Sentencia 36771 de diciembre 6 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Aprobado Acta 447

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Guillermo Salazar Otero

Bogotá, D.C., seis de diciembre de dos mil doce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

La Sala inicialmente advierte que la labor del no recurrente está circunscrita a contra argumentar los cargos propuestos en la demanda; cualquier alegación que se aparte de ellos resulta inadmisible en esta sede, como así lo es la mayoría del escrito presentado por la parte civil.

La aseveración según la cual la juez se equivoca, al disponer la compulsación de copias contra algunos testigos para que sean investigados por falso testimonio, tema abordado ampliamente, la existencia de prueba contra los integrantes de la familia Acevedo y de Magaly Peralta Sanabria, los cuales no hacen parte de este proceso, y las medidas que pide adoptar contra la empresa Trasan S.A., son ajenas a la casación y ninguna consideración merecen en este asunto.

1. Violación indirecta de la ley por error de hecho por falso raciocinio.

Para el recurrente los juzgadores de instancia desconocieron los principios de la lógica formal de identidad y no contradicción, en la apreciación de la prueba testimonial que sirvió de fundamento a la condena de Nelly Yamir Acevedo Liévano.

A su juicio, como las mismas razones que la juez de primera instancia esgrimió para no creerles a los testigos, respecto de los cuales dispuso la compulsación de copias para que sean investigados por falso testimonio, también aplican a la prueba de cargo, el fallo materia del recurso contraría la lógica y por tanto las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba testimonial.

En materia de apreciación de las pruebas, impera el sistema de persuasión racional o de sana crítica, el cual obliga al funcionario judicial a exponer de manera razonada el mérito que le asigne a cada medio de conocimiento.

Tal mandato contenido en el artículo 238 de la Ley 600 de 2000, fue respetado en el fallo impugnado, en la medida que los juzgadores en la estimación de la prueba, especialmente la testimonial, indicaron motivadamente las razones por las cuales le dieron o le negaron credibilidad.

Ahora bien, el artículo 277 de la misma ley señala que en la evaluación del testimonio, el funcionario judicial además de los principios de la sana crítica, debe atender lo relativo a la naturaleza del objeto percibido por el testigo, la sanidad del sentido o sentidos que permitieron la percepción, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que percibió, la personalidad, la forma en que declaró y las singularidades que puedan observarse en su testimonio.

Si el principio de identidad se relaciona con la mismidad del ser, esto es, que a es a y no b; y el de contradicción con que una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ninguna razón asiste al casacionista cuando acusa a la sentencia de primera instancia de infringir esos postulados de la lógica formal, en la apreciación de la prueba de cargo.

En efecto, que la juez haya negado credibilidad a los testimonios de Benjamín Eugenio, Gonzalo Laguado, Luis Felipe Grimaldo, Guillermo Santos, Isael Mendoza, Neida Ofelia Henao, Norberto Puerto, Edwin Arias Vivas, Pedro Enrique Bautista Carreño, José Reinaldo Ramírez Ortega, Leonidas Orjuela Salazar y Eivar Solano Rodríguez, no significa que la prueba de cargo deba correr igual suerte.

A ese fin, adujo la utilización en los escritos presentados por algunos de los testigos de términos propios de abogados, las “flagrantes contradicciones”, la contrariedad con las reglas de la experiencia, el desconocimiento de la razón de su dicho, la elaboración previa de un memorial dirigido a la fiscalía antes de su declaración, la capacidad para recordar hechos y circunstancias, la mentira y el acuerdo.

El casacionista pretende a través del recurso el rechazo de la valoración de la prueba hecha por las instancias e imponer la suya, ante la divergencia de criterios en su apreciación y no de errores de juicio propios de la casación, olvidando la doble presunción de acierto y legalidad que acompaña a la sentencia, según la cual prevalece la del juzgador en tanto la misma no se aparte de las reglas de la sana crítica, entre ellas, los principios de la lógica.

En la sentencia de instancia, lejos de emerger la violación de los postulados de la lógica enunciados en la demanda, se evidencia una exposición razonada y reflexiva del juzgador de los motivos por los cuales cada prueba de cargo resulta verosímil, la cual deja sin sustento el reparo, como se verá enseguida.

En primer lugar, señala los criterios que llevaron a confiar en la versión de Dagoberto Colmenares Uribe y en la prueba documental que la ratifica, a partir de las cuales da por demostrado el secuestro, en la medida que “lo lógico sería no haber presentado la demanda, pues no tiene sentido alguno que escasos seis días después de recibirse la respuesta de la demandada, sin iniciarse el litigio en sí, dado que no se habían decretado las pruebas a practicar, el demandante considere perdida su causa y voluntariamente decida renunciar a sus pretensiones(6).

En segundo lugar, destaca la coherencia y uniformidad del testigo en sus dos salidas al proceso y la ausencia de interés en el mismo, como razones suficientes “para otorgarle crédito a su información”.

En tercer lugar, al ocuparse de las relaciones de la acusada con los paramilitares, sobre las cuales declaran Pedro José Nossa, Daniel Velásquez Villamizar y Rolando Enrique Noguera, tras aclarar que la evidencia probatoria obligó a los dos primeros a admitirlas porque inicialmente las habían negado, manifiesta la inexistencia de elementos de juicio para dudar de su veracidad, no revelan animadversión, incoherencias, contradicciones, ni ánimo protervo en querer hacer más gravosa la situación jurídica de la sindicada.

En cuarto lugar, el testimonio de Zapata Laverde alias “El Iguano”, el cual por el principio de permanencia de la prueba debía valorar, resulta creíble por los vínculos de la acusada con la organización armada ilegal, los favores mutuos, los dineros recaudados, el conocimiento de las alianzas con diversas personas y “por tratarse, precisamente de quien fungió como jefe del grupo” que operaba en ese departamento.

Y en quinto lugar, expresa que Yonis Manuel González en su condición de integrante de las autodefensas fue testigo presencial de los acontecimientos, sin encontrar razón alguna que le permita dudar de su veracidad.

De acuerdo con lo reseñado, los reparos del casacionista enseñan su contrariedad con la valoración de la prueba testimonial hecha por la instancia, mas no los errores de lógica que le atribuye; afirmar que la versión de Colmenares Uribe es de oídas, agranda los hechos denunciados y se encuentra afectada por la amistad y relación profesional entre víctima y testigo, es una apreciación suya desligada del motivo tenido en cuenta en la sentencia para estimarla verosímil.

De ahí que en lugar de mostrar la vulneración de los principios de identidad y de no contradicción en la apreciación probatoria de un mismo testimonio, aduzca que creerles a los testigos de cargo es faltar al sentido común, permitir que Nossa eluda su responsabilidad y desconocer el odio de Bayona Cárdenas hacia la empresa y la relación de él con la víctima, con lo cual evidentemente nada prueba.

En este sentido, la falta de coincidencia entre la valoración de la juez y del demandante de la prueba testimonial no estructura el reparo propuesto, sino que pone de presente dos puntos de vista frente a un mismo medio probatorio, siendo prevalente el del juez, en tanto no se muestre irracional e ilógico.

Basta con observar la descalificación de la versiones del jefe paramilitar Laverde Zapata y del desmovilizado González, a partir de sus imprecisiones, el interés en la obtención de beneficios punitivos, los interrogatorios inducidos de la parte civil, la duda de su comandancia y la memoria del segundo para recordar sólo los hechos que comprometen a la empresa y a la familia Acevedo.

En todos estos casos, estaba obligado a revelar que en la valoración de los testimonios de Hugo Combariza, Dagoberto Colmenares, Pedro José Nossa, Daniel Velásquez, Rolando Enrique Bayona, Jorge Iván Laverde y Yonis Manuel González, la instancia traicionó el principio de identidad o vulneró el de no contradicción.

Sin embargo, el demandante optó por hacer un análisis a cada uno de los testimonios y asignarle el mérito que a su juicio corresponde, sin que en ningún caso proclamara que frente a la misma declaración la juez en su valoración haya faltado a la lógica en su apreciación.

Esta es la razón por la cual, frente a lo que muestra la prueba documental se limite a exponer su criterio y cuestionar el de la juez, quien de otro lado en la sentencia suministra las razones por las cuales no comparte la tesis de la defensa.

Luego la falta de sentido común atribuido a la a.quo en la demanda, por afirmar que “si no es posible creer en la posibilidad del desistimiento voluntario, se impone deducir que fue obligado el denunciante a hacerlo”, ignora su conclusión de acuerdo con la cual “si la demanda afectaba los intereses económicos de la empresa Trasan, a ninguna persona diferente a sus propietarios le interesaba el desistimiento en cita”, entre ellas a Nelly Yamir Acevedo.

Tampoco basta para mostrar que la juez faltó al sentido común por aceptar las explicaciones de la víctima, basta con acudir a algunas actitudes “generosas” de la acusada aducidas para dudar del secuestro, las cuales no fueron acogidas en razón del valor de la pretensión económica perseguida con la demanda laboral, tal como se expone en la sentencia.

Ni acierta, al pretender desconocer que “es un hecho cierto, al ser públicamente conocido, que para la época de la comisión del delito de secuestro” los paramilitares actuaban en el departamento de Norte de Santander, porque considere que esa afirmación consignada en el fallo de primera instancia no tiene la connotación de un hecho notorio.

Se trata, sin ninguna duda de otra inconformidad más del casacionista y no de un error de juicio, cuando pasa por alto que la misma se sustenta en la “la experiencia judicial” según la cual al corregimiento de Río Frío “eran conducidas las personas que debían rendir cuentas a los comandantes de esa organización ilegal”, la cual se halla respaldada con prueba testimonial incorporada a la actuación.

Finalmente, llega a poner en duda los hechos del proceso y a manifestar que el secuestro fue un “invento” de la víctima, quien con ese propósito “comenzó a detectar testigos”, a buscar a los que no querían la empresa y a desmovilizados que pretendían beneficios punitivos, lo cual no se compadece con el análisis probatorio hecho en la primera instancia y que acoge plenamente el tribunal.

Desde esa perspectiva el recurrente no logró demostrar que la estimación probatoria de la instancia que somete a la crítica sea irrazonable o ilógica, al centrar su actividad en enseñar su personal modo de apreciar la prueba, sin que la falta de coincidencia estructure el error propuesto en la demanda.

El cargo no prospera.

2. Violación directa de la ley sustancial por interpretación errónea.

Según el demandante, el tribunal desconoció el alcance de los artículos 186 y 204 de la Ley 600 de 2000, cuando desató el recurso de apelación contra la sentencia interpuesto por la fiscalía y la parte civil, sujetos procesales que carecían de interés para impugnar el otorgamiento a la acusada de la prisión domiciliaria.

Es principio de derecho procesal general, que la interposición de los recursos legales se vincula con el interés jurídico para ejercitarlos, el cual surge para el sujeto procesal que sufre agravio concreto con la decisión cuya revocatoria o reforma pretende con la impugnación.

El mismo encuentra desarrollo legal en el artículo 186 de la Ley 600 de 2000, de acuerdo con el cual “los recursos ordinarios podrán interponerse por quien tenga interés jurídico”, el cual a su vez permite distinguir entre quien está legitimado para actuar en el proceso de quien lo está en la causa.

Como el agravio o perjuicio inferido por la decisión judicial a la parte es la causa que la legitima para recurrirla, debe determinarse la existencia del nexo o vínculo entre aquella con el contenido de la sustentación para establecer el interés jurídico del sujeto procesal.

De otro lado, el interés jurídico constituye el límite de la competencia del superior, la cual se extiende únicamente a los aspectos que se encuentran estrechamente vinculados con el objeto de la impugnación, artículo 204 de la misma ley, debido a que nadie acude a los recursos para desmejorar su situación sino para buscar que el agravio causado con la decisión recurrida sea reparado.

De ese modo, tiene razón el recurrente al advertir que la parte civil carecía de interés jurídico para solicitar la revocatoria de la prisión domiciliaria otorgada en la sentencia de primera instancia a la procesada, por ser un asunto que no guarda relación con él.

En efecto, a partir de la Sentencia C-228 de abril 3 de 2002, la Corte Constitucional declaró la exequibilidad del artículo 137 de la Ley 600 de 2000, bajo el entendido que la parte civil además del derecho al resarcimiento del daño causado con la conducta punible, le asiste los de obtener la verdad de los hechos y de que se haga justicia.

Desde entonces, se reconoce que las víctimas o perjudicados con el delito, además del derecho a participar dentro del proceso penal, tienen el de impugnar las decisiones para lograr la protección judicial efectiva de sus derechos.

De modo, que aun cuando el resarcimiento económico dejó de ser el único interés de la parte civil, su legitimación en el proceso penal a partir de su derecho a la verdad y la justicia, surge de la acreditación de un daño o agravio así este no sea de carácter patrimonial, en la medida que esos derechos no son absolutos.

La Sala ha dicho que “si la parte civil apela un fallo de carácter condenatorio invocando la necesidad de que se ampare su derecho a la verdad o a la justicia, es apenas natural que precise cuál es el agravio concreto que tal determinación le ha causado, es decir, cómo el fallo sancionatorio afecta uno de aquellos derechos, puesto que, como también es de elemental rigor entender, en principio una determinación de dicha naturaleza está llamada a realizar esos intereses superiores que podrían legitimar su intervención procesal”(7).

Ahora bien, también se ha dicho que el fallo condenatorio colmaría las expectativas de la parte civil, pero que si este no satisface sus intereses de verdad y de justicia, tendría interés jurídico para pedir su modificación en aspectos que pudieran causarle agravio, como aquellos relacionados con la forma de atribución de responsabilidad o con una sanción mayor(8).

La parte civil al interponer el recurso de apelación señaló su desacuerdo con las decisiones de “no condenar a la acusada al pago de perjuicios“ y de compulsar “las copias enunciadas en la parte motiva, con el destino y la finalidad allí indicada(sic)”; además, en su sustentación extendió su inconformidad a “la detención (sic) domiciliaria”, porque a su juicio “durante el desarrollo del proceso se han seguido cometiendo actos delictivos” y la acusada no es madre cabeza de familia.

Sin embargo, no muestra el perjuicio o agravio causado con el otorgamiento de la prisión domiciliaria, en tanto sus afirmaciones sobre la persistencia de la actividad criminal además de genéricas no cuentan con respaldo probatorio, como también su manifestación según la cual la acusada no reúne las condiciones para ser considerada madre cabeza de familia y tener derecho al sustituto de la pena privativa de la libertad.

Desde esa óptica, la parte civil carecía de interés para impugnar la decisión de disponer la ejecución de la pena de prisión en el domicilio de la procesada(9), lo cual le impedía al tribunal ocuparse de la misma, si de otro lado, tampoco era un asunto inescindible a la impugnación, que según lo visto perseguía modificar la sentencia en lo relacionado con la no condena al pago de perjuicios materiales y la compulsación de copias para la investigación de otras conductas punibles.

No ocurre lo mismo con el fiscal del caso. En efecto, en principio cabe recordar que en el procedimiento de la Ley 600 de 2000, corresponde a los fiscales delegados ante los jueces investigar, calificar y acusar, si hubiere lugar a ello, a los presuntos responsables de las conductas punibles cuyo juzgamiento esté atribuido en primera instancia a los jueces del circuito y municipales.

Esa titularidad, emerge del mandato constitucional que impone a la Fiscalía General de la Nación adelantar el ejercicio de la acción penal e investigar los delitos y acusar a los infractores ante los jueces o tribunales competentes.

La misma es la que le permite, a pesar de ser sujeto procesal en el juicio, la sustentación de la acusación de los presuntos autores ante los jueces, la variación de la calificación jurídica de los cargos y la petición de cesación del procedimiento o la absolución del acusado, cuando haya motivos para solicitarla.

Dichas atribuciones especiales le otorgan legitimidad para insistir en la acusación y la condena del procesado, así como de sus consecuencias, cuando estas resultan contrarias al orden jurídico o se apartan de las expectativas de justicia que emanan directamente de aquella.

Por consiguiente, la fiscalía tiene interés jurídico para recurrir la sentencia, pues así esta satisfaga en un momento dado su aspiración de declarar la responsabilidad penal del acusado, es factible que las consecuencias de una tal determinación no se correspondan con las particularidades propias del hecho, vr.gr. una pena irrisoria o mecanismos de sustitución de la misma que no resultarían aplicables en el caso concreto, situaciones sobre las cuales no puede negarse al representante del ente investigador expresar su inconformidad a través de los recursos legales, menos sobre la base de que defectos de esta índole no le ocasionan ningún agravio, que es lo que en últimas demarca si un sujeto procesal tiene o no interés para impugnar una providencia judicial.

La labor del fiscal en el marco de la Ley 600 de 2000, bajo la cual se tramitó este asunto, en cuyo marco en la fase de investigación es el titular de la acción penal, y a partir de la acusación se convierte en un sujeto procesal, aunque con la carga de demostrar con certeza la existencia del hecho y la responsabilidad penal del acusado, no puede limitarse a obtener una condena según el caso, sino que implica que la misma contenga una respuesta punitiva adecuada, reflejada no sólo en el término por el cual se imponga la sanción, sino en el cumplimiento eficaz de la misma, que consulte la realidad que en torno del caso específico contiene el proceso.

En ese sentido, tiene el derecho a impugnar las decisiones relativas a los mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad y al sustituto de la prisión domiciliaria, siempre que advierta que el juez se equivocó al concederlos, pues es innegable que le asiste interés para formular cualquier reclamación en ese sentido.

Por tratarse de un interviniente con especiales atribuciones, podía el fiscal en este asunto impugnar la sentencia con el fin de oponerse a la decisión del juez de ejecutar la pena de prisión en el domicilio de la acusada por considerarla ilegal, en razón a que aquella es una consecuencia directa de su petición de condena, sustentada en la acusación formulada por él.

Confunde entonces el libelista la competencia del fiscal para ejercer la acción penal en la investigación, con las facultades o poderes otorgados en el juicio que lo habilitan legalmente para oponerse a las decisiones que considere contrarias o injustas, siempre que se encuentren vinculadas con su petición principal.

Como quiera que el reparo no quiebra la presunción de acierto y de legalidad de la sentencia, en tanto el fiscal se hallaba facultado para impugnar el otorgamiento de la prisión domiciliaria a la acusada, la Sala no casará el fallo impugnado.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

No casar el fallo de origen, naturaleza y contenido indicados de acuerdo con los cargos propuestos en la demanda.

Contra esta decisión no procede recurso alguno.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase al tribunal de origen.»

(6) Sentencia de primera instancia, marzo 24 de 2009, folio 68, cuaderno 15.

(7) Casación, agosto 10 de 2006; radicación 22289.

(8) Auto de casación, noviembre 11 de 2009; radicación 32564.

(9) Auto de casación de noviembre 11 de 2009; radicación 32564.