Sentencia 3635 de agosto 25 de 2005 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

INHABILIDADES ELECTORALES

Diputado que aspira a ser elegido alcalde.

EXTRACTOS: «En primer lugar, le Sala estudiará si el demandado se encontraba inhabilitado para ser elegido alcalde del Municipio de San Antero y, por lo tanto, si debe anularse su elección por configurarse en su caso la causal de inelegibilidad de que trata el numeral 2º del artículo 37 de la Ley 617 de 2000, que modificó el artículo 95 de la Ley 136 de 1994.

Esa norma señala lo siguiente:

“ART. 37.—Inhabilidades para ser alcalde. El artículo 95 de la Ley 136 de 1994, quedará así:

ART. 95.—Inhabilidades para ser alcalde. No podrá ser inscrito como candidato, ni elegido, ni designado alcalde municipal o distrital: (...).

2. Quien dentro de lo doce (12) meses anteriores a la fecha de la elección haya ejercido como empleado público, jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar, en el respectivo municipio, o quien como empleado público del orden nacional, departamental o municipal, haya intervenido como ordenador del gasto en la ejecución de recursos de inversión o celebración de contratos, que deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio”.

De manera que la causal de inhabilidad en estudio comprende varias hipótesis, pues se predica de aquel elegido que, dentro del año anterior a la fecha de su elección, haya ejercido como empleado público jurisdicción, autoridad política, civil, administrativa o militar, en el respectivo municipio. Así mismo, se predica de quien, dentro del mismo período y siendo empleado público del orden nacional, departamental o municipal, haya intervenido como ordenador del gasto en la ejecución de recursos de inversión o en la celebración de contratos que deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio.

En este caso se encuentra demostrado que el Señor Martín Emilio Morales Diz desempeñó el cargo de diputado a la asamblea del departamento de Córdoba entre el 1º de enero de 1998 y el 4 de noviembre de 2003. Así lo certifica el secretario general de esa corporación en constancia expedida en esta última fecha (fl. 21).

Por otra parte, también se encuentra demostrado que en las elecciones llevadas a cabo el 26 de octubre de 2003 el demandado fue elegido alcalde del municipio de San Antero para el período 2004 a 2007, según da cuenta el acta parcial de escrutinio de los votos para alcalde del municipio de Albania, Formulario E-26 AG, expedida el 30 de octubre de 2003 por la comisión escrutadora municipal (fl. 79).

Así las cosas, pudo demostrarse que dentro del año anterior a su elección como alcalde del municipio de San Antero, el señor Martín Emilio Morales Diz se desempeñó como diputado a la asamblea del departamento de Córdoba.

Ahora bien, para la Sala es claro que la causal de inelegibilidad del numeral 2º del artículo 37 de la Ley 617 de 2000, que modificó el artículo 95 de la Ley 136 de 1994, no se aplica al alcalde que se haya desempeñado como diputado dentro de los doce meses anteriores a la fecha de su elección, por cuanto el diputado no tiene la calidad de empleado público.

En efecto, el artículo 123 de la Carta Política adopta la denominación genérica de servidores públicos para referirse a las personas que prestan sus servicios al Estado. Según esa norma, los servidores públicos comprenden las siguientes categorías: la de los miembros de las corporaciones públicas. la de los empleados públicos y la de los trabajadores oficiales. Quiere decir lo anterior que el concepto de servidores públicos es genérico y está integrado por las especies ya señaladas.

De manera que el diputado, según el artículo 123 de la Carta, es un servidor público de la especie miembro de corporación pública.

En ese orden de ideas, una correcta interpretación de la inhabilidad para ser alcalde cuando ha desempeñado el cargo de diputado debe armonizarse con el artículo 123 constitucional, que define la naturaleza jurídica del cargo de diputado, excluyéndolos de la categoría de empleados públicos.

En consecuencia, los diputados son servidores de elección popular directa que no tienen la calidad de empleados públicos. Por lo tanto, la causal de inelegibilidad de los alcaldes que consagra el numeral 2º del artículo 37 de la Ley 617 de 2000, que modificó el artículo 95 de la Ley 136 de 1994, no se refiere a los diputados sino a los servidores que son empleados públicos.

De rnodo que si el diputado no es empleado público, para efectos de la decisión resulta innecesario entrar a determinar si ejerce o no autoridad civil, política o administrativa, o si intervino como ordenador del gasto en la ejecución de recursos de inversión o celebración de contratos, que debieron ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio. [...].

El demandante considera que el acto electoral impugnado debe anularse porque el Señor Martín Emilio Morales Diz se encontraba inhabilitado para ser elegido alcalde, puesto que no presentó oportunamente renuncia a su cargo como diputado a la asamblea del departamento de Córdoba, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 179, numeral 8º, de la Constitución Política.

De este modo, la Sala estudiará si el demandado se encontraba inhabilitado para ser elegido, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º de artículo 179 de la Constitución Política, y, por lo tanto, sí debe anularse su elección.

Esa norma señala lo siguientes: (6)

“ART. 179.—No podrán ser congresistas: (...).

8. Nadie podrá ser elegido para rnás de una corporación o cargo público, ni para una corporación y un cargo, si los respectivos períodos coinciden en el tiempo, así fuere parcialmente”.

En primer lugar, es necesario precisar que, conforme lo ha advertido en reiteradas oportunidades la jurisprudencia de la Corte Constitucional (7) , de esta sección (8) y de la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta corporación (9) , la hermenéutica literal y teleológica de esa norma superior permite deducir con claridad que esa prohibición se aplica no solamente a los congresistas sino también a todos los cargos que deben proveerse por elección popular, puesto que, de un lado, la expresión “nadie podrá” supone una regla general de aplicación imperativa y, de otro, es lógico deducir que no existe razón suficiente para aplicar esa norma solamente a los congresistas y excluir de aquella prohibición a otros cargos de elección popular. En tal sentido, es obvio que pese a que esa disposición se encuentra en el Capítulo 6º del Título VII de la Constitución, relativo a “los congresistas”, la causal también debe extenderse a los diputados, en tanto que la referencia genérica a más de una corporación o cargo público involucra a todos los cargos de elección popular.

Para la Sala es claro, entonces, que la inhabilidad sub judice se presenta cuando existe una doble vinculación o cuando un candidato aspira a ser elegido para dos cargos de elección popular cuyos períodos coincidan en el tiempo, así sea parcialmente, y, efectivamente, es elegido.

En ese sentido, se advierte que para que se configure la causal de inhabilidad objeto de estudio es necesario que se cumplan dos condiciones. La primera, relativa a la elección, pues se trata de impedir que una misma persona sea elegida para más de una corporación o cargo público o para una corporación y un cargo. La segunda, es la simultaneidad o coincidencia de los períodos en los que se ha elegido al demandado. En otras palabras, para que se configure la inhabilidad no basta que se demuestre que una persona ha sido elegida dos veces, sino que es indispensable que se pruebe que el período de esas elecciones o nombramientos coincidieron en el tiernpo.

En relación con la primera condición, en el proceso está demostrado que el Señor Martín Emilio Morales Diz fue elegido diputado a la asamblea del departamento de Córdoba para el período comprendido entre el 1º de enero de 2001 y el 31 de diciembre de 2003, según consta en copia autenticada del acta general de escrutinio de votos para asamblea departamental, formulario E-26, suscrita el 5 de noviembre de 2000 por la comisión escrutadora departamental (fl. 152). Así mismo, que fue elegido alcalde del municipio de San Antero para el período constitucional 2004 a 2007, según aparece en el acta parcial del escrutinio de votos para alcalde, formulario E-26 AG, suscrita el 30 de octubre de 2003 por la comisión escrutadora municipal (fl. 79).

Así las cosas, con base en lo anterior, la Sala concluye que, efectivamente, el demandado fue elegido en dos cargos de elección popular, en tanto que fue elegido diputado a la asamblea del departamento de Córdoba y alcalde del municipio de San Antero.

En cuanto a la segunda condición, esto es, la relativa a la coincidencia de los períodos en los que se ha elegido al demandado, se tiene que el demandado fue elegido diputado para el período comprendido entre el 1º de enero de 2001 y el 31 de diciembre de 2003 y alcalde para el período comprendido entre el 1º de enero de 2004 y el 31 de diciembre de 2007. De manera que resulta evidente que los períodos de las corporaciones públicas para las cuales fue elegido el demandado no coincidieron en el tiempo, ni aún parcialmente, pues el período del cargo de diputado a la asamblea del departamento de Córdoba para el cual fue elegido en el .año 2000, concluyó el 31 de diciembre de 2003 y el período de alcalde del municipio de San Antero para el cual fue elegido en el año 2003 se inició el 1º de enero de 2004, esto es, cuando el primero ya había concluido.

En esta forma, es claro que no fue demostrado uno de los supuestos de hecho necesarios para que se configure la causal de inhabilidad objeto de análisis. [...].

El supuesto fáctico indispensable para que se estructure la inhabilidad es la de que efectivamente los períodos para los cuales una persona ha sido elegida, coincidan en el tiempo total o parcialmente. De modo que si esa coincidencia de períodos no se presenta, la persona elegida no incurre en inhabilidad, así la inscripción o la elección para esa corporación o cargo público se hubiera efectuado antes de la terminación del período de la otra corporación o cargo público para el cual hubiere sido elegido.

Esto conduce a la conclusión de que no incurre en inhabilidad la persona que haya sido elegida en una corporación o cargo público sin que previamente hubiera renunciado a otro cargo o corporación para el cual igualmente hubiera sido elegido, pero cuyo período no coincida, así fuera parcialmente, con el de la nueva elección.

En estos términos, el demandado no se encontraba obligado a renunciar al cargo de diputado de la asamblea del departamento de Córdoba para aspirar a la elección como alcalde del municipio de San Antero, pues, como ya se anotó, los períodos para los cuales fue elegido en esa corporación y cargo público no coincidían en ningún momento en el tiempo, y, por tanto, por no presentar la renuncia no incurrió en la inhabilidad alegada.»

(Sentencia de 25 de agosto de 2005. Expediente 3635. Consejero Ponente: Dr. Darío Quiñones Pinilla).

(6) Si bien ese numeral fue adicionado por el artículo 10 del Acto Legislativo 01 de 2003, en el sentido de que “La renuncia a alguno de ellos no genera la inhabilidad”, ocurre que esa reforma constitucional fue declarada inexequible por la Corte Constitucional en sentencia C-332 de 2005.

(7) Sentencias C-093 de 1994, C-145 de 1994 y C-656 de 1997.

(8) Sentencias del 7 de marzo de 1996, expediente 1500; del 14 de agosto de 1998, expediente 1941; del 28 de septiembre de 2001, expediente 2650; del 2 de noviembre de 2001, expediente 2704; y del 7 de junio de 2002, expediente 2864.

(9) Concepto 1320 del 29 de marzo de 2001.

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