Sentencia 36433 de julio 14 de 2009

 

Sentencia 36433 de julio 14 de 2009

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Radicación 36.433

Acta 27

Magistrada Ponente:

Dra. Isaura Vargas Díaz

Bogotá, D.C., catorce de julio de dos mil nueve.

Resuelve la Corte el recurso extraordinario de casación interpuesto por la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A., contra la sentencia del 13 de marzo de 2007, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el proceso ordinario promovido por GLORIA CECILIA RIVERA ATEHORTÚA y otros contra la sociedad recurrente.

I. ANTECEDENTES

GLORIA CECILIA RIVERA ATEHORTÚA, actuando en nombre propio y en representación de sus hijos ANDERSSON, JUAN PABLO y MANUELA MONTOYA RIVERA, demandó a la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A., para que le pague la pensión de sobrevivientes, las mesadas “atrasadas”, los aumentos legales, el auxilio funerario, la indexación y las costas y agencias en derecho.

Sostuvo que su cónyuge HÉCTOR HERNÁN MONTOYA LÓPEZ falleció el 22 de septiembre de 1998, estando afiliado inicialmente al ISS y por último a PORVENIR; que cotizó más de 492 semanas antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993, por lo que la cobija la jurisprudencia, con el principio de la condición más beneficiosa, y que ella y sus tres hijos concebidos dependían económicamente del causante (fls. 2 a 5).

PORVENIR se opuso a las pretensiones de la demanda; argüyó que el afiliado no reunía los requisitos de los artículos 46 y 73 de la Ley 100 de 1993, por lo cual la demandante recibió el saldo de la cuenta de ahorro de su cónyuge. Propuso las excepciones de falta de causa, inexistencia de las obligaciones, pago, compensación, prescripción y buena fe (fls. 38 a 46).

La primera instancia terminó con sentencia de 25 de septiembre de 2006, mediante la cual, el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medellín condenó a la SOCIEDAD PORVENIR S.A. a pagar a la actora la pensión de sobrevivientes a partir del 22 de septiembre de 1998, en cuantía no inferior al salario mínimo legal, en proporción del 50% para la cónyuge y el restante para los hijos, las mesadas causadas debidamente indexadas, las adicionales y los aumentos legales. Fijó las costas a la parte demandada (fls. 84 a 89). Adicionó la sentencia el 14 de noviembre de 2007, autorizando a PORVENIR para descontar de los valores adeudados por mesadas, los $ 13.267.095 que le pagó por devolución de saldos (fls. 105 y 106).

II. SENTENCIA DEL TRIBUNAL

Al decidir la apelación de PORVENIR (fls. 90 a 97 y 107 y 108), el ad quem, por providencia de 13 de marzo de 2007, confirmó la del Juzgado, excepto en el no pago de los rendimientos financieros de la suma entregada por devolución de saldos, ordenando reconocer la indexación sobre dicho valor. No fijo costas en la alzada (fls. 111 a 116).

Consideró que los temas a resolver eran: (i) la ley aplicable en materia de pensión de sobrevivientes y el principio de la condición más beneficiosa; y (ii) si el valor pagado a la demandante por devolución de saldos, era compensable incrementando su valor con los rendimientos financieros y los intereses. Así, al primer tema copió los artículos 73 y 46 de la Ley 100 de 1993, el 6º y 25 del Acuerdo 049 de 1990, se refirió a los artículos 11, 12 y 13 de la señalada ley, al principio de la condición más beneficiosa, reprodujo el pronunciamiento de esta Sala de la Corte del 26 de septiembre de 2006, radicación 29042, para colegir que estando acreditado que el causante aportó 496.85 semanas, se reunían los requisitos del Decreto 758 de 1990 para la procedencia de la prestación pretendida. Al punto segundo, determinó aplicable indexar el valor de los saldos entregados a la demandante, para efecto de la excepción de compensación. No impuso costas en la alzada (fls. 111 a 116).

III. EL RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por PORVENIR, en la demanda con que lo sustenta, pretende (fl. 13 cdno. 2) que se case la sentencia, para que, en sede de instancia, se revoque la decisión del a quo y, en su lugar se absuelva a la sociedad (fls. 12 a 22 ib.).

En el único cargo dice que por falta de aplicación de los artículos 73, 74, 46 numeral 2º literal b), 12, 13 literal d), 48, 60 literales b) y d), 77, 78 y 289 de la Ley 100 de 1993, 4º, 5º, 6º, 19 y 36 del Decreto 692 de 1994, 25, 27 y 31 del C.C., 2º y 14 de la Ley 153 de 1887, 16 del CST y 48 y 230 de la C.P., se aplicaron indebidamente los artículos 6º, 25 y 26 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad, y el 53 de la C.P.

En su demostración se refiere a los artículos 230, 48 y 53 de la C.P., 2º y 14 de la Ley 153 de 1887, 25, 27 y 31 del C.C., luego de lo cual sostiene: (i) que bajo el “pretexto” de la condición más beneficiosa, no era permitido al Tribunal desconocer los artículos 46, 48, 73 y 74 de la Ley 100 de 1993, normativa aplicable al presente asunto, al fallecer el causante en vigencia de esta, ni escoger a su “libre albedrío” qué ley utilizar; (ii) que el artículo 12 de dicha ley estableció dos regímenes, excluyentes entre sí, de manera que quien se afilie, estará sujeto a lo reglamentado por cada uno de ellos, sin el hipotético amparo de un principio de condición más beneficiosa, al tratarse de situaciones jurídicas y financieras distintas; (iii) que el Tribunal encontró que el causante falleció en vigencia de la Ley 100 de 1993, lo que asegura que esta es la normativa aplicable para acceder a la pensión suplicada, por lo que al no reunir aportes durante el año anterior a su deceso, PORVENIR no está obligada a reconocer la prestación pretendida; (iv) que el tema tratado en la Sentencia 32681 de 17 de junio de 2008, es asimilable al presente asunto; (v) que al aplicarle al esquema de ahorro individual los preceptos del régimen de prima media, surge una decisión injusta e inequitativa, al no contar el FONDO con los dineros para atender el pago futuro de la pensión.

LA RÉPLICA

Manifiesta que el artículo 53 de la C.P. determina entre los principios mínimos fundamentales del trabajo y de la seguridad, el de la condición más beneficiosa, aplicable al presente asunto, tal como acertadamente lo decidió el fallador de alzada. Agrega, que el escrito de demanda se asimila a un escrito de alegatos en instancia. Reproduce varios pronunciamientos de esta Sala de la Corte.

IV. CONSIDERACIONES DE LA CORTE

Formulados los cargos por la vía de puro derecho, se presume que no existe controversia respecto a los supuestos hallados por el fallador de alzada, a saber: (i) que el afiliado MONTOYA LÓPEZ falleció el 22 de septiembre de 1998; (ii) que la actora era la cónyuge del causante, quien además fungía como padre de los menores MANUELA, ANDERSSON y JUAN PABLO; (iii) que la demandada le negó la prestación suplicada, al no reunir las 26 semanas de aportes exigidas por los artículos 46 y 73 de la Ley 100 de 1993; y (iv) que el causante cotizó 492.5714 semanas hasta el 28 de octubre de 1994.

Pues bien, se tiene que el artículo 6º del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad, prevé:

““REQUISITOS DE LA PENSIÓN DE INVALIDEZ. Tendrán derecho a la pensión de invalidez de origen común, las personas que reúnan las siguientes condiciones:

a) (...).

b) Haber cotizado para el Seguro de Invalidez, vejez y muerte, ciento cincuenta (150) semanas dentro de los seis años anteriores a la fecha del estado de invalidez, o trescientas (300) semanas, en cualquier época, con anterioridad al estado de invalidez...”.

Y el artículo 25 ibídem, preceptúa:

“Pensión de sobrevivientes por muerte por riesgo común. Cuando la muerte del asegurado sea de origen no profesional, habrá derecho a la pensión de sobrevivientes en los siguientes casos:

Cuando a la fecha del fallecimiento, el asegurado haya reunido el número y densidad de cotizaciones que se exigen para adquirir el derecho a la pensión de invalidez por riesgo común...”. 

Así, no cabe duda alguna que la actora, como cónyuge del fallecido MONTOYA LÓPEZ, y sus menores hijos MANUELA, ANDERSSON y JUAN PABLO MONTOYA RIVERA tienen derecho a que se les reconozca la pensión de sobrevivientes, puesto que, pese a que el causante no aportó semanas dentro del año inmediatamente anterior a su muerte, si lo hizo durante más de 9 años, lapso durante el cual cotizó un abundante número de semanas que le daban derecho a acceder a los seguros contra los riesgos de invalidez y muerte.

En efecto, no resulta lógico ni acorde con los postulados protectores del derecho del trabajo y los de la seguridad social, que una persona como MONTOYA LÓPEZ, que en vida completó más de 492 semanas, de las cuales más de 300 lo fueron antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993 (fl. 113, cdno. 1), las que al fallecer le darían derecho a acceder a los seguros de invalidez y muerte, no pueda dejar ése derecho a su cónyuge supérstite y a sus menores hijos MANUELA, ANDERSSON y JUAN PLABLO, por el simple hecho de no haber reunido 26 semanas dentro del año inmediatamente anterior a su deceso. Así las cosas, se renueva en el sub judice, el principio de la condición más beneficiosa consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política, no solo para pensiones de jubilación sino de sobrevivientes, y en consecuencia, es dable reconocer esta prestación con fundamento en lo previsto por los artículos 6º y 25 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, pues sería ilógico cercenársele a sus beneficiarios, el derecho a la pensión, si su cónyuge y padre MONTOYA LÓPEZ cumplió en vida aportaciones suficientes para acceder a los seguros de invalidez, vejez y muerte. 

Así las cosas, es innegable que las reflexiones mayoritarias de esta Sala de la Corte para aplicar el principio de la condición más beneficiosa, en los eventos en que la persona ha cumplido la densidad de cotizaciones necesarias para acceder a los riesgos de invalidez y muerte, con fundamento en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, son válidas y extensivas para reconocer similar derecho a los beneficiarios de un afiliado al RAIS, a la pensión de sobrevivientes, que al igual que la prestación de vejez, ampara y protege de sus necesidades al pensionado, al afiliado y a sus beneficiarios al fallecimiento de aquellos. 

Al punto sentó su criterio esta Sala de la Corte en pronunciamiento del 5 de septiembre de 2001, radicación 15667, cuyo texto es:

“... Por lo tanto, siendo claro que el parágrafo trascrito se refiere a los dos regímenes, es obvio también entender que las razones que expone la Corte para sostener que cumplidas las cotizaciones para el ISS que con anterioridad a la Ley 100 de 1993 confieren el derecho a obtener la pensión de sobrevivientes por la muerte de un afiliado al régimen solidario de prima media con prestación definida y con sujeción a lo previsto por los artículos 6º y 25 del acuerdo9 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año, son válidas y extensivas para otorgar igual derecho a un afiliado al régimen de Ahorro individual con solidaridad; máxime cuando se sabe que las cotizaciones que en este caso dan lugar al derecho a tal prestación social pasan al fondo respectivo representada en los llamados bonos pensionales, los que, al tenor del artículo 115 de la Ley 100 de 1993, “constituyen aportes destinados a contribuir a la conformación del capital necesario para financiar las pensiones de los afiliados al sistema general de pensiones.

“De modo, pues, que las regulaciones diferentes, que no desconoce la Sala tienen los dos regímenes que en pensiones compone, el sistema general que en esta materia consagra la ley de seguridad social, no impide aplicar al de Ahorro individual con solidaridad el criterio jurisprudencial que hasta la fecha... la reiterado la Corte respecto de la pensión de sobrevivientes, en el sentido que para cuando a la fecha de entrada de vigencia de la Ley 100 de 1993 ya se había cotizado el mínimo de semanas que conferían el derecho a tal prestación conforme a la normatividad que regía con anterioridad a aquella, sus beneficiarios pueden reclamar su reconocimiento con fundamento en esa regulación”.

Por otra parte, se precisa que, la actora y sus menores hijos MANUELA, ANDERSSON y JUAN PABLO fruto de su matrimonio con el causante MONTOYA LÓPEZ, alcanzan igual amparo del sistema de seguridad social integral, a si se tratara de una pensión de vejez o de jubilación, pues es evidente, que con el fallecimiento de su cónyuge y padre respectivamente, resultan notoriamente afectados, por ser precisamente integrantes frágiles del núcleo familiar, lo que evidencia que la seguridad social protege por igual a los padres e hijos de los causantes, pues es insoslayable que padecen la orfandad y demandan el amparo y cobertura de sus necesidades, que en vida atendían su cónyuge o compañero o compañera y su padre fallecido afiliado al sistema.

Por consiguiente, el sentenciador de segundo grado no incurrió en la aplicación indebida, ni en la interpretación errónea de la normativa singularizada en la proposición jurídica de las dos acusaciones, toda vez que, tal como se precisó, es incuestionable que el causante MONTOYA LÓPEZ aportó durante su vida laboral las semanas exigidas por los artículos 6º y 25 del Decreto 758 de 1990, aprobatorio del Acuerdo 049 de tal anualidad, para el cubrimiento del seguro de invalidez y muerte, pues las regulaciones constitucionales y legales señaladas, certificaron la aplicación de los preceptos de 1990 al asunto de análisis.

Respecto al pronunciamiento jurisprudencial que reproduce la impugnante en la demostración de la acusación, y que argüye se asimila al presente asunto, no aplica, pues se trata de situaciones jurídicas y fácticas totalmente distintas, en que el causante falleció en vigencia de la Ley 860 de 2003, sin reunir los requisitos requeridos por esta para que sus beneficiarios accedieran a la pensión de sobrevivientes, como tampoco las exigencias del artículo 39 de la Ley 100 de 1993 con el mismo objetivo.

Así, el cargo no prospera.

Costas en el recurso extraordinario a cargo de la parte recurrente, dado que hubo réplica.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia del 13 de marzo de 2007, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el proceso ordinario de GLORIA CECILIA RIVERA ATEHORTÚA, quien actúa en nombre propio y en representación de sus menores hijos MANUELA, ANDERSSON Y JUAN PABLO MONTOYA RIVERA, contra la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

Costas en casación a cargo de la ADMINISTRADORA recurrente.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase al Tribunal de origen.

Magistrados: Isaura Vargas Díaz—Elsy del Pilar Cuello Calderón—Gustavo José Gnecco Mendoza—Eduardo López Villegas—Luis Javier Osorio López—Francisco Javier Ricaurte Gómez—Camilo Tarquino Gallego.

ACLARACIÓN DE VOTO

Con todo respeto, discrepo de la tesis de la mayoría de la Sala referida en la sentencia, por cuanto otorga una pensión de sobrevivientes por fallecimiento del afiliado durante la vigencia de la Ley 100 de 1993, aceptando para el efecto que el requisito de cotizaciones sea el establecido en el Acuerdo 049 de 1990 del Instituto de Seguros Sociales, tomando entre otros sustentos, el razonamiento de la providencia invocada según el cual en presencia de dos sistemas normativos de seguridad social de posible aplicación razonable, a juicio de la Corte, como son el Acuerdo 049 —D. 758/90— y la Ley 100 de 1993, debe inclinarse el juzgador, con arreglo al texto 53 supralegal por la norma de seguridad social vigente al momento de culminación de la afiliación, esto es el primero de los estatutos mencionado, por ser el régimen más favorable a quien en vida cumplió en desarrollo de su laboral con el sistema de seguridad social, para su protección y la de su familia, por lo que paso a decir:

1. Cuando se decide en temas de la seguridad social se ha de acudir a los principios que le son propios; y cuando estos están claramente erigidos no puede el juzgador sustituirlos por uno que se asemeja proveniente de la institucionalidad laboral, como se hace en la sentencia de la que me aparto. 

El principio de la condición más beneficiosa está inserto en el artículo 53 de la Constitución Política, cuyo contenido es el compendio de principios que rigen el mundo del trabajo, y no el de la seguridad social, que es justamente el tema del sub examine: una controversia entre una entidad administradora de pensiones y una afiliado suyo, que reclama una prestación de seguridad social.

La favorabilidad es un principio propio de la legislación social, y por ello, tiene aplicación en el derecho laboral como en la seguridad social, pero en las condiciones y restricciones que para el efecto prescribe el artículo 48 de la Constitución Política —acto reformatorio de 2005— la Ley 100 de 1993, y la 797 de 2003. Determinados aspectos, en especial, los requisitos taxativamente señalados, como la edad, la densidad de cotizaciones, o el tiempo de servicios, conservan para un grupo de afiliados en transición su vigencia bajo la nueva preceptiva, si en respecto con aquellos requerimientos los anteriores eran más favorables; y si, por el contrario, el mejoramiento proviniere de la Ley 100 de 1993, el afiliado puede invocar el principio de la favorabilidad siempre y cuando se “someta a la totalidad de las disposiciones de esta ley”. 

2. La decisión de la Sala es incoherente con la propia invocación de la condición más beneficiosa; esta, según su criterio, se otorga para el beneficiario que no reúne los requisitos de la Ley 100 de 1993, si los satisfacía a la luz del Acuerdo 049 de 1990 del ISS. Pero en el sub lite para la reclamante no existía esa supuesta condición más beneficiosa, puesto que durante la vigencia de tal normativa no tuvo nunca las condiciones requeridas para ser potencialmente beneficiaria, pues, el status de compañera permanente no se adquirió bajo la vigencia del Acuerdo 049 de 1990.

Si para obviar esta objeción, se considera que la condición más beneficiosa no es con respecto al beneficiario sino del afiliado fallecido, es a riesgo de invocar inapropiadamente y aplicar indebidamente el instituto de la transmisión pensional, el que no ha existido para las pensiones de la seguridad social, mas si para las de empresa, pero ni siquiera en este ámbito, para quien como en el sub lite, no había alcanzado el status de pensionado.  

3. La invocación del principio laboral de la condición más beneficiosa que hace la Sala, le permite sustraerse del condicionante que obran en materia de seguridad social: instituir el régimen de transición que el legislador no hizo para las pensiones de sobrevivientes. 

4. La invocación del principio de la proporcionalidad y el de la condición más beneficiosa que hace la Sala se hace sobre un supuesto aparente y contradictorio, el de que por comparación con el esquemas de cotización del Acuerdo 049 de 1990, el de la Ley 100 de 1993 redujo drásticamente el requisito de la intensidad de semanas; tal inferencia surge de una percepción del cambio meramente cuantitativo, cuando fue ciertamente cualitativo, como lo veremos adelante; y si tal aseveración fuera realmente cierta a la conclusión que debería llegarse era de que por los principio cuya aplicación se reclaman, el régimen a aplicar sería aquel en el que la exigencia de cotización fue reducida drásticamente.

5. La valoración comparativa, a partir de los requisitos de la densidad de cotizaciones para acceder a la pensión de sobrevivientes, la hace la Sala entre los previstos, por un lado, en el Acuerdo 049 de 1990, el que establecía un doble esquema para su cumplimiento: a) el de un número de cotizaciones calificadas por su conexión con la fecha de la muerte — 150 semanas de cotización en los seis años anteriores a la muerte y b) el número que opera bajo la regla de un mínimo vitalicio, —300 en cualquier tiempo— y por otro, el de la Ley 100 de 1993 que elimina el primer esquema, y deja solo vigente el segundo y reduciendo el guarismo a 26, —en cualquier tiempo si es cotizante, o si no lo es 26 en el año anterior de la muerte—; de esta comparación afloran cambios medulares: 1) se elimina la regla de un mínimo vitalicio; 2) el valor de las cotizaciones efectuadas en cualquier tiempo valen solo para en cotizante activo; y c) y 26 es el número de cotizaciones a partir del cual se accede al derecho para la pensión de sobrevivientes.

No se discute que haya habido una reducción numérica en la densidad de las cotizaciones, ni que se le tilde de drástica, sino que ello se proclame descontextualizándola del cambio sustancial; el verdadero significado de la disminución se traiciona cuando se le da realce al mayor volumen de 300 semanas o aun a 150, frente a 26, pero para hacerlas valer como un mínimo vitalicio o sin y el condicionamiento del mérito de ser cotizante activo.

Así entendida, bajo la Ley 100 de 1993 bajo su gobierno nunca hay un mínimo de cotizaciones; es una mera coincidencia el obtener la pensión con 26 semanas; se pueden tener 100, 500 o mil y por ello no cesa el deber de seguir cotizando; como las cotizaciones se han de hacer respecto a una fecha incierta, como es el de la muerte, la seguridad de la cobertura solo se obtiene si se cotiza de manera permanente. 

6. La razón por la cual el legislador no previó un régimen de transición en la pensión de sobrevivientes —vale para la de invalidez— como sí lo estableció para la de vejez, es el de que no se requería reglas para el tránsito de cotizaciones de antaño, a un régimen en el que no existe un piso mínimo vitalicio a partir del cual se garanticen las pensiones; y en un esquema en el que las cotizaciones sirven para acreditar la permanencia y su fidelidad actual —respecto al momento del infortunio— más que el volumen de los aportes para efectos de la pensión de sobrevivientes, no tienen trascendencia las que se realizaron muchos años atrás; no se trata de que los aportes efectuados en tiempo distantes pierdan eficacia —de lo que se duele la Sala en la providencia de la que me aparto— la tuvieron en su momento al servir de garantía de que hubiera obrado la cobertura prestacional en caso de que en para esa época hubiera acaecido el infortunio bajo protección. 

7. Yo me aparto del enfoque —o desenfoque— de abordar la seguridad social con conceptos y visión del derecho laboral. La seguridad social es una disciplina autónoma —no por ello no contraria ni incompatible—; responde a ese entendimiento el claro designio constitucional de regular de manera separada la seguridad social de la protección del trabajo; igualmente, y en desarrollo de ese concepción, la intención del legislador al elaborar sendos estatutos hoy claramente diferenciados, especializados; la Ley 100 de 1993 superó normativamente la transitoriedad de los mecanismos pensionales previstos en la Ley 90 de 1946, que por encomendarle transitoriamente a las empresas la protección de sus trabajadores en materia de seguridad social, ofuscó la clara distinción de disciplinas; la reforma constitucional que modificó el artículo 48 de la Carta recompone el ámbito de la seguridad social al atraer para sí el(sic) lo que se había confundido en el mundo del trabajo, la seguridad social pensional de las empresas, las que luego del Acto Legislativo 1 de 2005, quedaron bajo el alero del artículo 48 de la Constitución Política - no del artículo 53 como estaban antes.

8. La decisión que aquí reprocho no guarda coherencia con la posición que la Sala ha fijado en procesos recientes, cuando ha sostenido la siguiente tesis: 

“La seguridad social es materia autónoma, cuya institucionalización constitucional se encuentra en el artículo 48 de la Carta, que si bien no consagra el principio de favorabilidad reclamado por el recurrente, sí fue contemplado por el legislador con unas características propias para la seguridad social en pensiones. Así, el artículo 288 de la Ley 100 de 1993, permite que el afiliado o beneficiario de una prestación pensional se acoja a la normatividad más favorable, bajo la condición de que se someta de manera íntegra a dicha regulación.” Sentencia de 25 de marzo de 2004, Rad. 22060.

9. Es indiscutible que la vocación del sistema de seguros sociales obligatorios o el de la seguridad social integral es la de ofrecer una efectiva cobertura a sus afiliados y a sus familias, pero bajo la condición de que estos hayan cumplido con la responsabilidad social de contribución al sistema, en los términos que de financiación que se hubieren diseñado para cada uno de ellos en sus respectivos marcos normativos.

La decisión de la Sala de otorgar las prestaciones de sobrevivientes de la Ley 100 de 1993 para quien contribuyó en los términos del Acuerdo 049 de 1990, es una violación del principio de la unidad del sistema; este se desarticuló cuando se reclama la satisfacción de la finalidad de la seguridad social para quien no ha puesto los medios exigidos para obtener protección.  

Es connatural al sistema su unidad; todos sus elementos son estructurales; no pueden serle reclamadas prestaciones si no se verifica si se han cumplido las reglas para su financiación, a través de las cotizaciones; no cualquier tipo de cotizaciones sino las que sirvieron de base para estimar la viabilidad de determinadas prestaciones.

10. El camino hacia la universalidad, la Ley 100 de 1993, dio un importante paso al ampliar la población protegida incluyendo en ella a un contingente numeroso de la población, como era aquel que estaba excluido por no haber reunido al menos tres años de vida productiva, bastando ahora solo seis meses, los necesarios para reunir 26 cotizaciones, pero a condición de que fueran aportantes todos quienes estuvieran en vida productiva.  

La decisión que se toma en sentencia tiene enormes repercusiones en el sistema, pues exige de las administradoras de pensiones el pago de obligaciones para las cuales no hay recursos; no los tiene el régimen de ahorro individual que gobernado por un sistema de aseguramiento, las cotizaciones para cubrir el riesgo de antaño no valen para los de hoy; y no los tiene el régimen de prima media si la creación jurisprudencia exonera de contribución a un grupo significativo de la población; todo aquel que hubiere trabajado seis años antes de 1994, tiene el derecho a reclamar del sistema la pensión de invalidez aunque pasen décadas sin haber contribuido a él. No se disipa esta realidad porque las administradoras dispongan de fondos comunes, pero se hace a costa de la protección de la generación siguiente, y a su cargo, pues a ella le corresponde cubrir el déficit en curso.

11. En la seguridad social está cifrado el destino de una comunidad; el criterio de justicia que a ella corresponde es que vela por la distribución equilibrada de cargas entre las generaciones, y lo cual se garantiza si se cumple con el principio constitucional de la seguridad social: la sostenibilidad financiera del sistema. 

El que la seguridad social se haya ordenado como sistema impone que no se pueda invocar la universalidad prescindiendo de los mecanismos necesarios para realizarla.

El respeto a los principios de la universalidad y de la solidaridad es condición para realizar el anhelo de una sociedad verdaderamente justa, en la que al tiempo que se proporcione seguridad a la generación presente, se garantice la viabilidad del sistema para la generación que sigue, esto es, en una justicia que no se agote en distribuir prestaciones a los que primero lleguen acreditando necesidades sin hacer lo propio con la densidad de cotizaciones, quedando para los que vienen un sistema contributivo en quiebra, y el deber de cubrir una deuda histórica y atender a sus propios riesgos.

Fecha ut supra,

Eduardo López Villegas.