claus Roxin, Derecho procesal penal, Buenos Aires, 2000, pág. 102.

(8) Acta 20 de junio 6 de 2003.