Sentencia 36638 de mayo 8 de 2009 

• CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Rad.: 85001233100020020039501 (36638)

Magistrada Ponente:

Dra. Ruth Stella Correa Palacio

Actor: Gustavo Amaya Vargas

Demandado: Nación - Rama Judicial

Asunto: Acción de reparación directa - apelación

Bogotá, D.C., ocho de mayo de dos mil nueve.

Sentencia

Extractos: «II. Consideraciones

Como se advirtió, este despacho declarará la nulidad de lo actuado en este proceso, al encontrar configurada la causal de nulidad insaneable de falta de competencia funcional del juez que dictó la citada providencia en primera instancia (C.P.C., art. 140, Nº 1), por los siguientes motivos:

1. Finalidad y noción de las nulidades procesales.

Para asegurar la validez del proceso están consagradas las causales de nulidad, cuyo objetivo es evitar que en las actuaciones judiciales se incurra en irregularidades de tal entidad que lo vicien y comprometan su eficacia, o sea la producción de los efectos jurídicos del acto o actos en que los que se materializa el proceso, garantizando con ello los derechos constitucionales al debido proceso y a la defensa de quienes intervienen en él.

En efecto, los actos procesales, aún siendo existentes pueden estar viciados, es decir, pueden tener los elementos esenciales pero afectados estos elementos por algún defecto o vicio, que, si bien no da lugar a su inexistencia, pueden dar lugar a su nulidad (1) , de manera que sus efectos son susceptibles de ser aniquilados o desaparecidos del mundo jurídico, por no acatar u observar las formalidades prescritas en la ley.

Por tanto, la nulidad procesal apareja la ineficacia de un acto dentro del proceso o de este en su totalidad por el incumplimiento u omisión de un requisito formal pero esencial para el desenvolvimiento válido del mismo y, en tal virtud, constituye una sanción legal por la existencia de un vicio que compromete la regularidad de la actividad in procedendo del juez y, por ende, la validez del acto producido en tales condiciones, esto es, afecta la formas propias del respectivo juicio.

En este sentido, la nulidad procesal es una institución que se encuentra fundamentada en el artículo 29 de la Constitución Política, con el objeto de garantizar el derecho constitucional al debido proceso y es, por regla general, desarrollada en la ley, la cual indica las irregularidades o vicios del proceso que permiten su invocación y declaración judicial.

Ahora, nuestro régimen jurídico se rige según la máxima recogida del derecho francés “pas de nullité sans texte legal”, esto es, que no existe nulidad cuyo motivo no esté expresamente consagrado por la ley con esta sanción. Bajo este apotegma, los artículos 140 y 141 del Código de Procedimiento Civil, disponen perentoriamente las causales de nulidad por las cuales el proceso es inválido en todo o en parte, las cuales requieren de declaración por parte del juez y podrán ser alegadas en cualquiera de las instancias, antes de que se dicte sentencia, o durante la actuación posterior a esta si ocurrieron en ella.

Estas causales, son taxativas y de interpretación estricta, lo que implica que solamente las establecidas en esta codificación pueden ser invocadas a fin de invalidar una actuación, de manera que cualquier otro supuesto por fuera de ellas no conlleva una nulidad procesal, aunque bien podría ser una irregularidad que diese o no lugar a la violación al debido proceso y generar o no un perjuicio a alguna de las partes, pero cuyo efecto habría de impedirse mediante otras herramientas, como por ejemplo, los recursos (ordinarios o extraordinarios) u otros remedios previstos en el orden jurídico (2) . Es decir, cualquier defecto no tipificado en los textos legales como nulidad procesal no constituirá vicio que la configure, como que no está al arbitrio del juez determinar supuestos por fuera de los cobijados expresamente por el legislador (3) .

En suma, el artículo 29 de la Constitución Política es desarrollado en este ámbito de las nulidades por los artículos 140 y 141 de la Constitución Política y, por tanto, no puede invalidarse el proceso por motivos o causas diferentes a las enlistadas en los mismos, salvo la nulidad de la prueba ilícita producida con infracción al debido proceso (4) .

2. La nulidad por falta de competencia (CPC, art. 140, Nº 2).

De conformidad con el artículo 29 de la Constitución Política, uno de los componentes básicos del derecho fundamental al debido proceso, es que nadie puede ser juzgado sino ante juez o tribunal competente, es decir, aquella autoridad judicial a la cual el ordenamiento jurídico le ha asignado previa y expresamente el conocimiento de las cuestiones o asuntos materia de resolución.

Así, la competencia es definida como la facultad, atribución o capacidad que tiene el juez para ejercer y aplicar, por ministerio de la ley, en determinado asunto y territorio, la jurisdicción que corresponde al Estado; es decir, la ley otorga a cada juez el poder de conocer de determinada porción o cantidad de asuntos para impartir y administrar justicia en los mismos (5) . Dicha atribución es asignada por el legislador, lo que implica en los términos de esta corporación que:

“... al juez no le corresponde inferir y menos auto-atribuirse una competencia que no le hubiere sido asignada de manera previa y expresa, por lo cual sus actuaciones deben ajustarse, necesariamente, a los parámetros existentes en la legislación aplicable a la respectiva materia; proceder por fuera de ese cauce comprometería la validez de la actuación cumplida (nulidad por falta de competencia, CPC, artículo 140-1), e incluso podría exponer la responsabilidad personal del respectivo servidor público (penal, disciplinaria, fiscal y patrimonialmente)...” (6) .

Como consecuencia de lo anterior, el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil dispuso en el numeral segundo como causal de nulidad del proceso, la falta de competencia del juez, esto es, sanciona con invalidez los casos en los que el juez tramita un asunto careciendo de poder para conocerlo y aplicar jurisdicción al asunto concreto, según las normas legales de atribución que confieren tal facultad a otra autoridad judicial.

Igualmente, conviene advertir que, de conformidad con el artículo 145 del mismo código, en cualquier estado del proceso antes de dictar sentencia, el juez deberá declarar de oficio las nulidades insaneables que observe; si la nulidad fuere saneable, ordenará ponerla en conocimiento de la parte afectada por auto que se le notificará corno se indica en los numerales 1º y 2º del artículo 320 ibídem, y si dentro de los tres días siguientes al de notificación dicha parte no alega la nulidad, esta quedará saneada y el proceso continuará su curso; o, en caso contrario, el juez la declarará.

Sin embargo, no es procedente la aludida diligencia cuando la nulidad es insaneable, en cuyo caso una vez advertida se impone su declaratoria por el juez, como en los eventos indicados en el inciso filial del artículo 144 ibídem dentro de los cuales se encuentra, precisamente, el de falta de competencia funcional (7) , competencia entendida como aquella que deriva de la clase o naturaleza especial de las funciones, poderes y atribuciones que un juez está llamado a ejercer en un determinado proceso, según la distribución u organización vertical establecida por el ordenamiento jurídico (8) : jueces de primera instancia (o a quo, es decir, hasta cierto momento), o jueces de segunda instancia (o ad quem, es decir, desde cierto momento en adelante), o jueces de recursos extraordinarios (como casación y revisión que se atribuyen a las altas cortes).

En suma, la nulidad originada en la falta de competencia funcional no es saneable, toda vez que tratándose de la competencia funcional, esto es, de la atribución de funciones diferentes a jueces de distintos grados (primera y segunda instancia, casación, revisión, etc.), como lo ha señalado la Corte Constitucional “... el efecto de su falta conduce casi necesariamente a la violación del derecho de defensa, o a atribuir a un juez funciones extrañas a las que la ley procesal le ha señalado...” (9) .

3. La competencia respecto de las acciones de reparación directa derivadas de la responsabilidad por los hechos de la administración de justicia.

A propósito del juez competente para conocer de las acciones de reparación directa derivadas de la responsabilidad extracontractual del Estado por los hechos de la administración de justicia (error judicial), la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en reciente providencia sentó el criterio según el cual los jueces administrativos del circuito se encuentran totalmente excluidos del conocimiento de las acciones de reparación directa derivadas de los hechos de la administración de justicia, toda vez que, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996, estatutaria de la administración de justicia, la competencia en relación con las mismas se encuentra radicada en los tribunales administrativos —en primera instancia— y en el Consejo de Estado —en segunda instancia—.

En efecto, así discurrió la Sala Plena:

“... El error jurisdiccional, título de responsabilidad que se invoca en este caso concreto para efecto de atribuirle responsabilidad al Estado, se configura y se materializa a través de una providencia proferida en ejercicio de la función de impartir justicia y se encuentra definido como:

“... aquel cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, materializado a través de una providencia contraria a la ley” (L. 270, art. 66).

Por su parte, el artículo 73 de la misma ley se ocupa de regular algunos aspectos relacionados con la competencia para conocer de este tipo de acciones, de conformidad con el siguiente texto:

“ART. 73.—Competencia. De las acciones de reparación directa y de repetición de que tratan los artículos anteriores, conocerá de modo privativo la jurisdicción contencioso-administrativa conforme al procedimiento ordinario y de acuerdo con las reglas comunes de distribución de competencia entre el Consejo de Estado y los tribunales administrativos”.

De la disposición legal transcrita se derivan dos presupuestos básicos: primero, que cuando se pretenda la declaración de responsabilidad del Estado por razón de los perjuicios ocasionados por la administración de justicia, por expreso mandato legal, la procedente será la acción de reparación directa y, segundo, que el conocimiento de dicha acción se atribuye al Consejo de Estado y a los tribunales administrativos, corporaciones que deberán tramitarla con sujeción a las reglas comunes de distribución de competencia.

De esa manera es claro que la ley estatutaria de la administración de justicia se ocupó, en forma expresa, de establecer las directrices básicas que deben atenderse en materia de competencia para la tramitación de los procesos que se promuevan, en ejercicio de la acción de reparación directa, con el propósito de demandar la responsabilidad extracontractual del Estado por los hechos derivados del ejercicio de las funciones jurisdiccionales.

Según tales directrices, para conocer de las acciones de reparación directa derivadas del error jurisdiccional, de la privación injusta de la libertad y del defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, serán competentes, únicamente, el Consejo de Estado y los tribunales administrativos, lo cual significa que de dicha competencia fueron excluidos los jueces administrativos del circuito cuyo funcionamiento y existencia como parte integral de la jurisdicción de lo contencioso administrativo fue contemplada también de manera expresa a lo largo de los artículos 11-3, 42 y 197 de esa misma ley estatutaria (...).

(...).

“... Una vez determinado que los competentes para conocer de los procesos judiciales a los cuales da lugar el ejercicio de este tipo de acciones son los tribunales administrativos y el Consejo de Estado, la Sala estima necesario hacer una consideración acerca de si dichos tribunales conocen de tales negocios en primera o en única instancia; lo anterior porque el artículo 73 de la Ley 270 se limitó a establecer un parámetro para la distribución de competencias, acogiendo un criterio orgánico (...).

(...) esta Sala (...), con apoyo tanto en la mencionada regla general que contiene el artículo 31 de la Constitución Política [que establece el principio de la doble instancia] como en las directrices expresamente adoptadas por el artículo 73 de la Ley Estatutaria 270 en armonía con las reglas comunes de distribución de competencia consagradas actualmente en el Código Contencioso Administrativo, arriba (sic) a la conclusión de que el conocimiento de los procesos de reparación directa instaurados con invocación de los diversos títulos jurídicos de imputación previstos en la referida ley estatutaria de la administración de justicia corresponde, en primera instancia, a los tribunales administrativos, incluyendo aquellos cuya cuantía sea inferior a la suma equivalente a los 500 smlmv...” (10) .

En consecuencia, para esta corporación resulta claro que el legislador impuso un límite orgánico y funcional respecto del funcionario judicial llamado a conocer de las acciones de reparación directa previstas en la ley estatutaria de la administración de justicia, determinando que solo los tribunales administrativos y el Consejo de Estado serían los competentes para tramitarlas, mediante un proceso de doble instancia, en los cuales quedan incluidos también aquellos cuya cuantía sea inferior a la suma equivalente a los 500 smlmv.

4. Fuero de juzgamiento con fines de repetición contra altos funcionarios del Estado.

El inciso segundo del artículo 90 de la Constitución Política ordenó que “[e]n el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra este”. A su turno, la Ley 678 de 3 de agosto de 2001, desarrolló este canon constitucional, para lo cual reguló la responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o el llamamiento en garantía con fines de repetición (art. 1º). Y en el artículo 2º de la citada ley, definió esta acción así:

“ART. 2º—Acción de repetición. La acción de repetición es una acción civil de carácter patrimonial que deberá ejercerse en contra del servidor o ex servidor público que como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa haya dado reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado, proveniente de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto. La misma acción se ejercitará contra el particular que investido de una función pública haya ocasionado, en forma dolosa o gravemente culposa, la reparación patrimonial.

No obstante, en los términos de esta ley, el servidor o ex servidor público o el particular investido de funciones públicas podrá ser llamado en garantía dentro del proceso de responsabilidad contra la entidad pública, con los mismos fines de la acción de repetición (...).

(...).

PAR. 3º—La acción de repetición también se ejercerá en contra de funciónanos de la rama judicial y de la justicia penal militar, de conformidad con lo dispuesto en la presente ley y en las normas que sobre la materia se contemplan en la ley estatutaria de la administración de justicia”.

Es decir, según la citada ley, las vías judiciales adecuadas para la repetición son la acción de repetición y el llamamiento en garantía, tal y como lo había señalado esta corporación con antelación a su vigencia (11) .

Ahora, en el artículo 7º de la Ley 678 de 2001, se asigna el conocimiento de la acción de repetición a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en tanto es el patrimonio público el que se busca proteger; y para el efecto se consagran reglas expresas de competencia, así:

“ART. 7º—Jurisdicción y competencia. La jurisdicción de lo contencioso .administrativo conocerá de la acción de repetición.

Será competente el juez o tribunal ante el que se tramite o se haya tramitado el proceso de responsabilidad patrimonial contra el Estado de acuerdo con las reglas de competencia señaladas en el Código Contencioso Administrativo.

Cuando la reparación patrimonial a cargo del Estado se haya originado en una conciliación o cualquier otra forma permitida por la ley para solucionar un conflicto con el Estado, será competente el juez o tribunal que haya aprobado el acuerdo o que ejerza jurisdicción territorial en el lugar en que se haya resuelto el conflicto.

PAR. 1º—Cuando la acción de repetición se ejerza contra el Presidente o el Vicepresidente de la República o quien haga sus veces, senadores y representantes (12) , ministros del despacho, directores de departamentos administrativos, Procurador General de la Nación, Contralor General de la República, Fiscal General de la Nación, Defensor del Pueblo, magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo Superior de la Judicatura, de los tribunales superiores del Distrito Judicial, de los tribunales administrativos y del Tribunal Penal Militar, conocerá privativamente y en única instancia la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.

Cuando la acción de repetición se ejerza contra miembros del Consejo de Estado conocerá de ella privativamente en única instancia la Corte Suprema de Justicia en Sala Plena (13) .

Igual competencia se seguirá cuando la acción se interponga en contra de estos altos funcionarios aunque se hayan desvinculado del servicio y siempre y cuando el daño que produjo la reparación a cargo del Estado se haya ocasionado por su conducta dolosa o gravemente culposa durante el tiempo en que hayan ostentado tal calidad.

PAR. 2º—Si la acción se intentara en contra de varios funcionarios, será competente el juez que conocería del proceso en contra del de mayor jerarquía...”.

Del texto de la anterior disposición se desprende con meridiana claridad que el legislador estableció, en razón de su investidura, un fuero de juzgamiento con fines de repetición a altos funcionarios del Estado (14) , lo cual, a la vez que constituye una garantía del debido proceso de los mismos (juez natural) en este ámbito, también privilegia la imparcialidad que debe imperar en el juicio que con tal objetivo se adelante por parte del Estado (C.P., arts. 29, 228 y 230), teniendo en cuenta que dicha figura del “fuero” parte de la base de que el juez de conocimiento debe estar por lo menos en la misma posición o calidad (paridad) del funcionario que juzga.

De ahí que la Corte Constitucional, haya señalado, por ejemplo, en materia de los fueros penales especiales que es uno de los elementos característicos de los estados democráticos, que los mismos protegen a ciertos altos funcionarios del Estado, de modo que se pueda garantizar la dignidad del cargo y de sus instituciones, al igual que su independencia y autonomía, para que puedan desarrollar las funciones que les han sido encomendadas; así como también que los fueros no son un privilegio de carácter personal sino que se establecen en razón de la investidura del servidor público, con una finalidad protectora de la integridad y la autonomía del organismo a que pertenecen, es decir, no son de carácter individual ni constituyen un beneficio personal sino institucional (15) .

Por ello, el artículo 7º de la Ley 678 de 2001, siguiendo la anterior orientación, como se vio, de manera armónica en materia de repetición atribuyó una competencia a las máximas corporaciones de justicia y estableció fueros de juzgamiento para fines de repetición referida a la calidad de altos dignatarios del Estado, así:

i. Que la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, conocerá privativamente y en única instancia, de la acción de repetición que se iniciare contra el Presidente o Vicepresidente de la República, senadores y representantes, ministros del despacho, directores de departamentos administrativos, Procurador General de la Nación, Contralor General de la República, Fiscal General de la Nación, Defensor del Pueblo, magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo Superior de la Judicatura, de los tribunales superiores del Distrito Judicial, de los tribunales administrativos y del Tribunal Penal Militar (regla similar a la establecida en CCA, art. 128, num. 12, modificado por la L. 446/98, art. 36).

ii. Que la Corte Suprema de Justicia en Sala Plena, conocerá privativamente en única instancia, si la acción de repetición está dirigida contra los magistrados del Consejo de Estado; y

iii. Que la misma competencia se seguirá cuando la acción de repetición se dirija contra estos altos funcionarios aunque se hayan desvinculado del servicio, siempre y cuando, el daño producido haya sido como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa durante el tiempo en que haya ejercido las funciones de dicho cargo.

Sin embargo, el artículo 19 de la Ley 678 de 2001 contempla la posibilidad de solicitar el llamamiento en garantía dentro de los procesos de responsabilidad del Estado relativos a controversias contractuales, reparación directa y nulidad y restablecimiento del derecho, en los siguientes términos:

“ART. 19.—Llamamiento en garantía. Dentro de los procesos de responsabilidad en contra del Estado relativos a controversias contractuales, reparación directa y nulidad y restablecimiento del derecho, la entidad pública directamente perjudicada o el Ministerio Público, podrán solicitar el llamamiento en garantía del agente frente al que aparezca prueba sumaria de su responsabilidad al haber actuado con dolo o culpa grave, para que en el mismo proceso se decida la responsabilidad de la administración y la del funcionario.

PAR.—La entidad pública no podrá llamar en garantía al agente si dentro de la contestación de la demanda propuso excepciones de culpa exclusiva de la víctima, hecho de un tercero, caso fortuito o fuerza mayor”.

Así las cosas, una lectura de las anteriores normas de la Ley 678 de 2001 plantea la inquietud de si el fuero que tienen los altos dignatarios para su juzgamiento con fines de repetición, permite que los mismos sean llamados en garantía dentro de los procesos de responsabilidad seguidos contra el Estado.

Al respecto, cabe precisar que esta Sección es del criterio según el cual no resulta procedente en los procesos de responsabilidad que se adelanten contra las entidades públicas el llamamiento en garantía con fines de repetición de los altos funcionarios del Estado que, de conformidad con el artículo 7º de la Ley 678 de 2001, gozan de fuera de juzgamiento en este ámbito; de manera que, en respeto de dicho fuero y en cumplimiento de la citada norma legal, sobre esos dignatarios únicamente podrá ejercerse la acción de repetición en el evento en que el Estado haya sido condenado a la reparación patrimonial de un daño que hubiese sido consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa, producido durante el tiempo en que ostenten esa calidad e independientemente de que para la fecha en que se interponga la acción la conserven o no, que conocerá privativamente y en única instancia esta corporación o la Corte Suprema de Justicia (16) , según el caso.

Se arriba a la anterior conclusión, de una parte, porque, se insiste, dicho artículo 7º de la Ley 678 de 2001 solo permite expresamente contra esos altos funcionarios la interposición de la acción de repetición como vía judicial adecuada para el reembolso de lo pagado por el Estado en virtud de una reparación patrimonial impuesta en una condena originada en la conducta dolosa o gravemente culposa de los mismos, bajo el conocimiento privativo y en única instancia del Consejo de Estado (o la Corte según la calidad del funcionario); y, de otra parte, porque aceptar la viabilidad de la figura de llamamiento en garantía en esos casos implicaría que un proceso de responsabilidad contra la Administración que tiene vocación para tramitarse en dos instancias se tornaría de única instancia ante el Consejo de Estado, lo cual desconocería los principios constitucionales del debido proceso y el de doble instancia respecto de esos juicios (C.P., arts. 29 y 31).

5. El caso concreto.

En el presente asunto, mediante escrito presentado ante el Tribunal Administrativo de Casanare el 27 de noviembre de 2002, en ejercicio de la acción de reparación directa, se pretende la declaración de responsabilidad de la Nación - Rama Judicial - Dirección de administración Judicial, por el error judicial que le será presuntamente atribuible a las actuaciones cumplidas por la Sala Civil - Familia - Laboral - Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal, en la sentencia de segunda instancia proferida por la misma el 25 de abril de 2001, dentro del proceso adelantado por la ahora demandante en contra de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Telecom).

Teniendo en cuenta lo expuesto en relación con la competencia para tramitar las acciones de reparación directa que se promuevan por error jurisdiccional, por privación injusta de la libertad y por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, es claro que su conocimiento corresponde a los tribunales administrativos —en primera instancia— y al Consejo de Estado —en segunda instancia—, es decir, esa clase de procesos no pueden tramitarse por los jueces administrativos del circuito.

No obstante en clara contradicción con lo anterior, se observa que en providencia de 13 de julio de 2006 dictada por el Tribunal Administrativo de Casanare, se dispuso remitir el expediente a reparto de los jueces administrativos de ese distrito, correspondiendo al Juzgado Primero Administrativo de Yopal - Casanare, autoridad judicial que, careciendo de competencia funcional, profirió la sentencia de 14 de agosto de 2008, en la que negó las pretensiones de la demanda.

Además, se observa también que el 14 de diciembre de 2005, el Tribunal Administrativo de Casanare, decidió llamar en garantía a los doctores Pedro julio González Rodríguez y Pedro Pablo Torres Beltrán, llamamiento que, conviene advertir, de conformidad con el artículo 7º de la Ley 678 de 2001, no resulta jurídicamente procedente, por tener estos la condición de magistrados de tribunal superior del distrito y, por consiguiente, fuero de juzgamiento ante esta corporación a través de la acción de repetición, en caso de que llegare a ser condenada la Nación por una conducta dolosa o gravemente culposa de los mismos.

En efecto, en virtud del fuero de juzgamiento con fines de repetición de que gozan esa clase de funcionarios, no es jurídicamente concebible, como ocurrió en el sub lite, que un juez de inferior jerarquía en el esquema organizacional de la rama judicial, analice o juzgue en sede de acción de reparación directa con llamamiento en garantía una presunta responsabilidad de unas autoridades judiciales superiores o de mayor jerarquía (así fuere de otra jurisdicción), por un presunto error judicial, es decir, que analice el ajuste o no de la providencia dictada por estos frente al ordenamiento jurídico, para derivar de allí una responsabilidad del Estado y consecuentemente de los mismos.

En este orden de ideas, dado que el Juzgado Primero Administrativo de Yopal - Casanare, carece de competencia funcional para conocer de este proceso y dictar la providencia apelada, esto es, la sentencia de 14 de agosto de 2008, y que el llamamiento en garantía también fue expedido sin competencia, es forzoso concluir que se incurrió en una causal de nulidad procesal insaneable, razón por la cual se declarará de oficio a partir del auto de 14 de diciembre de 2005, mediante el cual se decidió llamar en garantía a los doctores Pedro Julio González Rodríguez y Pedro Pablo Torres Beltrán (C.P., arts. 140, num. 2º, 144 inc. final , 145, 357, inc. 2º).

Finalmente, habida cuenta de que la nulidad cobija la providencia impugnada no se admitirá el recurso de apelación propuesto contra ella; y, así mismo, dado que el competente para conocer de esta acción de reparación directa por error judicial, en primera instancia, es el Tribunal Administrativo de Casanare, el expediente del proceso será remitido a dicho tribunal para lo de su competencia.

En mérito de lo expuesto, este despacho

RESUELVE:

1. DECLARAR la nulidad de todo lo actuado a partir del auto de 14 de diciembre de 2005, inclusive, proferido por el Tribunal Administrativo de Casanare, en el que se decidió llamar en garantía a los doctores Pedro Julio González Rodríguez y Pedro Pablo Torres Beltrán, por los motivos expuestos en la presente providencia.

2. INADMITIR el recurso de apelación propuesto por la parte demandante, en contra la sentencia de 14 de agosto de 2008, de acuerdo con lo señalado en este auto.

3. En firme este auto, REMÍTASE el expediente citado en la referencia al Tribunal Administrativo de Casanare, para lo de su competencia.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) Cfr. Rocco, Ugo, Derecho Procesal Civil, vol. I. Editorial Jurídica Universitaria, México, 2001, pág. 394.

(2) La Corte Constitucional al estudiar la inexequibilidad de la expresión “solamente” de que trata el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, la declaró ajustada a los preceptos superiores, por cuanto consideró que es al legislador a quien le compete establecer los motivos de nulidad en forma razonable, lógica y proporcionada, de acuerdo con el artículo 29 de la Constitución Política, razón por la cual excepcionalmente los actos del proceso pueden invalidarse, pues “... de este modo se evita la proliferación de incidentes de nulidad, sin fundamento alguno, y se contribuye a la tramitación regular y a la celeridad de las actuaciones judiciales, lo cual realiza el postulado del debido proceso, sin dilaciones injustificadas...” Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-491 de 2 de noviembre de 1995, M.P. Antonio Barrera Carbonell.

(3) El tribunal constitucional en sentencia posterior, al estudiar el parágrafo de la misma norma reafirmó este principio de taxatividad o determinación específica en materia de nulidades procesales, dado que puntualizó que “... es precisamente el Legislador el llamado a definir los hechos y circunstancias que dan lugar a las nulidades y también el encargado de estatuir lo relativo a las posibilidades de saneamiento o convalidación de actos o etapas procesales, la manera y términos en que pueden obtenerse...” Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-217 de 16 de mayo de 1996, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

(4) La misma Corte Constitucional al dejar en claro que no se opone a la norma del artículo 29 de la Constitución Política la circunstancia de que el legislador señale taxativamente las causales y motivos de nulidad, también advirtió que en esa disposición superior se consagró una causal específica que opera de pleno derecho, referente a la “... prueba obtenida con violación al debido proceso”, “esto es, sin la observancia de las formalidades legales esenciales requeridas para la producción de la prueba, especialmente en lo que atañe con el derecho de contradicción por la parte a la cual se opone esta...” (4) , la cual resulta viable de invocar, pero que en términos de esa misma corporación judicial, no conlleva la nulidad del proceso en sí, sino de la prueba producida en tales condiciones. Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-372 de 13 de agosto de 1997, M.P. Jorge Arango Mejía.

(5) Sobre esta noción y su diferencia con la de jurisdicción ver: Morales, Molina, Hernando, Curso de Derecho Procesal Civil, Undécima Edición, Editorial ABC, 1991, págs. 35. Y Devis, Echandía Hernando, Compendio de Derecho Procesal, Teoría General del Proceso, Tomo I, Editorial Dike, Duodécima Edición, 1987, págs. 133 y ss. Explica este último autor: “Si bien la jurisdicción, como facultad de administrar justicia, incumbe a todos los jueces y magistrados, es indispensable reglamentar su ejercicio para distribuirla, en cada rama jurisdiccional, entre los diversos jueces. Y es esta la función que desempeña la competencia. (...) La jurisdicción es el género y la competencia es la especie, ya que por esta se le otorga a cada juez el poder de conocer de determinada porción de asuntos, mientras que la jurisdicción corresponde a todos los jueces de la respectiva rama...”.

(6) Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto de 9 de septiembre de 2008, Expediente 110010326000200800009 00, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(7) También se contemplan como insaneables las situaciones en el juez (sic) procede contra providencia ejecutoriada del superior, o revive un proceso legalmente concluido o pretermite íntegramente la respectiva instancia. Por lo demás, la falta de competencia distinta de la funcional debe proponerse como excepción previa so pena de considerarse saneada en los términos del inciso 5º del artículo 143 del Código de Procedimiento Civil y el numeral 5º del artículo 144 de esta misma obra, al igual que cuando se produce con posterioridad debe ser alegada en la primera oportunidad a que se tenga. Dicho de otra forma, las nulidades derivadas de la falta de competencia se sanean si no se alegan como excepción previa, salvo la de incompetencia funcional.

(8) Que permitirá conocer ante qué juez se surte el recurso de apelación, el grado jurisdiccional de consulta, el recurso de queja, revisión o los extraordinarios como la casación o el de revisión.

(9) Corte Constitucional, Sentencia C-037 de 19 de febrero de 1998, M.P. Jorge Arango Mejía.

(10) Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto de 9 de septiembre de 2008, Expediente 110010326000200800009 00, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(11) Vid. Consejo de Estado, Sección Tercera, Auto 14 de diciembre de 1995, Expediente 11.208, y sentencia de 15 de agosto de 2006, Expediente 11240, C.P. Carlos Betancur Jaramillo.

(12) La expresión subrayada fue declarada exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-1174 de 2004, en el entendido que dicha acción no cabe para las decisiones amparadas por la inviolabilidad a que se refiere el artículo 185 de la Constitución Política.

(13) El texto subrayado fue declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-484 de 2002.

(14) Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-545 de 28 de mayo de 2008, C.P. Nilson Pinilla Pinilla.

(15) Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-1320 de 10 de diciembre de 2001, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.

(16) Mediante Sentencia C-484 de 25 de junio de 2002, M.P. Alfredo Beltrán Sierra, la Corte Constitucional declaró la exequibilidad de la expresión del artículo 7º, parágrafo 1º, inciso primero, las expresiones “magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo Superior de la Judicatura”; y “conocerá privativamente y en única instancia”, así como del artículo 7º, parágrafo 1º, su inciso segundo, para lo cual consideró, entre otros aspectos última que: “por lo que hace a la disposición de que el proceso respectivo cuando se trata de magistrados de las corporaciones de orden nacional, sea de única instancia, en manera alguna se quebranta la Constitución, como quiera que solo en dos casos se prevé por la Carta como obligatoria la doble instancia, a saber: en la acción de tutela, que por ministerio del artículo 86 de la Constitución puede ser impugnada ante el superior funcional; y, en las sentencias condenatorias penales conforme al artículo 31 de la Constitución, salvo el caso de los altos funcionarios del Estado cuyo juzgamiento corresponda a la Corte Suprema de Justicia, según lo establecido en el artículo 235 de la Constitución. Siendo ello así, queda entonces dentro de la competencia propia del legislador el establecimiento de algunos procesos de única instancia en las demás materias, como lo hizo en este caso, sin que por ello se viole la Constitución Política”.

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