Sentencia 36473 de febrero de 2010

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 36473

Acta: 02

Magistrado Ponente:

Dr. Camilo Tarquino Gallego

Bogotá, D.C., dos de febrero de dos mil diez.

EXTRACTOS: «Se considera

Conviene advertir que conforme lo consideró el tribunal, “No es materia de discusión, la calidad de pensionada que ostenta la actora, toda vez que según Resolución 291 de 18 de febrero de 1999, (fl. 109 y ss.) la caja (...), reconoce a la actora pensión de sobrevivientes, en aplicación del principio de la condición más beneficiosa y por habilidad (sic) de la edad de su cónyuge Luis Alfredo Zamora Tinjacá, como causa (sic) de su fallecimiento”, lo que se corrobora con la lectura del acto administrativo mencionado en la trascripción que, al revocar la Resolución 2250 de 1998, dispuso “reconocer pensión de sobrevivientes a la señora Lucinda Peña García (...), en aplicación del principio de la condición más beneficiosa y por habilitación de la edad de la edad de su cónyuge”.

Igualmente, es verdad averiguada que Luís Alfredo Zamora Tinjacá prestó servicios a Telecom desde el 8 de febrero de 1972, hasta el 31 de marzo de 1995, es decir, durante algo más de 23 años, y que falleció el 31 de octubre de 1997, cuando contaba 46 años de edad. Además, para la fecha en que comenzó a regir el sistema de seguridad social integral, el causante contabilizaba a su favor más de los 20 años de servicio exigidos en la Ley 33 de 1985, para acceder a la pensión de jubilación, pero le faltaba por cumplir la edad, cuando le sobrevino la muerte.

Lo precedente indica, que si bien, no se trató de un derecho adquirido en la significación que jurídicamente se atribuye a este vocablo, pues no se configuró el requisito de la edad en vigencia de la normatividad anterior, el hecho de la muerte activó el surgimiento del derecho a la pensión de jubilación, toda vez que habilitó la edad, que era lo que le faltaba para la consolidación plena del derecho, empero, no dentro de la vigencia del régimen que precedió a la Ley 100 de 1993, sino precisamente cuando este estatuto ya había cobrado vigor jurídico, en el año 1997, por manera que, es bajo la égida del artículo 46 de este ordenamiento que cabe darle aplicación al principio de favorabilidad que le resultó útil a la demandada para conceder el derecho a la pensión de sobreviviente, como ampliamente lo explicó el ente de seguridad social, al proferir la Resolución 291, el 18 de febrero de 1999.

Queda al descubierto, en consecuencia, el yerro que cometió el ad quem, pues no reparó que la prestación que se había reconocido a Lucinda Peña García, a través del acto administrativo recién mencionado, era una pensión de sobrevivientes, que debía liquidarse conforme con los parámetros establecidos en el artículo 48 de la Ley 100 de 1993 —inciso 2º—, como en efecto lo hizo la demandada, aplicando el sistema validado por la Corte para eventos como el aquí litigado, entre otros, en las sentencias 32053, y 35253, de 29 de abril de 2008, y 1º de septiembre de 2009, contra la misma demandada, con inclusión de la variación del índice de precios al consumidor, como puede observarse entre los folios 88 y 92 del expediente.

El tribunal, no obstante haber aludido que a la accionante se le reconoció una pensión de sobrevivientes, y que lo procurado con el ejercicio de la acción judicial era ajustar su cuantía, “teniendo en cuenta el 75 % de lo devengado durante su último año de servicios y actualizado con base en el IPC, hasta el 30 de octubre de 1997, fecha del fallecimiento del causante”, definió la contención como si se aprestara a resolver sobre una pensión de jubilación concedida a quien había completado los requisitos de edad y tiempo de servicios, aplicando la preceptiva del plurimencionado artículo 36, y no a quien sólo accedía al beneficio pensional en su calidad de cónyuge supérstite, y con base en lo dispuesto en la norma que estaba vigente  cuando se produjo el deceso de quien para ese momento no tenía la calidad de pensionado, pues no disfrutaba de una pensión, como lo exige el inciso 1º del artículo 48 de la Ley 100 de 1993, para que se le reconociera con el 100 % del salario, por lo cual la pensión de sobreviviente se liquidó adecuadamente, en los términos dispuestos por el inciso 2º ibídem, y el artículo 21 del estatuto de la seguridad social. En ese orden, el causante no podía transmitir a sus causahabientes un derecho de mayor entidad al que ostentaba cuando se produjo su fallecimiento, que, a la sazón, no era diferente al que le reconoció la persona jurídica demandada a su esposa.

En consecuencia, el cargo es fundado y próspero, por lo cual se casará la sentencia gravada, lo que torna innecesario el estudio de los dos cargos restantes.

En sede de instancia, valen las precedentes consideraciones para confirmar la absolución impartida por el fallador de la instancia inicial.

Dada la prosperidad del recurso, no se imponen costas. En las instancias, a cargo de la demandante.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 15 de febrero de 2008, dentro del proceso ordinario laboral promovido Por Lucinda Peña García contra la Caja de Previsión Social de Comunicaciones, Caprecom.

En sede de instancia, confirma el fallo absolutorio de primera instancia, dictada por el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Descongestión del Circuito de Bogotá, el 30 de noviembre de 2006.

Sin costas en casación. En las instancias a cargo de la demandante.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen».