Sentencia 36470 de agosto 10 de 2010

 

Sentencia 36470 de agosto 10 de 2010

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 36470

Magistrado Ponente:

Dr. Camilo Tarquino Gallego

Acta 28

Bogotá, D.C., diez de agosto de dos mil diez.

EXTRACTOS: «Se considera

No existe controversia con relación a que Manuel Ignacio Rache Rodríguez estuvo afiliado a la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Santander S.A., desde junio de 1999 (fl. 34); que al momento de su muerte —17 de septiembre de 2000—, prestaba servicios al señor Hernando Bulla Orjuela y que, para esa fecha, este se encontraba en mora de pagar los aportes a la seguridad social correspondientes a las cotizaciones de agosto y septiembre de 2000, los cuales fueron cancelados con posterioridad al deceso.

En ese orden de ideas, resulta indiscutible que, teniendo en cuenta la fecha del fallecimiento, el derecho a la pensión de sobrevivientes debía ser solucionado a la luz del literal a) del artículo 46 de la Ley 100 de 1993, antes de la reforma de la Ley 797 de 2003, que exigía para el afiliado fallecido cotizante al sistema que “hubiere cotizado por lo menos veintiséis (26) semanas al momento de la muerte”, en cualquier tiempo.

Tal requisito fue satisfecho en el sub lite, toda vez que, como se dejó asentado en el fallo gravado: “En consecuencia, en el caso de autos el afiliado Manuel Ignacio Rache Rodríguez venía haciendo pagos efectivos de las cotizaciones en forma irregular, algunas se cancelaron en mora luego de que se estructuró su fallecimiento, empero, también es cierto, que las del año 1999 las cubrió y de este solo había cubierto 3 meses antes del infortunio, y posteriormente con las sanciones de mora canceló la totalidad de las cuotas de afiliación que fueron recibidas sin ningún reparo por la entidad demandada, con lo cual cumplió más de 26 semanas de cotización, ello es un total aproximado de 61 semanas, y por ende, esta circunstancia no le priva de su condición de cotizante activo...”.

Así las cosas, para dar respuesta a las alegaciones del censor sobre el tema, es oportuno precisar que la Corte, en sentencia de 22 de julio de 2008, Radicado 34270, varió su jurisprudencia sobre los efectos de la mora patronal, y estableció el criterio de que cuando se presente omisión por parte del empleador en el pago de las cotizaciones al sistema de seguridad social en pensiones, y ello impida el acceso a las prestaciones, si además medió incumplimiento de la administradora en el deber legal que tiene de cobrar, es a esta última a quien le incumbe el pago de las mismas a los afiliados o sus beneficiarios.

Consideró la Corte, para el caso de los afiliados en condición de trabajadores dependientes, que si han cumplido con el deber que les asiste, frente a la seguridad social, de prestar el servicio y así causar la cotización, no pueden, ellos o sus beneficiarios, sufrir un perjuicio, derivado de la mora del empleador en el pago de los aportes, y que, antes que trasladar a este las consecuencias de esa falta, resulta menester verificar si la administradora de pensiones cumplió con el deber de cobro.

En efecto en la citada sentencia la Corte señaló:

“Las administradoras de pensiones tanto públicas como privadas son elemento estructural del sistema de seguridad social; mediante ellas el Estado provee el servicio público de pensiones, hoy tienen fundamento constitucional en el artículo 48 de la Carta Política, cuando le atribuye al Estado la responsabilidad por la prestación del servicio público de la seguridad social bajo su “dirección, coordinación y control”, y autoriza su prestación a través de “entidades públicas o privadas, de conformidad con la ley”.

Las administradoras de pensiones han de estar autorizadas para fungir como tales si cumplen una serie de requisitos que las cualifican, bajo el entendido de que toda su actividad ha de estar ordenada a cumplir con la finalidad de prestar el servicio público de la seguridad social.

Ciertamente las administradoras de pensiones como prestadoras del servicio público de pensiones, su comportamiento y determinaciones deben estar orientadas no solo a alcanzar sus propias metas de crecimiento y beneficio, sino a satisfacer de la mejor manera el interés colectivo que se realiza en cada persona que queda desprotegida por haberse cernido sobre sí una enfermedad o trauma que lo deja inválido, o la muerte sobre el miembro de la familia del cual depende, o sobre su afiliado cuando le llega el momento de su retiro de la vida productiva por imposición o disfrute de la vejez.

Es razón de existencia de las administradoras la necesidad del sistema de actuar mediante instituciones especializadas e idóneas, ubicadas en el campo de la responsabilidad profesional, obligadas a prestar de forma eficiente, eficaz y oportuna todos los servicios inherentes a la calidad de gestoras de la seguridad social, actividad que por ejercerse en un campo que la Constitución Política estima que concierne a los intereses públicos, se ha de estimar con una vara de rigor superior a la que se utiliza frente a las obligaciones entre particulares.

“Por lo dicho es que la responsabilidad de las administradoras de pensiones es de carácter profesional, la que le impone el deber de cumplir puntualmente las obligaciones que taxativamente le señalan las normas, cumplirlas todas con suma diligencia, con prudencia y pericia, y además todas aquellas que se le integran por fuerza de la naturaleza de las mismas, como lo manda el artículo 1603 del Código Civil, regla válida para las obligaciones cualquiera que fuere su fuente, legal, reglamentaria o contractual.

“Dentro de las obligaciones especiales que le asigna la ley a las administradoras de pensiones está el deber de cobro a los empleadores de aquellas cotizaciones que no han sido satisfechas oportunamente, porque a ellas les corresponde garantizar la efectividad de los derechos de los afiliados mediante acciones de cobro como lo dispone el artículo 24 de la Ley 100 de 1993.

“Si bien la obligación de pago de la cotización está radicada en cabeza del empleador (L. 100/93, art. 22), antes de trasladar las consecuencias del incumplimiento de ese deber al afiliado o a sus beneficiarios, es menester examinar previamente, si las administradoras de pensiones han cumplido el que a ellas les concierne en cuanto a la diligencia para llevar a cabo las acciones de cobro.

“El afiliado con una vinculación laboral cumple con su deber de cotizar, desplegando la actividad económica por la que la contribución se causa. Esto genera un crédito a favor de la entidad administradora, e intereses moratorios si hay tardanza en el pago.

“Las administradoras de pensiones y no el afiliado, tienen por ley la capacidad de promover acción judicial para el cobro de las cotizaciones, por lo tanto no se puede trasladar exclusivamente la responsabilidad de la mora en el pago de las cotizaciones a los empleadores, sino que previamente se debe acreditar que las administradoras hayan adelantado el proceso de gestión de cobro, y si no lo han hecho la consecuencia debe ser el que se les imponga el pago de la prestación.

“Se ha argüido que la atribución de las prestaciones en caso de mora en las cotizaciones a las administradoras de pensiones afecta el equilibrio financiero del sistema; pero es que este no puede obtenerse disminuyendo la cobertura y en perjuicio del trabajador que sí cumplió con su deber ante la seguridad social como era causar la cotización con la prestación de sus servicios, sino mediante la acción eficaz de las administradoras de pensiones de gestionar el recaudo de los aportes, pues ese mecanismo no puede valer para proteger a las administradoras contra riesgos causados y no para la protección del afiliado.

“En el caso de las entidades del régimen de prima media, pueden proceder al cobro coactivo para hacer efectivos sus créditos; los artículos 2º y 5º del Decreto 2633 de 1994 establecen el requerimiento previo, mediante comunicación escrita dirigida al empleador, como procedimiento en mora por el pago de los aportes a la seguridad social; y si dentro de los quince días siguientes al aviso no se pronuncia el empleador, señalan las normas aludidas, se procede a efectuar la liquidación, la cual presta mérito ejecutivo cuando se trate de administradoras del régimen solidario de prima media.

“Por lo demás, para el caso específico del ISS, de conformidad con el estatuto de cobranzas previsto en el Decreto 2665 de 1988, debe tener por válidas transitoriamente las cotizaciones hasta tanto no se dé por calificada de incobrable la deuda por aportes, y sean declaradas inexistentes. Estas disposiciones se han de considerar vigentes por disposición de la Ley 100 de 1993, artículo 31, y por cuanto si bien se han expedido reglamentos en materia de afiliaciones, cotizaciones y aportes, no se ha hecho lo propio en materia de cobranzas.

“De esta manera se rectifica una larga tradición jurisprudencial, de no atribuirle responsabilidad a las administradoras de pensiones en el caso de mora del empleador en el pago de cotizaciones a la seguridad social”.

Lo anterior se adecua íntegramente al presente asunto, sin que exista razón alguna que motive a la Sala para variar su criterio, que, por mayoría, ha venido sosteniendo.

En torno a la situación de la llamada en garantía, acusa el impugnante la infracción directa de los artículos 77 y 108 de la Ley 100 de 1993, y 3º del Decreto 876 de 1994; aduce que, en virtud de lo dispuesto en tales normas, la aseguradora está obligada a responder por “la suma adicional suficiente para que se complete el capital requerido para la atención de la pensión”, de suerte que al estimar que dicha entidad nada tiene que ver con la pensión de sobrevivientes, ignoró la existencia de dichos preceptos.

El numeral 1º del artículo 77 de la Ley 100 de 1993, relativo a la pensión de sobrevivientes de los afiliados al régimen de ahorro individual con solidaridad, preceptúa que cuando dicha prestación se origina en la muerte de un afiliado, a su financiación contribuirán “los recursos de la cuenta individual de ahorro pensional generados por cotizaciones obligatorias, el bono pensional si a ello hubiere lugar, y con la suma adicional que sea necesaria para completar el capital que financie el monto de la pensión. Dicha suma adicional estará a cargo de la aseguradora”.

A su vez, del contenido del artículo 108 del mismo estatuto, se desprende que las administradoras deben contratar seguros para garantizar el pago de “los aportes adicionales necesarios para financiar las pensiones de invalidez y sobrevivientes”.

En consecuencia, no es extraño a la problemática ventilada en este proceso, el aseguramiento que las entidades administradoras de fondos de pensiones deben llevar a cabo, por el eventual déficit de recursos para financiar una pensión de sobrevivientes, como es el caso que aquí se ha presentado. En el sistema de ahorro individual, es obligatoria la contratación de esta suerte de seguro, porque a diferencia de lo que sucede en el sistema de prima media con prestación definida, en el que los recursos ingresan a un fondo común, en el primero, la cuenta de cada afiliado está conformada por los aportes del afiliado, y los rendimientos, y cuando estos resultan insuficientes para financiar la prestación, el faltante será provisto por la compañía aseguradora con la que se haya contratado el seguro.

Esta Sala de la Corte, ya tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre el tema que ahora se debate. En sentencia de 2 de octubre de 2007, Radicación 30252, se adoctrinó lo siguiente:

“En el sub lite la administradora de pensiones a quien se le demanda el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes al contestar la demanda llamó en garantía a su entidad aseguradora, y esta al comparecer al proceso aceptó tal condición, admitió la existencia del vínculo de aseguramiento, en los términos de la “póliza de seguros previsionales de invalidez y sobrevivencia” (sic), aportado por la administradora de pensiones en su contestación de la demanda.

El ad quem absuelve a Colseguros por entender que “se desconoce el alcance de la obligación a la cual se ha comprometido” la entidad aseguradora.

Tal desconocimiento es un yerro del tribunal. Es la Ley de Seguridad Social Integral la que concibió el ahorro individual como un régimen con carácter de aseguramiento para los infortunios de la invalidez y de la muerte; y sin duda se trata de una obligación insoslayable pues es inherente a la naturaleza del régimen de ahorro individual tomar un seguro a través de la administradora de pensiones, con un objeto definido legalmente de garantizarle al afiliado las sumas adicionales necesarias para financiar las pensiones de invalidez y sobrevivientes, como lo manda el artículo 108 de la Ley 100 de 1993”.

En ese orden, con la escueta motivación esgrimida por el tribunal para absolver a la Compañía de Seguros Bolívar S.A., se infringió frontalmente el contenido de las normas relacionadas en la formulación del cargo, y en consecuencia se casará parcialmente la sentencia, en lo relacionado con la responsabilidad de dicha persona jurídica en la financiación de la pensión de sobrevivientes ordenada en segunda instancia.

Para resolver en instancia, además de lo discurrido, conviene retomar lo que la Sala expuso en la sentencia de casación, antes identificada:

“Como consideraciones de instancia, se ha de señalar que el seguro previsional de invalidez y sobrevivientes es para el colectivo de afiliados a una administradora de pensiones, la que actúa como tomadora por cuenta de estos; el amparo de la póliza se extiende de manera automática al afiliado con la afiliación a la administradora de pensiones.

El objeto del aseguramiento es definido por la ley, y como imperativo que es, se reproduce en las pólizas de seguros con las que se formaliza el vínculo de aseguramiento previsional, y consiste en garantizar la existencia de capital suficiente para financiar la pensión de invalidez o de sobrevivientes que se causa a favor del afiliado o de sus beneficiarios, esto es del valor actual de la pensión de referencia respectiva, integrándolo con la suma adicional que le falta al acumulado por aportes obligatorios y bono pensional si lo hubiere, en la cuenta de ahorro individual.

La pensión de invalidez o de sobrevivientes que se causa es la que genera el derecho al amparo del seguro.

En este marco basta con la regulación legal —L. 100/93, art. 108— y la reglamentaria —D. 1161/94, arts. 15 y 18—, para definir el contenido de la obligación de aseguramiento respecto al afiliado; con esto se advierte además que la relación de aseguramiento previsional es de carácter reglamentario, como corresponde a las relaciones de la seguridad social.

De esta manera el objeto del aseguramiento es el definido en el artículo 77 de la Ley 100 de 1993, en los términos de garantizar la suma adicional que sea necesaria completar el capital que financie el monto de la pensión de sobrevivientes, al mismo que remite la póliza visible a folio 57.

Lo anterior sin perjuicio de entender que algunos aspectos de la relación de aseguramiento quedan definidos en la póliza de aseguramiento de la pensión de invalidez y sobrevivientes, como el de la existencia, o la vigencia de la misma, la que en el sub lite, estaba por fuera del debate probatorio, por haber sido admitidas por la entidad aseguradora llamada en garantía”.

Como corolario de lo expuesto, se revocará parcialmente la sentencia del a quo, en cuanto, como consecuencia de la absolución a favor de la demandada, liberó de responsabilidad a la llamada en garantía, y en su lugar se condenará a la Compañía de Seguros Bolívar S.A. a cubrir la suma adicional, que, agregada a la acumulada en la cuenta de ahorro individual por aportes obligatorios, mas los bonos pensionales, que llegaren a existir, completen el capital necesario para pagar la pensión de sobrevivientes de la promotora del juicio.

Con lo anterior, se entienden despachadas desfavorablemente las excepciones formuladas por la Compañía de Seguros Bolivar S.A.

Dada la prosperidad del cargo, no se imponen costas por el recurso extraordinario. En las instancias, a cargo de las demandadas.

Por lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA PARCIALMENTE la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 21 de enero de 2008, en el proceso promovido por María Briceida Carvajal Durán contra la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Santander S.A., y Edison Feimberg Ramírez Mosquera y Compañía de Seguros Bolívar S.A., en cuanto absolvió a esta ultima de cubrir la suma adicional necesaria para completar el capital que permita financiar la pensión de sobrevivientes de la demandante.

En sede de instancia, revoca parcialmente la sentencia de primera instancia, y en su lugar, ordena a la Compañía de Seguros Bolívar S.A. que cubra la suma adicional para completar el capital necesario para el financiamiento de la pensión de sobrevivientes reconocida a María Briceida Carvajal Durán.

Sin costas en casación. En las instancias, a cargo de las demandadas.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen».