Sentencia 36689 de junio 1 de 2010

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad. 36689

Acta 18

Magistrado Ponente:

Dr. Camilo Tarquino Gallego

Bogotá, D.C., primero de junio de dos mil diez.

EXTRACTOS «Se considera

Tal como lo advierte la réplica, los cargos que se elevan contra la sentencia del tribunal, presentan graves defectos de técnica que imposibilitan su estudio de fondo.

No obstante que la acusación se dice orientada por el sendero de puro derecho, en los cargos 1, 3 y 4 el impugnante hace alusión a las pruebas que obran en el expediente, que hacen referencia a las copias de la convención colectiva y a sentencia del Consejo de Estado, lo que resulta incompatible con la vía directa escogida y lo que deja ver una gran confusión del censor sobre las formas previstas por el legislador para controvertir una sentencia valiéndose del recurso extraordinario de casación.

La Sala insiste que la casación como medio de impugnación extraordinario, contiene exigencias de orden legal y jurisprudencial, que deben ser acatadas por quien acude a él. Entre sus requisitos está la coherencia entre la vía seleccionada y el estatuto de valor que le es propio. Así, quien escoge como vía de ataque la directa, debe allanarse a las conclusiones fácticas contenidas en el fallo así como al análisis probatorio realizado por el fallador para dar por establecidos los hechos del proceso, y mantener la controversia en un plano estrictamente jurídico.

Por el contrario, quien opta por el sendero indirecto, disiente de todos o algunos de los soportes fácticos de la sentencia, por lo tanto debe orientar su ataque en ese sentido, sin que esté permitido en uno y otro caso, acudir de manera indiscriminada a argumentos propios de cada una de esas vías.

En este caso, el recurrente presentó extensos argumentos, sin un discurso coherente y lógico, en los cuatro cargos, que desarrollan similares argumentos y persiguen el mismo objetivo, que no es otro que solicitar el reintegro del demandante, por cuanto expuso, que es beneficiario de la figura del fuero circunstancial, debido a que para la época del despido, existía un conflicto colectivo y el sindicato del cual es parte, había presentado un pliego de peticiones.

No obstante lo anterior, los cargos no tendrían vocación de prosperidad, debido a que la censura no cuestionó, en forma adecuada, la razón esencial que tuvo el tribunal para desestimar la pretensión de reintegro, cual fue la de no poder determinar con certeza si para la fecha del despido, la actora estaba protegida por el fuero circunstancial, debido, en primer lugar a que frente a lo que advertido en el hecho 7° de la demanda relacionado con que “habiéndose presentado el pliego de peticiones, este se devolvió al sindicato, por cuanto el pliego y la denuncia parcial de la convención fueron tramitados de manera extemporánea y desconociendo los términos y condiciones de Ley…”, amén de que las pruebas documentales aportadas al proceso, que son la convención colectiva y la sentencia del Consejo de Estado, no cumplían con las exigencias legales, pues la primera no tenía constancia de depósito y la segunda no contaba con las firmas.

En las condiciones anteriores, es claro que el fallo cuestionado permanece inmodificable, dado que le correspondía a la parte recurrente, de un lado, por la vía de los hechos demostrar la equivocación del tribunal, eventualmente controvirtiendo la demanda (hecho 7°) y su contestación, para probar que el pliego no había sido presentado extemporáneamente y, de otro, que las convenciones colectivas sí tenían la constancia de depósito.

En ese orden, y en lo que tiene que ver con la última parte anotada, precisa recordarle a la censura que la solemnidad prevista por el artículo 469 del Código Sustantivo del Trabajo, es insoslayable por el juzgador, de tal suerte que si un convenio colectivo, aceptado en fotocopia simple, así sea auténtico, no registra el sello de depósito ante el Ministerio de la Protección Social, no tendrá validez probatoria alguna, porque es claro que no será posible determinar si el depósito se cumplió dentro del término legal previsto en la norma citada.

De otro lado, no resulta desacertado que el fallador de alzada tampoco hubiera tenido en cuenta el fallo del Consejo de Estado que dice la parte se allegó al proceso, si no contaba con las firmas de quienes lo emitieron, pues es evidente que sin ellas no podía verificar, al momento de resolver, si realmente procedía de dicha Corporación y si su contenido era exacto.

En cuanto a la solicitud invocada por la censura en el cuarto cargo, acerca de la práctica de pruebas en el recurso de casación, recuerda la Corte que, en tanto actúa como tribunal de casación, no puede decretar pruebas de oficio, pues de conformidad con el artículo 99 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, solo podrá dictar auto para mejor proveer, cuando hallare justificada las causales alegadas en casación y asuma la función de Instancia, que no es lo que se presenta en este asunto.

Por lo anterior, no aparecen demostrados los errores jurídicos y de hecho que se le endilgan al tribunal. En tal virtud los cargos se desestiman.

Las costas en casación a cargo del recurrente, dado que hubo réplica.

Por lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, no casa la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, el 21 de abril de 2008, en el proceso promovido por Ingrid Yalile Bolívar Jiménez contra la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. - Findeter S.A.

Costas a cargo de la parte de la parte recurrente.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen».