Sentencia 36756 de septiembre 7 de 2010

 

Sentencia 36756 de septiembre 7 de 2010 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 36756

Magistrado Ponente:

Dr. Gustavo José Gnecco Mendoza

Acta Nº 32

Bogotá, D.C., siete de septiembre de dos mil diez.

EXTRACTOS: «Se resuelve el recurso de casación interpuesto por el Fondo de Pasivo Social de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 29 de febrero de 2008, en el proceso ordinario laboral promovido contra la entidad recurrente por Amilton Carvajal Serrano.

(…).

IV. Consideraciones de la Corte

El aspecto jurídico que controvierten los cargos que presenta la acusación, con argumentos afines, se refiere a la imposibilidad que tiene el hijo discapacitado de beneficiarse de la pensión de sobrevivientes, que se causaría con el fallecimiento de su padre, por el hecho de haber contraído matrimonio, dado que dicho vínculo determina la presunción legal relativa a que no hay dependencia económica.

Importa anotar, en primer lugar, que en los términos del artículo 66 del Código Civil:

“Se dice presumirse el hecho que se deduce de ciertos antecedentes o circunstancias conocidas.

“Si estos antecedentes o circunstancias que dan motivo a la presunción son determinados en la ley, la presunción se llama legal” (…).

Como el recurrente insiste en los tres cargos en la existencia de una presunción legal, de conformidad con lo estatuido en la trascrita norma del estatuto civil, ha debido indicar con precisión la disposición legal en la cual se halla establecida la presunción que alega, lo que en verdad no hace, pues se limita a afirmar que “…el hecho de la existencia del matrimonio, por presunción legal impide la dependencia económica de un tercero ajeno a ese vínculo, por cuanto que de esa institución nace solo la comunidad de bienes matrimoniales y la ayuda mutua entre los cónyuges por ser el matrimonio de carácter voluntario, responsable de conformar una familia…”. Ese razonamiento es, a todas luces, insuficiente para demostrar la presunción legal que se preconiza, porque en verdad corresponde a una deducción jurídica sobre los efectos del matrimonio que, con todo, está lejos de constituir una presunción legal.

Por otra parte, cabe resaltar que la dependencia económica es un hecho real, que se presenta cuando una persona no se procura por sí misma los ingresos necesarios para subsistir, que, por lo tanto, le son suministrados por otra. No se trata, entonces, de una condición jurídica que dependa del estado civil de la persona, sino de una situación cierta y comprobable que se presenta en su vida, con ocasión de la incapacidad para subsistir por sus propios medios. Si ello es así, no puede desvirtuarse por el estado civil que tenga la persona.

Lo expuesto sería suficiente para restarle prosperidad a las acusaciones, pero como en los cargos se traen otros argumentos jurídicos, relacionados con la naturaleza jurídica de la familia, las obligaciones que surgen del matrimonio y la institución de los alimentos, a ellos se dará respuesta.

Es preciso comenzar resaltando la especial protección que la Carta Política brinda a la familia, por razón de su carácter de núcleo fundamental de la sociedad, así como las obligaciones que impone a quienes resuelven conformarla, particularmente las concernientes al deber de educar y sostener a los hijos mientras sean menores o impedidos, preceptiva contenida en el artículo 42, que interesa al caso en cuanto protege a los hijos inválidos, sin establecer restricciones de ninguna clase, como la pregonada por la censura.

Es natural que los lazos de sangre más cercanos originen especiales sentimientos de protección y amparo, pues son innatos a la naturaleza humana y se caracterizan por no estar limitados en el tiempo, porque lo normal es que subsistan aunque se conformen nuevas unidades familiares. Es connatural al ser humano el espíritu de solidaridad hacia sus semejantes, tanto más intenso en cuanto medien vínculos familiares, y eso es lo que explica el especial mandato constitucional arriba citado, que se concreta en obligaciones y prohibiciones que, desde luego, tienen desarrollo legal.

En efecto, en la legislación civil se ha instituido la obligación de suministrar alimentos a determinadas personas, que tienen un lugar en la familia, con excepción de quien hizo una donación cuantiosa si no hubiere sido rescindida o revocada. Concretamente, prevé el artículo 411 del Código Civil que para la impugnación fue quebrantado, que se deben alimentos al cónyuge, a los descendientes, a los ascendientes, a los hijos adoptivos, a los padres adoptantes y a los hermanos.

Y ese deber se establece respecto de quien no tenga los medios de subsistencia necesarios para sostenerse de un modo acorde con su posición social o para sustentar la vida, como lo dispone el artículo 420 del Código Civil, que no establece la restricción a la que alude la censura.

De otro lado, cumple reseñar que del artículo 422 del Código Civil se desprende, como regla general, que se deben alimentos mientras subsista para la persona a quien se deben la imposibilidad de procurárselos, sin importar su edad, (pues se entienden concedidos por toda la vida del alimentario), o su estado civil. Señala esa norma en su inciso primero:

“Los alimentos que se deben por ley, se entienden concedidos para toda la vida del alimentario, continuando las circunstancias que legitimaron la demanda”.

De suma importancia, para concluir que no le asiste razón a la impugnación, resulta lo dispuesto en el segundo inciso del citado precepto:

“Con todo, ningún varón de aquéllos a quienes solo se deben alimentos necesarios, podrá pedirlos después de que hayan cumplido los veintiún años, salvo que por algún impedimento corporal o mental, se halle inhabilitado para subsistir de su trabajo; pero si posteriormente se inhabilitare, revivirá la obligación de alimentarle”.

Una conclusión surge para la Corte de la norma: si la situación de impedimento de la persona a quien se deben alimentos necesarios no hace que se pierdan, con mayor razón ese impedimento conlleva la permanencia de los congruos, como los debidos al promotor del pleito. Nótese, adicionalmente, que, tampoco esta norma prevé la limitación de la pérdida de los alimentos por el hecho del matrimonio del alimentario.

No desconoce la Corte que una de las obligaciones que surgen del matrimonio es la del auxilio mutuo, de ahí que el artículo 411 del Código Civil establezca que se deben alimentos al cónyuge. Mas ello no significa que cuando el cónyuge no pueda procurarlos, el derecho a los alimentos no subsista respecto de los restantes obligados, en aquellos casos en los que, en relación con una misma persona, como el aquí demandante coexistan varios títulos, que es lo que se colige del artículo 416 del Código Civil, que señala que solo es dable reclamar alimentos a una de las personas que los deben, atendiendo la mayor proximidad del grado de preferencia, según el orden allí definido, pero ante la carencia o insuficiencia del título puede recurrirse a otro.

Es razonable entender que la insuficiencia del título se presenta cuando el obligado está en imposibilidad de suministrar los alimentos, que es la situación que se presenta en este caso, porque el tribunal tuvo por probado que la esposa del actor también depende económicamente de su suegra, porque no tiene trabajo.

Establece el artículo en comento:

“Orden de prelación de derechos. ART. 416.—El que para pedir alimentos reúna varios títulos de los expresados en el artículo 411, solo podrá hacer uso de uno de ellos, observando el siguiente orden de preferencia.

“En primer lugar, el que tenga según el inciso 10.

“En segundo, el que tenga según los incisos 1º y 4º

“En tercero, el que tenga según los incisos 2º y 5º

“En cuarto, el que tenga según los incisos 3º y 6º

“En quinto, el que tenga según los incisos 7º y 8º

“El del inciso 9º no tendrá lugar sino a falta de todos los otros.

“Entre varios ascendientes o descendientes debe recurrirse a los de próximo grado.

“Solo en el caso de insuficiencia del título preferente podrá recurrirse a otro”.

La inferencia de la Sala sobre la regla de precedencia en el reclamo de los alimentos, contenida en el señalado artículo, también surge de lo que explicó la Corte Constitucional al estudiar la constitucionalidad de la norma:

“Ciertamente, una persona que es titular del derecho de alimentos puede ostentar varios de los títulos que se enumeran en el artículo 411. Partiendo de este supuesto, el artículo 416 establece que dicha persona solo puede hacer uso de uno de ellos, en el orden ahí señalado, de modo que puede exigir el pago de alimentos actuando en una sola calidad.

“De esta forma, el artículo 416 acusado establece que, en esas circunstancias, es decir, cuando se tengan varios títulos para pedir alimentos, ha de respetarse el orden fijado por el legislador, acudiendo, en primer lugar, al donatario que ha recibido una donación cuantiosa, esto es, haciendo valer el título que se tiene según el numeral 10 del artículo 411. Es de anotar que este es el único caso en que el deber de dar alimentos no tiene su fundamento en el matrimonio o el parentesco, sino en la equidad, pues se entiende que el donante que se ha desprendido de gran parte de sus bienes en beneficio del donatario, pueda acudir a este en caso de llegar a carecer de medios para subsistir. Sin embargo, es menester resaltar que la obligación a cargo del donatario solo existe cuando la donación haya sido cuantiosa, siendo esto relativo, pues depende de la fortuna de quien la haya realizado. En efecto, ya que la obligación de dar alimentos impone al alimentante el sacrificio de una parte de su propiedad, es razonable exigir ese sacrificio, en primer lugar, a quien ha recibido gratuitamente una cantidad cuantiosa de bienes de parte de quien ahora carece de ellos para subsistir.

“En el segundo lugar de prelación se encuentra el título de cónyuge. Aunque, estrictamente hablando, los cónyuges no son parientes entre sí según los parentescos de consanguinidad, afinidad y civil, al unirse contraen la obligación de socorrerse mutuamente, lo que conlleva el suministro de alimentos.

“En tercer lugar, se establece el título de descendiente. Vale la pena aclarar que cuando la norma se refiere a ellos, debe entenderse que no todos los que tengan la calidad de descendientes son menores de edad, pues también puede haber descendientes adultos o, incluso, de la tercera edad, que también pueden llegar a requerir alimentos(1). “La norma consagra el título de descendiente y después el de ascendiente, en virtud del principio de derecho romano, según el cual, es más fuerte el amor que baja que el amor que sube, o, en otras palabras, más entrañable el amor para con los descendientes que para con los ascendientes.

“En el cuarto lugar de prelación se encuentran los ascendientes, pues se entiende que si éstos respondieron por sus descendientes durante su etapa de desarrollo, deban ser socorridos por ellos a la hora de carecer de recursos para vivir.

“Si los anteriores títulos fueren insuficientes para satisfacer las necesidades del alimentario, se debe recurrir a los hermanos legítimos, tal como lo establece el artículo 416.

“De este modo, es claro que una misma persona puede ostentar varios títulos para exigir alimentos respecto de diferentes personas, v. gr. un padre de familia que es, al mismo tiempo, ascendiente de sus hijos, descendiente de sus padres, cónyuge de su esposa y donante de un tercero. En este caso, según el orden de preferencia establecido en el artículo acusado, debe acudir, en primer lugar, a su donatario para reclamar alimentos. De ser insuficiente este título, por carecer el obligado de capacidad económica para dar alimentos al titular del derecho, debe dirigirse este al cónyuge, que se encuentra en el segundo lugar de prelación; si este no satisface la obligación, debe acudir a sus descendientes de próximo grado, luego a sus ascendientes de próximo grado, y por último, a los hermanos legítimos.

“El artículo 416 del Código Civil regula entonces el orden de preferencia para hacer exigible la obligación de dar alimentos, pero solo cuando una misma persona reúna varios títulos. En este caso, el acreedor solo la puede hacer exigible frente a uno de los obligados, siguiendo el orden de preferencia allí establecido. No consagra, como lo afirman los demandantes, el orden en que los diferentes titulares del derecho deben pedir los alimentos, privilegiando al donante sobre los menores, sino el orden en que se debe exigir el cumplimiento de la obligación, cuando una misma persona reúne varios títulos de los señalados en el artículo 411. Así, cuando se ostenta más de una de las calidades señaladas en tal precepto, se puede invocar el derecho siguiendo la prelación que establece el artículo 416, de modo que, si se es donante, se acude primero al donatario; de ser insuficiente este título porque el obligado carece de los medios para satisfacer las necesidades del alimentario, se recurre al cónyuge, si se tiene tal calidad. Si este título también resulta insuficiente, se le exigen alimentos a los descendientes más cercanos. A falta de éstos, a los ascendientes de próximo grado y, como última opción, a los hermanos legítimos.

“La norma acusada consagra pues, el orden en que se deben RECLAMAR los alimentos, y no a quiénes se DEBEN éstos, como erradamente lo afirman los actores. En este orden de ideas, la persona que tiene una sola calidad o título para exigir alimentos, debe dirigirse contra la persona obligada a brindárselos según el artículo 411, sin que nada obste para ello, como es el caso del menor, cuando solo tiene el título de descendiente, de tal forma que, en este caso, debe pedir alimentos a sus padres o ascendientes más cercanos, situación que la norma demandada no desconoce (Sent. C-919/2001).

El contexto de la norma citada lleva a concluir, entonces, que el matrimonio de los hijos, en principio, no da lugar a que desaparezca la obligación de alimentos, sino a que se modifique la prelación respecto de las personas a las que se les impone esa carga, en el sentido de que los alimentos se deben solicitar según el orden previsto en esa disposición legal. Luego, es forzoso concluir, que el derecho no se extingue en detrimento del hijo que requiere alimentos por el hecho de su matrimonio, en el evento de que subsista la imposibilidad de procurarse su propia subsistencia o de recibir la ayuda requerida de su cónyuge, porque una de las obvias condiciones para que puedan reclamarse los alimentos es que la persona a quien se le demandan tenga los recursos económicos para suministrarlos.

La presunción legal alegada tampoco la consagran las normas de seguridad social que regulan el tema de la pensión de sobrevivientes; y no podrían hacerlo, porque ello implicaría la afectación de derechos inalienables de grado superior, como el contenido en el artículo 42 de la Carta Política, al que se hizo alusión.

Las razones expresadas llevan a concluir que el matrimonio de los eventuales beneficiarios de la pensión de sobrevivientes no afecta la posibilidad de consolidar ese derecho, cuando tiene ocurrencia la muerte del causante, si se presenta la dependencia económica a que se refiere el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, que únicamente exige para el surgimiento del derecho a la prestación por muerte, en tratándose de hijos inválidos, que dependan económicamente del causante.

De lo expuesto, se concluye que el tribunal no incurrió en las equivocaciones jurídicas que se le atribuyen en los cargos, que, por esa razón, no prosperan.

Sin costas en el recurso, pues no está demostrado que se hayan causado.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia, en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 29 de febrero de 2008, en el proceso promovido por Amilton Carvajal Serrano contra el Fondo de Pasivo Social de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia.

Sin costas en el recurso.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase al tribunal de origen».

(1) El concepto de menor está claramente determinado. En efecto, el Código del Menor establece en su artículo 28: "Se entiende por menor a quien no haya cumplido dieciocho (18) años". Igualmente, la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada mediante Ley 12 de 1991, consagra en el artículo 1º: "Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad". Con relación al derecho de recibir alimentos, el artículo 18 de la misma convención reza: "1. Los Estados partes pondrán el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del principio de que ambos padres tiene obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño. (…)".