Sentencia 36792 de junio 6 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Aprobado Acta 218

Magistrado Ponente:

Dra. María del Rosario González Muñoz

Bogotá, D.C., seis de junio de dos mil doce.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

La situación a definir en este caso se contrae a determinar si el tribunal cercenó las pruebas para hacerles decir lo que no expresan y con ello predicar la no concurrencia de la circunstancia de agravación prevista en el numeral 7º del artículo 104 del Código Penal.

En tal cometido la Sala abordará los siguientes aspectos, a saber: (i) se reseñarán los fundamentos del ad quem sustento de su decisión y se confrontarán con la situación fáctica que evidencian las pruebas; (ii) se precisará el alcance de la causal de mayor punibilidad en cuestión y, finalmente, (iii) se examinará el caso concreto.

(i) Fundamentos de la posición del tribunal y situación fáctica demostrada en este caso

Según el fallador de segundo grado, las pruebas recaudadas en la actuación demuestran que seguidores del Club Deportivo Santa Fe acudieron en auxilio de Míller Alejandro León Zárate cuando era agredido por aficionados del Club Deportivo América de Cali, suscitándose una reyerta entre ambos grupos en cuyo desarrollo cada bando tenía la posibilidad de repeler el ataque del otro. No obstante, al verse superados en número, los seguidores del América optaron por desistir de la agresión y emprendieron la huida, pero Juan David Pérez Gómez quedó rezagado respecto de sus compañeros, siendo alcanzado por los aficionados del Santa Fe, quienes le propinaron las heridas que le causaron la muerte.

En síntesis, considera que “la víctima no fue sorprendida en estado de indefensión, no se ubicó en tal estado, ni fue aprovechada una circunstancia símil, por cuanto el grupo de seguidores del América de Cali contaba con la posibilidad de repeler el ataque de los adeptos del Club Santa Fe”.

No obstante el fundamento expuesto por el tribunal, se tiene que en el juicio oral se allegó el testimonio de Jorge Andrés González Mora, quien ratificó lo dicho por él en entrevista anterior, en cuya oportunidad manifestó que cuando Juan David Pérez Gómez corría con sus compañeros para alejarse de los seguidores del Santa Fe tropezó y se cayó, momento en el cual aproximadamente siete integrantes de ese grupo le cayeron encima para golpearlo con los pies y propinarle varias heridas con arma cortopunzante. El declarante textualmente manifestó lo siguiente:

“... el pelado del Cali, David, empujó al del Santa Fe, el hermano del Yuco, él lo empujó porque el pelado del Cali, David, cuando llegó Yuco y los otros iba a salir corriendo, entonces el hermano de Yuco lo cogió de la chaqueta y no lo dejó ir, por eso el del Cali, David, empujó al hermano de Yuco y salió a correr, pero se cayó, y todos los del Santa Fe que llegaron allá le cayeron encima, dándole patadas y puñaladas, todos le estaban pegando, entre ellos vi al ‘chinche’ (...) En total le estaban pegando como unos siete, todos le pegaban, unos le daban patadas y otros le daban puñaladas...”.

Por su parte, William Javier Rodríguez Restrepo en declaración rendida ante el fiscal instructor aseveró que la víctima se encontraba en el piso cuando fue objeto de la agresión que le causó la muerte.

Es de anotar que las remembradas exposiciones se introdujeron a la actuación a través del mecanismo de impugnación de la credibilidad de los testimonios que ofrecieron los prenombrados en el curso del juicio oral, con lo cual quedaron incorporadas a las declaraciones ofrecidas por ellos en esa etapa procesal, pudiendo entonces ser apreciadas por el juzgador, según los términos de la jurisprudencia de la Corte(1).

Como se observa, los testigos en mención coinciden en señalar que Juan David Pérez Gómez yacía en el piso cuando recibió las heridas mortales. Este aparte de lo referido por dichos declarantes fue pretermitido por el ad quem, al señalar que la agresión ocurrió cuando la víctima simplemente se rezagó del grupo, lo cual le permitió concluir que estaba en posibilidad de repeler el ataque.

Resulta, indudable, entonces que el fallador de segundo grado incurrió en un falso juicio de identidad, en cuanto cercenó el contenido material de las citadas pruebas.

Evidenciado así que la víctima recibió las heridas cuando yacía en el piso, luego de tropezar mientras huía del grupo de aficionados del Santa Fe, resulta relevante en este caso, para efectos de dilucidar el tema objeto de controversia, tener en consideración que la agresión, como surge también del testimonio de Jorge Andrés González Mora, fue obra de varias personas, al menos “unos siete” según dicho declarante, quienes le propinaron patadas y puñaladas, situación confirmada con el protocolo de necropsia, introducido al juicio a través del testimonio de la perito del Instituto de Medicina Legal, doctora María del Pilar Chávez García, en donde se concluye que el hoy occiso recibió múltiples lesiones producidas con arma blanca de diferentes características, “lo que sugiere que no fue una sola arma”.

(ii) Alcance de la causal de agravación prevista en el numeral 7º del artículo 104 del Código Penal

El citado precepto agrava en forma específica el homicidio cuando el mismo se comete “colocando a la víctima en situación de indefensión o inferioridad o aprovechándose de esta situación”.

Como se desprende de su texto legal, la causal se presenta tanto en el evento de que el autor propicia o crea la situación de indefensión o inferioridad de la víctima, como cuando simplemente se aprovecha de alguna de esas condiciones.

Está en situación de indefensión quien al momento de la agresión carece de medios de defensa, esto es, en estado inerme, mientras la inferioridad ocurre cuando el sujeto activo se encuentra en relación de superioridad frente a la víctima, vale decir, en posición ventajosa que le permite ejercer fácil dominio sobre esta.

La circunstancia de agravación en examen comprende no solo los eventos considerados tradicionalmente como actos en cuya ejecución el autor actúa a traición o en forma sobre segura, como la insidia, la alevosía, la acechanza y el envenenamiento, sino todas aquellas situaciones en las cuales la víctima se encuentra en imposibilidad de repeler el ataque.

De vieja data, pero cuya decisión por su actualidad ha sido recordada en recientes providencias(2), la Corte tiene dicho lo siguiente sobre dicha causal de agravación:

“Todas las formas dolosas y cobardes de cometer homicidio y lesiones personales con un mínimo de peligro para el agresor, y un máximo de indefensión para la víctima, quedan comprendidas en la circunstancia calificante de la alevosía. Este vocablo tiene hoy en la doctrina un sentido amplísimo, equivalente a sorprender al ofendido descuidado e indefenso, para darle el golpe con conocimiento o apreciación, por parte del agente, de esas condiciones de impotencia en que se halla el sujeto pasivo del delito. La alevosía tiene, pues, un contenido objetivo y subjetivo, sin que sea de su esencia la premeditación. La dicha agravante se traduce generalmente en la ocultación moral y en la ocultación física. La primera, cuando el delincuente le simula a la víctima sentimientos amistosos que no existen o cuando le disimula un estado del alma rencoroso. La ocultación física, cuando se esconde a la vista del atacado, o se vale de las desfavorables circunstancias de desprevención en que se encuentra”(3).

La razón del mayor reproche contenido en el precepto ha sido expuesta con lujo de detalles por la doctrina, y al efecto se ha expuesto como tal “la perversidad demostrada por el victimario al ejecutar un acto que imposibilita al agredido para rechazar el injusto; quien traiciona, asecha, envenena o mata en cuadrilla, elimina así o disminuye notoriamente la seguridad individual y social, pues en el caso concreto el ciudadano no tuvo la menor oportunidad de salvarse del ataque, por lo que el homicida produjo un mayor daño social”(4).

(iii) Caso concreto

Como se señaló atrás, está establecido en el presente evento que el joven Juan David Pérez Gómez, cuando huía con el grupo de seguidores del equipo de fútbol América de Cali, tropezó y cayó al piso, momento en el cual varios aficionados del Club Deportivo Santa Fe le cayeron encima, dándole puntapiés y puñaladas, heridas estas últimas que le causaron la muerte.

Sin duda, cuando el aludido cayó al piso, rezagándose de esa manera de sus compañeros, quedó en estado inerme, es decir, en imposibilidad de defenderse ante la ausencia de medios a su alcance para repeler el ataque, situación aprovechada por sus agresores para herirlo mortalmente.

Pero además, como la embestida provino de aproximadamente siete (7) individuos, entre quienes se encontraba David Ricardo Clavijo Buitrago, configurando una evidente superioridad numérica, propiciada por estos, la víctima quedó de esa forma también en situación de inferioridad que le impidió, igualmente, ejercer cualquier reacción para superar la agresión.

Siendo así la situación, se impone concluir que el tribunal, ciertamente, incurrió en la violación indirecta denunciada por el casacionista, pues dejó de aplicar el numeral 7º del artículo 104 del Código Penal, pese a que los hechos demostrados en el proceso daban lugar a la deducción de la circunstancia de agravación allí contemplada.

A este respecto, resulta evidente la falta de razón en el planteamiento de la defensa, expuesto en el curso de la audiencia de sustentación oral del recurso de casación y acorde con el cual el ataque se produjo en desarrollo de una reyerta entre dos grupos. Como quedó visto atrás, tal confrontación cesó cuando los aficionados del América de Cali, ante la superioridad numérica en que estaban con los seguidores del Santa Fe, optaron por huir del lugar, y tanto es así que, precisamente, en el momento de la evasión la víctima cayó al piso, oportunidad aprovechada por sus persecutores para agredirlo hasta causarle la muerte.

Prospera el cargo. En consecuencia, debe la Sala a continuación fijar las consecuencias que ello acarrea en la pena.

Redosificación punitiva

El juzgado de primera instancia condenó al procesado por el delito de homicidio agravado, y al tasar la sanción seleccionó el cuarto mínimo, dentro del cual sumó al extremo inferior, esto es 400 meses atendido el aumento de pena contemplado en el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, 10 meses por razón de los criterios dosimétricos previstos en el artículos 61 del Código Penal, imponiendo de esa manera 410 meses de prisión.

Sería del caso entonces que la Sala confirmara la decisión en ese sentido adoptada por el a quo. Sin embargo, como dicho funcionario dedujo dos circunstancias específicas de agravación, esto es, las previstas en los numerales 6º y 7º del artículo 104 del Código Penal, de las cuales solamente habrá de mantenerse la segunda de ellas, pues la primera fue suprimida por el tribunal, sin que respecto de esa decisión haya habido lugar a casar la sentencia, será necesario disminuir proporcionalmente los 10 meses incrementados en el fallo de primer grado, en el entendido de que no es lo mismo, en términos de gravedad de la conducta, ejecutar un ilícito con la concurrencia de una circunstancia de mayor punibilidad, que con dos o más.

Por tal razón, la Corte incrementará a los 400 meses, equivalentes al mínimo de la sanción, 5 meses para un total de 405 meses, incremento que corresponde a los otros factores aplicados por el a quo, de acuerdo con el artículo 61 arriba citado.

En consecuencia, se casará la sentencia impugnada para fijar en cuatrocientos cinco (405) meses la pena de prisión impuesta a David Ricardo Clavijo Buitrago.

Se determinará también que la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas queda en veinte (20) años, límite máximo imponible de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 del estatuto punitivo.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CASAR la sentencia impugnada, en el sentido de condenar a David Ricardo Clavijo Buitrago a la pena principal de cuatrocientos cinco (405) meses de prisión y a la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de veinte (20) años, como autor responsable del delito de homicidio agravado.

2. DETERMINAR que los demás ordenamientos del fallo se mantienen incólumes.

Contra esta providencia no procede recurso alguno.

Notifíquese y cúmplase».

(1) Sentencia del 9 de noviembre de 2009, Radicación 25738. En el mismo sentido, auto del 7 de febrero de 2007, Radicación 26727.

(2) Sentencias del 8 de octubre de 2008, Radicación 26395 y del 23 de septiembre de 2009, Radicación 20224.

(3) Sentencia del 7 de febrero de 1955, en Gaceta Judicial, tomo LXXIX, pág. 581.

(4) Gómez López, Jesús Orlando, El homicidio, Tomo I, Editorial Temis, Bogotá, 1993, pág. 445.