Sentencia 36621 de junio 9 de 2010

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Magistrado Ponente:

Camilo Tarquino Gallego

Rad. 36621

Acta Nº 19

Bogotá, D.C., nueve (9) de junio de dos mil diez (2010).

Resuelve la Corte el recurso extraordinario de casación interpuesto por el INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES, contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, el 17 de abril de 2008, en el proceso que promovió MARÍA DEL PERPETUO SOCORRO SÁNCHEZ VIVAS contra el recurrente.

ANTECEDENTES

MARÍA DEL PERPETUO SOCORRO SÁNCHEZ VIVAS, actuando en su propio nombre y en representación de los menores FELIPE ALEJANDRO y CAMILO EDUARDO MARTÍNEZ SÁNCHEZ, demandaron al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, para que se les reconozca y pague la pensión de sobrevivientes, así como los intereses moratorios, la indexación y las costas del proceso.

En los hechos, fundamento de las pretensiones, afirmó que contrajo matrimonio con Jaime Enrique Martínez Puerto y, fruto de esa unión se procrearon los menores Felipe Alejandro y Camilo Eduardo Martínez Sánchez; su esposo laboró para el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, entre el 1º de agosto de 1977 y el 27 de abril de 1985, cotizando para pensión con la Caja Nacional de Previsión, y posteriormente, entre el 5 de junio de 1995 y el 5 de abril de 1999, al Instituto de los Seguros Sociales por cuenta de la Industria Licorera de Boyacá; con motivo del fallecimiento del asegurado, mediante escrito de fecha 31 de agosto de 2005, solicitó al ISS el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 6 y 25 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, con lo cual agotó la reclamación administrativa; el ISS mediante Oficio CAP SB-1679 del 8 de septiembre de 2005, la requirió para que adjuntará algunos documentos, los cuales se allegaron el 21 de octubre de 2005, sin que a la fecha le decida de fondo el objeto de la petición.

El ISS no se opuso a las pretensiones de la demanda, siempre y cuando se acreditaran los requisitos exigidos en la ley para exceder a la pensión de sobrevivientes. Aceptó la existencia del vínculo matrimonial y la procreación de hijos con la demandante, pero adujo no constarle los demás hechos (fls. 34 a 38).

El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Sogamoso, mediante sentencia del 7 de septiembre de 2007, condenó al ISS a reconocer la pensión de sobrevivientes a favor de la demandante y de sus hijos menores, a partir del 19 de enero de 2005 y le impuso costas (fls. 223 a 229).

SENTENCIA DEL TRIBUNAL

Apeló la demandada, y al desatar el recurso de alzada, el ad quem confirmó la sentencia de primer grado, sin imponer costas en esa instancia (fls. 17 a 31 del c. del tribunal).

Para fundamentar su decisión, consideró que el señor Martínez Puerto, por el solo hecho de contar con más de 40 años de edad al 1º de abril de 1994, como se colige de la copia de su documento de identidad que obra a folio 77, era beneficiario del régimen de transición y con derecho a que se le aplicaran las disposiciones del régimen al que venía afiliado, valga decir, los artículos 6º, 25 y 27 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, y no la disposición que el ISS solicita, como es, el artículo 46 de la Ley 100 de 1993.

Que en las anteriores condiciones, el régimen anterior que gobierna la situación pensional del afiliado fallecido, es el previsto en el Acuerdo 049 de 1990, artículo 6º , literal b), por remisión expresa del artículo 25 ibídem, que trae como exigencias para acceder a la pensión de invalidez por riesgo común, “haber cotizado ciento cincuenta (150) semanas dentro de los seis (6) años anteriores a la fecha del estado de invalidez (para el caso a la fecha del fallecimiento), o trescientas (300) semanas, en cualquier época”.

Adujo que “la Sala se atendrá a la que obra en la actuación, a saber: que el señor JAIME ENRIQUE MARTÍNEZ PUERTO por virtud de su vinculación al Ministerio de Obras Públicas y Transporte, estuvo afiliado a CAJANAL, entre el 1º de abril de 1977 y el 27 de marzo de 1985, alcanzando a cotizar 358 semanas, que luego se afilió al INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES, laborando para la Industria Licorera de Boyacá a partir del 5 de junio de 1995, cotizando 251 semanas; y que sumado los tiempos de permanencia en ambos regímenes acreditaba 607 semanas cotizadas para el riesgo de pensión, amén de que así lo señaló la entidad demandada en las Resoluciones 5255 de 5 de julio de 2006 (fls. 151 a 153) de 20 de junio de 2007 (fls. 138 a 140) mediante las cuales negó la prestación”.

Concluyó, en consecuencia, que como el asegurado registra más de 300 semanas cotizadas antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993, ello es suficiente para reconocer la pensión de sobrevivientes a sus derechohabientes, dando aplicación a las disposiciones del Acuerdo 049 de 1990, posición que se adapta a la línea jurisprudencial de la Corte, dando aplicación a la condición más beneficiosa.

RECURSO DE CASACIÓN

Lo interpuso la demandada, fue concedido por el tribunal y lo admitió la Corte, que procede a resolver.

ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Pretende el recurso, que case totalmente la sentencia impugnada, para que en sede de instancia, revoque la de primer grado, y en su lugar, absuelva de todas las pretensiones formuladas, proveyendo sobre costas como corresponda.

Con fundamento en la causal primera de casación formula dos cargos.

PRIMER CARGO

Acusa la sentencia recurrida de “ser violatoria por la vía directa, en la modalidad de aplicación indebida de los artículos 53 de la Constitución Política; 6º, 25 y 27 del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de ese mismo año; violación ésta que llevó a la infracción directa (falta de aplicación) del artículo 12 de la Ley 797 de 2003 que modifico el 46 de la Ley 100 de 1993, en relación con los artículos 16 y 21 del Código Sustantivo del Trabajo”.

En la demostración del cargo, adujo que hubo aplicación indebida de los artículos 53 de la Constitución Política y 13 de la Ley 100 de 1993, ya que concedió equivocadamente pensión de sobrevivientes, basado en una norma que para el presente caso, no se encontraba vigente, es decir, los artículos 6º, 25 y 27 del Acuerdo 049 de 1990, aprobados por el Decreto 758 de ese mismo año, desconociendo que la situación se encontraba regulada por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003.

Que sin desconocer que la Corte en un momento dio cabida a la condición más beneficiosa, tal punto de vista ha sido revaluado, para lo cual cita la sentencia del 17 de junio de 2008, radicación 32.681, la cual deja ver con claridad, que no importa cuantas semanas haya cotizado con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993, pues lo que en verdad interesa, es que se aplique la normatividad vigente a la fecha de la muerte del causante, que para el caso de autos, es el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, que exige haber cotizado 50 semanas en los últimos tres (3) años y tener una fidelidad al sistema del 20% entre la fecha en que cumplió los 20 años y la del fallecimiento, el primero de los cuales no los cumplió el causante, conforme lo dio por demostrado el Tribunal y no se discute.

Concluyó, que el presente caso debió decidirse conforme al artículo 12 de la Ley 797 de 2003, por cuanto no hay la más mínima duda, que la pensión reclamada se causó cuando estaba ya en vigencia la citada norma.

SEGUNDO CARGO

Textualmente lo formula así: “El cargo acusa la sentencia recurrida de ser violatoria por la vía directa, en la modalidad de interpretación errónea de los artículos 53 de la Constitución Política; lo que llevó a la aplicación indebida del artículo 6º, 25 y 27 del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de ese mismo año, que condujo a la infracción directa (falta de aplicación) del artículo 12 de la Ley 797 de 2003 que modificó el 46 de la Ley 100 de 1993, en relación con los artículos 16 y 21 del Código Sustantivo del Trabajo”.

En la demostración del cargo, se exponen los mismos argumentos que se dejaron consignados en la acusación anterior, pero ya referido a la interpretación errónea de las normas denunciadas.

LA RÉPLICA

Manifestó que los cargos deben ser negados, por cuanto las normas aplicables para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, son las que tuvo ya en cuenta el Tribunal, que el causante cumplía con los requisitos para la aplicación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en cuanto al régimen de transición, lo que implica que el asunto debió resolverse con los acuerdos que sirvieron de soporte a la sentencia recurrida en casación.

Que la argumentación del censor para sustentar la demanda es equivocada, por cuanto la sentencia se apoyó en principios constitucionales consagrados en el artículo 53, así como legales, esto es, la Ley 100 de 1993 y el Acuerdo 049 de 1998, que indican la obligatoriedad del reconocimiento de la pensión de sobrevivientes cuando el trabajador haya cotizado antes de entrar en vigencia de la Ley 100 de 1993, más de 300 semanas, así haya fallecido sin cotizar un mínimo de 26 semanas dentro del año anterior a su muerte.

SE CONSIDERA

Los cargos en forma puntual se orientan a que se defina jurídicamente si en este caso es o no aplicable el principio de la condición más beneficiosa, en la forma como lo entendió el tribunal o si, por el contrario, la norma pertinente es la vigente al momento del fallecimiento del afiliado, en este caso el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, que modificó el 46 de la Ley 100 de 1993.

Conforme a la vía directa que seleccionó el censor en las dos acusaciones, ninguna controversia existe en torno a que el asegurado Jaime Enrique Martínez Puerto, era beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, quien cotizó 358 semanas a Cajanal, del 1º de abril de 1977 al 27 de marzo de 1985 y, posteriormente, 251 semanas al Instituto de Seguros Sociales desde el 5 de junio de 1995 y el 5 de abril de 1999, para un total de 607 semanas.

Tampoco constituye tema de objeción, el fallecimiento del asegurado Martínez Puerto, el cual ocurrió el 19 de enero de 2005, así como la calidad de beneficiarios de los demandantes en sus condiciones de cónyuge supérstite e hijos, al igual que el hecho de no reportar ninguna cotización en los últimos 3 años anteriores a su muerte.

Teniendo en cuenta los anteriores supuestos fácticos, surge equivocada la aplicación del principio de la condición más beneficiosa que tuvo en cuenta el tribunal para resolver el presente asunto, en atención a que el asegurado falleció en vigencia de la Ley 797 de 2003 y, por ende, la normativa que regula el eventual derecho a la pensión de sobrevivientes, es el artículo 12 de dicha ley, sin que sea procedente acudir a lo dispuesto en los artículos 6º, 25 y 27 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año.  

En efecto, esta Sala de la Corte, en forma constante y reiterada, al deducir la inaplicación del principio constitucional y legal de la condición más beneficiosa, cuando la muerte del asegurado se produce en vigencia de la Ley 797 de 2003, como sucede en este asunto, en sentencia del 3 de diciembre de 2007, radicación 28876, que reiteró en las del 20 de febrero del 2008, radicación 32649, 18 y 25 de marzo de 2009, entre otras, precisó:

“(...) Corresponde determinar las disposiciones aplicables al asunto en controversia, y así establecer si el ad quem incurrió en la violación normativa que denuncia el censor. 

“En ese orden, se impone afirmar que el fallador de alzada incurrió en los desaciertos jurídicos que le atribuye la censura, al resolver el asunto con base en los artículos 6° y 25 del Acuerdo 049 de 1990, puesto que, sin duda alguna, al momento del fallecimiento de LLANOS TOLE <31 de julio de 2003>, la normatividad aplicable para efecto de la sustitución pensional, era el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, que inició su vigencia el 29 de enero de tal anualidad, que estableció como requisito que el afiliado al sistema que fallezca, debía haber cotizado cincuenta semanas dentro de los tres últimos años inmediatamente anteriores al fallecimiento, con una fidelidad de cotización del 20% en el tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió 20 años de edad y la fecha del fallecimiento. Sentencia C-1094 de 2003. 

“Así las cosas, le asiste razón a la censura en cuanto a que en el presente asunto, no tiene aplicación el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de dicho año, en aplicación del principio de la condición más beneficiosa consagrado en el artículo 53 de la Carta Política, por lo que el ad quem incurrió en el error jurídico que indica en (sic) impugnante”. 

En consecuencia, como le asiste razón al recurrente en las violaciones legales denunciadas, los cargos prosperan.

Para mejor proveer, en atención a lo previsto en el parágrafo 1º del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, se oficiará al Instituto de Seguros Sociales, para que remita con destino a este proceso, toda la historia laboral que relacione las cotizaciones que se le realizaron para el sistema general de pensiones al afiliado Jaime Enrique Martínez Puerto, quien se identificó con la C.C. Nº 7210460 de Duitama (Boyacá).

Sin lugar a costas en el recurso extraordinario.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA TOTALMENTE la sentencia de fecha 17 de abril de 2008, proferida por la Sala Única de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo.

Para mejor proveer, se dispone oficiar al Instituto de Seguros Sociales, para que remita con destino a este proceso, toda la historia laboral que relacione las cotizaciones que se le realizaron para el sistema general de pensiones al afiliado Jaime Enrique Martínez Puerto, quien se identificó con la C.C. Nº 7210460 de Duitama (Boyacá).

Una vez se allegue la mencionada prueba, vuelva el expediente a despacho para proferir el fallo de instancia que legalmente corresponda.

Sin costas en el recurso extraordinario.

Cópiese, notifíquese y devuélvase al tribunal de origen.

Magistrados: Camilo Tarquino Gallego—Elsy del Pilar Cuello Calderón—Gustavo José Gnecco Mendoza—Eduardo López Villegas—Luis Javier Osorio López—Francisco Javier Ricaurte Gómez.