Sentencia 36686 de abril 13 de 2010

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 36686

Acta Nº 11

Magistrada Ponente:

Dra. Elsy del Pilar Cuello Calderón

Bogotá, D.C., trece de abril de dos mil diez.

Resuelve la Corte el recurso extraordinario de casación interpuesto por la apoderada de Elver Iván Torres Herreño, contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil, el 11 de octubre de 2007, dentro del proceso ordinario laboral promovido por el recurrente, contra la Empresa Colombiana de Cables S.A. Emcocables.

Antecedentes

El actor demandó a la referida empresa con el fin de obtener en forma principal el reintegro, con el consecuente pago de los salarios dejados de percibir hasta cuando el mismo se haga efectivo; en forma subsidiaria pidió la reliquidación de las prestaciones y demás derechos laborales, con fundamento en todo el tiempo de servicios; el reconocimiento y pago de las indemnizaciones por despido sin justa causa y la moratoria, la indexación, la pensión sanción a partir del cumplimiento de los 50 años de edad y las costas.

Afirmó que laboró sin solución de continuidad entre el 25 de septiembre de 1978 y el “25 de octubre de 1998” cuando “le fue terminado su contrato en forma unilateral”; el último cargo fue el de operario de trefilería con salario de $ 337.180,oo; la vinculación inicial fue a término fijo por 6 meses, que se prorrogó en forma indefinida “hasta el 21 de septiembre de 1988 cuando le faltaban 4 días para cumplir 10 años de servicio continuo a la empresa, antes de la Ley 50 de 1990”; fue inducido a suscribir un acta, con la promesa de que volverían a firmar un nuevo contrato “el 26 de septiembre de 1988, como en realidad ocurrió y así aparece en un contrato a término indefinido suscrito el 15 de septiembre de 1989”; el 23 de octubre de 1998 fue despedido sin justa causa pero su liquidación “sólo se hizo en el periodo comprendido entre el 24 de octubre de 1988 y el 25 de septiembre de 1998 quedando por fuera su liquidación de más de 10 años de servicio”; nunca se acogió al régimen de la Ley 50 de 1990.

En la contestación, la empresa demandada aceptó la denominación del cargo desempeñado por el actor; aclaró que el último contrato entre las partes tuvo vigencia entre el 24 de octubre de 1988 y el 23 de octubre de 1998, “fecha en la cual se dio por terminado en virtud de la facultad conferida por el artículo 6º de la Ley 50 de 1990 mediante el pago de la indemnización prevista en esta última norma”; explicó que con anterioridad existió otro contrato entre el 25 de septiembre de 1978 y el 21 de septiembre de 1988, “fecha en la cual se dio por terminado por mutuo consentimiento de las partes el cual se elevó a acta de conciliación suscrita ante el Juez Noveno Laboral del Circuito de Bogotá”, en la que se declaró a la empresa a paz y salvo de todas las acreencias laborales derivadas del mismo; precisó que además le pagó al actor $ 400.000,oo, con los que se conciliaron todas las posibles diferencias; adujo que entre el 22 de septiembre de 1988 y el 23 de octubre de 1988 “no existió entre las partes relación laboral ni de ninguna otra índole, por lo que también es injustificada desde el punto de vista fáctico la afirmación en el sentido de que el trabajador presentó (sic) sus servicios sin solución de continuidad”. Se opuso a las pretensiones y formuló las excepciones de: inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, cosa juzgada y prescripción (fls. 40 a 45).

El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Bogotá, por sentencia de 29 de abril de 2005, absolvió a la demandada y le impuso costas al actor (fls. 188 a 195).

La sentencia acusada

Por apelación de la parte actora, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil, quien actuó por virtud de la descongestión dispuesta por el Consejo Superior de la Judicatura, mediante sentencia de 11 de octubre de 2007, confirmó la del a quo. Le fijó costas al recurrente (fls. 4 a 17 c. del tribunal).

En lo que interesa al recurso extraordinario el ad quem destacó que las partes sometieron sus diferencias al acuerdo conciliatorio celebrado ante el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Bogotá, el 27 de septiembre de 1988, “en la que se dejó constancia expresa de que el contrato de trabajo terminaba por mutuo acuerdo, reconociéndose las prestaciones sociales del ex trabajador demandante”.

Aludió y reprodujo, en lo pertinente, algunos pronunciamientos judiciales en torno al tema de la cosa juzgada, luego de lo cual se refirió al artículo 332 del Código de Procedimiento Civil en punto a establecer si lo pretendido en el proceso comprendía lo que fue materia de conciliación. Avizoró identidad entre las partes del proceso y las que realizaron la conciliación; destacó que del examen detenido del acta de folios 46 y 47, “allí se expresó que el contrato terminó el 21 de septiembre de 1988 por mutuo acuerdo de las partes y que ante la controversia suscitada entre las partes con ocasión de la liquidación final se adicionó la suma de $ 400.000,oo la cual fue cancelada ese mismo día a través del cheque Nº 1621881… habiendo sido recibido a entera satisfacción por el demandante y allí mismo se estableció con claridad que el ex trabajador declaraba a paz y salvo por todo derecho laboral que pudiere desprenderse de la relación laboral”.

Sostuvo que “el acta recogió lo que era motivo de discrepancia entre empleadora y trabajador y dentro de ese acuerdo amigable de las partes no se dejó aspecto u obligación laboral que fuese motivo de reclamación posterior, bien por las recomendaciones o fórmulas que el funcionario que la presidió hubo de proponer o por las que las mismas partes debieron presentar. Tal es la apreciación de la Sala, pues como lo apunta en el aparte jurisprudencial preinserto, el inspector hubo de impulsar, controlar y aprobar tal acuerdo y, por ende, en cumplimiento de las normas que protegen los derechos de los trabajadores advirtió y así lo consignó en el auto respectivo, que dicho acuerdo conciliatorio no vulneraba derechos ciertos e indiscutibles del trabajador”. Destacó que los pedimentos de la demanda se resolvieron en la conciliación, “acuerdo de voluntades que nada lo cuestiona porque no se vislumbra vicio de consentimiento que lo invalide”.

Puntualizó que como la conciliación se llevó a cabo ante funcionario competente, “es obvio que a la misma no se le puede desconocer los efectos de cosa juzgada por virtud de lo preceptuado por los artículos 20 y 78 del ordenamiento procesal laboral”. Finalmente acotó que no cabía “la menor duda de que la relación laboral se extinguió por mutuo acuerdo de las partes el 21 de septiembre de 1988, y que una vez liquidada como en efecto así se desprende del acta de conciliación realizada ante el Juez Noveno Laboral del Circuito de Bogotá, las partes suscribieron un nuevo contrato a término indefinido el 24 de octubre de 1988, el cual finalizó sin justa causa el 23 de octubre de 1998, tal y como se desprende de la carta de terminación visible al folio 13 contrato que al igual que el primero fue debidamente liquidado. Ahora, comoquiera que no hay discusión sobre la forma como terminó el último de los contratos, ni sobre la liquidación que por dicha relación recibió el demandante, las súplicas de la demanda no estaban llamadas a prosperar y por ende, fue solución acertada para finiquitar el asunto la decisión tomada por el juzgador de primera instancia, pues es evidente que al existir cosa juzgada sobre la primera relación laboral que existió entre las partes, ninguna consideración válida se torna procedente para dejar sin efecto lo que plasmaron las partes en dicha convención y llegar a la conclusión que quiere el demandante, esto es, que, la relación laboral que existió entre las partes no tuvo solución de continuidad...”.

El recurso de casación

Concedido por el tribunal y admitido por la Corte, propone el recurrente que se case la sentencia acusada, para que, en sede de instancia, revoque la del a quo y acceda a las pretensiones. Con fundamento en la causal primera, formula un cargo, que tuvo réplica oportuna.

Cargo único

Textualmente lo presenta así: “Acuso la sentencia por infringir de manera directa en la modalidad de aplicación indebida de los artículos 20 y 78 del Código de Procedimiento Laboral, en relación con el artículo 4º de la Ley 153 de 1887, los artículos 13, 14, 16, 19, 22, 43, 61, 64, 65, 142, 143, 186, 193, 249, 253, 306 del Código Sustantivo del Trabajo”.

Le endilga al tribunal el haber cometido los siguientes errores de hecho:

“PRIMERO: Dar por válida “el acta que obra a folios 46 a 47 del cuaderno principal, allí se expresó que el contrato terminó el 21 de septiembre de 1988 por mutuo acuerdo de las partes” (fl. 11 cdno. 3 o cdno. del tribunal).

“SEGUNDO: Dar por demostrado, sin estarlo, que “el inspector hubo de impulsar, controlar y aprobar tal acuerdo...” (fl. 11 cdno. 3 o cdno. del tribunal).

“TERCERO: Dar por demostrado, sin estarlo, que “los pedimentos a que se alude en la demanda, se resolvieron en ese acuerdo de voluntades que recoge la conciliación” (fl. 11 cdno. 3 o cdno. del tribunal).

“CUARTO: Dar por demostrado sin estarlo, que hay “acta de conciliación realizada ante el Juez Noveno Laboral del Circuito de Bogotá” (fl. 14 cdno. 3 o cdno. del tribunal).

“QUINTO: Dar por demostrado sin estarlo, que “las partes suscribieron un nuevo contrato a término indefinido el 24 de octubre de 1988” (fl. 14 cdno. 3 o cdno. del tribunal).

“SEXTO: No dar por demostrado, estándolo, con la confesión de folio 67 del cuaderno principal hecha por la representante legal de la demandada, que no existió solución de continuidad durante todo el tiempo en que el demandante trabajó para la demandada.

“SÉPTIMO: Dar por demostrado, sin estarlo, que “aún a pesar de la confesión a la que se refiere el demandante en el escrito de impugnación, dicha manifestación en nada alcanza a modificar el acuerdo conciliatorio que puso fin a la primera relación laboral” (fl. 14 cdno. 3 o cdno. del tribunal).

“OCTAVO: No dar por demostrado, estándolo, que la relación laboral empezó el 24 de septiembre de 1978 (fl. 14 cdno. ppal.) y terminó unilateralmente y sin justa causa por parte del empleador el 23 de octubre de 1998 (fl. 13 cdno. ppal.).

“NOVENO: No dar por demostrado, estándolo, que el empleador no liquidó ni pagó al trabajador las prestaciones sociales ni las indemnizaciones correspondientes, de acuerdo con el tiempo laborado por el trabajador.

“DÉCIMO: No dar por demostrado, estándolo, que el demandado actuó de mala fe al no liquidar las prestaciones sociales del demandante con base en todas las sumas de dinero que le pagó como salario.

“DÉCIMO PRIMERO: No dar por demostrado, estándolo, que desde el 24 de septiembre de 1978 cuando empezó a laborar el demandante para la demandada (fl. 14 cdno. ppal.), hasta la fecha despido unilateralmente y sin justa causa por parte del empleador el 23 de octubre de 1998 (fl. 13 cdno. ppal.), habían transcurrido más de diez años de servicio sin solución de continuidad como lo confesó la representante legal de la demandada (fl. 67 del cdno. ppal.) y en consecuencia, el demandante tiene derecho al reintegro al cargo de operario de trefilería o a uno de igual o superior categoría, con el pago de salarios y prestaciones sociales dejados de percibir desde la fecha del despido hasta su efectivo reintegro”.

Denuncia como pruebas erróneamente apreciadas: los documentos de folios 13, 14, 15 a 17 y 46 a 47 cuaderno principal, la confesión del representante legal de la demandada (fl. 67 cdno. ppal.) y los documentos de folios 57 a 59 cuaderno principal.

Destaca y reproduce lo que el tribunal consignó respecto del documento de folios 46 a 47, en especial que se hubiera afirmado que “el inspector hubo de impulsar, controlar y aprobar tal acuerdo…”, para significar que el error en las consideraciones es evidente “por la falta de firma de quien figura allí registrado como juez. Ni siquiera el secretario del juzgado firmó ese documento” y que así “no hay conciliación entre las partes de este litigio”.

Critica que el tribunal le hubiera dado al documento aludido, “alcances de conciliación sin tenerlos”, por lo que todos los soportes de la sentencia con fundamento en documental carente de firmas, no se puede tomar para reconocer la existencia de la cosa juzgada, ya que era ineludible que cumpliera con “la aprobación del juez o inspector del trabajo”.

Reproduce la parte en la que el ad quem precisó que “(…) el inspector hubo de impulsar, controlar y aprobar tal acuerdo… que dicho acuerdo conciliatorio no vulneraba derechos ciertos e indiscutibles del trabajador” y afirma que de la simple lectura del documento se advierte que “no registra intervención de ningún inspector, aparece el nombre de una persona como juez, pero sin su firma”.

También cuestiona que el tribunal, a pesar de advertir la confesión de la representante legal de la demandada (fl. 67), hubiera considerado que “dicha manifestación en nada alcanza a modificar el acuerdo conciliatorio que puso fin a la primera relación laboral”; afirma que “salta a la vista el error al no dar los efectos jurídicos propios a la confesión y negarle sus efectos ligándola a una conciliación que no existe en el mundo jurídico”.

Sostiene que lo evidente en el proceso (fl. 14) es que la relación laboral entre las partes, “empezó el 24 de septiembre de 1978 y terminó por decisión unilateral y sin justa causa el 23 de octubre de 1998, situación que prevalece sobre todas las argucias a que acudió la demandada para violar los derechos del demandante”, lo que demuestra la mala fe de la empleadora, porque además no le pagó “oportuna y en forma completa los salarios, prestaciones sociales y aportes a seguridad social como legalmente le corresponde”.

Indica que los documentos de folios 13 y 14, además de la confesión del representante legal de la demandada (fl. 67), evidencian que el actor laboró por más de 20 años, sin solución de continuidad y en consecuencia, tiene derecho al reintegro solicitado, con el pago de salarios y prestaciones dejados de percibir, hasta cuando se haga efectivo.

Finalmente plasma varias consideraciones en punto a lo que se debe hacer para la definición de instancia, una vez casada la sentencia recurrida.

La réplica

Sostiene que si bien el documento de folio 46 y 47 carece de la firma del Juez Noveno Laboral del Circuito de Bogotá, “no existe ninguna controversia en cuanto a que el acuerdo efectivamente se llevó a cabo, que el actor recibió la suma adicional mencionada en el párrafo anterior y que tanto él como el apoderado de la empresa comparecieron a las instalaciones del Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Bogotá el día 27 de septiembre de 1988, con el propósito de suscribir el acta de conciliación mencionada”; destaca que el actor, al responder a la pregunta “diga como es cierto si o no que la vinculación que usted inició con Emcocables en 1978 se dio por terminada el 21 de septiembre de 1988 mediante la firma de un acta de conciliación ante el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Bogotá, el demandante contestó “si es cierto”, por lo que la supuesta inexistencia del acta, por la falta de firma del funcionario judicial, no puede estructurar el error reclamado.

Aduce que de todos modos, al actor no le vulneraron los derechos ciertos e indiscutibles, “teniendo en cuenta que, en virtud del acuerdo, la entidad que represento le reconoció al demandante no solo la totalidad de acreencias laborales causadas en su favor, sino una suma adicional, precisamente con la finalidad de precaver cualquier litigio eventual”.

En suma, afirma que el tribunal no incurrió en los errores de hecho que se le imputan.

Se considera

Dos aspectos fundamentales se plantean en el recurso extraordinario; por una parte, se cuestiona la validez del acuerdo suscrito entre las partes (fls. 46 a 47) y por la otra, si la relación laboral tuvo dos momentos como lo precisó el tribunal o, si en realidad fue ininterrumpida, esto es, “sin solución de continuidad”, como lo afirma la censura.

Frente al primer aspecto, se advierte que el ejemplar del “Acta Nº 177” de folios 46 a 47, titulada “Audiencia pública especial de conciliación”, pese a que está suscrita por el actor y el apoderado de “Emcocables”, en realidad, carece de la firma del Juez Noveno Laboral del Circuito de Bogotá y de su secretario; no obstante, no se puede desconocer que el mismo actor, desde la demanda, la reconoció, puesto que en el hecho 5º afirmó que: “El día 21 de septiembre de 1988 el director de relaciones industriales obligó al actor a suscribir un acta de mutuo acuerdo, en la que supuestamente el Sr. Elver Iván Torres presentaba renuncia de su cargo”; es decir, cuestionó la voluntad o el consentimiento, pero no la forma del acto, como lo anota la réplica. Adicionalmente, en el interrogatorio de folios 88 a 90, a la “SEGUNDA PREGUNTA: Conforme su respuesta anterior, diga como es cierto, sí o no, que la vinculación que usted inició en Emcocables en 1978 se dio por terminada el 21 de septiembre de 1988 mediante la firma de un acta de conciliación ante el Juzgado Noveno Laboral de Bogotá. CONTESTÓ: Si es cierto” y a renglón seguido, explicó que lo hizo, obligado por la amenaza de la empresa de que si no firmaba la renuncia, sería despedido.

Así, no se puede pasar por alto, que en las instancias, no fue objeto de discusión, de debate, o de controversia, el aspecto relativo a la ausencia de las firmas del funcionario judicial y su secretario en la precitada acta; bajo esas circunstancias, ningún pronunciamiento podía esperarse del juzgador de primer grado en torno al tema; tampoco fue materia en la apelación y consecuentemente, el juzgador de alzada no podía referirse a ello; entonces, lo ahora esbozado, es un punto nuevo, improcedente de plantear en el recurso extraordinario; admitirlo alteraría todo el proceso y vulneraría el derecho de defensa de la demandada.

Si bien el tribunal incurrió en imprecisiones frente al reseñado documento, al consignar que “el inspector hubo de impulsar, controlar y aprobar tal acuerdo” (resaltado de la Sala), y al inferir que “los pedimentos a que se alude en la demanda, se resolvieron en ese acuerdo”, que no corresponde con la verdad, son errores sin trascendencia, porque en lo que importa al proceso, lo fundamental fue que encontró demostrado que un supuesto primer contrato terminó el 21 de septiembre de 1988, por acuerdo de las partes.

Después de estas precisiones, corresponde señalar que el segundo aspecto propuesto por el recurrente apunta a que en realidad existió una relación laboral, esto es, que no hubo solución de continuidad en el contrato. Sobre el punto se observa:

El interrogatorio rendido ante el juzgado del conocimiento, por la representante de la empresa demandada (fls. 66 a 67), contrario a lo que plasmó el ad quem en su fallo, sí tiene una indudable trascendencia en punto a lo pretendido. A la “PRIMERA PREGUNTA: Diga como es cierto, si o no, que el señor Elber Iván Torres Herreño se vinculó a la empresa que usted representa por contrato individual de trabajo a término fijo inferior a un año el día 25 de septiembre de 1978. CONTESTÓ: Si es cierto”. SEGUNDA PREGUNTA: Diga como es cierto, si o no, que una vez terminado el contrato a término fijo a que se hizo alusión en la respuesta anterior el señor Elver Torres siguió contratado a término indefinido por la empresa. CONTESTÓ: Si es cierto. QUINTA PREGUNTA: Diga como es cierto, si o no, que el contrato de trabajo que vinculaba al actor con la empresa termino (sic) en forma unilateral y sin justa causa el día 23 de octubre de 1998. CONTESTÓ: Si es cierto. SEXTA PREGUNTA: Diga cómo es cierto, si o no que entre las diferentes relaciones laborales del trabajador con la empresa no existió solución de continuidad durante todo el tiempo de servicio. CONTESTÓ: Si es cierto no existió solución de continuidad (lo subrayado y destacado es de la Sala).

A folio 14, incluido el respaldo, reposa el primer contrato de trabajo “a término fijo inferior a un año” por el término de (6) meses, con fecha de suscripción “24 de septiembre de 1978”, fecha de iniciación de labores “25 de septiembre de 1978” y de vencimiento el “24 de marzo de 1979”, el cual si bien contiene el nombre “Torres Herreño Elver Iván”, carece de la firma del trabajador, no obstante, como la misma parte actora lo aportó, se entiende su total conformidad; quiere significar que se prorrogó en forma continuada hasta el 24 de septiembre de 1988, pero se le puso fin a la relación, el 21 de septiembre de 1988, a escasos 3 días de cumplir los 10 años de servicios; precisamente ese lapso de servicios precisado lo refrenda el certificado expedido por el director de relaciones industriales de la demandada (fl. 12).

A folios 15 a 17 reposa copia del contrato de trabajo suscrito entre las partes, el 15 de septiembre de 1989, en el que se destaca el texto de la cláusula “TRIGÉSIMA. El presente contrato sustituye, de común acuerdo, en todos sus términos y partes, al contrato de trabajo suscrito entre las partes el día 26 de septiembre del año de 1988; tal sustitución se surte para todos los efectos legales a que hubiere lugar; no obstante dicha sustitución, las partes acuerdan establecer que la fecha de iniciación de labores del TRABAJADOR es la correspondiente al contrato sustituído (sic) es decir, el 24 del mes de octubre de 1988” (lo destacado hace parte del contrato). Lo anterior refleja que las partes acordaron la reanudación de la relación laboral 4 días después de celebrada la conciliación.

Si se conjuga la confesión precedentemente aludida con la cláusula reproducida del contrato, no queda duda de que la relación del actor con la empresa demandada fue ininterrumpida, así se hubiera querido ocultar, a través de la conciliación del 21 de septiembre de 1988, cuyo objetivo no podía ser otro que el de soslayar los efectos previstos por el numeral 5º del artículo 8º del Decreto 2351 de 1965.

De conformidad con lo explicado, resulta patente que el tribunal incurrió en los errores de hecho sexto, séptimo y octavo señalados por la censura, con la entidad suficiente para anular la sentencia acusada, y en ese sentido debe señalarse la equivocación en que incurrió el ad quem al avalar la conclusión del juez del conocimiento y ratificar que en el presente asunto, no se podía “desconocer los efectos de cosa juzgada”, porque precisamente la aspiración del actor era que se tuviera en cuenta que fue aparente, no real la terminación del contrato que figura en ese documento, en el que aparece como extremo final el 21 de septiembre de 1998.

Para la definición de instancia es imperioso afirmar que la relación laboral del actor al servicio de la empresa demandada transcurrió en forma ininterrumpida durante 20 años y 29 días (25 de septiembre de 1978 y el 23 de octubre de 1998), cuando fue terminada en forma unilateral y sin justa causa por el empleador.

La norma vigente cuando ocurrió el despido injusto, era el numeral 5º del artículo 8º del Decreto 2351 de 1965 “terminación unilateral del contrato sin justa causa”, que textualmente reza: “5. Con todo, cuando el trabajador hubiere cumplido diez (10) años continuos de servicios y fuere despedido sin justa causa, el juez del trabajo podrá, mediante demanda del trabajador, ordenar el reintegro a este en las mismas condiciones de empleo de que antes gozaba y el pago de los salarios dejados de percibir, o la indemnización en dinero prevista en el numeral 4º, literal d de este artículo. Para decidir entre el reintegro o la indemnización, el juez deberá estimar y tomar en cuenta las circunstancias que aparezcan en el juicio, y si de esa apreciación resulta que el reintegro no fuere aconsejable en razón de las incompatibilidades creadas por el despido, podrá ordenar, en su lugar, el pago de la indemnización”.

No hay argumento alguno esbozado por la demandada en punto a que no fuera aconsejable el reintegro del actor; tampoco se puede llegar a tal conclusión de los elementos obrantes al proceso.

No obstante, la empresa accionada formuló la excepción de prescripción, que debe referirse a la que contempla la Ley 48 de 1968, que en su artículo 3º numeral 7º, reza: “La acción de reintegro que consagra el numeral 5º del artículo 8º del Decreto 2351 de 1965, prescribirá en el término de tres meses contados desde la fecha del despido”.

Sobre el particular, conviene destacar, que después del despido injusto (23 de septiembre de 1998) que es un punto indiscutido en el proceso, el actor le solicitó al Ministerio de Trabajo, el 17 de diciembre siguiente (fls. 10 a 11 y 18 a 19), fijar fecha para la audiencia de conciliación que en su momento era un “requisito de procedibilidad, para acudir ante la jurisdicción en asuntos laborales”, conforme con el artículo 68 de la Ley 446 de 1998; luego, aparece con fecha 31 de mayo de 1999 (fl. 29 y vto.), que se llevó a cabo la diligencia, en la que no hubo acuerdo; después de la última fecha, el 26 de julio de 1999, esto es, al mes y 26 días (fl. 30), el juzgado del conocimiento admitió la demanda en cuestión. En esas condiciones y comoquiera que solo existe certeza de que la empresa conoció la reclamación del actor, respecto del reintegro el día de la celebración de la audiencia, no puede estimarse que para el 17 de diciembre de 1998 se interrumpió el término prescriptivo, amén de la falta de prueba de habérsele entregado copia o de habérsele enterado del reclamo que pretendía formular el demandante. Luego “La acción de reintegro que consagra el numeral 5º del artículo 8º del Decreto 2351 de 1965, quedó inexorablemente afectada por la prescripción y así deberá declararse.

Al resultar fallida la pretensión principal, procede el examen de las subsidiarias.

Respecto de la “reliquidación de las prestaciones sociales y demás derechos laborales teniendo en cuenta todo el tiempo de servicios”, se observa que este título involucra necesariamente el reajuste de las cesantías que se pidieron con el cómputo de todo el tiempo por haberse desarrollado el vínculo contractual del 25 de septiembre de 1978 al 25 de octubre de 1998; sin embargo, debe advertirse que existe una comunicación a folio 56, en la cual el actor dirigió un escrito al “dpto. de recursos humanos Emcocable S.A.”, que en lo pertinente reza: “quiero informarles que a partir del día septiembre 28 de 1992, con conocimiento y en forma voluntaria, deseo cambiar el régimen de tratamiento de mis cesantías, para que a partir de la fecha mencionada se me incluya dentro del régimen de la Ley 50 de 1990 correspondiente a los fondos de cesantías. En consecuencia, declaro que a la fecha he recibido el valor de mis cesantías causadas y por consiguiente la empresa se entiende a paz y salvo por este concepto…”; por ello, no hay lugar a la pretendida reliquidación.

Ahora bien, respecto de la pretensión relativa a la indemnización por despido sin justa causa.

Quedó clarificado precedentemente que la relación laboral del actor al servicio de la demandada transcurrió en forma ininterrumpida durante 20 años y 29 días, entre el 25 de septiembre de 1978 y el 23 de octubre de 1998. La norma aplicable a la última fecha era la Ley 50 de 1990, que empezó a regir el 1º de enero de 1991; para ese momento, el trabajador tenía más de 12 años de servicios.

Según el artículo 6º de la ley precitada, por la terminación unilateral y sin justa causa procede la siguiente indemnización:

“4. En los contratos a término indefinido, la indemnización se pagará así:

“a) Cuarenta y cinco (45) días de salario cuando el trabajador tuviere un tiempo de servicios no mayor de un (1) año.

“PAR. TRANS.—Los trabajadores que al momento de entrar en vigencia la presente ley tuvieren diez (10) o más años al servicio continuo del empleador, seguirán amparados por el ordinal 5º del artículo 8º del Decreto-Ley 2351 de 1965, salvo que el trabajador manifieste acogerse al nuevo régimen”.

El artículo 5º del Decreto 2351 de 1965, reproducido al folio 19 de esta providencia contiene el tema del reintegro ya clarificado; en su defecto prevé “la indemnización en dinero prevista en el numeral 4º literal d) de este artículo”, que es del siguiente tenor:

“d) Si el trabajador tuviere diez o más años de servicio continuo se le pagarán treinta (30) días adicionales de salario sobre los cuarenta y cinco días básicos del literal a), por cada uno de los años de servicio subsiguientes al primero y proporcionalmente por fracción.

Conforme al tiempo estipulado, la indemnización corresponde a 617,42 días de salario, que a una base diaria de $ 29.471,49 arroja un total de $ 18.196.287,35, suma a la que se le descontará lo cancelado por la empresa demandada por dicho concepto (fl. 49), $ 11.935.955,oo, para una diferencia a cargo de la accionada de $ 6.260.332,35, que indexada al 13 de abril de 2010, fecha de la presente decisión, según la siguiente fórmula arroja un gran total de $ 12.648.005,83.

 

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Como se precisó, no hay lugar a reliquidar la cesantía; tampoco existe elemento de prueba que indique que a la terminación de la relación laboral no se le hubiera cancelado al actor los salarios y demás prestaciones; al contrario, el contenido de los folios 48 a 51 indica que al demandante le pagaron lo adeudado por dichos conceptos. En consecuencia, no se accederá a la pretensión relacionada con la indemnización moratoria, en los términos del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo.

Tampoco es posible acceder a la pensión sanción, porque de todos modos, con fundamento en lo plasmado por el artículo 8º de la Ley 171 de 1961, que la consagra a favor de los trabajadores despedidos sin justa causa, después de 10 ó de 15 años de servicios, como jurisprudencialmente se ha sostenido, no aplica para los trabajadores que hubieren sobrepasado los 20 años de servicios que como en el caso del actor, le generó la expectativa a obtener la pensión de jubilación cuando llegue a la edad requerida para ello. Por lo tanto, no resulta acertado pretender obtener la pensión “sanción o restringida” por haber sobrepasado los 20 años de servicios.

Así las cosas, se revocará parcialmente la sentencia de primer grado en cuanto absolvió de la pretensión subsidiaria relacionada con la indemnización por despido injusto y en cuanto le impuso costas al actor; en su lugar, se condenará a la empresa demandada a cancelar la diferencia por indemnización por despido injusto, debidamente indexada.

Sin costas, dada la prosperidad del recurso, las de las instancias a cargo de la demandada.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia de 11 de octubre de 2007, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil, dentro del proceso instaurado por Elver Iván Torres Herreño contra la Empresa Colombiana de Cables S.A. Emcocables.

En sede de instancia, se revoca parcialmente la sentencia del 29 de abril de 2005, proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Bogotá en cuanto absolvió de la pretensión subsidiaria relacionada con la indemnización por despido injusto y en cuanto le impuso costas al actor; en su lugar se condena a la empresa demandada a pagarle al actor, por concepto de diferencia de la indemnización por despido injusto debidamente actualizada, la suma de $ 12.648.005,83. En lo demás se confirma.

Sin costas en el recurso extraordinario, las de las instancias a cargo de la empresa demandada.

Cópiese, notifíquese y devuélvase al tribunal de origen.

Magistrados: Elsy del Pilar Cuello Calderón—Eduardo López Villegas—Luis Javier Osorio López—Francisco Javier Ricaurte Gómez—Camilo Tarquino Gallego.