Sentencia 365 de agosto 24 de 2004 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Rad.: 11001-03-15-000-2004-00365-00

Consejera Ponente:

Dra. María Inés Ortiz Barbosa.

Actor: Procuraduría Quinta Delegada ante el Consejo de Estado.

Pérdida de investidura del Senador Omar Yepes Alzate.

Bogotá, D.C., veinticuatro de agosto de dos mil cuatro.

EXTRACTOS: «Procede la Sala a decidir la solicitud de pérdida de investidura del congresista Omar Yepes Alzate, Senador de la República, presentada por la Procuraduría Quinta Delegada ante el Consejo de Estado.

Antecedentes

Se fundamenta la petición en los hechos que se resumen a continuación (fls. 2 a 33):

El doctor Omar Yepes Alzate fue elegido Senador de la República para el período constitucional 2002-2006 y tomó posesión del cargo el 20 de julio de 2002, como consta en las certificaciones expedidas por la organización electoral.

Para apoyar el desempeño de su función el Senador Yepes Alzate postuló ante la corporación legislativa al señor Josué Jaramillo Osorio —bachiller y secretario auxiliar contable del SENA—, quien fue designado como uno de los integrantes de su unidad de trabajo legislativo, cargo que ocupaba desde el 23 de julio de 1997, con las interrupciones propias de la terminación de los períodos legislativos.

El señor Josué Jaramillo Osorio se constituyó en la persona de plena confianza del Senador Yepes Alzate, al punto de manejar dineros propios de aquel y tramitar ante las entidades del departamento de Caldas, empleos y contratos para los integrantes de su movimiento político, amigos y familiares.

El 17 de septiembre de 2001 la Fiscalía General de la Nación, con base en el informe que rindiera el Cuerpo Técnico de Investigaciones, dispuso la apertura de indagación preliminar con el fin de determinar las presuntas irregularidades en la contratación al interior de la Central Hidroeléctrica de Caldas, CHEC.

En el curso de esta indagación, el 26 de septiembre del mismo año la fiscal delegada ordenó la interceptación de los abonados telefónicos “8806982, 8891575, 889159 (sic), 8890369, 8873777, 8890373” y otros de la ciudad de Manizales (Caldas), en cuya labor se encontró que el señor Josué Jaramillo Osorio se comunicaba constantemente no solo con la Central Hidroeléctrica de Caldas, CHEC, sino con la Industria Licorera de Caldas, el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, el Instituto de Seguro Social, ISS, la Secretaría de Educación del departamento de Caldas, la Gobernación de Caldas, la Dirección Territorial de Salud de Caldas, el Banco Agrario, el Concejo Municipal de Manizales y Corpocaldas, con el fin de obtener el nombramiento o la contratación de las personas que el Senador Omar Yepes Alzate le autorizaba u ordenaba señalar a quienes tenían poder decisorio en esas dependencias, como consta en los casetes allegados por la Fiscalía General de la Nación a la investigación disciplinaria que se adelantó en la Procuraduría General de la Nación.

Con base en lo anterior, la Fiscalía General de la Nación abrió la correspondiente investigación y vinculó, entre otros, al señor Josué Jaramillo Osorio a quien se indagó por el delito de “Tráfico de influencias de servidor público”, se le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva y se le dictó resolución de acusación por dicho punible, como consecuencia de lo cual actualmente se encuentra privado de la libertad.

A su turno, y a raíz de la publicación que se hiciera en la revista Cambio de 19 de agosto de 2002 en la que se pusieron en conocimiento de la opinión pública presuntas irregularidades en las que pudo incurrir el Senador Yepes Alzate por “manipular contratos de la Central Hidroeléctrica de Caldas”, las cuales habrían sido denunciadas a ese medio de comunicación por la señora Gloria Cecilia Carmona Arias y su esposo Jorge Enrique Merchán Vélez, el 2 de septiembre de 2002 la Procuraduría General de la Nación inició indagación preliminar, etapa en la que se practicaron diversas pruebas tendientes a establecer la presunta incursión del Senador Yepes Alzate en faltas disciplinarias.

Recaudado el acervo probatorio que obra en el expediente radicado bajo el Nº 156-75376/02, los procuradores judiciales penales ante los tribunales superiores de Bogotá y Cundinamarca comisionados, concluyeron que “la materialidad de las faltas disciplinarias resulta evidente, bien que se le estudie desde la perspectiva de la jurisprudencia del Consejo de Estado... o bien que se le estudie desde la misma perspectiva jurisdiccional”, y así el Senador Ornar Yepes Alzate habría incurrido en tráfico de influencias. Este concepto fue acogido por el señor Procurador General de la Nación y por ello dispuso la remisión de copias de las diligencias a las procuradurías delegadas ante el Consejo de Estado, para que estudiaran la viabilidad de instaurar acción de pérdida de investidura en contra del mencionado congresista y asignó al viceprocurador la competencia para investigar a los demás servidores públicos que con ocasión de los hechos pudieran estar incursos en faltas disciplinarias.

En virtud de lo anterior, el estudio de las diligencias se adelantó coligiéndose la viabilidad de la presente acción, concepto que, compartido por el señor Procurador General de la Nación, ha dado origen a esta solicitud.

(...).

Consideraciones de la Sala

Competencia.

De conformidad con lo establecido en los artículos 184 y 237-5 de la Constitución Política y 37-7 de la ley estatutaria de la administración de justicia, la Sala Plena del Consejo de Estado es competente para conocer de la presente acción, por tratarse de la solicitud de pérdida de la investidura de un congresista.

Calidad del demandado.

Aparece demostrado que el señor Omar Yepes Alzate fue elegido como Senador de la República por el Partido Conservador Colombiano para el período 2002-2006, según certificación del director de gestión electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil, que obra a folio 36, quien por lo tanto ostenta la calidad de congresista.

Causal planteada.

Invoca el accionante como causal de pérdida de la investidura la prevista en el numeral 5º artículo 183 de la Constitución Nacional en concordancia con el artículo 296 de la Ley 5ª de 1992.

El solicitante indica como pretensiones, las siguientes:

“... presento ante ustedes demanda contra el Senador Omar Yepes Alzate, elegido para el período constitucional 2002-2006, para que previos los trámites establecidos en la Constitución Política y las leyes 5ª de 1992 y 144 de 1994, se profiera sentencia en la que se decrete la pérdida de su investidura por haber incurrido en la causal de tráfico de influencias consagrada en los numerales 5º del artículo 183 constitucional y del artículo 296 de la Ley 5ª de 1992...” (fl. 1, c.p.) (el destacado es del texto).

Tráfico de influencias debidamente comprobado.

La demandante sustenta esta única causal en que el congresista, a través de Josué Jaramillo Osorio, miembro de su unidad de trabajo legislativo y quien se convirtió en la persona de su plena confianza, tramitó ante diferentes entidades del departamento de Caldas la consecución de empleos y la celebración de contratos para integrantes de su movimiento político, sus amigos y familiares, sin referirse explícitamente a la gestión como causal autónoma.

Por su parte, la apoderada del senador sostiene que en el plenario no están debidamente demostrados los elementos que, según la jurisprudencia, estructuran la causal invocada y que las pruebas válidamente recaudadas en esta instancia solo demuestran que el señor Josué Jaramillo actuó por su cuenta y riesgo, sin que pueda inferirse de una recomendación que el senador haya incurrido en conducta sancionable disciplinariamente.

Respecto de la causal el artículo 183 de la Constitución Nacional consagra:

“Los congresistas perderán su investidura:

“(...).

“5. Por tráfico de influencias debidamente comprobado.

“(...)”.

La Ley 5ª de 1992 en el artículo 296 prevé:

“Causales. La pérdida de investidura se produce:

“(...).

“5. Por tráfico de influencias debidamente comprobado”.

En relación con la causal invocada, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado ha estudiado en diferentes pronunciamientos cuáles son los elementos que deben concurrir para que se entienda configurada y ha sostenido que se requiere:

a) Que se trate de persona que ostente la calidad de congresista;

b) Que se invoque esa calidad o condición;

c) Que se reciba, haga dar o prometer para sí o para un tercero dinero o dádivas, con las salvedades o excepciones contempladas en la Ley 5ª de 1992, en cuanto a las gestiones de los congresistas a favor de sus regiones; y

d) Con el fin de obtener beneficio de un servidor público en asunto que este se encuentre conociendo o haya de conocer.

Es así como en sentencia del 28 de noviembre de 2000, expediente AC-11349, consejera ponente doctora Olga Inés Navarrete Barrero, se precisó: “La causal “tráfico de influencias” presupone anteponer la investidura de congresista ante un servidor público, quien, bajo tal influjo psicológico, realiza una actividad que no adelantaría de no ser por la calidad de quien se lo solicita. Consiste en una relación de doble envío en donde el congresista, gracias a la investidura que posee, crea en el destinatario de su influencia la decisión de realizar el hacer solicitado”.

En tales condiciones y como quiera que se encuentra acreditada en el expediente la calidad de congresista del demandado (senador de la República), corresponde a la Sala determinar, en primer lugar, si las pruebas practicadas por la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación pueden ser consideradas en esta instancia o solo deben tenerse en cuenta las recaudadas en este proceso, y en segundo término, si se encuentra debidamente probado y por tanto de manera fundada, que el Senador incurrió en la causal invocada. Se procede entonces al análisis del debate probatorio propuesto.

En relación con las pruebas practicadas y recaudadas durante la indagación preliminar por la Procuraduría General de la Nación, las que fueron allegadas a este proceso, el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, prevé:

ART. 185.—Prueba trasladada. Las pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro en copia auténtica, y serán apreciables sin más formalidades, siempre que en el proceso primitivo se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aduce o con audiencia de ella.

La actuación ante la Procuraduría General de la Nación se inició con ocasión de los hechos puestos en conocimiento de la opinión pública a través de la revista Cambio, según se indica en la Resolución 269 de 23 de agosto de 2002 (cdno. de copias 1), mediante la cual el despacho del procurador crea una comisión disciplinaria especial para que instruya la actuación procesal por los hechos denunciados en ese medio informativo.

Mediante providencia de 2 de septiembre de 2002, el mismo despacho ordena abrir indagación preliminar “para determinar si los hechos descritos son constitutivos de falta disciplinaria e identificar los autores y partícipes de los mismos” (fl. 5, cdno. copias 1). En esta providencia se ordena la práctica de pruebas, entre otras, la visita especial a la actuación procesal penal adelantada por la fiscalía anticorrupción, para establecer el estado de la misma y aportar las piezas procesales pertinentes.

A folios 7 y 8 (cdno. copias 1) figura copia autenticada del acta de visita especial de 24 de septiembre de 2002, practicada en las instalaciones de la Fiscalía 16 de la Unidad Nacional Anticorrupción Delegada ante el Programa Anticorrupción de la Presidencia de la República en la cual se indica:

“... De acuerdo con lo inspeccionado, y por resultar de interés para la investigación disciplinaria que se adelanta, se solicita del señor fiscal se sirva autorizar la expedición de copias de las siguientes piezas procesales: A folios 1 a 34 del cuaderno 1 original, de los folios 109 a 113, de 118 a 121, del 126 a 129, del 139 a 194, del 196 a 275 y del 292 a 295 del cuaderno original 1. Y copia del cuaderno original 2, en su integridad. Se solicita igualmente copia del certificado de existencia y representación de la Central Hidroeléctrica de Caldas, el cual aparece en el cuaderno de parte civil. Acto seguido, el señor fiscal autoriza la expedición de las copias solicitadas”.

A folio 39 (cdno. de copias 1), obra copia autenticada del acta de notificación personal del auto de septiembre 2 de 2002 mediante el cual se abre indagación preliminar al senador Omar Yepes Alzate, diligencia surtida el 22 de octubre de 2002.

A folio 40 (cdno. de copias 1), obra copia autenticada del acta de visita especial de 24 de octubre de 2002, en la fiscalía 16 mencionada y allí se dice:

“... Por resultar de interés para la investigación disciplinaria, se solicita del señor fiscal, la expedición de copias de todo el expediente, incluyendo los 166 casetes grabados y sus anexos. El señor fiscal, accede a la petición de copias, y explica que solamente por razones técnicas se pudo fotocopiar el cuaderno número dos, del cual se hace entrega, los restantes serán fotocopiados en las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación...”.

En la misma acta se indica que se trata de un proceso que consta de siete cuadernos originales y dos de anexos y contentivos de casetes.

En memorial de 24 de octubre de 2002 (fl. 42, cdno. de copias 1), el senador solicita que se informe con claridad y precisión la tipificación de la conducta investigada, así como de la práctica de todas las pruebas con la debida antelación y que se le oiga en versión libre y espontánea. En la misma fecha allega escrito en el cual pide copia del acta de visita especial, de la Resolución 269 de 23 de agosto de 2002 y de los folios 1, 10 y 11.

El 31 de octubre de 2002, el senador presenta nuevo escrito para requerir copias de varios folios que relaciona allí (fl. 47, cdno. de copias 1).

El despacho del señor procurador mediante providencia de noviembre 6 de 2002 (fls. 52 y 53, cdno. copias 1), ordena expedir las copias solicitadas, señala fecha para escuchar en versión libre al senador, indica, en relación con la petición de precisar la tipificación de la conducta, que la actuación se encuentra en indagación preliminar, por lo que está por definir la ocurrencia de la conducta y si la misma es constitutiva de falta disciplinaria o se ha actuado bajo el amparo de una causal de exclusión de responsabilidad (CDU, art. 150), y dispone que se entere de la práctica de pruebas al disciplinado (senador).

En la misma fecha el senador presenta escrito (fl. 55, cdno. de copias 1), mediante el cual solicita copia de la totalidad de las trascripciones de las grabaciones de las intercepciones telefónicas trasladadas por la fiscalía 16 y copia magnetofónica de las mismas, las cuales fueron debidamente autorizadas.

A folios 128 a 151 (cdno. de copias 1), obra copia autenticada de la versión libre rendida por el senador.

El 12 de diciembre de 2002, nuevamente el senador solicita copias de algunos folios del cuaderno 3.

El 6 de febrero de 2003, se practica diligencia de visita especial en las instalaciones de la Fiscalía Tercera de la Unidad Nacional Anticorrupción y según el acta (fl. 170, cdno. de copias 1), la procuraduría solicita copias de las actuaciones que allí se detallan, surtidas desde el mes de noviembre de 2002, extractadas del cuaderno 8.

En providencia del año 2003, cuyo mes y día son ilegibles, el despacho del procurador ordena la práctica de otras pruebas (fls. 173 a 176, cdno. de copias 1), las que aparecen de folios 187 y siguientes.

En escrito de 12 de marzo de 2003 (fls. 25 a 28, cdno. de copias 2), el senador solicita la práctica de nuevas pruebas, petición que es reiterada en escrito del 27 siguiente (fls. 191 y 192, cdno. de copias 2).

El 27 de marzo de 2003, el despacho del señor procurador se refiere a la petición de pruebas y dispone respecto de los testimonios de los señores Teresa de Jesús Castaño y Gabriel Alberto Gómez que por ostentar la calidad de implicados están inhibidos de ser llamados a declarar para salvaguardar el derecho de no autoincriminarse. En cuanto a los testimonios de Samuel Arturo Sánchez y Héctor Jaime Giraldo, sus versiones fueron trasladadas de la investigación que adelanta la fiscalía y se deja a salvo el derecho de solicitar la ampliación. En relación con el abogado Aristides Betancur se indica que no ha sido llamado merced a que su secreto profesional es inviolable ya que ha fungido como apoderado de Gloria Cecilia Carmona Arias y Jorge Enrique Merchán y como defensor del esposo de Teresa Castaño en proceso que se adelanta en su contra por enriquecimiento ilícito.

En lo que tiene que ver con Víctor Eduardo Pérez se ordena recibir su declaración y respecto de la ampliación de los testimonios de Gloria Cecilia Carmona y de Jorge Enrique Merchán, se niega por estimar que las versiones resultan abundantes, que el defensor del senador tuvo la oportunidad de concurrir e interrogarlos y que los aspectos sobre los cuales se pide su ampliación ya fueron respondidos.

En providencia de 9 de abril de 2003, el despacho del señor procurador se refiere al escrito del senador de 27 de marzo e indica que debe estarse a lo decidido en auto de la misma fecha.

Mediante memorial de 23 de abril de 2003, el senador Yepes Alzate presenta extenso escrito (fls. 206 a 235, cdno. de copias 2), en el cual se refiere al supuesto tráfico de influencias para recabar sobre la ausencia total de responsabilidad disciplinaria por cuanto no existe compromiso ilícito sobre suposiciones carentes de respaldo probatorio. Alude al caso de la Central Hidroeléctrica de Caldas y “otros infundios” y discurre sobre las pruebas que sustentan las acusaciones para cuestionar el mérito que le ofrece a la procuraduría el hecho de que las testimoniales “allegadas y trasladadas”, respecto de Gloria Cecilia Carmona Arias y Jorge Enrique Merchán Vélez coinciden en su dicho, mientras que todos los otros los contradicen y hacen precisiones respecto del caso del contrato de la CHEC con la empresa SYS. A continuación en detalle se refiere a las interceptaciones telefónicas y a su presunta participación en las situaciones que allí se comentan de donde concluye que se trató de actividades propias del miembro de su UTL Josué Jaramillo Osorio, que se concretan en el traslado de las inquietudes de la comunidad ante los diferentes organismos gubernamentales. Este escrito es referenciado y reiterado el 24 de junio de 2003, por el senador Yepes Alzate ante la procuraduría quinta delegada, memorial en el que explícitamente señala que presentó resumen de alegaciones el 23 de abril de 2003, el cual no alcanzó a ser valorado.

Ahora bien, dentro de los documentos traídos con ocasión de esta acción, la procuraduría allega 286 casetes, cuadernos de transliteraciones, copias de contratos, certificaciones, hojas de vida, certificados de tradición, certificados de cámara de comercio, actas de posesión, órdenes de servicio, recibos, copias de actas de testimonio y comunicaciones varias.

Del anterior resumen de las actuaciones surtidas ante la Procuraduría General de la Nación, surge sin hesitación alguna que el senador Yepes Alzate fue vinculado e intervino en la indagación preliminar, conoció y controvirtió las pruebas que se allegaron de las cuales obtuvo copias a medida que se recaudaban.

De la norma trascrita, se advierte que para apreciar las pruebas que se hayan recaudado en otro proceso, deben en primer lugar ser válidamente practicadas lo que significa que se hayan solicitado, practicado e incorporado al proceso conforme a la ley, dentro de los términos y oportunidades señaladas en las respectivas normas de procedimiento que lo rigen y que en el proceso primitivo se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aduce o con audiencia de ella.

Al verificar el cumplimiento de tales requisitos la Sala observa, de acuerdo con lo hasta aquí expuesto que ellos se satisfacen.

En efecto, es claro que el senador Yepes Alzate no solo conoció las pruebas sino que las controvirtió y solicitó las que estimó pertinentes sin que el hecho de que se le hubiesen negado algunas tenga la virtualidad de restarle validez a las practicadas y recaudadas.

En relación con las copias de las declaraciones rendidas ante la fiscalía en ellas se da cuenta de su práctica y la fecha de la diligencia y para ser apreciadas en su contenido debieron ratificarse en esta instancia, conforme a lo previsto en el artículo 229 del Código de Procedimiento Civil. Al respecto se advierte que la ratificación fue considerada innecesaria por la procuraduría por estimar que si bien no había sido recaudada con la intervención del senador, sí cumplía una de las condiciones del artículo 185 ibídem en el sentido de que la “audiencia” equivale a la “posibilidad de oír” o de “conocer”, probabilidad que se materializó cuando el demandado y su defensor tuvieron la oportunidad de concurrir al proceso disciplinario, de acceder a toda la prueba practicada, de obtener copias y de posibilitarse la petición de las que se quisieran hacer valer en su favor para desvirtuar las imputaciones.

De otro lado la apoderada del demandado en su escrito de oposición concluye que las recaudadas por la procuraduría no son oponibles por cuanto no fueron válidamente practicadas por funcionario competente y en todo caso pide que sean ratificadas.

Se advierte que según lo previsto en el artículo 25 de la Ley 734 de 2002, los servidores públicos son destinatarios de la ley disciplinaria y conforme al artículo 122 de la Constitución Nacional, los miembros de las corporaciones públicas, como los congresistas, tienen tal calidad.

En relación con la competencia, el artículo 74 del CDU, establece que se determina por la calidad del sujeto disciplinable, la naturaleza del hecho, el territorio donde se cometió la falta, el factor funcional y el de conexidad. El 143 ibídem regula lo atinente a las nulidades y entre ellas señala como causal la falta de competencia, así mismo el 146 ibídem dispone que puede solicitarse antes de proferirse fallo definitivo y el 145 es perentorio al indicar que “La declaratoria de nulidad de la actuación disciplinaria no invalida las pruebas allegadas y practicadas legalmente”.

De acuerdo con el estatuto disciplinario que se comenta la indagación preliminar es viable en caso de duda sobre la procedencia de la investigación disciplinaria y tiene como fin verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria o si se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad (art. 150).

Teniendo en cuenta lo expuesto, para la Sala las diligencias surtidas por la Procuraduría General de la Nación se ajustaron a los parámetros constitucionales y legales y en esa medida las pruebas son válidas y podían allegarse a esta acción en copia hábil.

Del escrito de oposición se observa que la falta de competencia endilgada radica en que la procuraduría adelantó indagación tendiente a comprobar la configuración de causal de pérdida de la investidura cuya decisión corresponde privativamente al Consejo de Estado, pero como se advirtió se trató de una “indagación preliminar adelantada por autoridad competente quien con fundamento en ella también estaba legitimada para solicitar la pérdida de la investidura del senador, Es claro que esta situación difiere de la que se planteó en el caso de la pérdida de la investidura del señor Mario Rincón Pérez (1) a la que alude la apoderada del demandado, por cuanto aquel no fue llamado a la indagación preliminar, amén de que la causal con base en la cual se realizó aquella y se decidió el proceso en esta corporación no fue la de tráfico de influencias debidamente comprobado sino la de gestión (C.N., art. 180, num. 2º).

De otro lado, las copias traídas del proceso penal, como se anotó, fueron solicitadas por la procuraduría a la fiscalía y no se advierte irregularidad alguna en la forma como se allegaron ni los distintos documentos han sido tachados de falsos, todo lo cual permite considerar su contenido.

Situación diferente se presenta con los testimonios recaudados por la fiscalía y allegados por la procuraduría a este proceso. Como se observó, para apreciarlos deben ser ratificados pero ello fue solicitado por la apoderada del demandado de manera tan general que al revisar las más de treinta declaraciones que remitió la fiscalía a solicitud de la procuraduría, la parte demandante bien pudo indicar cuáles eran de su interés para probar los hechos de la demanda y la parte opositora obrar de conformidad. La ratificación en cuestión se estima necesaria habida cuenta que así lo indica de manera expresa el artículo 229 del Código de Procedimiento Civil, precisamente porque es esta diligencia la oportunidad procesal para contrainterrogar y por ende controvertir lo dicho, de ser el caso, sin que sea válido afirmar que tener la oportunidad de “conocer” la copia es suficiente para garantizar el ejercicio del derecho de defensa.

Respecto del acervo testimonial recaudado directamente por la procuraduría, para la Sala es claro que no debe ser ratificado si se tiene en cuenta que el demandado fue notificado del auto de apertura de la indagación preliminar, participó en las actuaciones surtidas allí, tuvo la oportunidad de pedir y de allegar pruebas y de contrainterrogar en las declaraciones tal como se indica en el auto de 27 de marzo de 2003 de esa entidad.

El caso concreto.

Procede la Sala, entonces a determinar con fundamento en las pruebas regular y debidamente allegadas, si el senador Omar Yepes Alzate incurrió o no en la causal de pérdida de la investidura consagrada en el numeral 5º del artículo 183 de la Constitución denominada “Tráfico de influencias debidamente comprobado”.

Sostiene la solicitante que conforme a la interceptación de varias líneas telefónicas dispuesta por la fiscalía, se encontró que el señor Josué Jaramillo Osorio se comunicaba frecuentemente con diferentes entidades públicas de los órdenes nacional y territorial para obtener el nombramiento o contratación de personas que el senador le autorizaba u ordenaba señalar a quienes tenían poder decisorio en esas dependencias, tal como consta en los casetes allegados por la fiscalía a la indagación preliminar adelantada por la procuraduría. Manifiesta que el demandado es senador de la República y que invocó a través de su subalterno y hombre de confianza (Jaramillo Osorio) esta calidad para obtener la contratación y vinculación de personas a las entidades que menciona, beneficio que se adecua como una modalidad de dádiva e indica que:

“Dentro de la investigación penal y a raíz de las interceptaciones telefónicas se demuestra que Josué Jaramillo Osorio actuaba determinado, a instancias, con la total aquiescencia, y a nombre del Senador Omar Yepes Alzate, pues no de otra forma puede entenderse, por vía de ejemplo, la conversación sostenida entre estos dos personajes el 21 de febrero de 2002, que fue del siguiente tenor:

“(Josué) - Doctor OMAR, el teléfono de la hija de doña DORA en Chinchiná es 218.

(Dr. Yepes) - Haber la hija de DORA en Chinchiná 218 qué?

(Josué) - 1054

(Dr. Yepes) - Este es otro, 218

(Josué) - Es un celular doctor.

(Dr. Yepes) - Celular 218

(Josué) - 1054

(Dr. Yepes) - 1054, celular de ella, pero vea Josué cómo es que se llama este Pérez de Victoria quesque (sic) siempre se me olvida.

(Josué) - Juan Alberto

(Dr. Yepes) - Juan Alberto Pérez y Montoya? (Josué)

Alfredo Montoya (Dr. Yepes) - Alfredo Montoya

(Josué) - Sí señor

(Dr. Yepes) - Y, haber, que te iba a decir, vea doña Dora le va a mandar a usted un muchacho que nos va a ayudar dizque,

Dora pues la de Marsella. (Josué) - Sí señor

(Dr. Yepes) - Un muchacho que nos va a ayudar en Mariquita

(Josué) - Ya le voy ha... le puedo hablar de ese tema? (Dr. Yepes) - Póngalo a él en contacto con Rocío Giraldo.

(Josué) - Le puedo hablar del tema? (Dr. Yepes) - Sí

(Josué) - Ese es el que recomendó Libardo, para lo que usted me dijo anoche.

(Dr. Yepes) - A bueno

(Josué) - Pero el muchacho no llena requisitos, por qué, porque el muchacho es administrador de empresas agropecuarias y allá abajo, para la empresa de abajo necesitan es un ingeniero agrónomo.

(Dr. Yepes) - Bueno entonces hay que ayudarle en otra cosa.

(Josué) - Sí señor (Dr. Yepes) - Mire haber (sic) qué hay en Corpocaldas y que podamos pasar uno de Corpocaldas pa’ allá

(Josué) - Bueno señor (Dr. Yepes) - Y entonces (Josué) - Sí señor

(Dr. Yepes) - Póngalo en contacto con Rocío y con el arquitecto, con el veterinario este (Josué) - Y con Tamba

(Dr. Yepes) - No, con el veterinario cómo es que llama? (Josué)

- Con Germán Villamizar (Dr. Yepes) - Germán Villamizar y con Tamba que también tiene ahí en Mariquita y en Honda (Josué) Ayer me dijo que si usted le podía regalar siquiera para el pasaje que era que estaba vaciado y no tenía

(Dr. Yepes) - A quién? (Josué) A Germán Villamizar para ir a Mariquita (Dr. Yepes) - Claro, claro (Josué) - Le cuánto le doy de lo que yo tengo aquí? (Dr. Yepes) - Pues cuánto necesitará, póngale dele los doscientos, usted tiene cuánto? (Josué) Doscientos, doctor (Dr. Yepes) - Déselos (Josué) – Bueno señor, ahorita mismo lo busco y le hago la vuelta

(Dr. Yepes) - Bueno

(Josué) - Bueno señor hasta luego”.

La anterior conversación se encuentra en el casete rotulado “Informe de transliteración 1198 de fecha 18 de abril de 2002, cuaderno de copias 4, folios 270 al 275”.

Al respecto la apoderada del demandado en escrito presentado durante la audiencia manifiesta que con este diálogo se demuestra que Josué Jaramillo y Omar Yepes Alzate hablaron sobre varios temas y que un análisis lógico-crítico no lleva a inferir que el primero gozaba de la total confianza del segundo y que ejecutaba las decisiones que el senador tomaba en relación con la ubicación de personas para colaborarles. Agrega que puede concluirse que se trata de ayudar a un muchacho y que para el efecto se le iba a contactar con Rocío Giraldo quien según el informe del CTI (fls. 100 y ss., cdno. 2) era revisor fiscal de Corteinca (ONG de carácter privado) lo cual descarta el tráfico de influencias porque esta conducta supone que se ejerza ante funcionario público.

La solicitante concluye que tanto Josué como el senador se cuidan de tocar ciertos temas por teléfono por lo cual el primero insiste en que si le puede hablar del tema y, autorizado, le advierte que el hombre que le recomendó don Libardo y que debía poner en contacto con Rocío Giraldo no llena requisitos para el cargo ante lo cual el senador ordena que hay que ayudarle en otra cosa e incluye la posibilidad de un canje. Además estima que la confianza entre ambos se demuestra con el manejo del dinero según se aprecia en la conversación.

Es oportuno relacionar el diálogo trascrito con el contenido en el casete rotulado “Informe de transliteración 2124 de fecha 1º de agosto de 2002, cuaderno de copias 5, folios 187 al 193”, en su aparte inicial:

“Diálogo: Uno

VJ: Voz Josué

VO: Voz Orlando.

(…).

VO: sí ya usted conoce la inquietud.

VJ: Bueno hermano pero es que yo quiera que le hable de puesto yo por aquí me tiene el senador prohibido Orlando.

VO: A.

VJ. Yo no puedo hablar de eso por aquí hermano.

VO: No por eso Josué.

VJ: No Orlando yo no hablo de eso nada por aquí, me excusa lo duro que yo sea con usted, pero yo no puedo hablar nada de eso porque es que a mi me están gravando todas estas conversaciones hermano, me entiende. ...”.

Obra en el plenario constancia de la suspensión de la interceptación por cuanto la medida no arrojaba resultados a raíz de haber sido conocida.

De acuerdo con los informes del CTI SIA Nº 045 de 28 de marzo de 2003 (fls. 100 y ss., cdno. de copias 2) y CTI SIA 295 de 26 de agosto de 2002 (fls. 180 y ss., cdno. de copias … anexo 5), el número en el que se recibió la llamada es el mismo en el que se hizo en la primera ocasión señalada (8841404) y corresponde a la carrera 24 Nº 22-36, oficina 502 Manizales, asignada al Directorio Nacional Conservador en la cual, según se indica allí, contestan como “Oficina Omar Yepes”, “Directorio conservador” y “Oficina de Josué Jaramillo”.

En la versión rendida por el senador Yepes Alzate ante la procuraduría, al interrogarlo sobre desde cuándo labora el señor Jaramillo Osorio con él, sostuvo que desde hace varios años y que se encarga de recibir correspondencia, llamadas, atender al público, rendir informe de las inquietudes recibidas y “tramitar él muchas de ellas, puesto que a mí el tiempo, como es apenas natural no me alcanza...”. Más adelante señala que aquel se encarga de todas las gestiones que personalmente no debe o no puede hacer y en todo caso mantenerlo informado de todo. Frente a las interceptaciones telefónicas en donde se le menciona, afirma que se trata de la utilización de su nombre sin su consentimiento, como un uso frecuente para llegar a los funcionarios públicos y corresponde al traslado de inquietudes, conducta que no constituye delito. En cuanto al presunto apoyo político a cambio de cargos y contratos indica que no le debe a nadie su postulación y que si Josué mencionó algo al respecto es porque es su forma de comunicarse con la gente y propio de su manera de expresarse.

En la declaración escrita rendida por el senador ante esta corporación (fls. 213 a 218, cdno. 27), señala que el señor Jaramillo Osorio fue miembro de su UTL hasta julio 19 de 2002, cumplía sus funciones en la ciudad de Manizales, entre otras organizar giras y acompañarlo en ellas, garantizar su seguridad y tomar datos e inquietudes de la colectividad para trasladarlas a las diferentes entidades públicas y privadas. Que se trata de un destacado dirigente cívico que ha ganado un alto grado de credibilidad y respetabilidad ante la comunidad. Afirma que cuando al declarante se le hace un requerimiento para un cargo o un contrato simplemente da referencias y a cambio no recibe beneficios como contraprestación, que nunca encomendó u ordenó al señor Jaramillo Osorio comunicarse con entidades estatales y si él daba a entender que hablaba a su nombre, fue sin su autorización y que las declaraciones ante la Corte Suprema de Justicia y ante la fiscalía demuestran que no existió intervención alguna de su parte ante los organismos gubernamentales.

En las declaraciones de Gabriel Alberto Gómez Gutiérrez y Víctor Eduardo Pérez Castaño, ex gerentes de la CHEC, se observa que el primero se encuentra investigado penalmente por irregularidades en esa entidad originadas en situaciones relacionadas con la presente por lo que su dicho no es confiable, habida cuenta que su testimonio podría involucrar su conducta ante las supuestas presiones para efectos de nombramientos y contratos y en tales condiciones no ofrece credibilidad, aunque indican que el senador no intervino ante ellos. El segundo niega haber recibido cualquier tipo de presión del senador para adjudicar contratos o nombrar personal.

En el testimonio de Ana Melba Naranjo de Giraldo, ex directora regional del SENA, se advierte que está investigada penalmente por celebración de contratos sin el lleno de requisitos y por beneficio de terceros, lo cual no hace confiable su dicho, por lo ya anotado e igual situación se presenta respecto de la declaración de Marleny Osorio Quintero, vinculada al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Al declarar Luis Alfonso Arias Aristizábal, ex gobernador del departamento de Caldas, niega cualquier presión o intervención en el nombramiento de personal. En similar sentido se pronunciaron la señora Olga Rivas, presidenta del Concejo Municipal de Manizales y Nicolás Mejía Jaramillo, ex gerente del Banco Agrario.

Del testimonio de Álvaro Jiménez Espinosa, vinculado a la Dirección Territorial de Salud de Caldas, se advierte que niega cualquier insinuación de Josué Jaramillo en relación con la vinculación de personal o recomendación o presión por parte del senador.

En su declaración el señor Rubén Darío Barco López, quien labora con Corpocaldas se refiere al proceso de vinculación a esa entidad y niega cualquier recomendación de Josué o del senador.

La señora Norma Esperanza Gómez Martínez, ex jefe de la unidad administrativa y financiera de la Secretaría de Educación de Caldas, indica que su función era tramitar las inquietudes ante el secretario de educación pero no intervenía en la vinculación de personal.

En su testimonio Jorge Alberto Arbeláez admite que conoce a Josué Jaramillo Osorio, quien sabía de su aspiración por vincularse con el Banco Agrario y de la relación entre aquel y el senador, que Jaramillo era una persona muy allegada al demandado y que no sabe de gestión alguna sobre empleos.

Se observa de la declaración de Néstor Jairo Tabares que al interrogatorio respondió por lo general; no o no me consta.

El señor Henry Ramírez Montes, ex alcalde de Manzanares, Caldas, sostiene que obtuvo el aval del Directorio Nacional Conservador, que el senador se encargaba de tramitar los avales y que la única vez que participó en política fue cuando aspiró a la alcaldía de Manzanares sin que haya recibido recomendación o insinuación de Josué ni del senador mientras fungió como tal.

En cuanto al testimonio de Luis José Restrepo Restrepo, ex gerente de la Industria Licorera de Caldas, afirma que tenía la suficiente independencia para hacer nombramientos, niega la intervención del senador en ellos e indica que las visitas del señor Jaramillo Osorio fueron para buscar patrocinio para eventos deportivos.

La señora Marina Gutiérrez Gómez, ex gerente de la EPS salud del Seguro Social regional Caldas sostiene que conoce a la familia Yepes Alzate pero durante su gestión no hubo injerencia de ella para efectos de la contratación en la entidad.

Respecto de la declaración de Hugo Valenzuela Pérez, ex jefe de la secretaría de educación departamental, puede advertirse que se refiere al proceso de nombramiento y vinculación por contrato del personal docente y afirma, no haber recibido insinuación alguna del senador ni del señor Jaramillo Osorio.

En su testimonio Luis Fernando Coca González, quien se desempeñó como gerente administrativo del Instituto de Seguros Sociales, se refiere al procedimiento para el nombramiento de personal y la celebración de contratos, en el cual el gerente administrativo seccional solo sugiere nombres a Bogotá, en donde se toma la decisión final. En todo caso niega cualquier injerencia del señor Jaramillo Osorio o del senador.

Finalmente, en su declaración Jorge Luis Ramírez Agudelo, quien se desempeñó como director del hospital de Aguadas y secretario de salud del departamento, afirma que su relación con el señor Jaramillo Osorio se debió a su profesión de médico, indica que se vinculó al Hospital de Aguadas mediante un proceso de selección y llegó a secretario de salud del departamento por su gestión y méritos. Asegura que en los cargos que desempeñó recibió muchas hojas de vida y que se escogieron las de mejor perfil profesional ya que los concursos han presentado dificultades en su implementación.

La secretaría de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia remitió los siguientes documentos:

La indagatoria de Josué Jaramillo Osorio (fls. 18 a 102, cdno. 27) ante la Fiscalía General de la Nación en la cual acepta que era un enlace entre la comunidad y el senador; que por su labor social le colaboraba en trasladar las inquietudes ante las entidades y presentar derechos de petición; que en la labor de ayuda nunca interfería el senador pues solo se recibían las hojas de vida y cuando había convocatorias eran llamados los clasificados. Acepta que cuando se refiere al jefe habla del senador y que siempre lo acompañaba y lo mantenía enterado de sus gestiones.

Tanto la fiscalía como el juzgado sexto penal del circuito remiten copia de la sentencia condenatoria de 25 de junio de 2004, proferida en contra de Josué Jaramillo Osorio como autor y penalmente responsable del concurso de conductas punibles de “Tráfico de influencias de servidor público” y según el oficio remisorio del juzgado, a la fecha de envío se surte la diligencia de notificación del aludido proveído, documento del cual no existe constancia de su ejecutoria.

La dirección de investigaciones especiales de la Procuraduría General de la Nación remite los 286 casetes allegados por el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación.

La Secretaría de Educación Departamental de Caldas remite relación de personas vinculadas provisionalmente por el término establecido en cada una de las autorizaciones que se anexan e indica que se desconoce su proceso de selección. De igual manera se enlistan las personas que fueron vinculadas en propiedad a través de decretos cuya copia adjunta, así como los directores de las bandas estudiantiles pagadas a través de la planta global del departamento de los cuales se afirma que no aparece registro alguno en la oficina de hojas de vida. Se informa que por la desorganización reinante en esa secretaría solo se pudo establecer que las personas que allí se referencian han sido pagadas a través de la nómina del departamento en alguna ocasión pero se ignora otro dato. Finalmente se relacionan las personas sobre las cuales no se encontró información.

El director general del Instituto Colombiano del Deporte, Coldeportes, en su oficio indica que, según sus archivos, el señor Josué Jaramillo Osorio fue elegido como presidente del órgano de administración el 15 de marzo de 2002 para el período estatutario correspondiente a marzo de 2002 hasta marzo de 2006. Manifiesta que el 19 de julio de 2002 recibió comunicación de la Secretaría de Deporte y Recreación de Caldas en la que informan de la renovación del reconocimiento de la Liga Caldense de Fútbol de Salón, de la cual era su representante legal.

La Secretaría de Deporte y Recreación de Caldas remite certificaciones en las que consta que el señor Jaramillo Osorio fue elegido representante legal de la Liga Caldense de Fútbol de Salón desde el 10 de abril de 2002, según Resolución 754.

La Secretaría de Desarrollo Comunitario de la Alcaldía de Manizales informa que el señor Jaramillo Osorio fue presidente y representante legal de la junta de acción comunal del barrio El Guamal desde el 1º de julio de 1998 hasta el 30 de junio de 2001 y presidente de la Asociación de juntas del municipio de Manizales entre el 1º de septiembre de 1998 y el 31 de agosto de 2000. Respecto de la Confederación Comunal Colombia, se afirma que no tienen archivos.

El director regional del SENA en Caldas informa que el nombramiento de personal a nivel directivo y ejecutivo se hace en la dirección general en Bogotá y para el resto de personal se atiende a la Resolución 770 de 2001 “Por la cual se delegan unas funciones y se dictan otras disposiciones” y se sigue el manual de funciones y requisitos mínimos. Para el caso de la vinculación de contratistas se hace mediante convocatoria pública y se conforma un comité evaluador en cada centro de formación, quien elabora una lista de elegibles que pasa a la regional para la respectiva contratación.

Por último afirma que desde su posesión no ha tenido contacto alguno con el senador Yepes Alzate.

El presidente del Banco Agrario de Colombia señala que la vinculación de personal se rige por sus estatutos desde junio de 1996. Sostiene que no conoce si el senador Yepes Alzate ha intervenido en la vinculación de personal y concluye que conoce que la oficina de control disciplinario interno del banco adelanta investigación contra servidores públicos de la regional Caldas por posible participación en política mencionándose el nombre del senador Omar Yepes Alzate como presunto beneficiario de los favores de los investigados. Dentro de ese proceso se profirió fallo el cual fue apelado y se encuentra pendiente de resolver.

Tanto en la solicitud como en el escrito presentado durante la audiencia, la procuraduría relaciona las personas que en diferentes entidades resultaron beneficiadas como contratistas o con empleo por la supuesta intervención del senador Yepes Alzate a través del señor Jaramillo Osorio. Entre ellas a manera de ejemplo, se encuentra el diálogo trascrito a folio 204 (c.p.) en el que Josué y su interlocutora (al parecer Alba Marina N., según la fiscalía), se refieren al caso de Miguel Alberto Castaño Ríos a quien respaldan por su apoyo en la campaña y quien según la respuesta de la secretaría de educación departamental es el director de una banda musical pagado por la planta global del departamento pero respecto del cual no figura ningún otro registro. A folio 207 (c.p.) se referencia el diálogo 2, casete 608 17-04-02, en el que Melba Ospina se comunica con Josué y le interroga por los contratos de la licorera y este le responde que “el senador es quien los autoriza por lo cual debe hablar con él”. En el diálogo 19 casete 407, marzo 20 de 2002, lado A, pie de rodamiento 073-158, informes 334-1170, Josué habla con el senador sobre la posible vinculación de Carlos Alberto Duque en una asesoría en la CHEC y a folios 5 a 7 del cuaderno anexo 10 copias obra la del contrato de prestación de servicios profesionales por $ 6.000.000, suscrito el 28 de septiembre de 1998 con el señor Duque.

Estos casos, tomados sobre los casetes y documentos allegados, constituyen hechos ciertos e indiscutibles a partir de los cuales podría determinarse su incidencia, en conjunto con las demás pruebas recaudadas, para demostrar la existencia de los presupuestos que configuran la causal que se analiza.

Para la Sala los hechos probados, según lo atrás visto, no tienen la significación demostrativa suficiente para establecer de ellos los presupuestos que configuran la causal de tráfico de influencias, aunque es incuestionable que se cumple con la primera condición, esto es, ostentar la calidad de congresista y que la invocación de ella ha girado en torno a la existencia de la máxima relación de confianza entre el senador y el señor Jaramillo Osorio la cual para la Sala surge positiva no solo de las circunstancias en que se desarrollan los diálogos trascritos, sino de lo afirmado por este último en la diligencia de indagatoria y de las versiones de aquel, precisamente por el conocimiento y su cercanía con los habitantes de la región, por su trayectoria como miembro de la UTL, por las especiales funciones que se le asignaron y por los contactos telefónicos que realizó.

El concepto de confianza en este caso afirma la condición de invocar la calidad de congresista, pues para la Sala la relación de doble envío entre el influenciado y el beneficiado, no necesariamente es directa. Empero, tiene que surgir además el beneficio para el congresista y este debe ser inequívoco y en el sub examine no obstante la presencia de un número considerable de indicios contingentes en especial el resultado positivo de las gestiones, no se demostró plenamente.

Al respecto, la Sala reitera que en el caso de la “gestión” la conducta sancionable no es la expedición de recomendaciones, por sí sola no reprochable según lo ha manifestado esta corporación (sents., exp. AC-7085, mayo 4/99, C.P. Roberto Medina López. Exp. AC-7089, jun. 9/99; C.P. Daniel Suárez Hernández), sino la actividad indebida desplegada por un congresista de exigir a un funcionario público que le tramite la celebración de contratos o la vinculación para la prestación de servicios en una entidad con personas en las que demuestra su especial interés.

En razón de las consideraciones anteriores, la Sala negará la pérdida de la investidura basada en el único cargo aducido en la demanda, por cuanto no se encuentra probada la causal de “tráfico de influencias debidamente comprobado”.

No prospera el cargo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Se niega la pérdida de la investidura que como Senador de la República ostenta el señor Omar Yepes Alzate.

2. Comuníquese lo dispuesto en esta sentencia a la mesa directiva del Senado de la República, a la presidencia del Consejo Nacional Electoral y al Ministro del Interior, para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Se deja constancia que la anterior providencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha.

(1) Sentencia de 17 de julio de 2001. Expediente 11001-03-15-000-2001-0063-01.

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