Sentencia 3664 de septiembre 15 de 1993 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

DEMANDA DE SIMULACIÓN

INTERÉS JURÍDICO DEL CÓNYUGE

Magistrado Ponente:

Dr. Héctor Marín Naranjo

Exp. 3664

Santafé de Bogotá, D.C., quince de septiembre de mil novecientos noventa y tres.

Provee la Corte en relación con el recurso de casación interpuesto por la demandante en contra de la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo que data del veintitrés (23) de agosto de mil novecientos noventa y uno (1991), proferida dentro del proceso ordinario seguido por María Barragán de Chávez en frente de José Antonio Chávez Barreto, Luis Antonio Corredor y la sociedad Chávez Barreto y Cía. S. en C.

Antecedentes

1. Al Juzgado 2º Civil del Circuito de Duitama le correspondió asumir el conocimiento de la demanda presentada por la demandante ya nombrada para que, con citación y audiencia de los demandados también nombrados, previos los trámites de un proceso ordinario, se dictase sentencia en la que se declarasen absolutamente simulados los contratos de compraventa recogidos en las escrituras públicas Nros. 697 y 699 del 8 de julio de 1985, y 869 y 871 del 15 de agosto siguiente, todas de la Notaría 1ª de Duitama, las dos primeras contentivas de las ventas hechas por Chávez Barreto a Luis Antonio Corredor Ch., y las dos segundas, de las ventas de éste a la sociedad Chávez Barreto y Cía. S. en C.; y que, consecuencialmente, se dijese que los inmuebles materia de los aludidos contratos no han salido del patrimonio de la sociedad conyugal formada entre la demandante y el demandado José Antonio Chávez Barreto.

En subsidio, se pidió la declaración de ser relativamente simulados los contratos en cuestión, y que el concierto entre todos los demandados tenía como única finalidad la de una donación a Chávez Barreto en favor de sus hijos, la cual debería anularse por falta de insinuación.

2. Como hechos sustentatorios de esa pretensión se adujeron los que a continuación se compendian.

La demandante y José Antonio Chávez B. contrajeron matrimonio el 16 de agosto de 1944, y por ese hecho surgió una sociedad conyugal. Del matrimonio son hijos José Mayith y María Yenni Chávez. El demandado abandonó sus obligaciones como esposo y padre en forma injustificada, y ha mantenido relaciones sexuales con Elba Aracely Gómez S., con quien tuvo los siguientes hijos: Yolanda, Luz Mila, Elba Inés y Carmen Rocío Chávez S.

“Con el fin de distraer los bienes de la sociedad conyugal que pudiesen ser objeto de gananciales a favor de la demandante, el demandado junto con el demandado Luis Antonio Corredor Chaparro y sus hijos mencionados anteriormente, tanto legítimos como extramatrimoniales concertaron la venta ficticia o simulada de innumerables bienes inmuebles, que Chávez Barreto vendería a Chaparro Corredor, para que éste a su vez en forma inmediata y por el mismo valor ínfimo los traspasara a la sociedad Chávez Barreto y Cía. S. en C., que los hijos del cónyuge demandado constituyeron con ese único fin y de esa manera desaparecieran los bienes de la sociedad conyugal en perjuicio de la demandante...”.

Fue así como se otorgaron primero, las escrituras públicas Nros. 697 y 699 del 8 de julio de 1985, contentivas de las ventas de los inmuebles descritos en la demanda. Simultáneamente, por medio de la escritura pública Nº 698 del 23 de julio de 1985 de la Notaría 2ª de Duitama, se constituyó la sociedad Chávez Barreto y Cía. S. en C., integrada por todos los hijos del demandado y su compañera permanente Elba Aracely Gómez Sandoval, siendo su único socio gestor el demandado José Antonio Chávez Barreto. A continuación Luis A. Chaparro le traspasó los bienes a la sociedad, según las escrituras Nros. 871 y 869 del 15 de agosto de 1985 de la Notaría 1ª de Duitama, en los mismos términos de las escrituras antes mencionadas.

Todos los bienes fueron adquiridos a título oneroso en la vigencia de la sociedad conyugal formada entre la demandante y el demandado José Antonio Chávez B.

La demandante “ha solicitado la separación de bienes y consiguiente liquidación de la sociedad conyugal, por tanto se encuentra legitimada para impugnar los actos de disposición llevados a cabo por el demandado en detrimento del haber social conyugal”.

3. Tanto las personas naturales como la sociedad demandadas, esta última por medio de su representante legal, dieron respuesta a la demanda con oposición a las pretensiones de la actora, para lo cual, en síntesis, alegaron la realidad y la validez de los contratos que aquí se han cuestionado.

4. Diligenciada la primera instancia, el juzgado le puso fin con decisión desestimatoria de las pretensiones de la actora.

La sentencia de segunda instancia

1. Apelada la anterior determinación por la demandante, el Tribunal la confirmó por medio de la sentencia objeto del presente recurso extraordinario, apoyándose en las consideraciones que a continuación se resumen.

2. Una primera parte de las mismas la dedica a distinguir entre acción y pretensión, para después ocuparse del que denomina “interés sustancial en la pretensión”, punto dentro del cual aborda el que le corresponde al cónyuge para demandar la simulación de los negocios jurídicos celebrados por el otro, transcribiendo lo que dijo la Corte en sentencia datada el 4 de octubre de 1982(*), para puntualizar que sólo lo puede hacer habida cuenta de estas dos circunstancias:

“1. Que la sociedad conyugal esté disuelta.

2. Que esté en vía de disolución, mediante demanda o proceso de separación de bienes, de cuerpos, de divorcio o de nulidad del matrimonio”.

3. Destaca que cuando en este caso “se presentó la demanda de simulación, no se había presentado la demanda de separación de bienes ni había proceso en curso en este sentido. La demandante solo tenía en mente formular la demanda de separación de bienes; que se presentó con posterioridad a la de simulación”.

Reproduce el hecho décimo tercero de la demanda y de allí infiere, por una parte, que la actora sabía que para la prosperidad de la acción de simulación, “...debía contar con el hecho real, objetivo, relativo a la existencia de demanda con pretensión de liquidación de la sociedad conyugal”; y por la otra, que “olvidó” cumplir con ello, “con los resultados negativos referentes a la afirmación de hechos inexactos y a que no se radicó en su persona el interés jurídico de que se habla, en el acto de presentar la demanda de simulación”, para, cuando se dio cuenta de las consecuencias desfavorables que le podrían sobrevenir, acudir a una interpretación extensiva de la jurisprudencia de la Corte “en el sentido de que hay oportunidad de cristalizar el interés jurídico para demandar los actos simulados del cónyuge, hasta la contestación de la demanda”.

3. Vuelve sobre la sentencia de la Corte del 4 de octubre de 1982 y manifiesta que el alcance que la actora le da a la jurisprudencia en el sentido de que el interés bien puede aparecer “durante el establecimiento de la relación procesal a través de la litis contestatio no es de recibo”, afirmación que hace descansar en que de acuerdo con la misma Corte, el interés del demandante debe existir al tiempo de deducirse la acción, porque el derecho no puede reclamarse de futuro, y en que siendo la demanda acto de introducción y de postulación, debe necesariamente contener los hechos que le sirvan de fundamento, debiéndose mencionar entre los mismos “los relativos a la legitimación en causa y al interés jurídico para demandar”.

Observa luego que “si no hay cuestión fáctica real que referir o si ésta es falsa, sucede que el derecho pretendido no ha nacido y por ende el actor no tiene consecuencia favorable alguna. Y obviamente el demandado tampoco tiene el deber correlativo de satisfacción”.

4. La idea anterior la explica con cierto detenimiento y luego afirma que, dentro del presente caso, “es cierto que después de realizar el acto de introducción y postulación de hechos de que antes se habló, con la formulación de la demanda, oportunidad en la cual se afirmó como cierto un hecho falso, sobrevino un nuevo hecho: se accionó la liquidación de la sociedad conyugal. Cuando esto sucedió, el proceso de simulación estaba en la etapa de la contestación de la litis”, hecho sobreviniente que, en su sentir, no favorece al demandante porque, como ya lo anotó, “todos los ingredientes del derecho cuya tutela se invoca, incluido el interés jurídico, deben estar presentes en el acto de demandar”; además, el demandante “narró, a fin de dar figura al interés jurídico para demandar, hechos no ocurridos realmente”, y esos constitutivos del interés “no se realizaron por culpa imputable al mismo demandante y por tanto no estaba legitimado para demandar, por la época en que lo hizo”.

Agrega que el hecho sobreviniente, “o sea el que ocurre durante el curso del proceso, en los términos del artículo 305 del Código de Procedimiento Civil , debe tenerse en cuenta en cuanto modifique o extinga el derecho materia del litigio. Pero, obviamente, el derecho no puede nacer durante el curso del proceso porque ello equivaldría a permitir que los derechos se pudiesen reclamar de futuro...”. En fin, que “mientras no se disuelva la sociedad conyugal o mientras no esté en vía de disolución, ambos cónyuges tienen derecho a administrar y disponer libremente de los bienes que adquieran durante el matrimonio; por manera que los actos o negocios que así celebre alguno de los cónyuges, no pueden ser atacados por el otro, mientras no adquiera el debido interés para hacerlo”, lo cual surge con el hecho real de intentar la disolución de la sociedad conyugal. Esto lo lleva a concluir que “en el enfrentamiento que se presenta, entre el cónyuge que tiene libre administración y disposición de los bienes adquiridos durante el matrimonio y que por tanto tiene en su haber un derecho consolidado; y el otro cónyuge que ataca de simulados unos contratos celebrados por aquél, sin derecho a hacerlo por falta de interés jurídico, ha de prevalecer el derecho de aquél, pues el atacante no ha cristalizado el suyo”.

La demanda de casación

Dos cargos, ambos con fundamento en la causal primera del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil , plantea en ella la parte recurrente en contra de la sentencia anterior. La Sala los despachará conjuntamente dado que en ambos el tema de fondo es el mismo.

Cargo primero

1. Por la vía directa, se acusa la sentencia de ser violatoria de las siguientes normas: artículo 1766 del Código Civil, junto con el 180, modificado por el artículo 13 del Decreto 2820 de 1974, 197, 200, modificado por el artículo 21 de la Ley 1ª de 1976, 740, 742, 743, 745, 961, 963, 964, 1502, 1602, 1774, 1781 y 1820, modificado por el artículo 25 de la Ley 1ª de 1976; los artículos 1º y 4º de la Ley 28 de 1932; los artículos 4º y 305 del Código de Procedimiento Civil, y 228 de la Constitución Nacional.

2. A fin de demostrar el cargo, la parte recurrente, tras anunciar que está de acuerdo con los hechos según los vio el ad quem, expresa que disiente de él en “concluir, basado en jurisprudencia de la Corte, que el interés para obrar y, por ende, la legitimación de un cónyuge para obtener la declaratoria de simulación de actos dispositivos sobre bienes sociales efectuados por su consorte, para ser actual, debe existir al tiempo de la presentación de la demanda de simulación, esto es, que al demandarse la simulación, no después, debe ya estar disuelta la sociedad conyugal o haberse, previamente, instaurado demanda encaminada a su disolución”.

Asevera que la tesis del Tribunal viola las normas jurídicas citadas en el cargo, por cuanto en el derecho colombiano, “es al tiempo de la litis contestatio, es decir, al momento de la notificación del auto admisorio de la demanda al demandado, y no al de la presentación misma de la demanda, cuando debe existir un interés serio y legítimo del actor en alcanzar las pretensiones que formula, para que aquél sea actual”.

Reproduce la doctrina contenida en la sentencia del 4 de octubre de 1982, para anotar luego que son claras las directrices de la Corte, así:

“— Si con anterioridad al proceso de simulación, la sociedad conyugal ya se encontraba disuelta, es indiscutible el interés serio y actual del cónyuge en dejar sin efecto los actos aparentes de disposición del otro cónyuge sobre bienes sociales (...).

— En el otro extremo, el solo matrimonio no legitima al cónyuge para esos fines, ya que, al tener efectos patrimoniales la sociedad conyugal sólo con su disolución, el interés del cónyuge en atacar los actos de su consorte antes de ese momento, o, sin nunca haber ni siquiera demandado su disolución, no sería legítimo ni actual.

— Existiendo el matrimonio, no estando aún disuelta la sociedad conyugal, pero habiéndose promovido proceso dirigido, directa o indirectamente, a la disolución de la sociedad de bienes, cualquiera de los cónyuges está interesado para obtener la declaratoria de simulación de los negocios traslaticios efectuados por el otro respecto de bienes pertenecientes al haber conyugal ( C.C., art. 1781)”.

Sentadas esas premisas, la parte recurrente arguye que lo que no ha dicho la Corte, “aunque de la interpretación rigurosamente literal y con prescindencia de los casos particulares que la originaron que hace el Tribunal de la jurisprudencia del máximo órgano de justicia, pretende mostrarse lo contrario, es que, necesariamente, sea al momento de presentarse la demanda de simulación cuando debe ya estar presentada, con anterioridad, una demanda que conlleve la disolución de la sociedad conyugal para que el cónyuge tenga un interés serio y actual en el proceso simulatorio”. Que la Corte “en los fallos referidos, no ha pretendido fijar como regla para determinar la actualidad del interés jurídico, que sea la presentación de la demanda el momento procesal en que debe existir en cabeza de la parte actora en simulación”. Que lo que se concluye para la jurisprudencia, la doctrina y la legislación nacional sobre la materia es “que es al tiempo en que se traba el proceso, en que se configura la litis contestatio o relación jurídica procesal, al momento de deducirse la acción instaurada, cuando el juzgador al fallar debe revisar si existe un interés serio y legítimo en el demandante, lo que aplicado al tema de la simulación, se traduce en decir, que es para la época en que se notifica al demandado la demanda de simulación cuando debe existir, en el cónyuge actor, un interés serio en el reconocimiento de la simulación...”.

3. Después de recordar algunos conceptos jurisprudenciales y doctrinales, expresa que para que el interés sea actual debe existir “no al tiempo de la demanda, sino al momento de trabarse la relación jurídica procesal (lo) que es una cuestión indiscutible si se considera que antes de la notificación del auto admisorio de la demanda al demandado no hay proceso”. Que “sólo cuando nace el proceso a la vida jurídica, es cuando a la ley, al derecho, y a la justicia, le importa que quien accionó el aparato jurisdiccional tenga un interés serio en sus pretensiones. De ahí —agrega— que la legislación (art. 88 CPC) permita el retiro de la demanda mientras que el auto que la admite “no se haya notificado a ninguno de los demandados”, pues, la misma conducta verificada con posterioridad a la litis contestatio, implica ya un desistimiento de la demanda, con los efectos trascendentales que de ello se derivan (art. 342 CPC)”.

4. Objeta que de acogerse la tesis del Tribunal, “un cónyuge que sólo con fines de legitimarse para demandar la simulación de actos jurídicos efectuados por el otro cónyuge respecto de bienes sociales, presenta previamente una demanda de separación de bienes, con o sin cumplimiento de todos los requisitos formales, pero totalmente infundada..., que nunca se notifica al consorte demandado, quien, por lo mismo, no se entera de ello, o sin que llegue, incluso, a ser admitida, tendría interés jurídico en la simulación que con posterioridad demanda, bastándole, en el libelo introductorio, afirmar el hecho cierto de que con antelación demandó la disolución de la sociedad de bienes. Pero, en cambio, carecería de interés en la simulación, el cónyuge que presenta una demanda de separación de bienes debidamente fundamentada, que es admitida, y que luego de hacerla notificar por las vías legales al cónyuge demandado, procede a notificar a los sujetos que corresponda la demanda simulatoria sobre bienes incluidos en la pretensión de disolución y liquidación de la sociedad conyugal”. Que desde el punto de vista sustancial y procesal es indiferente que “las afirmaciones erróneas que se hagan en la demanda de acaecido un hecho no ocurrido pero que se verifica, posteriormente, en la oportunidad legal precisa para desencadenar los efectos jurídicos pretendidos”, sin que tampoco tenga relevancia “la sobrevenida del hecho modificatorio o extintor del derecho”.

Todo ello, dice, se encuentra acompasado con el principio de la economía procesal y con el criterio general de interpretación del derecho procedimental consagrado en el artículo 4º del Código de Procedimiento Civil , hoy elevado a rango constitucional en el artículo 228 de la actual Carta fundamental.

5. Finalmente, expresa que cuando el Tribunal no aplicó el artículo 1766 del C.C., regulador de la simulación, “por considerar que el interés para demandarla, cuando el sujeto actor es un cónyuge y el objeto de la acción recae sobre actos dispositivos de bienes sociales, sólo se configura con la presentación misma de una demanda que apunte a la disolución de la sociedad conyugal, incurre, igualmente, en un yerro iuris in judicando...”. Tal cosa porque, anota un poco después, cuando se ha presentado una demanda de separación de bienes, “el interés jurídico del cónyuge actor en la disolución de la sociedad conyugal, en realidad, se gesta desde que efectúa los primeros actos externos, con incidencia jurídica, encaminados a ese fin, aun cuando sean anteriores a la presentación misma de la demanda. Al materializarse la demanda, el interés se retrotrae al momento de realización de los actos jurídicos externos, sustanciales y/o procesales, de ejecución previa a su presentación”.

Cargo segundo

1. En este cargo se acusa la sentencia de ser indirectamente violatoria del artículo 1766 del Código Civil, junto con el 180, modificado por el artículo 13 del Decreto 2820 de 1974, 197, 200, modificado por el artículo 21 de la Ley 1ª de 1976; los artículos 1º y 4º de la Ley 28 de 1932; el artículo 4º del Código de Procedimiento Civil y el 228 de la Constitución Nacional, como consecuencia de los evidentes errores de hecho cometidos al preterir distintas pruebas.

2. Al emprender la tarea de su demostración, la parte recurrente reproduce un aparte de la sentencia de la Corte del 4 de octubre de 1982. Recuerda que el Tribunal encontró que la actora al demandar —el 12 de enero de 1988— la simulación de los contratos de compraventa ajustados por su esposo, no tenía interés jurídico vinculado con la disolución de la sociedad conyugal pues que, para el sentenciador, “la demandante solo tenía en mente formular la demanda de separación de bienes; que se presentó con posterioridad a la de simulación”. Destaca que el Tribunal no vio que la señora María Barragán de Chávez, el 20 de octubre, había ya otorgado poder a un abogado para el proceso de separación de bienes; que el 5 de noviembre de 1987, el apoderado, ante el Juzgado 6º Civil del Circuito de Bogotá, autenticó la firma a la demanda de separación; que el 21 de enero se dejara para reparto; que se admitiera el 25 de enero siguiente, y que al demandado se le notificara el 1º de febrero.

3. De lo anterior infiere que el sentenciador “no tuvo por probado, constando lo contrario en el expediente, que para el momento en que se trabó la litis en el proceso de simulación (8 y 13 de febrero de 1988), etapa procesal en que debe haber, para que sea actual, un interés para obrar, y, aun para el día en que se presentó la demanda simulatoria a reparto (12 de enero de 1988), ...estaba exteriorizado en cabeza de María Barragán de Chávez, derivado de los actos, no mentales, sino externos, con trascendencia jurídica, de 20 de octubre y 5 de noviembre de 1987, antes reseñados, de otorgamiento de poder y presentación con autenticación de firma de la demanda de separación de bienes, respectivamente, concatenados con los de posterior verificación (presentación de demanda para reparto, admisión y notificación al demandado), un interés vinculado a la disolución de la sociedad conyugal”.

Concluye entonces diciendo que por no haber visto en las anteriores pruebas la demostración de un interés serio, legítimo y actual de la actora en la declaratoria de simulación, el sentenciador incurrió en evidentes y trascendentes errores de hecho.

Se considera

1. Como se ha visto, el eje de la argumentación del recurrente, en el primer cargo, estriba en que el momento adecuado para determinar la existencia del interés en la demandante, no es el de la presentación de la demanda, sino el de la notificación del auto admisorio de la misma al demandado, pues, agrega, antes no existía proceso. Ese punto de vista lo refuerza con interpretaciones que lleva a cabo de la jurisprudencia de la Corte y de conceptos de la doctrina nacional y extranjera.

2. A fin de situar el análisis en el terreno que realmente corresponde, la Sala empieza por observar que las palabras de la Corte no tienen el alcance que el recurrente les atribuye. En efecto, díjose en la segunda de las sentencias por él citadas:

“El interés que debe existir en quien alega la simulación ha de traducirse en un perjuicio actual, no eventual, y ha de ser un perjuicio cierto, no simplemente hipotético; el derecho que se lesiona con la celebración del acto simulado, lesión de la cual se deriva el interés jurídico del demandante, debe existir al tiempo de deducirse la acción, porque el derecho no puede reclamarse de futuro” (G.J. t. CXCI, pág. 151).

Siendo una de las acepciones del verbo “deducir”, según el DRAE, la de “alegar, presentar las partes sus defensas o derechos”, el concepto denotado significa que el interés jurídico debe existir cuando se alega o se presenta la acción, lo que se concreta por medio de la demanda.

De modo que ni en la oportunidad anterior, ni en las otras que el recurrente cita, la Corte ha sostenido que la configuración del denominado interés para obrar en el demandante debe hallarse es en el momento de la notificación del auto admisorio de la demanda.

En cuanto al concepto del tratadista nacional, sus palabras, aparentemente, pudieran prestarse a cierta confusión pues cuando afirma que si el interés “no existe en el momento en que se constituye la litis contestatio, no se justifica que el órgano jurisdiccional se pronuncie...” pareciera dar a comprender que su idea es la misma que sostiene el impugnante. Sin embargo, paladinamente afirma aquél que es correcta la idea de la Corte al respecto, y se acaba de precisar qué ha sido lo por esta expuesto. Además, decir que el interés debe existir al momento de constituirse la litis contestatio, representa que ha de venir de antes; dónde se ubica ese “antes”, es cuestión que resulta clara si se tiene en cuenta que, como lo advierte la Corte, previamente ha debido deducirse la acción, y esto, se ha observado, se da con la presentación de la demanda.

Por lo que toca con el autor extranjero, él explica que “el interés para accionar no puede ser tomado en consideración sino en el momento mismo en que la acción es ejercitada, esto es, que debe existir en el momento en que, por medio de la citación, se inicia el ejercicio de la acción y se instaura la relación jurídica procesal”.

La citación, puntualiza ese autor en otro aparte de su obra, “es el acto procesal con que el actor formula la demanda que piensa proponer al juez, en relación con el demandado, invitándolo a constituirse ante el órgano jurisdiccional al cual se ha acudido, dentro del plazo establecido, y a comparecer, en la audiencia indicada, ante el juez (instructor)”. A efectos de que esa citación no se confunda con la notificación del auto admisorio de la demanda de la ley procesal colombiana, precisa observar que el mismo autor, un poco después, indica que “es una escritura autógrafa, y precisamente por serlo, es decir, por provenir de la parte, debe estar firmada por esa misma parte o por su procurador o apoderado (arts. 125, 163 y 84)” (Rocco, U., “Tratado de Derecho Procesal Civil”, Vol. III, págs. 31 y 32).

Quiere, pues, decir lo anterior, que cuando el expositor habla de la “iniciación del ejercicio de la acción” y de la “instauración de la relación jurídica procesal” como el momento tempestivo para mirar la circunstancia de encontrarse actualmente radicado en cabeza del actor lo que denomina interés para accionar, no se está refiriendo a la notificación del auto admisorio de la demanda, según lo cree el recurrente, sino al instante en que el proceso se incoa, lo que, en el derecho colombiano, sucede con la presentación de la misma.

3. Pasando a otro aspecto de lo que es materia de análisis, que previamente a la notificación del auto admisorio de la demanda al demandado no exista proceso, y que al demandante le sea permitido retirar el escrito antes de que ello ocurra pudiendo presentarlo de nuevo sin restricciones, no son razones de las cuales se deba inferir que por la actualidad del interés únicamente se deba averiguar cuando el demandado es vinculado al proceso, según lo que pasa a explicarse.

a) Para que se pudiera aceptar que el interés para obrar en el demandante fuera un elemento a ser considerado sólo cuando el auto admisorio de la demanda se notifica al demandado, se tendría que partir de que él es un componente del proceso, y de que, por lo tanto, su ausencia incide sobre su adecuada configuración o desarrollo, lo que, a su vez, se tendría que traducir en un motivo de invalidez del proceso, o, por lo menos, en una decisión inhibitoria. Pero como es bien sabido, nada de esto sucede, puesto que la ausencia del interés en el demandante se traduce en una decisión desestimatoria de su pretensión.

De manera invariable, la jurisprudencia de la Corte ha dicho que “el interés y la legitimación en la causa no constituyen presupuestos procesales; son condiciones de la acción, que miran a obtener sentencia favorable a las pretensiones del demandante” (CXXXVI, p. 14).

El criterio anterior, conveniente aparece señalarlo, no lo controvierte el recurrente.

Siendo una condición de la acción —entendida ésta no en el sentido técnico procesal, sino como sinónimo de “derecho”, de “pretensión”, según lo ha precisado también la Corte de vieja data (Cas. Civ. 6 de abril de 1976)—, su existencia, entonces, debe quedar definida para el momento mismo en que la demanda se presenta, desde luego que ésta es el instrumento natural para conducir la pretensión al proceso y hacerla valer allí.

b) Cabalmente por ostentar la característica acabada de anotar, vale decir, por reputársele como un elemento o condición de la acción, indispensable para obtener sentencia favorable, que debe captarse en la demanda misma, el juez, al auscultar la presencia del interés, tiene que examinar los hechos según se los describa en aquella. O sea, que con tal propósito no le es dable tomar en consideración hechos sobrevinientes. Si así fuera, nada obstaría para que se pudieran presentar demandas anticipando que algo va a suceder.

c) La cuestión, incluso, encuentra una clara explicación en el ámbito procesal, la cual, no obstante estarse ante un cargo planteado por la causal primera del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil , se trae a cuento en vista de que tanto el Tribunal como el recurrente aludieron a ello.

En efecto, el inciso 1º del artículo 305 del Código de Procedimiento Civil , prescribe que “la sentencia debe estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla, y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley”.

Pecaría, pues, de incongruente una sentencia que tome en cuenta hechos distintos a los aducidos en la demanda, como sería el consistente en ver y admitir que, con prescindencia de lo allí narrado, el interés del demandante surgió en un momento posterior al de la presentación del escrito incoativo del proceso.

Correlativamente, en el último inciso del mismo artículo 305 se determina que “en la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse propuesto la demanda...”.

Esta regla es, si se quiere, un complemento de lo establecido en el inciso 1º. Ciertamente, si por virtud de la misma, de modo expreso, se autoriza al juez para que, dentro de los términos que el mismo precepto indica, tenga en cuenta al momento de fallar aquellos hechos modificativos o extintivos del derecho sustancial, acaecidos después de propuesta la demanda, es porque, en sentido contrario, está dando a comprender que no puede hacer otro tanto con uno de los que le sirven de fundamento a la pretensión. Y cuando el inciso no extiende la permisión a la consideración del hecho que, siendo sustancial para la pretensión, surge con posterioridad a la introducción de la demanda, es porque busca ser coherente con el inciso 1º, en donde había determinado que la sentencia debe guardar consonancia con los hechos expuestos en la demanda.

4. El asunto, por otra parte, no reside en que sólo si las cosas se miran de otro modo a como aquí se han expuesto prevalece el derecho sustancial, conforme lo determinan los artículos 4º del Código de Procedimiento Civil y 228 de la C.N., porque la verdad es que aquél, o mejor, el interés acerca del cual se solicita la tutela jurisdiccional, debe existir al tiempo de la presentación de la demanda, y si en esa oportunidad todavía no se configura no se ve qué derecho sustancial deba hacerse prevalecer. Este aspecto queda esclarecido del todo con apoyo en lo que a continuación se dirá respecto del cargo segundo.

5. En este cargo, como se sabe, el recurrente le reprocha al Tribunal su afirmación en el sentido de que la demandante “solo tenía en mente formular la demanda de separación de bienes”, presentada con posterioridad a la de simulación, puesto que, desde el momento en que el poder se confirió —20 de octubre de 1987—, pasando por el de la presentación personal para la autenticación de firma del apoderado —5 de noviembre de 1987—, por el de la entrega para su reparto —21 de enero de 1988—, el de su admisión por el juzgado —25 de enero siguiente—, ya se había exteriorizado en cabeza de María Barragán de Chávez, un interés vinculado a la disolución de la sociedad conyugal, lo que no fue visto por el ad quem.

6. Mirado en el plano sustancial, el interés (del latín interesse, estar entre), es aquel elemento que le imprime su función a la relación jurídica; es el que le otorga su carácter dinámico, pues hace que aquélla tienda hacia un objetivo específico —de carácter económico o de otra índole— perseguido por el titular de la relación. Despojada del interés, la relación no puede ser enfocada más que en su aspecto estructural o estático. De ahí la importancia del mismo, la cual, incluso, es tanta que ocasiones hay en que el derecho, por las más distintas razones, le da al interés una entidad propia, es decir, lo considera en sí, sin conectarlo con una relación jurídica contemporánea. Tal es lo que sucede con las denominadas expectativas, en las cuales, como con acierto ha sido dicho, “el interés hace que se anticipen ciertos efectos de una relación que definitoriamente aún no había llegado” (Guasp, J., “Derecho”, p. 278).

Pues bien, por fuera de otros casos posibles, incluso ya tratados por la Corte (por ej. cas. civ. del 7 de julio de 1989, G.J. t. CXCVI, 2 sem., p. 19 y ss.) (*), lo acabado de decir halla cabal demostración en el interés del cónyuge para demandar la simulación de los negocios realizados por el otro, según lo que de ello ha dicho la jurisprudencia de la Corte, en particular la sentencia citada por el recurrente en el aparte que a continuación se reproduce:

“...El cónyuge tiene personería o está legitimado para demandar la simulación de los negocios jurídicos celebrados por el otro, una vez disuelta la sociedad conyugal, o también, estando vigente cuando se configure un interés jurídico vinculado necesariamente a la disolución de la sociedad de bienes, como acontece cuando el cónyuge ha demandado la separación de bienes, la separación de cuerpos, el divorcio, la nulidad del matrimonio, etc. ...” (Cas. Civ. del 4 de octubre de 1982, G.J. t. CLXV, p. 217).

Cuando el cónyuge finca su interés para demandar la simulación de negocios ejecutados por el otro cónyuge en la preexistencia de una demanda de separación de cuerpos, etc., su situación es obviamente distinta a cuando hace lo propio mas apoyándose en que la sociedad conyugal de bienes se encuentra disuelta; en este supuesto su situación es diáfana e incontestable y la actualidad de su interés no se remite a duda de ninguna especie. En el otro supuesto la situación es diversa porque el proceso respectivo puede desembocar en la disolución de la sociedad conyugal, o no. Lo que tiene ese cónyuge, entonces, es una expectativa. Sin embargo, el derecho —cuyas soluciones concretas no siempre tienen que adecuarse a la recta geométrica de la lógica abstracta—, ve en esa expectativa un interés suficiente, digno de tutela; y lo ve de ese modo porque cerrarle el paso a la reclamación del cónyuge que se encuentra en esas condiciones, sería incidir en una injusticia mayor. En verdad, aquí la expectativa cuenta con un incontrastable soporte pues ella le corresponde a quien tiene una calidad legalmente definida y amparada como es la de cónyuge, calidad que obviamente le abre unas posibilidades concretas en relación con los bienes que tengan la condición de gananciales, pues si bien es cierto que el artículo 1º de la Ley 28 de 1932, en su primera parte, determina que “durante el matrimonio cada uno de los cónyuges tiene la libre administración y disposición tanto de los bienes que le pertenecen al momento de contraerse el matrimonio o que hubiere aportado a él, como de los demás que por cualquier causa hubiere adquirido o adquiera”, igualmente es cierto que, en su segunda parte, tal precepto dice que “...a la disolución del matrimonio o en cualquier otro evento en que conforme al Código Civil, deba liquidarse la sociedad conyugal, se considerará que los cónyuges han tenido esta sociedad desde la celebración del matrimonio, y en consecuencia se procederá a su liquidación”. Es en frente de esta perspectiva y ante el hecho —que debe aparecer claramente establecido dentro del proceso— consistente en que ese cónyuge hubiese entablado un proceso de aquellos que tengan la virtualidad de disolver la sociedad conyugal, proceso al cual debe estar vinculado, de modo efectivo, el cónyuge demandado, como se debe considerar y admitir la existencia del interés que tiene aquél para demandar la simulación de los actos ejecutados por su consorte antes de la disolución de la sociedad conyugal.

Ahora bien, no obstante que la expectativa esté caracterizada por un componente de incertidumbre, ésta debe ser inmediata, o sea, ha de estar enmarcada dentro de un supuesto de hecho que permita que su desenlace se presentará según los términos propuestos, vale decir, que de manera concreta se sepa que habrá de tomarse una determinación que, eventualmente, comporte la disolución de la sociedad conyugal. Más exactamente, la incertidumbre tiene que hallarse es en el sentido de la determinación, no en que ésta pueda o no darse. Pero, es conveniente ponerlo de presente, si en el curso del proceso se demuestra, por iniciativa de las partes o por la propia del juez, que fue frustránea la demanda de divorcio, de separación de cuerpos, etc., entonces el juez de la causa debe tomar en cuenta ese hecho como extintivo que es del interés del cónyuge demandante y obrar en consecuencia.

El concepto de expectativa no puede, pues, extremarse hasta el punto de que el interés que la conforma quede diluido en contingencias remotas o mediatas porque, entonces, a más de la actualidad, resultaría también comprometida la seriedad del interés.

En el anterior orden de ideas, no es jurídicamente de recibo que en el otorgamiento del poder para la iniciación de un proceso orientado a disolver la sociedad conyugal sea advertible un interés del cónyuge capaz de justificar la ulterior demanda de simulación. Desde luego, tampoco se puede ver en la escueta presentación de la demanda. Pero ni siquiera cuando la misma ha sido admitida. En todos estos supuestos, a la incertidumbre propia de la expectativa, según la delineación que de la misma atrás se trazó, se le suma un factor adicional que interfiere con el desenlace esperado, a saber, el de que todavía no se sabe si habrá o no decisión puesto que el demandante es libre de retirar la demanda mientras el demandado no sea notificado. Sólo cuando esto ocurra, el interés de aquél viene a concretarse y a actualizarse.

De forma que en el presente caso ninguno de los pasos previos a la notificación del auto admisorio de la demanda de separación de bienes al demandado, si bien orientados a lograr este objetivo, tenían por sí solos o conectados entre sí, la fuerza suficiente para configurar el interés de la demandante en orden a impugnar como simulados ciertos negocios realizados por su consorte. Ese interés sólo venía a adquirir su perfil de tal cuando se dio el hecho atrás mencionado, mas habiendo sucedido tal cosa con posterioridad a la presentación de la demanda incoativa de este proceso, no es posible decir que él exista en términos que permitan una decisión favorable a la actora.

Pero es que aquí, aun cuando fuera dable extremar las cosas para verlas desde la mera perspectiva de las demandas, no se podría alcanzar una conclusión diferente, puesto que mientras que la demanda de simulación se introdujo el 12 de enero de 1988, la de separación de bienes se vino a presentar el 21 siguiente.

7. De lo discurrido se sigue que el Tribunal no cayó en los yerros de apreciación probatoria que el recurrente le adjudica en el segundo cargo y que, por el contrario, vio las cosas de una manera correcta, puesto que cuando la actora presentó la demanda incoativa del presente proceso su cónyuge aún no había sido notificado del auto admisorio de la demanda de separación de bienes también presentada por aquélla en frente suyo.

Tampoco incurrió en los errores iuris in iudicando denunciados en el cargo primero porque si el interés tiene que existir al tiempo de la presentación de la demanda, incluido aquél que reside en una expectativa cuando la misma resulta jurídicamente tutelable, y esa circunstancia no fue la que se dio en la especie de esta litis, conforme en ese cargo lo admite el propio censor, el Tribunal no pudo incurrir en la violación de las normas por aquél denunciada.

Los cargos, en consecuencia, no prosperan.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley NO CASA la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo del veintitrés (23) de agosto de mil novecientos noventa y uno (1991), proferida dentro del proceso ordinario seguido por María Barragán de Chávez en frente de José Antonio Chávez Barreto, Luis Antonio Corredor y la sociedad Chávez Barreto y Cía. S. en C.

Costas en el recurso de casación a cargo de la parte recurrente. Tásense en su oportunidad.

Rafael Romero Sierra—Nicolás Bechara Simancas—Eduardo García Sarmiento—Carlos Esteban Jaramillo Schloss—Pedro Lafont Pianetta—Héctor Marín Naranjo. 

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