Sentencia 3663 de marzo 20 de 1992 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

SANCIÓN POR LIBROS

ATRASO EN LA CONTABILIDAD

EXTRACTOS: «En el sub lite se discute la sanción por libros de contabilidad, al considerar la actora que el registro de sus operaciones estaba al día, mientras que la Administración de Impuestos estima que existía atraso.

Esta misma Sala en repetidas ocasiones ha analizado lo concerniente a la oportunidad de los registros contables, y precisamente en el proceso 3215, actor Sociedad Guadualito S. A., en sentencia de 19 de abril de 1991, precisó:

“Para la Sala la interpretación que debe dársele al artículo 56 del Decreto 3803 de 1982, no puede ser otra que la de considerar atrasados los libros de contabilidad cuando han transcurrido tres meses, desde la fecha de las respectivas operaciones sin que estas se hayan asentado en los libros de contabilidad, pero en manera alguna puede interpretarse que por el hecho de que en un libro mayor y balance no se haya registrado operación alguna en el año de 1985 a octubre 10 y hayan transcurrido más de tres meses desde la fecha del último asiento, diciembre 31 de 1984, proceda la imposición de la sanción. Pues depende no sólo de las normas comerciales, tributarias y prácticas contables sino de la propia actividad del contribuyente determinar la fecha de registro de operaciones de la empresa.

Es así como la ley en el artículo 33 del Decreto 2821 de 1974, ordena que la contabilidad debe demostrar fielmente el movimiento diario de ventas y compras, son los artículos 52 y 445 del Código de Comercio los que señalan la obligación de, por lo menos una vez al año elaborar un inventario y un balance general; es el mismo código el que exige llevar un libro de registro de acciones, de registro de socios”.

En este orden de ideas, y con base en el informe contenido en el acta de inspección de libros, puede deducirse que efectivamente la actora incurrió en atraso de los libros de contabilidad, pues es evidente que si el 30 de abril de 1985 el libro mayor sólo contenía asientos a noviembre de 1984, el atraso a la fecha de la inspección excedió los tres meses señalados en la ley, aun cuando en gracia de discusión se admitiera que la mayorización de las operaciones del mes de noviembre se efectuaran dentro del mes siguiente, aún así la ausencia de registro de operaciones a la fecha de la inspección contable supera el término de los tres meses establecido por la ley.

Así mismo, el libro de inventarios y balances, aun cuando evidentemente, de acuerdo con el Código del Comercio sólo existe obligación de efectuar, por norma general, un inventario al final del ejercicio y un balance anual al cierre del mismo período, es indudable que fenecido el año fiscal el 31 de diciembre de 1984, a la fecha de la inspección contable, la falta de registro de las operaciones correspondientes excedió el término de tres meses previsto en la ley para considerar al día la contabilidad.

Resulta inadmisible que pueda entenderse como lo pretende la actora, que se lleve la contabilidad al día cuando el asiento de las operaciones se efectúa únicamente en el libro diario sin registrarlas en el libro mayor, pues la contabilidad es una sola y todos los libros que lleve la empresa deben guardar en sus asientos la debida correspondencia.

Es de anotar que ni la legislación comercial ni las normas fiscales establecen excepciones para el caso de contribuyentes que sean socios para permitirles que supediten el cierre de sus asientos al cierre de las sociedades filiales, ni ello podría ser. porque tratándose de sociedades imbricadas jamás sería posible el cierre oportuno en estas condiciones.

En consecuencia, a juicio de la Sala la actora sí incurrió en atraso en los libros de contabilidad y se hizo acreedora a la sanción.

Fuerza mayor

Establecido que la sociedad contribuyente incurrió en la irregularidad contable de atraso en los libros de contabilidad. es preciso analizar si efectivamente estuvo sujeta a una causal de fuerza mayor o caso fortuito, establecidos por la ley tributaria como eximentes de responsabilidad.

Alega la actora como hecho constitutivo de fuerza mayor la circunstancia de no haber podido registrar sus operaciones ante la ausencia de información de 68 sociedades de las cuales era socia, sobre el monto del capital y participaciones en las mismas. Este hecho fue analizado debidamente por el a-quo como no constitutivo de fuerza mayor ni de caso fortuito, apreciación que comparte la Sala, porque en efecto, consiste la fuerza mayor o el caso fortuito en el imprevisto a que es imposible resistir, según lo define el artículo 1° de la Ley 95 de 1890,y en el caso alegado por la actora el hecho de la no oportuna información de las sociedades de las cuales era socia no corresponde a esta configuración, pues en ella se mezclan la voluntad y negligencia para el no suministro de la información a tiempo. Aún en el evento de que se tratara de un imprevisto imposible de resistir su simple acaecimiento no produce el efecto liberatorio que persigue la actora, pues ésta debe probar ausencia de culpa o dolo y que en él no interviene directa ni indirectamente su conducta, y que no obstante las medidas razonables para precaverse, el suceso tuvo características de irresistible e imprevisible.

De otra parte tampoco encuentra la Sala la menor diligencia efectuada por la sociedad contribuyente en la pronta consecución de la información requerida o la utilización de algún sistema de registro con datos provisionales que luego pueden ser ajustados a los definitivos mediante asientos de corrección que son plenamente válidos.

Por las an teriores razones y en concordancia con el concepto del colaborador fiscal se procederá a confirmar la sentencia apelada».

(Sentencia de marzo 20 de 1992. Expediente 3663. Consejero Ponente: Dr. Jaime Abella Zárate).

___________________________________