Sentencia 36706 de septiembre 7 de 2010 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 36706

Acta 32

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Javier Osorio López

Bogotá, D.C., siete de septiembre de dos mil diez.

Decide la Corte el recurso de casación que interpuso la parte demandante, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 17 de abril de 2008, en el proceso ordinario adelantado por Carlos Humberto Botero Giraldo contra el municipio de Medellín.

EXTRACTOS: «V. El recurso de casación

Lo interpuso la parte demandante con fundamento en la causal primera de casación laboral consagrada en el artículo 87 del Código de Procedimiento Laboral y de la S.S., modificado por el 60 del Decreto 528 de 1964, con el cual pretende, según lo dijo en el alcance de la impugnación, que se case totalmente la sentencia recurrida, y en sede de instancia esta Sala confirme la decisión de primer grado y la adicione en cuanto a los “reajustes de salarios por la vigencia de la convención, prima extra, prima de vacaciones, prima de antigüedad, aguinaldo, prima de navidad, dotación de uniformes y calzado de labor, suplemento alimenticio, y auxilio de transporte”, proveyendo sobre costas como corresponda.

Con tal objeto formuló dos cargos que fueron replicados, de los cuales por razones de método se decidirá inicialmente el segundo, y de ser necesario se abordará el estudio del primero.

VI. Segundo cargo

Acusa la sentencia recurrida de infringir por la vía indirecta, en el concepto de aplicación indebida “... el artículo 292 del Decreto 1333 de 1986, en relación con los artículos 5º del Decreto 3135 de 1968, 4º del Decreto 2127 de 1945, 81 del Decreto 222 de 1983, 486, y 487 del Código Sustantivo del Trabajo, artículos 25, 55 y 93 de la Constitución Nacional”.

Como errores de hecho en que incurrió el Tribunal, indica:

“— No dar por demostrado, estándolo, que el demandante ostento la condición de trabajador oficial.

— No dar por demostrado, que las labores desempeñadas por el demandante como técnico de pavimentos, corresponden a las de los trabajadores oficiales del municipio de Medellín.

Señala, que los referidos errores se produjeron como consecuencia de la apreciación errónea de los documentos obrantes a folios 25 a 28.

Para demostrarlo transcribe el texto completo del documento visible a folio 26 del cuaderno del juzgado, que contiene las funciones específicas que desempeña el actor, y agrega en lo que interesa:

“No queda duda y contrario a lo que concluye el tribunal consistente en que el demandante cumplía labores de garantizar que los demás empleados del municipio cumplieran sus funciones, de cara a lo que consigna el transcrito documento ello resulta equivocado, pues es demasiado claro que el trabajador cumplía funciones técnico materiales dedicadas a la construcción de la vías públicas del municipio de Medellín, propias de un servidor estatal que se denomina trabajador oficial, pues, indudablemente, están referidas a la construcción, sostenimiento de una obra pública, dado que quien vigila que las obras queden en las adecuadas condiciones de orden técnico que se requieren, quien revisa la calidad de los materiales, haga mediciones, tome temperaturas, esté velando por el mantenimiento en el tiempo de la obra y, obviamente contribuyendo a su construcción; labor que, dicho sea de paso y sin desviar el sendero- es permanente, en tanto las vías públicas de cualquier ciudad sufren un notorio deterioro y una mengua en sus condiciones por el alto tráfico que tienen que soportar, y en esas condiciones, deben ser reparchadas o repavimentadas con cierta periodicidad; obviamente que en cada una de ellas, y según lo reseña la prueba aludida, debía intervenir el actor para el cabal desempeño de las labores de que da cuenta el documento que atrás se transcribió.

(...)”.

VII. La réplica

La oposición por su parte, expresa que el Tribunal estimó correctamente los documentos de folios 25 a 28, pues de ellos no dedujo nada distinto de lo que muestran, y su conclusión es jurídica y no un problema de apreciación probatoria.

VIII. Se considera

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 7º de la Ley 16 de 1969, que modificó el 23 de la ley 16 de 1968, el error de hecho para que se configure es necesario que venga acompañado de las razones que lo demuestran, y a más de esto, como lo ha dicho la Corte, que su existencia aparezca notoria, protuberante y manifiesta, y provenga de la falta de apreciación o errada valoración de pruebas calificadas como el documento auténtico, la confesión judicial o la inspección ocular, hoy judicial según el artículo 52 Ley 712 de 2001.

El documento obrante a folio 26 del cuaderno del juzgado, que contiene las funciones específicas que cumple el demandante, es del siguiente tenor:

“1. Programar, controlar y verificar la ejecución de las obras de mantenimiento y rehabilitación de pavimentos de la ciudad, realizando visitas de campo, con el fin de garantizar el cumplimiento de las normas y especificaciones establecidas.

“2. Coordinar las mediciones de los pavimentos y la toma de muestra de materiales para los ensayos de laboratorio, con el fin de determinar condiciones del suelo y el trabajo a ejecutar.

“3. Coordinar la distribución del personal requerido para la ejecución de las obras a cargo de la secretaría de acuerdo con los programas a realizar, con el fin de llevar el control del horario y tiempo extra del personal.

“4.B. asesoría técnica o administrativa a los encargados de la ejecución de las obras de pavimentación, teniendo en cuenta las instrucciones dadas por el ingeniero de la obra, con el fin de contribuir al cumplimiento de los trabajo.

“5. Controlar la implementación de la señalización de las vías en donde se van a realizar trabajos de pavimentos, con el fin de facilitar la ejecución de los mismos y prevenir accidentes.

“6. Realizar estudios para el diseño, mantenimiento y rehabilitación de los pavimentos de la ciudad, para conservar las vías públicas en condiciones adecuadas.

“7. Programar los recursos físicos y tecnológicos necesarios para llevar a cabo la ejecución de las obras que le sean asignadas, teniendo en cuenta las especificaciones de la obra, con el fin de llevar el control de su utilización y realizar el reintegro de los sobrantes.

“8. Participar en la interventoría de los contratos de pavimentos, con el fin de verificar que se cumplan las condiciones establecidas para la ejecución.

“9. Desempeñar las demás funciones asignadas por su jefe inmediato de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo...”.

Del análisis objetivo de dicha prueba, encuentra la Sala que el actor, quien ocupa el cargo de técnico de pavimentos, lo cual no se discute, interviene de una manera personal y directa en las obras ejecutadas por el ente demandado en vías públicas en materia de pavimentos, en la medida en que programa, controla y verifica su ejecución, realiza visitas con el fin de garantizar el cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas establecidas; además coordina las mediciones de los pavimentos, la toma de muestra de materiales para los ensayos de laboratorio, y la distribución del personal requerido, entre otras actividades; todo lo cual lleva a concluir que realiza un trabajo de campo propio de los trabajadores oficiales.

Siendo ello así, es evidente el error en que incurrió colegiatura en la apreciación de la prueba referida, al inferir que las funciones que cumple el demandante no guardan relación directa con la construcción y sostenimiento de obras públicas y que están orientadas solo a garantizar que estas se ejecuten por otras personas; por lo que el cargo prospera y habrá de casarse la sentencia recurrida, lo cual releva a la Sala de abordar el estudio del primero que persigue el mismo fin.

Para mejor proveer y en sede de instancia poder proferir la sentencia que corresponda, se ordena oficiar el ente territorial demandado para que en un término no superior a 10 días, certifique en qué porcentaje ha incrementado año por año el salario de los trabajadores oficiales a su servicio desde el 1º de enero de 2001; y en relación con el demandante, en qué porcentaje le ha aumentado su salario, a partir de ese año, y cuáles pagos le ha hecho por todo concepto salarial y prestacional, desde la misma fecha hasta el momento.

Sin costas en el recurso extraordinario por cuanto la acusación salió avante; en las sentencia de reemplazo se resolverá sobre las costas e las instancias.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, casa la sentencia proferida por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 17 de abril de 2008, en el proceso ordinario adelantado por Carlos Humberto Botero Giraldo contra el municipio de Medellín.

Para mejor proveer y en sede de instancia proferir la sentencia que corresponda, se ordena oficiar el ente territorial demandado para que en un término no superior a diez (10) días, certifique en qué porcentaje ha incrementado año por año el salario de los trabajadores oficiales a su servicio desde el 1º de enero de 2001; y en relación con el demandante, en qué porcentaje le ha aumentado su salario, a partir de esa fecha, y qué pagos le ha hecho por todo concepto salarial y prestacional, desde la misma fecha hasta el momento.

Cumplido lo anterior, vuelva el expediente al despacho para proferir la correspondiente sentencia de instancia. Sin costas en el recurso extraordinario.

Cópiese, notifíquese y publíquese».