Sentencia 36488 de mayo 29 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Guillermo Salazar Otero

Aprobado acta 169

Bogotá, D.C., veintinueve de mayo de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Tanto el actor casacional, como la Fiscalía y Ministerio Público que han intervenido ante esta sede, coinciden, con apoyo en la sentencia citada en precedencia, que la postura más reciente de la Sala, adoptada por mayoría, ha entendido aplicable el artículo 269 del Código Penal, en los casos de reparación frente a delitos de extorsión, bajo la novedosa interpretación del artículo 26 de la Ley 1121 de 2006.

Advirtió el a quo en la sentencia, en criterio ratificado integralmente por el tribunal, que Ricardo García Muñoz no sería acreedor a la rebaja de pena por reparación o indemnización de perjuicios como lo solicitaba la defensa, con el argumento según el cual el artículo 269 del Código Penal no era aplicable por expresa prohibición del artículo 26 de la Ley 1121 de 2006, bajo el entendido que la disminución de la pena por reparación es un beneficio que otorga el legislador, pero precisamente la propia ley en cita determina la exclusión de cualquier clase de beneficio para estos delitos.

En efecto, corresponde a la última reflexión jurisprudencial sobre la referida rebaja de pena por reparación en el delito de extorsión, el pensamiento de la Corte contenido en Sentencia 35767 de 2012, acorde con el cual:

“Así que, nacida la Ley 1121 de 2006 en el contexto de una justicia restaurativa, debía proyectar sus efectos teniendo en cuenta dicha situación, y por tanto, ha de dársele alcance a la satisfacción de derechos de la víctima en relación con su participación en el conflicto que no es exclusivo de la justicia penal, y por tanto se debe propiciar y estimular la reparación de los perjuicios por medio de consecuencias favorables para el agresor, como la contenida en el artículo 269 del Código Penal.

Dicha interpretación garantiza la efectividad del derecho a la reparación de que es titular la víctima y por tanto su reivindicación, y además ubica el delito en la dimensión del bien jurídico que su consagración pretende proteger de manera contrafáctica, esto es, en el nivel de lo económico, siendo por tanto una forma de retribución, en la medida que si lo que se buscaba era afectar con amenazas el patrimonio económico particular, tener que pagarle a su víctima los perjuicios irrogados con dicho proceder, supondría tal conmutatividad, además de estimular la pronta reparación de las víctimas, a la vez que invitarlas a participar en las decisiones que las afectan, en cumplimiento de lo que ordena el artículo 2º de la Constitución Política.

Precisamente por esto hay que reconocer que los descuentos punitivos originados en situaciones previstas por el legislador relacionadas con la reivindicación de la víctima, no son una gracia de discrecional concesión por parte del funcionario judicial, sino que hacen parte de la legalidad de la pena y por tanto de obligatorio reconocimiento, siempre y cuando, claro está, se den los presupuestos de hecho previstos en el canon correspondiente.

En conclusión: se puede afirmar que la mencionada reducción de pena por efecto de la reparación no puede entenderse como otro beneficio legal, y por tanto, se halle cobijada por la prohibición del artículo 26 de la Ley 1121 de 2006.

Así pues, la Sala, en lo sucesivo, modifica en tal sentido la interpretación sobre el artículo 26 de la Ley 1121 de 2006. Su nueva hermenéutica se contrae a que se concede la reducción de pena prevista en el artículo 269 del Código Penal a quienes siendo procesados por el delito de extorsión, repararon los perjuicios en los términos previstos por el artículo 269 del Código Penal; sin que tal situación afecte los extremos punitivos, ya que la disminución se realiza una vez individualizada la pena, y sin efectos en el término de prescripción de la acción penal” (resaltado fuera de texto).

La Corte, como no podía ser de otro modo, es clara en señalar que el precepto cuya aplicación ahora auspicia, para producir los efectos aminorantes que le dan existencia, exige colmados los supuestos normativos del artículo 269, esto es, que debe mediar reparación integral, en el entendido que el responsable ha de restituir el objeto material del delito o su valor, e indemnizar los perjuicios irrogados al ofendido, lo cual debe ocurrir antes de dictarse sentencia de primera o única instancia.

Siendo ello así, la imputación del único cargo relacionada con la aplicación del artículo 269 del Código Penal, que las sentencias de primera y segunda instancia rechazaron, acudiendo inclusive a doctrina de la Corte vigente para dicho momento, que es coadyuvada por la Fiscalía y la Procuraduría, tendría razón en el aspecto estrictamente teórico sobre el alcance restrictivo del artículo 26 de la Ley 1121 de 2006 que no inhibe considerar sus efectos aún frente al delito de extorsión.

No obstante, tanto el libelo como los sujetos procesales que respaldan sus pretensiones, eluden cualquier referencia al hecho de si está demostrado, en los términos exigidos por el precepto en comento, los supuestos para su reconocimiento.

La sentencia de primera instancia se produjo en forma anticipada, pues en desarrollo de la audiencia preparatoria, según se vio, hubo aceptación de cargos por parte de Wilson Orlando García Muñoz. Dicho proveído rechazó la atenuante de la pena del artículo 269 del Código Penal por estar excluida, según su criterio, para delitos como el de extorsión.

La apelación tuvo como propósito, precisamente, el reconocimiento de la referida atemperante de pena, con el argumento según el cual en el asunto adelantado separadamente en contra del coprocesado Juan Camilo Cortés Figueroa existió un acuerdo indemnizatorio con la víctima, pretensión que el Tribunal rechazó por estar prohibida esta clase de rebajas para el delito de extorsión.

La sentencia proferida por el Tribunal Superior de Tunja el 21 de septiembre de 2010 que condenó a Cortés Figueroa, dejó expresa constancia de haberse presentado por la defensa “acuerdo de indemnización integral suscrito entre acusado y víctima”, sin relacionar su contenido ni precisar si se trataba de un acto de reparación integral o de un acuerdo, conforme se anotó, tendiente a su materialización posterior, lo que fue indiferente, pues también se negó la rebaja por expresa prohibición del artículo 26 varias veces citado.

Siendo ello así, para la Sala es evidente que en el caso concreto no hay lugar a la rebaja reclamada, pues de una parte, los argumentos expuestos solo dan cuenta de que el artículo 269 del Código Penal puede ser considerado por no estar excluida la rebaja en el contenido por la ley, pero no porque se acredite reunidos los requisitos en esta norma previstos.

En verdad, no aparece demostrado en esta actuación que se haya materializado la reparación integral de la víctima y la referencia que sobre este aspecto se hace en la sentencia de Cortés Figueroa, sin aludir a los presupuestos normativos, es ambigua y se desconocen los términos del pretendido acuerdo, como para entender que en efecto hubo una indemnización y que la misma fue integral en forma tal que indubitablemente fuera aplicable en el caso concreto, el artículo 269 en cuestión.

La reducción punitiva en alusión se basa en la efectiva indemnización o resarcimiento del daño, de tal suerte que ese fenómeno debe constar en el proceso sin duda alguna, lo cual, no acontece en este evento.

En estas condiciones, el único cargo esbozado no prospera.

Por lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

NO CASAR la sentencia impugnada.

Contra esta providencia no procede recurso alguno.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase al tribunal de origen».