Auto 36424 de mayo 27 de 2009 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Rad. 76001-23-31-000-2008-00293-01 (36424)

Consejera Ponente:

Dr. Ruth Stella Correa Palacio

Actor: Hidropura Ltda.

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional y otros

Asunto: Acción de reparación directa

Bogotá, D.C., veintisiete de mayo de dos mil nueve.

Resuelve la sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra el auto proferido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el 17 de octubre de 2008, el cual será revocado.

Mediante el auto recurrido se negó el decreto de la prueba pericial solicitada en la demanda.

I. Antecedentes

1. En escrito presentado ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el 9 de abril de 2008, la sociedad Hidropura Ltda. interpuso demanda en ejercicio de la acción de reparación directa, contra la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, con el fin de que le sean reparados los daños que sufrió, con ocasión de la explosión de un carrobomba ubicado frente al complejo de la Policía Metropolitana del Valle del Cauca, como consecuencia del cual se produjo la destrucción de varios bienes de propiedad de la sociedad actora.

2. La demanda fue admitida mediante auto de 15 de mayo de 2008 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca (fl. 214, cdno.1), providencia que fue notificada personalmente a la entidad demandada el 4 de agosto de ese año (fl. 218, cdno.1), quién en tiempo procedió a contestarla (fl. 224, cdno.1).

3. El a quo mediante auto de 17 de octubre de 2008, negó el decreto de la prueba pericial solicitada en la demanda por innecesaria, por cuanto consideró que para la determinación de los perjuicios en la modalidad de daño emergente y lucro cesante, eran aplicables las fórmulas que la jurisprudencia tiene establecidas para tal efecto.

4. La parte demandante interpuso recurso de apelación contra el anterior auto y consideró que la mencionada prueba sí es idónea, puesto que con la misma se pretende la cuantificación de los perjuicios causados en las modalidades de daño emergente y del lucro cesante, cuya determinación depende del análisis contable que realice un persona experta, sobre los estados financieros de la sociedad.

Que la aplicación de las pautas jurisprudenciales a las que se refiere el auto impugnado no es viable, comoquiera que al hacerlo al momento de proferir el fallo en una eventual condena a la entidad demandada, se dejaría sin la posibilidad de contradecir la forma en que los perjuicios fueron tasados, situación que vulnera el derecho fundamental al debido proceso.

II. Consideraciones de la Sala

El auto de 17 de octubre de 2008, por medio del cual se negó el decreto de la prueba consistente en un dictamen pericial, será revocado por las razones que se expondrán a continuación.

El artículo 178 del Código de Procedimiento Civil establece el rechazo in limine de las pruebas solo en los siguientes eventos:

“ART. 178.—Las pruebas deben ceñirse al asunto materia del proceso y el juez rechazará in limine las pruebas legalmente prohibidas o ineficaces, las que versen sobre hecho notoriamente impertinentes y las manifiestamente superfluas”.

De conformidad con la norma citada, las pruebas, además de no ser legalmente prohibidas, deben ceñirse al asunto materia del proceso, comoquiera que estas deben estar encaminadas a demostrar los supuestos de hecho contenidos en la demanda o los señalados por el demandado en su defensa. En este sentido deben ser rechazadas aquellas que estén destinadas a demostrar hechos que no sean aducidos en juicio o que sean irrelevantes para el mismo, toda vez sería un desgaste para el juez competente entrar a practicar y valorar pruebas con la cuales se pretende demostrar afirmaciones sobre hechos que no corresponden al objeto de la controversia.

Así se pronunció esta Sala al señalar que el juez debe analizar, en cada caso, la pertinencia, la conducencia y la utilidad de la prueba, con la finalidad de acreditar los hechos en los cuales se fundamenta la pretensión o la excepción. Así, se entenderá que la prueba cumple con estas particularidades “cuando tenga una especial relación con el asunto sobre el cual versa el objeto de la controversia, conduzca a la demostración de los hechos que se pretende probar y sea útil para acreditarlos dentro del proceso, con el fin de sacar avante su posición (1) ”.

Por su parte, el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, señala que el objeto de la prueba pericial consiste en la verificación de ciertos hechos que deben ser demostrados en el proceso y que requieren de la participación de una persona, que por sus estudios o por su experiencia, puede aportar conocimientos especializados en aspectos técnicos, científicos o artísticos, relacionados con el litigio.

En este mismo sentido la doctrina nacional precisa que “el dictamen pericial es un medio de prueba que consiste en la aportación de ciertos elementos técnicos, científicos, o artísticos que la persona versada en la materia hace para dilucidar la controversia, aporte que requiere de especiales conocimientos”, así lo anota el profesor Jairo Parra Quijano (2) en su obra Manual de derecho probatorio.

Ahora bien la solicitud de la prueba pericial formulada por el demandante, está encaminada a que se determine lo siguiente:

“1. El monto del perjuicio causado en la modalidad de daño emergente, que según la demanda, corresponde “al activo que tenía la empresa al mes de diciembre del año 2006, el cual comprende los bienes muebles y mercancías que se destruyeron con ocasión de la explosión del carro bomba en las instalaciones de la Policía Metropolitana del Valle...”.

2. El valor del perjuicio ocasionado a la sociedad en modalidad de lucro cesante, representado en “la suma de cuatro mil quinientos sesenta millones cuatrocientos dos mil pesos ($ 4.650’402.000) o la suma que se demuestre con la prueba idónea, la cual comprende la sumatoria del ingreso anual que tuvo la empresa en el año 2006 (325’7430000), por catorce (14) años aproximadamente, tiempo que se demora la jurisdicción contencioso administrativo en proferir el fallo judicial””.

Esta solicitud muestra que la prueba pericial está relacionada con los hechos de la demanda, en tanto pretende la tasación del valor de los bienes, que se afirma se destruyeron y de los ingresos que se dejaron de percibir con ocasión del atentado terrorista.

En relación con el primero punto de la solicitud, es clara tanto su pertinencia como su conducencia, dado que es evidente la relación entre el hecho por probar, deterioro y pérdida de los bienes por el atentado terrorista y el objeto del litigio constituido por la solicitud de indemnización por tal circunstancia, aspecto este que exige el concepto de una persona que por sus conocimientos específicos, pueda establecer sus referencias y su costo, con la finalidad de tasar el monto del daño ocasionado que es además uno de los puntos fundamentales del litigio.

En lo atinente al segundo punto del dictamen solicitado, si bien la jurisprudencia de esta Sala ha establecido una serie de parámetros matemáticos para determinar el valor del lucro cesante, la aplicación de los mismos parte de la base de la determinación de un valor cierto de ingresos, con base en el cual se calculará el monto de la pérdida que a futuro sufrirá el demandante con la conducta de la entidad demandada, los cuales en este caso, constituyen aquellos ingresos que, según se afirma en la demanda, deja de percibir la sociedad demandante por la imposibilidad de desarrollar su actividad comercial en condiciones de normalidad.

Así las cosas, la Sala considera que respecto de este punto también es necesario el decreto y práctica de un dictamen pericial, con la finalidad de que sea un experto quien de conformidad con la contabilidad y los estados financieros determine el posible ingreso que reportaría la sociedad en las condiciones normales de mercado y, en consecuencia, establecer cual es el lucro cesante o pérdida futura de ingresos que reportaría la sociedad actora en caso de que se demuestre la responsabilidad de la entidad demandada por el atentado terrorista ocurrido en la ciudad de Cali.

En conclusión, comoquiera que la prueba solicitada cumple con los requisitos exigidos por la ley para su procedencia, se impone a la Sala revocar la decisión del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, para en su lugar decretar, la prueba pericial solicitada en la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,

RESUELVE:

1. REVÓCASE el auto proferido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el 17 de octubre de 2008 en cuanto negó la prueba pericial y en su lugar se dispone:

Decrétase, la prueba pericial solicitada en la demanda. El tribunal a quo designará el perito.

En firme esta decisión devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Ramiro Saavedra Becerra, Presidente—Ruth Stella Correa Palacio—Mauricio Fajardo Gómez—Enrique Gil Botero—Myriam Guerrero de Escobar.

(1) Consejo de Estado. Sección Tercera. C.P. Ruth Stella Correa Palacio. Auto del 19 de julio de 2007. Expediente 2005-05527 (34027).

(2) Parra Quijano Jairo. Manual de derecho probatorio. La prueba en los procedimientos: civil, penal (ordinario y militar) laboral, canónico, contencioso administrativo y en el derecho comparado. Décima primera edición. Bogotá. Ediciones Librería del Profesional, pág. 109 y ss.

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