Sentencia 36787 de febrero 14 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 36787

Acta 4

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Gabriel Miranda Buelvas

Bogotá, D.C., catorce de febrero de dos mil doce.

Resuelve la Corte el recurso de casación interpuesto por Rosalía Bedoya, María Luisa Losada Bedoya, Leonel Losada Rivera y Víctor Alfonso Losada Bedoya contra la sentencia dictada el 24 de abril de 2008 por el Tribunal Superior de Neiva, en el proceso ordinario laboral que los actores promovieron contra la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo ESP del municipio de Palermo – Huila y en el que fueron vinculados por denuncia del pleito el municipio de Palermo, la junta de acción comunal del aarrio Los Comuneros, Julio César Angarita Riaño y llamado en garantía el ISS.

I. Antecedentes

Ante el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Neiva, los actores demandaron a la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo ESP del Municipio de Palermo para que se declarara que entre la accionada y Gerardo Losada Chalá existió un contrato de trabajo desde el 3 de mayo de 2005 hasta el 2 de junio del mismo año, el cual terminó por la muerte del trabajador por culpa atribuible a la empleadora; que los demandantes son beneficiarios de la indemnización total y ordinaria originada en el accidente en el que falleció el trabajador. Consecuencialmente, se condene a la demandada a pagarles los perjuicios inmateriales (daño moral y a la vida en relación) y materiales (lucro cesante).

En sustento de sus pretensiones afirmaron que mediante Decreto 3º del 1º de enero de 1998 expedido por la Alcaldía de Palermo – Huila se creó la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo ESP como empresa industrial y comercial del Estado del orden municipal con el objeto de prestar los mencionados servicios de conformidad con lo dispuesto en la Ley 142 de 1994; en desarrollo de su objeto social adelantó las obras civiles relacionadas con la construcción del alcantarillado de aguas lluvias; para la realización de esa obra la empresa contrató trabajadores para realizar las diferentes labores, entre ellas, las de excavación y aperturas de brechas en la vía pública y la instalación de la tubería del correspondiente alcantarillado; el 3 de mayo de 2005 la empresa vinculó laboralmente a Gerardo Losada Chalá y le asignó “labores relacionadas con la apertura de las excavaciones y brechas para la construcción del alcantarillado de aguas lluvias del barrio Los Comuneros del municipio de Palermo”; el 2 de junio del mismo año cuando los trabajadores se encontraban realizando sus actividades “se derrumbó un tramo del talud del terreno del lado de la brecha” ocasionando la muerte de Losada Chalá y heridas a otros trabajadores.

II. Respuesta a la demanda

La Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo ESP de Palermo se opuso a las pretensiones de los accionantes por cuanto ya se había solicitado la indemnización al ISS, entidad que reconoció el siniestro como accidente de trabajo; de los hechos, admitió lo relacionado con la creación de la empresa y la realización de la obra mencionada; los otros, los negó. Propuso como excepciones la de falta de legitimación en la causa por pasiva, culpa exclusiva de la víctima e inexistencia de la obligación.

La demandada presentó denuncia del pleito y en ese sentido fueron vinculados al proceso el municipio de Palermo, la junta de acción comunal del barrio Los Comuneros y el Interventor Julio César Angarita Riaño. De la misma manera fue llamado en garantía el Instituto de Seguros Sociales.

Julio César Angarita Riaño, se opuso a las pretensiones de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo ESP de Palermo; adujo que no era posible que le atribuyeran responsabilidad por los hechos que condujeron al fallecimiento de trabajador, toda vez que en la obra se adoptaron “todas las medidas de seguridad pertinentes por parte de las autoridades que tenían a cargo el manejo del personal y haber operado la culpa exclusiva de la víctima”; de los hechos, admitió los relativos al objeto de la demanda inicial, la suscripción el día 11 de febrero de 2005 del Convenio Interadministrativo 10 entre el municipio de Palermo, la junta de acción comunal del barrio Los Comuneros y la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseos ESP Propuso como excepciones culpa exclusiva de la víctima e inexistencia de responsabilidad por los hechos derivados del manejo del personal.

El ISS no se opuso a las pretensiones por cuanto consideró que de dicha entidad “nada se reclama”; admitió básicamente los hechos relacionados con la creación de la aludida empresa de servicios públicos domiciliarios, la construcción del alcantarillado de aguas lluvias, el vínculo laboral del trabajador fallecido, su afiliación al ISS el 4 de mayo de 2005, la suscripción de un contrato interadministrativo; los otros, dijo que no le constaba. Propuso como excepciones falta de legitimación por pasiva, los perjuicios ordinarios son a cargo del empleador, culpa exclusiva de la víctima, inexistencia de obligación diferente a las que como ARP deba asumir el ISS y las de oficio.

La junta de acción comunal del barrio Los Comuneros del municipio de Palermo al contestar la denuncia del pleito aceptó la suscripción del Convenio 010 del 11 de febrero de 2005 y propuso la excepción de falta de legitimación por pasiva

El municipio de Palermo, al ser llamado al proceso, se opuso a las pretensiones, aceptó los hechos relativos a la creación de la empresa de servicios públicos, la suscripción del Convenio interadministrativo del 11 de febrero de 2005 y la construcción del acueducto de aguas lluvias; los otros, los negó o dijo que no eran tales. Propuso como excepciones, la falta de legitimación por pasiva y falta de jurisdicción

III. Sentencia de primera instancia

Fue proferida el 12 de julio de 2007, y con ella el Juzgado absolvió al demandado de todas las pretensiones de la demanda, a quienes se les denunció el pleito y al ISS, llamado en garantía, y condenó en costas a la parte actora.

IV. Sentencia del tribunal

La alzada se surtió por apelación de la parte demandante y concluyó con la sentencia acusada en casación, por medio de la cual el tribunal confirmó el fallo apelado.

El juzgador señaló que la culpa prevista en el artículo 216 del CST “no es otra que la contractual a partir precisamente de la existencia de un contrato de trabajo”, por lo que se debía acudir al artículo 1604 del Código Civil para establecer la responsabilidad del deudor; agregó que la culpa por la que debe responder el empleador es la leve, “como quiera que el contrato de trabajo reporta beneficio para ambos contratantes”, de allí que sea necesario acudir al artículo 63 de la misma codificación que define la falta leve. Cita en su apoyo la sentencia de esta Corte del 3 de junio de 1958.

Estimó que los testigos no coincidían “en el punto álgido de las medidas de seguridad industrial en el terreno, adoptadas por la demandada, pese a tratarse de obreros de la obra y por tanto con conocimiento directo no solo de lo acontecido en (sic) día del fatal suceso, sino del desarrollo de la obra”; luego se refirió a cada uno de ellos e indicó que “las contradicciones de los testigos en el hecho trascendente relativo a las medidas de seguridad en el terreno adoptadas por la entidad demandada en el día del suceso fatal, se clarifican con el material fotográfico que en fotocopia se aporta, el que se anuncia como tomado en el lugar exacto del accidente momentos después del evento (folios 56 – 58), las que no fueron objetadas en su oportunidad, en el que se aprecia en el tramo correspondiente “con la precaución de entibar con tabla los taludes adyacentes”, los que se aprecian de igual modo en las fotocopias de las fotografías que obran a folios 54 – 55 en la obra general, significando que la demandada si adoptó medidas de seguridad industrial, las que no se limitaron a las no discutidas medidas personales, sino en el terreno”.

Expresó que la no apreciación de la página del Diario “La Nación”, en la que aparece la crónica del desafortunado accidente fatal, “en nada incide en el eje central del presente debate, porque la misma simplemente ilustra el acaecimiento del accidente, el que no se encuentra discutido”.

Finalmente expresó el ad quem:

“De esta forma, es incuestionable que la demandada era conocedora del riesgo en la obra realizada para la que había contratado al señor Losada Chalá, razón para haber adoptado las medidas de seguridad dirigidas a evitarlos y consecuentemente se vieran afectados los obreros, como el accidente acaecido, independientemente del cumplimiento cabal de la Resolución 2400, destacada por la defensa, porque se ha probado en el plenario que pese al hecho de haber brindado elemento de seguridad personal a sus trabajadores y realizado obras dirigidas a evitar derrumbes como quiera que se trataba de excavación de tierra, y como coinciden todos los testigos, eran días lluviosos, y por tanto el material extraído estaba mojado es decir haber obrado prudente y diligentemente, acaeció el accidente fatal, por razones no absolutas, pero bien puede implicar la intervención de los obreros al retirar los tacos ubicados como protección, para desarrollar su labor, según explica el señor Alirio Campos, la que no tiene la contundencia para atribuir culpa a la víctima como se excepciona, junto con el hecho de no haberse retirado del sitio del accidente, cuando se había dado la orden de almorzar, dirigiéndose los restantes obreros a su hora de descanso, salvo los accidentados”.

V. El recurso de casación

Fue interpuesto por la parte demandante y según lo declaró en el alcance de la impugnación, pretende que se case la sentencia recurrida para que en sede de instancia, confirme el numeral 1º de la sentencia dictada por el Juzgado, atinente a la declaratoria de la existencia del vínculo laboral entre la demandada y el trabajador fallecido y se revoque en lo demás, y en su lugar, condene a la demandada al pago de la indemnización reclamada y a la indexación.

Con esa finalidad, presentó un cargo, que no fue replicado, en el que acusa a la sentencia de violar indirectamente por aplicación indebida “los artículos 21, 216 del Código Sustantivo del Trabajo y el artículo 53 de la Constitución Política”.

Le atribuye al Tribunal los siguientes errores de hecho:

“1. Dar por probado, sin estarlo, que la demandada cumplió con todas las medidas de seguridad que se deben tener en cuenta cuando se adelantan excavaciones como la que se estaba desarrollando cuando acaeció el hecho que terminó con la vida del señor Losada.

2. No dar por probado, estándolo, que la demandada no tomó las precauciones que se deben tomar cuando se desarrollan excavaciones con más de 1.5 metros de profundidad.

3. Dar por probado, sin estarlo, que en el lugar de los hechos se realizaron las estibaciones necesarias con el fin de prevenir el desprendimiento de los taludes de tierra adyacentes a la excavación.

4. No dar por probado, estándolo, que no se realizaron las estibaciones necesarias en el lugar de los hechos con el fin de prevenir deslizamientos como el que ocurrió.

5. Dar por probado, sin estarlo, que con la ocurrencia de aludes anteriores la demandada tomó las medidas para evitar nuevos incidentes de este tipo.

6. No dar por probado, estándolo, que a pesar de que ya se habían presentado otros aludes de tierra, la demandada no tomó las medidas necesarias para evitar el mayor riesgo para los trabajadores.

7. Dar por probado, sin estarlo, que la empresa no fue negligente en su actuar sobre las actividades desarrolladas por sus trabajadores.

8. No dar por probado, estándolo, que la demandada a pesar de conocer los riesgos de los trabajos realizados, no mantenía una permanente vigilancia, es así como se manifiesta su negligencia en el control sobre los trabajadores”.

Denuncia la errónea apreciación de la confesión de la demandada, las fotos del informe del accidente, el informe de entrega de dotación, un artículo del diario “La Nación” y los testimonios de Diana Cristina Álvarez, Jesús Losada Cortés, Harold Manfred Ramos, Hernán Cerquera, John Jairo Dussán y Diego Germán Vega Cortés.

Al sustentar la acusación expresa que el tribunal no tuvo en cuenta que al contestar la demanda la parte pasiva confesó que en el momento del accidente “se encontraba el interfecto en compañía de otro contratista, y que estos retiraron los soportes y las vigas que sostenían el terreno”, lo cual deja en evidencia que si bien en el proceso “no se probó que realmente los trabajadores hubieran retirado el entibado, si muestra que la demandada tenía conocimiento de que los trabajadores en ocasiones retiran los retenedores de la tierra, y sin embargo la demandada no ejecuta acciones con el fin de evitar que lo hagan, mostrando así no sólo la culpa leve en los hechos, sino culpa grave, pues a pesar de conocer que se pone en riesgo la vida de los trabajadores existe una completa negligencia por parte del empleador en procurar el bienestar de los trabajadores”.

Se refiere a los testimonios denunciados como mal apreciados y luego señala:

“Sobre la duda que se genera al juzgador en la contradicción de los testimonios decide recurrir a las fotos manifestando que con ellas queda claro que el empleador sí tomó las medidas necesarias para evitar accidentes, sin embargo incurre en errores en su apreciación, así:

En la foto del folio 54, se observa que el entibado está en dirección contraria a la del desarrollo de la obra, es decir, la excavación viene de arriba para abajo.

En la foto del folio 56, se observa que el entibado es discontinuo, en ella se ve que arriba no hay entibado, y en los costados de la excavación no se ha retirado la tierra sobrante, que según el protocolo que manda la Resolución 2400 del 22 de marzo de 1979, debe ser retirada inmediatamente en razón a que su peso precipita la caída del terreno.

En la foto del folio 57, se observa que sólo hay un (1) estibado, a pesar de que la excavación tiene muchos más metros de longitud”.

Aduce que la negligencia de la demandada se puede comprobar igualmente con el documento que obra a folios 61 y 62 en los cuales se registra la entrega de algunos elementos de protección a los trabajadores, lo cual no sucedió con el señor Losada Chalá. De la misma manera afirma que no se tuvo en cuenta el artículo del periódico La Nación en el que se da cuenta que con anterioridad se habían presentado accidentes “y no se hizo nada, e igualmente, que la tierra debe ser botada inmediatamente pues su peso genera el derrumbe del terreno”.

Considera que frente a la duda sobre la responsabilidad en los hechos, el ad quem ha debido acudir al artículo 53 constitucional el cual tiene previsto que en esos eventos se “deberá resolver a favor del trabajador”.

VI. Consideraciones de la Corte

De entrada advierte la Corte que la contestación de la demanda por parte de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado y Aseo ESP de Palermo, no contiene una confesión en los términos del artículo 195 del C. de P.C., pues las manifestaciones allí vertidas, ni las perjudican ni tampoco favorecen a su contraparte. Así se afirma por cuanto mirada en su integridad esa pieza procesal, la aludida demandada sostuvo que había adoptado “para el desarrollo de las obras todas y cada una de las medidas de seguridad industrial a fin de garantizar la integridad física de los contratistas” (hecho 5, folio 95); que había cumplido a cabalidad las exigencias en materia de seguridad industrial; que “se suministraron los elementos y aditamentos de protección (…) sin embargo por su propia cuenta y riesgo el señor Losada Chalá se introdujo en la excavación luego de retirar las maderas que sostenías el terreno para poder ingresar con un compañero, situación que precipitó la (sic) el derrumbe de unos de los costados” (hecho 6, folio 95) y que “en todo momento las excavaciones contaron como medida de seguridad de apuntalar y entibar en madera los taludes adyacentes de las excavaciones, cosa distinta es que el señor QPD Losada Chalá, procedió de forma unilateral, inconsulta e irresponsable a retirar la estructura de la excavación siendo esta la causa del derrumbe”. 

En ese orden, fácilmente se advierte que la apreciación que hizo el tribunal de la demanda inicial del proceso, no pudo ser fuente de los errores de hecho que le atribuye la censura.  

Ahora, en lo que tiene que ver con las fotografías, las obrantes a folios 56 a 58, a simple vistan acreditan que se “presencia el tramo del avance con la precaución de estibar con tablas los taludes adyacentes”, y que en la parte central “se presencia el alud de tierra dejando discontinuos el entibado ya que partes de las tablas y cercos de madera del entibado quedaron sepultados y las demás fueron retiradas para rescatar al señor Gerardo Losada Chalá”., entibados se observan a folios 54 y 55. 

De las referidas fotografías el sentenciador dedujo que la demandada había adoptado las “medidas de seguridad industrial” en el terreno, por lo que no se le podía atribuir culpa en el accidente de trabajo, mientras que la censura, por su parte, señala que la fotografía de folio 54 muestra que “el entibado está en dirección contraria a la del desarrollo de la obra”, en la de folio 56 se aprecia que “el entibado es discontinuo, en ella se que arriba no hay entibado”, y en la de folio 57 “se observa que sólo hay un (1) entibado, a pesar de que la excavación tiene muchos metros de longitud”.  

Si se tiene en cuenta que las aludidas fotografías, según se dijo en la contestación a la demanda, fueron tomadas instantes después de ocurrido el accidente, ocasionado por un derrumbe de un tramo del talud del terreno, no puede derivarse de ellas necesariamente la culpa patronal en la ocurrencia del insuceso, pues para llegar a esa conclusión habría que tenerse en cuenta la situación de la obra antes de que se produjera el accidente. Y sobre el particular, la censura simplemente hace unas aseveraciones sobre ellas, que más bien corresponden a una personal apreciación, que a mostrar una realidad que evidencie la culpa de la empleadora. 

En cuanto a la “Relación de implementos de seguridad industrial entregados a los trabajadores de alcantarillado de aguas lluvias barrio Los Comuneros”, obrante en los folios 61 y 62, de los cuales la acusación resalta que no aparece la entrega de los mismos al trabajador fallecido, es preciso aclarar que dicha relación corresponde a los meses de julio y agosto de 2005, es decir, con posterioridad al fallecimiento del asalariado. 

Respecto del artículo del periódico “La Nación” del 3 de junio de 2005, en el que se reseñan los hechos en los que falleció el trabajador y que según la censura da cuenta que con anterioridad se habían presentado accidentes “y no se hizo nada”, se debe señalar que la aludida información de prensa, como lo estimó el Tribunal, “solo ilustra el acaecimiento del accidente”, sin que tenga la entidad probatoria suficiente para derruir el soporte del fallo recurrido. 

En virtud de que con los medios de pruebas examinados la censura no demostró ningunos de los yerros fácticos atribuidos a la sentencia impugnada, no es posible estudiar las testimoniales, toda vez que no tienen el carácter de calificadas de acuerdo a lo previsto en el artículo 7º de la Ley 16 de 1969. 

Así las cosas y como quiera que el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, le concede al Juez del Trabajo la facultad de formar libremente su convencimiento, lo cual le permite establecer su juicio sobre los hechos debatido en el proceso con las pruebas que más lo convenzan y atendiendo los principios que orientan la crítica de la prueba, tal como ha sucedido en el caso que se examina, el cargo no prospera sin haber lugar a costas por no haber sido replicada la demanda extraordinaria. 

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Neiva el 24 de abril de 2008, dentro del proceso adelantado por Rosalía Bedoya, María Luisa Losada Bedoya, Leonel Losada Rivera y Víctor Alfonso Losada Bedoya contra la Empresa De Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo ESP del municipio de Palermo – Huila y en el que fueron vinculados por denuncia del pleito el municipio de Palermo, la junta de accion comunal del barrio Los Comuneros, Julio César Angarita Riaño y llamado en garantía Instituto de Seguros Sociales. 

Sin costas.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase al Tribunal de origen.

Magistrados: Luis Gabriel Miranda Buelvas—Jorge Mauricio Burgos Ruiz—Elsy del Pilar Cuello Calderón—Rigoberto Echeverri Bueno—Carlos Ernesto Molina Monsalve—Francisco Javier Ricaurte Gómez—Camilo Tarquino Gallego.