Sentencia 36540 de agosto 10 de 2010

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 36540

Magistrado Ponente:

Dr. Camilo Tarquino Gallego

Acta 28

Bogotá, D.C., diez de agosto de dos mil diez 2010.

Resuelve la Corte el recurso extraordinario de casación interpuesto por la empresa Colombian Petroleum Company, contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal-Sala Única, el 18 de octubre de 2007, en el proceso que Ana Cecilia Leal Landazábal le promovió a la recurrente y a Danilo Arturo Leal Barrios.

EXTRACTOS: «Se considera

Destaca en primer lugar la Corte, que aun cuando el recurrente circunscribe su ataque a controvertir la condición que dedujo el tribunal, respecto de la condición de compañera permanente de la demandante, por encontrar demostrada la convivencia estable y duradera que esta sostuvo con el causante, ningún esfuerzo argumentativo y con respaldo en las pruebas acusadas, perfila el censor en aras de contrariar la conclusión que en ese sentido se adoptó.

En efecto, no cumple el recurrente con la obligación de explicar, qué es lo que la prueba denunciada demuestra en contra de lo inferido por el tribunal, y cómo incidió su apreciación o no en las conclusiones fácticas que se insertan en la sentencia atacada, para, en perspectiva de ese señalamiento, poder la Corte cumplir con su función de ejercer el control de legalidad de las decisiones judiciales, lo cual se torna necesario precisar, por lo rogado del recurso de casación.

Adicionalmente, es confusa la acusación que hace el censor respecto de los medios de prueba que fundamentan la decisión del tribunal, pues mientras en el cargo afirma que los errores se produjeron por la errada apreciación de las pruebas que allí se relacionan, la demostración textualmente expresa: “Las pruebas, correctamente analizadas por el ad quem, no demuestran que la demandante hubiere hecho viada marital con el señor Juan Francisco Leal Rodríguez (q.e.p.d.) durante el último año de vida y por consiguiente, no se probó el supuesto de hecho para tener derecho a la sustitución pensional”.

De otro lado, la sustentación del cargo se asemeja más a un alegato de instancia, que a una argumentación adecuada y sucinta, con la que se demuestren los eventuales yerros en que incurrió el tribunal al adoptar la decisión impugnada, como lo exige el artículo 91 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social.

En consecuencia, al no demostrar el recurrente un desacierto en la valoración de los medios probatorios denunciados y, por ende, no desvirtuar las razones que adujo el tribunal para deducir la real y efectiva convivencia que sostuvo la actora con el causante, se impone concluir que la decisión atacada permanece inmodificable.

Por lo visto el cargo no prospera.

Primer cargo

Textualmente lo planteó así: “La acuso de violar por la vía directa en el concepto de aplicación indebida el artículo 7º del Decreto 1160 de 1989 en cuanto a que trae al proceso una norma que fue declarada nula por el Consejo de Estado”.

En la demostración del cargo, admite los supuestos fácticos que dio por acreditados el tribunal, pero discrepa de la norma que aplicó para dirimir la controversia, esto es, del artículo 7º del Decreto 1160 de 1989, la cual considera que no debió tenerse en cuenta, por cuanto la misma fue retirada del ordenamiento jurídico, mediante sentencia de inconstitucionalidad del 12 de octubre de 2006, proferida por el Consejo de Estado.

La Réplica

Adujo que la inconstitucionalidad que predica el recurrente, fue solo parcial, pues tal declaratoria se hizo respecto de uno de los apartes de la norma, pero no de su totalidad, situación que conduce a que no existió la violación que se denuncia, por cuanto el tribunal no tuvo en cuenta para dirimir la controversia, el párrafo que fue retirado del ordenamiento jurídico. Que la referencia que se hizo en la sentencia acusada del artículo 7º del Decreto 1160 de 1989, fue únicamente en la parte que se encontraba vigente para la época de la ocurrencia de los hechos.

Se considera

Para definir el presente cargo dirigido por la vía directa, interesa advertir que no es objeto de discusión, la condición de pensionado que tenía Juan Francisco Leal Rodríguez, como trabajador que fue de la empresa demandada; la calidad de compañera permanente que ostentó la actora con el causante; el fallecimiento de este ocurrido el 11 de marzo de 1991; así como el estado civil de casado que tenía Leal Rodríguez, pero separado de su esposa hace aproximadamente 35 años.

El único reparo que le formula el censor respecto del artículo 7º del Decreto 1160 de 1989, es su aplicación indebida, porque el tribunal no la debió tener en consideración para resolver la controversia, por cuanto la misma fue retirada del ordenamiento jurídico en razón de de la nulidad que declaró el Consejo de Estado-Sección Segunda, mediante sentencia del 12 de octubre de 2006.

En ese orden, si se confronta lo expuesto por el tribunal en la sentencia impugnada, con lo que asevera el censor en el desarrollo del cargo, es claro que a este no le asiste razón, por cuanto, si bien es cierto existe un pronunciamiento del Consejo de Estado respecto de dicha preceptiva, la nulidad que allí se decretó no fue sobre la totalidad del artículo 7º del Decreto 1160 de 1989, sino de una parte del mismo, el cual no fue tenido en cuenta por el ad quem para dirimir la controversia sometida a su conocimiento.

En efecto, la citada normativa establecía, en su versión original, que el cónyuge sobreviviente perdía el derecho a la sustitución pensional, “...cuando se haya disuelto la sociedad conyugal o exista separación legal y definitiva de cuerpos o cuando en el momento del deceso del causante no hiciere vida en común con él, salvo el caso de hallarse en imposibilidad de hacerlo por haber abandonado este el hogar sin justa causa o haberle impedido su acercamiento o compañía, hecho este que se demostrará con prueba sumaria”.

Si bien lo subrayado fue lo que declaró nulo el Consejo de Estado, el resto de la norma aún se mantiene vigente y es aplicable al presente asunto, en atención a que el causante falleció el 11 de marzo de 1991, situación que descarta cualquier infracción en que pudo haber incurrido el tribunal, porque en la sentencia impugnada se hizo abstracción del aparte anulado, para solo disponer la pérdida del derecho a la cónyuge supérstite, “cuando en el momento del deceso del causante no hiciere vida en común con él, salvo el caso de hallarse en imposibilidad de hacerlo por haber abandonado este el hogar sin justa causa o haberle impedido su acercamiento o compañía, hecho este que se demostrará con prueba sumaria”, cuya vigencia no sufrió alteración alguna con la decisión que adoptó la jurisdicción administrativa.

En las circunstancias anteriores, si para cuando se configuró el derecho a la sustitución pensional, la cónyuge del causante no convivía con este al momento de su muerte, tal circunstancia aparejaba la pérdida del derecho a sustituirlo en el goce de la pensión, para radicarlo en cabeza de su compañera permanente, a menos de que aquella probara su situación de imposibilidad de hacer vida en común por causas que no le fueran imputables, situación que no aconteció en el sub judice.

Precisamente, la Corte en sentencia del 7 de marzo de 2006, Radicación 21572, al fijar el alcance de la norma denunciada y rememorar otras en ese mismo sentido, precisó:

“No obstante, no es cierto como los aducen los cargos, que la sola existencia de la cónyuge sobreviviente conduzca a la indefectible conclusión, de que es a ella a quien corresponde la sustitución pensional, toda vez que la misma normatividad que le da prelación frente a la compañera permanente, consagra los eventos en los cuales aquella pierde el derecho, como, entro otros, cuando entre los cónyuges no había vida en común al momento del deceso del pensionado.

“Y en esa dirección corresponde señalar que con la finalidad de que no se extinguiera el derecho pensional de la cónyuge, a pesar de la separación o falta de cohabitación, la misma preceptiva legal consagra el evento de que tal situación hubiera sido propiciada, o causada por el pensionado, como cuando le impide al cónyuge su acercamiento, o da lugar a la falta de convivencia. Pero esos hechos o supuestos de la norma, de los cuales podría beneficiarse la cónyuge sobreviviente para lograr la pensión, debía ella probarlos, tal como lo tiene definido esta Sala de la Corte, por ejemplo en Sentencia 21473 del 27 de febrero de 2004, cuando se reiteró el criterio plasmado en las de Radicados 6872 y 8055 del 13 de diciembre de 1994 y del 19 de enero de 1996, respectivamente, al analizar la preceptiva que en el mismo sentido, del Acuerdo 49, contiene el Decreto 1160 de 1989. Así se explicó que:

““de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1160 de 1989 recae en cabeza del cónyuge la demostración del hecho del abandono injustificado del hogar por el causante o la determinación de este de impedirle acercamiento o compañía al cónyuge. En la primera de las señaladas providencias explicó lo que a continuación se transcribe:

“El aspecto medular del proceso versa sobre el onus probandi del motivo de la ausencia de convivencia entre los cónyuges, pues mientras según la sentencia recurrida le incumbe a la compañera, para la acusación compete a la esposa o a la demandada.

“II. El artículo 7º del Decreto 1160 de 1989 al regular la “pérdida del derecho del cónyuge sobreviviente”, dispuso que este "no tiene derecho a la sustitución pensional, cuando se haya disuelto la sociedad conyugal o exista separación legal y definitiva de cuerpos o cuando al momento del deceso del causante no hiciere vida en común con él, salvo el caso de hallarse en imposibilidad de hacerlo por haber abandonado este el hogar sin justa causa o haberle impedido su acercamiento o compañía, hecho este que se demostrará con prueba sumaria”.

“Tiene razón la censura cuando expresa que la salvedad allí consagrada corresponde a una excepción, por lo que la carga de la prueba corre por cuenta de quien se beneficia de ella.

“Al estar esclarecido, como lo está plenamente en el sub lite, que en los años postreros de su vida el pensionado solo convivió con la demandante, si la parte demandada pretendía encuadrarse dentro de la hipótesis exceptiva legal, debía inexcusablemente acreditar el sustento fáctico de esta, que en el caso presente consistiría en que el causante abandonó su hogar anterior sin justa causa o le impidió a su cónyuge el acercamiento o compañía, y no existe demostración alguna de ello en el expediente.

“En consecuencia, le asiste razón al recurrente en su planteamiento porque ciertamente si bien el actor debe probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico perseguido (CPC, artículo 177.), corresponde al excepcionante demostrar el sustento fáctico de sus aseveraciones, dado que desde el derecho romano se prohijó esta regla hermenéutica con la máxima “Actori incumbit probatio; reus, in excipiendo, fit actor””.

Por lo visto, se reitera que la sola condición de cónyuge supérstite, no hace radicar en ella la condición de beneficiaria de la sustitución pensional, si no está acompañado ese vínculo con la convivencia real y efectiva al momento de la muerte, salvo que hubiera existido la imposibilidad de serlo, por razones ajenas a la voluntad de aquella, conforme se destacó anteriormente y, con apego a lo que dispone el artículo 7º del Decreto 1160 de 1989, norma que, como ya se dijo, es la aplicable al presente asunto.

En consecuencia el cargo no prospera.

Tercer cargo

Lo planteó así: “La acuso de violar por vía directa en el concepto de infracción directa el numeral 1º del artículo 212 del Código Sustantivo del Trabajo, en cuanto a que el empleador se exoneró cuando reconoció la pensión de sobrevivientes a favor del hijo invalido del causante”.

Expresa, que no discute lo que el sentenciador dio por probado, en especial lo relacionado con el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes a favor de Danilo Arturo Leal Barros, pero que a esa situación, que es cierta, el ad quem se rebeló contra el numeral 1º del artículo 212 del Código Sustantivo del Trabajo, porque no tuvo en cuenta, “que al haber declarado que el sustituto de la pensión era el hijo invalido en el ciento por ciento (100%) de la mesada pensional, dado que el vínculo matrimonial con la primera esposa se encontraba vigente y desplazaba a la compañera permanente, exonera al empleador en el pago de la obligación hacia el pasado y si se trata de compartir la pensión deberá ser a futuro”.

Concluyó, que mantener la decisión de cancelar hacia el pasado un 50% de la mesada pensional a cargo del empleador, es condenarlo a pagar el 150% correspondiente, situación que es jurídicamente arbitraria, ilegal e injusta.

La réplica

Advierte que, como fue la misma demandada quien propició el presente debate, pues sin razón alguna le adjudicó y pagó a Danilo Leal Barros la mesada pensional, ella debe correr con el pago de las mesadas dejadas del percibir por la demandante en el porcentaje ordenado, desde el momento en que falleció el pensionado.

Se considera

Aun cuando es cierto que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 del Código Sustantivo del Trabajo, y en tratándose de pensión de sobrevivientes, la presencia de nuevos beneficiarios acreditados, distintos a los que reconoció el empleador, habilitan a este para efectuar hacia el futuro una nueva distribución del derecho, pero con referencia a las mesadas causadas y canceladas solo podrán cobrarse las respectivas cuotas a quienes las percibieron, tal preceptiva no resultaba aplicable al asunto objeto de controversia, por cuanto no se configuran los supuestos de hecho que allí se consagran.

En efecto, teniendo en cuenta lo previsto en la norma anteriormente mencionada, para que opere la exoneración o liberación al empleador de pagar la cuota parte de las mesadas pensionales causadas, y que le correspondían al nuevo beneficiario de la pensión de sobrevivientes, es menester que aquel haya cancelado la totalidad de la pensión a quien este se la reconoció y, además, que hubiera adelantado el trámite que se encuentra previsto en la citada preceptiva, esto es, publicar un aviso en dos ocasiones por lo menos, indicando quiénes se presentaron y en qué condición, así como también, convocando a todos los que se estimen beneficiarios a fin de que puedan concurrir a reclamar.

En el presente asunto, la empresa demandada no acreditó el cumplimiento de ninguna de esas dos exigencias mencionadas, pues no aportó al proceso la prueba que acredite el pago de la totalidad de la pensión de sobrevivientes a uno de los hijos del causante, por la supuesta invalidez, y, menos aún, el de haberse hecho las publicaciones que ordena la norma.

Por lo visto, al no existir demostración por parte de la demandada del cumplimiento de los anteriores supuestos fácticos, situación que además no fue esgrimida en las instancias respectivas, se impone concluir que no incurrió el tribunal en la violación denunciada, cuando omitió aplicar a la citada normativa.

En consecuencia el cargo no prospera.

Las costas del recurso extraordinario serán a cargo de la recurrente.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal, el 18 octubre de 2007, en el proceso que le promovió Ana Cecilia Leal Landazábal al Colombian Petroleum Comany y herederos de Juan Francisco Leal Rodriguez.

Costas en el recurso extraordinario a cargo de la recurrente.

Cópiese, notifíquese y devuélvase al tribunal de origen.

Magistrados: Camilo Tarquino Gallego—Elsy Del Pilar Cuello Calderón—Eduardo López Villegas—Luis Javier Osorio López—Gustavo José Gnecco Mendoza—Francisco Javier Ricaurte Gómez».