Sentencia 366 de abril 9 de 1992 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA PLENA

ACCIÓN DE TUTELA

SALAS COMPETENTES EN LOS TRIBUNALES SUPERIORES

Magistrado Ponente:

Dr. Rafael Romero Sierra

Ref: Expediente 366

Santafé de Bogotá, D.C., nueve de abril de mil novecientos noventa y dos.

Procedería decidir la impugnación contra la sentencia de 5 de marzo de 1992 proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali al proveer sobre la acción de tutela incoada por Lucelly Janeth Bejarano Sandoval, sino fuera porque median razones que lo impiden, conforme con las consideraciones subsiguientes:

1. En uso de las facultades extraordinarias que le confirió la Ley 4a de 1969, el Gobierno expidió el estatuto orgánico de la administración de justicia (D. 1265/70), que vino a regular el ejercicio de este servicio público tanto para jueces plurales como individuales. En cumplimiento de ese cometido el artículo 7º de ese estatuto dispuso que

“Las Salas de los Tribunales Superiores ejercerán sus funciones jurisdiccionales en Salas de decisión, que se integrarán en cada asunto por el Magistrado a quien le corresponda en el repartimiento y por los dos que sigan en el orden alfabético de apellidos. Cuando el número sea inferior a tres, las decisiones se adoptarán en Sala dual, que se formará, si ello fuere necesario, integrando las Salas Civil y Laboral”.

Fluye de lo anterior, que en el seno de cada Sala especializada se integran salas parciales para cada asunto en particular, según la materia a tratar, que se conformarán, cuando el número de sus componentes lo permita, por el ponente y los dos magistrados que le sigan en turno, por orden alfabético de sus apellidos, de tal manera que cada Sala especializada se compondrá de tantas Salas de decisión cuantos sean los Magistrados que la integran en materia civil, penal y laboral.

2. No habiéndose dispuesto nada distinto para el dispensamiento de la tutela en el Decreto Reglamentario 2591 de 1991, es obligado concluir que éste debe efectuarse de conformidad con el Decreto 1265 de 1970 y observándose en particular lo ordenado en su artículo 7º, es decir, por la Sala especializada que corresponda de acuerdo con la materia, y al interior de ésta por la Sala de decisión integrada como allí se indica, sea para brindar la protección tutelar implorada como acción directa, ora para conocer del trámite de la impugnación contra lo resuelto en aquélla.

Lo anterior se traduce en que cuando una Sala especializada conoce de la acción de tutela que por la materia propia de la misma debe ser decidida por otra, obra con absoluta carencia de competencia, fenómeno que también se da cuando repartida la demanda por su especialidad en forma correcta a un ponente, se integra la Sala de modo diferente a como lo ordena la ley; porque actúan en ella Magistrados de otras especialidades o de la misma pero que pertenecen a otra Sala de decisión.

Abordando el último supuesto en particular, dijo esta Sala que “es pertinente recordar que de vieja data ha sido caracterizada tendencia jurisprudencial en el país (cfr, G. J. Ts. XLV, pág. 550, LXXXIV, pág. 220 y CXCVI pág. 84, entre otras) la de considerar viciadas de nulidad radical las sentencias proferidas por órganos decisorios colegiados defectuosamente conformados y, por ende, no construidas ellas por los jueces que la ley llama a hacerlo, nulidad que en tanto opera de modo absoluto, puede ponerse de relieve oficiosamente y queda sustraída a la convalidación, todo ello en atención a que, en último análisis, lo que resulta comprometido ante irregularidades de esa clase es el postulado superior del juez ordinario predeterminado por la ley, postulado que hoy en día, como igualmente lo hizo en su momento el artículo 26 de la Constitución de 1886, reconoce con notable amplitud el artículo 29 segundo inciso, de la Carta vigente y del cual se ha sostenido que muy a pesar de la lacónica fórmula de usanza para expresar la idea cardinal que lo inspira, implica de suyo garantizarle al común de las personas que su caso no será juzgado por órganos diferentes a los que integran la jurisdicción ordinaria ni por órgano que, perteneciendo a esa jurisdicción, no esté compuesto—en la hipótesis de los denominados jueces plurales o corporativos—según determinación impuesta por reglas previas de rango legal, y por último que el juzgamiento tampoco provenga de juez unipersonal o colegiado que se halle incurso en causa de formal recusación”. (Sent. de 12 de marzo de 1992).

3. En el caso de la presente tutela y atendiendo la información aparecida al folio 9 del cuaderno de la Corte, el fallo denegatorio de la misma fue adoptado por el Tribunal Superior de Cali en Sala de Decisión integrada por Magistrados de distinta especialidad, pues como se manifiesta expresamente allí “Los Magistrados doctores Nubia Trujillo Trujillo y Carlos Mauricio Valencia López integraron con el doctor Torres Calero la Sala de Decisión (Especial) por tratarse de un asunto perteneciente al grupo denominado “de naturaleza no específica, pertenecer a diferentes especialidades (laboral y civil, respectivamente) y corresponderles el turno por orden alfabético de apellidos. Deviene así de todo cuanto aquí se ha puntualizado, que la composición orgánica de la Sala decisoria de esta acción se efectuó con desconocimiento de la ley, lo que es constitutivo de nulidad inallanable, tal como pasará a declararse.

Decisión

En mérito de las consideraciones anteriores, la Corte Suprema de Justicia en Sala Plena resuelve:

DECLARAR LA NULIDAD del fallo que con fecha 5 de marzo de 1992, y para denegar la acción de tutela entablada por Lucelly Janeth Bejarano Sandoval, profirió el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali.

Para que la actuación sea renovada de acuerdo con la ley y, una vez integrada la Sala de decisión correspondiente en los términos en que dispone hacerlo el artículo 7º del Decreto 1265 de 1970, se dicte la sentencia a que hubiere lugar, devuélvase el expediente al Tribunal mencionado. Por Secretaría líbrese el oficio del caso.

Mediante telegrama notifíquese esta providencia a la interesada.

Cópiese y cúmplase.

Pedro Lafont Pianetta, Presidente—Rafael Baquero Herrera—Ricardo Calvete Rangel— Manuel Enrique Daza Alvarez—Guillermo Duque Ruiz—Eduardo García Sarmiento—Gustavo Gómez Velásquez—Carlos Esteban Jaramillo Schloss—Alberto Ospina Botero—Dídimo Páez Velandia—Jorge Iván Palacio Palacio—Rafael Romero Sierra—Edgar Saavedra Rojas—Hugo Suecún Pujols—Juan Manuel Torres Fresneda—Jorge Enrique Valencia M.—Ramón Zúñiga Valverde.

Blanca Trujillo de Sanjuan, Secretaria general.

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