CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

 

Sentencia 36815 de marzo 1º de 2011

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 36815

Magistrada Ponente:

Dra. Elsy Del Pilar Cuello Calderón

Acta Nº 06

Bogotá, D. C., primero de marzo de dos mil once.

Resuelve la Corte el recurso extraordinario de casación interpuesto por el apoderado de ACERÍAS PAZ DEL RIO S. A., contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, el 6 de marzo de 2008, dentro del proceso ordinario laboral promovido por MAYRA TORRES PÉREZ y CAMILO ANDRÉS HERRERA TORRES.

Se reconoce personería a la doctora SONIA MARCELA NOSSA BERNAL con T. P. 127.335 del Consejo Superior de la Judicatura, para actuar como apoderada de la parte demandante, en los términos y para los efectos de la sustitución de poder que obra a folio 62 C. de la Corte.

Antecedentes

MAYRA TORRES PÉREZ a nombre propio y en representación de su menor hijo CAMILO ANDRÉS HERRERA TORRES demandó a la empresa recurrente para que luego de que se declare que existió contrato de trabajo con su esposo y padre CÉSAR HUMBERTO HERRERA LÓPEZ del 3 de abril de 2000 al 19 de mayo de 2001 cuando terminó por muerte “en accidente de trabajo ocurrido por culpa del empleador ACERÍAS PAZ DEL RIO S.A., por la negligencia de la empresa en el cumplimiento de sus deberes de facilitarle al trabajador los elementos necesarios para desarrollar la labor encomendada…”, se condene al pago de la indemnización “total y ordinaria de perjuicios materiales y morales causados”, a lo descontado y no girado al correspondiente fondo, por concepto de aportes al Régimen Especial de Pensiones, a lo que resulte probado extra y ultra petita y a las costas.

Afirmó que CÉSAR HUMBERTO HERRERA LÓPEZ se vinculó con la empresa demandada el 3 de abril de 2000; para disminuir la carga salarial y prestacional la demandada lo contrató bajo “la modalidad de Contrato de Aprendizaje, sin que existieran realmente las condiciones para poder aplicarse esta forma de vinculación laboral”; le cancelaron salarios por debajo de mínimo legal y convencional; el Jefe de Personal de la sociedad demandada le comunicó “que el contrato de obrero de aprendiz …vencía el 2 de abril de 2001 y ordena el examen médico de retiro”; que sin solución de continuidad siguió en las labores acostumbradas, dentro de las cuales estaban las de “ingresar con el personal de aseo a las calderas de la planta de alquitrán en la sección de coquería. La empresa no suministró los implementos necesarios para proteger la vida de sus trabajadores en estas actividades de riesgo”; el 19 de mayo de 2001, aproximadamente a las 10 a.m., “ingresó por orden de sus jefes inmediatos a las calderas para realizar labores de mantenimiento, en compañía de MARCELINO ROJAS y REINALDO MORA, sin implementos de protección. CÉSAR HUMBERTO HERRERA LÓPEZ ingresó primero que sus dos compañeros; cuando detectó el olor a gas le avisó rápidamente a sus compañeros quienes alcanzaron a salir, mas no CÉSAR HUMBERTO HERRERA LÓPEZ” quien falleció “a causa del accidente de trabajo al inhalar los gases altamente tóxicos que se producen en las calderas de la planta de alquitrán de ACERÍAS PAZ DEL RIO S.A.”; de conformidad con el resultado de la necropsia falleció por “Edema pulmonar, insuficiencia cardiorrespiratoria aguda, asfixia mecánica, intoxicación exógena”; la empleadora fue negligente con las medidas de seguridad que debió tomar frente a quienes ejercen labores de alto riesgo expuestos a gases tóxicos, “obligándolos a ingresar en difíciles condiciones de acceso a sitios estrechos y cerrados, sin verificar previamente la existencia de gases tóxicos y sin suministrar los implementos de protección necesarios”; solicitaron la pensión de sobrevivientes la cual les fue negada, “porque revisadas las bases de datos de recaudo y afiliación al Sistema de Riesgos Profesionales de la ARP del Seguro Social, no se encontró afiliación vigente del señor HERRERA a 19 de mayo de 2001, fecha del accidente con la Empresa ACERÍAS PAZ DEL RIO S.A.” (fls. 103 a 114).

En la contestación, la empresa aceptó la fecha inicial de la relación; señaló que el trabajador fue vinculado a término fijo de 6 meses bajo la modalidad de contrato de aprendizaje industrial, distinto al de aprendizaje del Sena; afirmó que le pagaron salarios en los términos de la cláusula 19 de la Convención Colectiva de Trabajo vigente, “los cuales en todo caso son superiores a los salarios mínimos de ley”; argumentó que el contrato inicial de 6 meses “fue prorrogado por tres periodos de tres meses cada uno, la última prórroga vencería el 2 de julio de 2001, como consta en el Acta adicional al contrato suscrito entre las partes”; aceptó lo del fallecimiento del trabajador en la fecha y hora indicadas en la demanda pero negó que la empresa hubiera “dejado de suministrar las elementos de seguridad requeridos para esa labor”; expuso que según informe de la Directora del Departamento de Coquería de la empresa, no se tenía “previsto la posibilidad de presencia de gases tóxicos (sulfhídrico) en ese sector, por lo cual no está incluido en el procedimiento la detección de ese gas cuando se requiere hacer actividades de limpieza. Según el mismo informe en varias ocasiones y bajo las mismas circunstancias se habían hecho intervenciones en la caldera, ductos de humo y en el horno sin que se hubiera detectado la presencia de gas tóxico”; recabó que no existió contrato de aprendizaje Sena “como ya se informó el contrato es a término fijo bajo la modalidad de aprendizaje industrial debidamente reglado en la cláusula 19 de la Convención entonces vigente”; expuso que ante la negativa del ISS, la empresa “asumió directamente la pensión a favor de la cónyuge demandante y el hijo menor de edad, desde el 19 de mayo de 2001 fecha del fallecimiento del trabajador”. Se opuso a las pretensiones y formuló las excepciones de prescripción, pago de lo no debido, y la que resulte probada a favor de la demandada (fls. 130 a 135).

En escrito de folios 152 a 166 la parte actora reformó la demanda inicial para reclamar todos los beneficios convencionales otorgados a los trabajadores de Acerías Paz del Río S. A. y como consecuencia de ello, pidió el pago de diferencias salariales y prestacionales, en los términos de la Convención Colectiva 2000- 2001; la indemnización moratoria por el “retraso injustificado en el pago real de los derechos económicos del trabajador al término del contrato”; la pensión de sobrevivientes o las diferencias, con la correspondiente indexación e intereses.

El escrito que presentó el apoderado de la accionada se declaró extemporáneo y por ende el juzgado tuvo por no contestada la reforma a la demanda (fls. 176, 178, 179 y 207).

El Juzgado Laboral del Circuito de Duitama, por sentencia del 16 de febrero de 2007, declaró que el accidente en el que perdió la vida el trabajador “ocurrió por culpa de la empleadora ACERÍAS PAZ DEL RIO S.A.” y consecuencialmente condenó a pagar a los demandantes por lucro cesante consolidado la suma de $49.111.931,40 a cada uno; por lucro cesante futuro $132.010.446,20 para la esposa y $69.907.000,oo al menor hijo; por daño moral, el equivalente a 600 s.m.l. vigentes a la fecha del pago para la esposa y 300, para el hijo; a devolverles la suma de “$318.970,oo debidamente indexada, que corresponde a los valores retenidos y no consignados como aportes al sistema de seguridad social en pensiones” y a las costas del proceso.

Declaró igualmente que la empresa debería continuar pagándoles la “pensión de sobrevivientes, como lo ha hecho hasta ahora y mientras subsistan las circunstancias que generan el derecho” (fls. 386 a 401).

Mediante providencia de 22 de febrero de 2007 se corrigió la sentencia en el sentido de indicar que la condena por daño moral a favor del menor equivalía a 400 s.m.l. vigentes a la fecha de pago (fl. 405).

La sentencia acusada

Al resolver la apelación de la empresa demandada, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, por sentencia de 6 de marzo de 2008, confirmó en su totalidad la del a quo. Le impuso costas a la parte recurrente (fls. 28 a 44 C. del Tribunal).

El ad quem partió del supuesto indiscutible “de la ocurrencia del accidente de trabajo, en el lugar del mismo, por cuanto la empleadora así lo aceptó en la contestación de los hechos y por falta de reclamo alguno frente a este hecho”; luego de reproducir el artículo 216 del CST, precisó que según lo propuesto en la apelación correspondía establecer si estaba probada la culpa del empleador y su diligencia y cuidado, conforme con la definición que contiene el Código Civil.

Reseñó apartes de los testimonios de la Ingeniera CARMEN LEÓN, del Instructor EUGENIO ACEVEDO PÉREZ y del Supervisor de turno JAIRO CAMARGO, y expuso que “en conjunto e individualmente, teniendo en consideración las reglas de la sana crítica y la facultad consagrada en el artículo 61 del C. de P. L. y S. S. de apreciar las pruebas arrimadas al expediente, así como las circunstancias relevantes del proceso, se llega a la conclusión que existe la culpa probada del empleador, toda vez que del contenido de ellos es fácil advertir que el accidentado debía estar supervisado por el Jefe de Turno, que no era otro sino el señor JAIRO CAMARGO, quien debería verificar cómo se encontraba el personal antes de iniciar la labor y que el citado afirma que la segunda vez que entró el occiso, luego de haber salido, no verificó las medidas de seguridad, por no estar presente, que el día del accidente tampoco estaba el bombero de seguridad y que el único elemento que tenía era la máscara antigás. Nótese, como de la supervisión del Jefe de Turno también da cuenta el testigo EUGENIO ACEVEDO PÉREZ, afirmando que el día anterior le explicó la labor que debía hacer o supervisar con otras dos personas de aseo y que el occiso fue devuelto por no llevar la máscara antigás; declaración que permite inferir que hubo negligencia o descuido por parte de quien en el día del accidente estaba como Jefe de Turno, por no verificar las condiciones en que entraba por segunda vez al lugar donde el accidente se produjo”.

Aludió a las observaciones que la Ingeniera hizo frente a la responsabilidad del jefe de turno, folios 237 y 238, a la inspección que procedía después de la limpieza, “que no se podía dejar la responsabilidad a un obrero aprendiz que no tiene la experiencia, que debía encargarse al Jefe de Turno, correspondiéndole a quien estuviera en el primero. Acotaciones a las cuales no se dieron cumplimiento”.

Destacó que el concepto del perito no fue objetado en cuanto a las medidas de seguridad que se debían tomar en forma permanente frente a la emisión de gases, a través de los correspondientes medidores de concentración, “en lo posible desplazar un extractor de olores o ventilador para que disipe los gases; exigir a las personas que ingresen que lo hagan con equipo de respiración autónoma y que exista presencia permanente de seguridad social, esto es contar con una enfermera y alguien que controle el procedimiento que realicen los trabajadores…y bajo ninguna circunstancia confiar en el sentido del olfato para determinar la conveniencia de penetrar en un espacio confinado que pueda contener gas (fls. 325 a 329) concepto que permite inferir que la empresa no contó con las mínimas condiciones de seguridad para el trabajo de limpieza que debía efectuar el accidentado y sus otros compañeros pues quienes declararon solo hacen mención a la dotación de la máscara de gas y es el mismo jefe de personal quien informa sobre ese tópico y quien inclusive afirma que el bombero de seguridad no estaba”.

En síntesis, no encontró acreditado que la empresa hubiera actuado con diligencia y cuidado, por la falta de verificación permanente, por la ausencia de dotaciones adecuadas y porque tampoco hubo control previo de ingreso al lugar donde se produjo el accidente, atendido el sitio de trabajo que “requería de especiales prevenciones”.

Por último indicó que no accedería a descontar las sumas que la empresa pagaba a los accionantes por pensión de sobrevivientes, porque el trabajador estaba desprotegido y por tanto, aquella tenía la obligación de asumir tal contingencia, toda vez que si lo hubiera afiliado a riesgos profesionales, esa obligación no le correspondería y que “además no se dan las condiciones exigidas por el artículo 216 del C. de P. C., para hacerse descuentos, los que solo los autoriza la norma en caso de que se hayan hecho pagos por conceptos de incapacidades”; adujo que no revisaría las condenas “pues la parte recurrente no mostró inconformismo alguno con las sumas establecidas como lucro cesante”.

EL RECURSO DE CASACIÓN

Concedido por el Tribunal, y admitido por la Corte, el apoderado de la sociedad demandada propone que se case la sentencia acusada, para que, en sede de instancia, revoque la de primer grado, y en su lugar absuelva de la “indemnización plena de perjuicios impetrada por la parte demandante”. Subsidiariamente pide casar parcialmente la sentencia acusada en cuanto confirmó la condena al pago de la pensión de sobrevivientes para que en sede de instancia la revoque “y en su lugar se disponga el descuento de la misma del valor de la indemnización total y ordinaria de perjuicios”.

Con fundamento en la causal primera, el impugnante formula dos cargos que tuvieron réplica oportuna. Se despacharán en la forma propuesta.

PRIMER CARGO

Acusa la sentencia del Tribunal de violar “indirectamente, por aplicación indebida, el artículo 216 del CST en relación con los artículos 56 del mismo estatuto, 1604, 1613 y 1757 del C. C. y 177 del C.P.C.”.

Le endilga al Tribunal los siguientes errores de hecho.

“1. Dar por demostrado, sin estarlo, que el accidente de trabajo en el que perdió la vida HERRERA LÓPEZ, cónyuge de la demandante, se debió a culpa patronal.

“2. Dar por establecido, sin estarlo en realidad, que el jefe de turno no cumplió con su deber de verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad.

“3. Dar por demostrado, sin estarlo, que hubo negligencia o descuido por parte del jefe de turno al no verificar las condiciones en que el trabajador ingresaba por segunda vez al lugar donde se produjo.

“4. Dar por demostrado, sin ser ello cierto, que las observaciones hechas por la ingeniera en el documento de folios 237 y 238 conducen a dar por demostrada la culpa de la empleadora demandada.

“5. Dar por demostrado, sin estarlo, que la empresa no contó con las mínimas condiciones de seguridad para la labor de limpieza que debía realizar el accidentado.

“6. Dar por demostrada, sin ser cierto, la falta de control permanente en el trabajo y de dotación de elementos propios para realizarlo.

“7. Dar por demostrado, sin estarlo, que la empresa no previó que por falta de dotación propia o de la vigilancia requerida por parte del jefe de turno, se podían ocasionar daños en sus trabajadores.

“8. No dar por demostrado, estándolo, que la empresa siempre actuó con diligencia y cuidado al encomendar cualesquier labor a sus trabajadores.

“9. No dar por demostrado, estándolo, que el fallecimiento del trabajador se produjo como consecuencia de un hecho fortuito.

“10. No dar por demostrado, estándolo, que hubo negligencia por parte del trabajador al no usar la máscara de gas, a sabiendas de que debía hacerlo.

“11. No dar por demostrado que no hubo culpa alguna de la empresa en el accidente sufrido por el trabajador”.

Como pruebas no apreciadas señala: el pronunciamiento de la Fiscalía dentro de la investigación por el deceso del trabajador (fls. 308 C 1 y 37 C. copias Fiscalía); acta de inspección al cadáver (fl. 82 C. 1); informe del investigador judicial (fl. 278), el protocolo de necropsia (fl. 287), el documento que contiene anotaciones en el libro de la enfermería (fl. 225 C. 1), el informe de 1 de junio de 2001 de la Directora del Departamento de Coquería al ingeniero Gerente de la planta, con sus respectivos anexos 1 y 2; el informe del Jefe de Turno (fl. 234 C 1); fotocopias de instrucciones que obran en el cuaderno de documentos aportados por la demandada a excepción de los de folios 237 y 238 del C. 1; correspondencia interna de la empresa en relación con la asignación de elementos de protección personal a operadores y ayudantes; el Reglamento de Higiene y Seguridad (fl.16 C.1) y la inspección judicial (fl. 339 C 2). Como pruebas erróneamente apreciadas señala: fotocopias de instrucciones a capataces y jefes de turno (fls. 237 y 238). Como pruebas “no calificadas indebidamente apreciadas”: las declaraciones de Carmen León Granados, Jairo Camargo y Eugenio Acevedo Pérez (fls. 239, 245 y 267), además el cuestionario desarrollado por el perito (fls. 325 C 2). Como pruebas “no calificadas inapreciadas”: las declaraciones de Víctor Hugo Suárez, Javier Milciades Ramírez, Orlando Téllez Orduz y Reinaldo Mora (fls. 259, 261, 314 C. 2 y 340 C. 2), más la declaración rendida por Marcelino Rojas ante la Fiscalía (fl. 37 C. de la Fiscalía).

En la demostración manifiesta que no discute la existencia del accidente de trabajo; pero que un somero análisis de las pruebas acusadas lleva a la conclusión contraria a la que arribó el Tribunal, pues la culpa patronal no aparece “suficientemente comprobada” “lo que se pone de presente es que la empresa siempre obró con diligencia en la adopción de las medidas de seguridad de sus trabajadores y que, por la forma como ocurrió el accidente, el riesgo a que se vio expuesto el trabajador se debió en realidad a un hecho desierto, fortuito, no predecible, hecho en el que, por lo demás, cabría incluso una eventual responsabilidad del propio Herrera López”.

Afirma que en la investigación preliminar adelantada por la Fiscalía se estableció que ocurrió una situación fortuita y/o accidental o por un descuido dado que se tuvo en cuenta el atrancamiento que sufrió el trabajador en la compuerta de la caldera y que no utilizó los elementos de protección y por ello se inhibió de abrir investigación (folios 308 C. 1 y 37 C. copias Fiscalía).

Sostiene que en el “protocolo de necropsia” se informó sobre el “hallazgo de comida en las vías aéreas y evidentes signos de broncoaspiración”, lo cual pone de presente el advenimiento de “circunstancias externas e imprevisibles en el fatal desenlace”; que el acta de inspección al cadáver y el informe correspondiente, corroboran el hecho de que la víctima quedó “atascada” en la compuerta de salida, lo cual corrobora un hecho fortuito.

Explica que las anotaciones registradas en el libro de enfermería que lleva la entidad se deduce que el guardia de la sección de bomberos avisó a aquella dependencia, la ocurrencia del accidente y que a las 10:35 llegó la ambulancia con el paciente (fl. 225 C. 1), lo que refleja el comportamiento diligente de la empresa y la capacidad para adoptar medidas necesarias y oportunas ante la eventualidad o infortunio como el acaecido.

Sostiene que el informe enviado por la Ingeniera Directora del Departamento de Coquería al Gerente (E), pone de relieve que el accidente se debió a un hecho aislado e imprevisto que exonera a la empresa de toda responsabilidad; que como el personal conocía la “toxicidad y cuidados que debe tener con el manejo del gas sulfhídrico y de la supervisión que deben hacer cuando se esté quemando a la atmósfera” y que “se citan los más relevantes” instructivos de 28 de abril, 28 de agosto, 12 de diciembre de 2000 y 21 de enero de 2001; que se ha hecho énfasis a los jefes de turno, según se deduce del referido informe, que la presencia de gas como “el sulfhídrico que pudo haber contaminado el lugar”, no es lo usual cuando de labores de limpieza se trata, por ello, tal posibilidad no se tenía prevista y en manera alguna supone aceptación de la negligencia de la empresa, “sino que por el contrario, pone de relieve lo imprevisible de lo ocurrido que, por lo mismo mal puede involucrar su responsabilidad”. En punto a la teoría de las obligaciones, de prever lo que es normal y no lo excepcional, reproduce en lo pertinente sentencia del 10 de julio de 2002, Rad. 18323.

Afirma que el anexo 1 del informe anterior, que reposa en el mismo cuaderno de pruebas, da cuenta de que el trabajador ingresó a la empresa el 3 de abril de 2000 como obrero aprendiz y como operador “rampa de coque” y luego, a partir del 4 de octubre del mismo año como operador de la planta de alquitrán, “dejándose expresa constancia de que en cada uno de tales sectores “se le dio el entrenamiento adecuado para la realización de su trabajo”; que el anexo 2 denominado “ficha del gas sulfhídrico”, registra el informe sobre los efectos que en la salud produce la inhalación de este gas, así como los primeros auxilios que deben brindarse, tales como el traslado al aire fresco, suministro de respiración artificial o, llegado el caso, oxígeno y atención médica inmediata, “medidas estas que, como ha quedado demostrado, fueron justamente las tomadas por la empresa tan pronto sucedió el accidente”.

Aduce que el jefe de turno, Jairo Camargo, informó que las labores de limpieza fueron iniciadas por Herrera López en compañía de dos trabajadores de la cuadrilla de aseo, “desde el día anterior”; que el desafortunado día, ellos ingresaron a la caldera a las 8:00 am; que Herrera salió a las 8:15 a instancias suyas a cargar el carrotanque de alquitrán que llegó en ese momento; aproximadamente a las 9:30 salieron los otros compañeros a tomar gaseosa, descansar y recibir aire fresco para entrar nuevamente a las 10:00; tan pronto sucedió el accidente se llamó a seguridad industrial y se solicitó una ambulancia la cual trasladó al accidentado inmediatamente a la clínica; que de conformidad con el relato de un compañero, al darse cuenta de que Herrera López no había salido, se asomaron y lo vieron desmayado dentro del ducto, “por lo que entraron a auxiliarlo y lo sacaron. Por lo demás, consta en el informe que con posterioridad el jefe de turno observó que el mechero de gas sulfhídrico se había apagado, lo que pudo haber originado el accidente (fl. 234 C. 1 del juzgado)”.

Sostiene que parte de los libros de instrucciones a capataces y jefes de turno (salvo las de folios 237 y 238), fueron ignoradas por el Tribunal; que dichos documentos ponen de manifiesto la asignación de turnos, indicación de tareas y procedimientos a los operadores así como la permanente supervisión y seguimiento de las diversas actividades y labores desarrolladas en las plantas, todo en aras, de optimizar su funcionamiento y prevenir cualquier riesgo que se pudiera presentar.

Afirma que los últimos folios del cuaderno de pruebas que están sin enumerar, contienen correspondencia interna de la empresa relacionada con la dotación periódica de elementos de protección para operadores y ayudantes, evaluación de los mismos con el fin de comprobar su aptitud y eficacia, así como listados de asignación y cambio de elementos de protección entre otros, al personal adscrito al departamento de coquería y a folio 16 y s.s. del C. 1 se encuentra el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial de la empresa.

Señala que a folio 339 C. 2 obra la diligencia de inspección judicial practicada en las instalaciones de la entidad demandada en la que consta que una persona de regular estatura puede transitar de pie dentro de la caldera.

Destaca que los documentos de folios 237 y 238 del cuaderno 1 fueron erróneamente apreciados por el sentenciador al colegir que las labores de limpieza no podían dejarse a cargo de un obrero aprendiz porque lo que en realidad indican es que una vez realizada la limpieza por parte del operador se debe efectuar una inspección posterior que no puede quedar en manos de éste, sino del jefe de turno.

Arguye que el grave yerro del sentenciador fue condenar a la demandada por considerar que no había demostrado la debida diligencia y cuidado y no contar con las mínimas condiciones de seguridad para el trabajo de limpieza que debía efectuar el accidentado, porque si se analizan las probanzas, lo que queda demostrado es que la parte demandante en realidad no mostró la culpa de la empresa en la ocurrencia del accidente. Reitera que la empresa siempre tuvo la diligencia y cuidados requeridos, como que siempre cumplió con sus obligaciones de seguridad y protección, respetó las normas de salud ocupacional y demostró eficiencia en la vigilancia y capacitación de sus dependientes; “consta igualmente que Herrera López fue debidamente capacitado para el desempeño de las labores a él asignadas, que se le suministraron los requeridos elementos de protección y que antes bien, por el contrario, como se verá al analizar la prueba testimonial, fue por negligencia o exceso de confianza de la propia víctima que pudo haberse presentado el accidente en tanto aparece demostrado que no tomaba las debidas precauciones y se abstenía de usar los correspondientes elementos de protección”.

Acto seguido alude a los testimonios de folios 239, 245 y 267 de los que afirma, que en conjunto demuestran todo lo contrario de lo que dedujo el Tribunal, es decir, la ausencia de la susodicha culpa en la demandada. En forma amplia refiere la versión de la ingeniera Carmen León y las testimoniales de Jairo Camargo, Eugenio Acevedo, Víctor Hugo Suárez, Javier Milciades Ramírez, Orlando Téllez Orduz, Reinaldo Mora y Marcelino Rojas, que dice llevan a la “inexorable y necesaria conclusión de que no existió la culpa patronal que de manera endeble y alejada de la realidad probatoria dedujera el Tribunal y menos aún con la connotación de hallarse plena y eficazmente comprobada como lo exige el artículo 216 del CST”. Reitera que al demostrarse los protuberantes desaciertos fácticos de la sentencia acusada con prueba calificada, quedan desvirtuadas por completo las “endebles deducciones del Tribunal de las probanzas que tuviera en cuenta para concluir la existencia de una curiosa culpa patronal. Si el Tribunal no hubiera cometido los protuberantes desaciertos fácticos denunciados, no habría aplicado indebidamente las disposiciones invocadas en la proposición jurídica, y por tanto, no habría impuesto las condenas de segunda instancia y habría revocado la decisión del juzgador a quo para, en su lugar absolver”.

LA RÉPLICA

Aduce que la censura propone en forma indebida un hecho nuevo como que ahora plantea la existencia de un caso fortuito para exonerar de responsabilidad a la empleadora. Pues en la contestación a la demanda no expuso ese aspecto; que antes de la sentencia inicial no formuló alegatos de conclusión y tampoco fue tema de la apelación; por ello no resulta posible esbozarlo en casación y entonces el cargo se debe rechazar.

SE CONSIDERA

La Sala no encuentra, como lo aduce la réplica que en la demanda de casación se invoque un hecho nuevo, puesto que la circunstancia de no haberse especificado con anterioridad, en la respuesta a la demanda, la existencia de un “caso fortuito”, en modo alguno implica que deban desatenderse los argumentos del recurrente, en tanto que acusa al Tribunal por la comisión de unos desaciertos fácticos con sustento en unos medios probatorios, que corresponde analizar y así se observa lo siguiente:

A folios 308 y s.s. obra la providencia dictada por el Fiscal Delegado ante los Jueces Penales del Circuito de Duitama, en la que evaluó la versión de un compañero del fallecido, el protocolo de necropsia, el levantamiento “y en general de todo el material obrante en el plenario” que lo llevó a proferir decisión inhibitoria, al descartar la participación de manos criminales en el accidente. En realidad esta determinación, de singular trascendencia en materia penal, no es relevante para desvirtuar la conclusión del ad quem en punto a que en el accidente de trabajo que le ocasionó la muerte a CÉSAR HUMBERTO HERRERA LÓPEZ hubo culpa patronal, puesto que no desvirtúa las circunstancias y condiciones que evidenció el juzgador y que le dieran la certeza de la existencia de ese elemento subjetivo requerido por el artículo 216 del C. S. del T., en esa dirección, debe precisarse que aunque el Fiscal se refirió al “atascamiento sufrido por César Humberto” y a la omisión de usar un elemento de protección, ello no descarta por sí mismo aquella culpa que se encontró suficientemente comprobada con sustento en los testimonios de Carmen León, Eugenio Acevedo Pérez y Jairo Camargo, específicamente por la ausencia de control, de supervisión y verificación de la ventilación del sitio de trabajo y de los trabajadores, que dijo el sentenciador correspondía al Jefe de Turno.

El acta de inspección del cadáver (fls. 82 a 85), contiene en detalle la fecha y hora del fallecimiento, las señales particulares del occiso y una versión resumida de la información suministrada por un hermano del fallecido, sobre la labor que aquél y otros compañeros desarrollaban, el estrecho espacio de ingreso al lugar de trabajo, la posible presencia de gas y que se atascó en la puerta, lo que le impidió salir a buscar aire fresco. Tal elemento de prueba, que hace parte de la investigación antes aludida, tampoco desvirtúa la deducción del Tribunal, ni conduce a la existencia de un yerro fáctico de carácter ostensible.

El documento de folio 278 que contiene el informe del Investigador Judicial, igualmente hace parte de las diligencias preliminares que dieron lugar al inicio de la investigación que concluyó con la decisión inhibitoria referida; el contenido del mismo no es más que la recolección de versiones, datos y detalles coincidentes con los del precedentemente examinado y tiene la misma relevancia penal de no existir mérito para “accionar el aparato represor del Estado”, insuficiente para evidenciar un error de hecho.

Igual sucede con el protocolo de necropsia de folios 287 a 289, que en términos más precisos y explicados contiene un análisis de los diferentes y más importantes órganos del fallecido. Al final se lee la siguiente “CONCLUSIÓN: Hombre adulto joven que fallece por insuficiencia cardiorespiratoria aguda como consecuencia de edema pulmonar secundario a hipoxia severa por sofocación asociada a proceso de broncoaspiración y proceso tóxico por gases posiblemente metano, probable manera de muerte: Accidental, accidente de trabajo”.

Las fotocopias de las notas de enfermería, aportadas por el Director de Recursos Humanos de la demandada, de folios 225 y ss., señalan que el día del accidente, a las 10:30, el guardia de la sección de bomberos llamó y avisó que había un trabajador grave en la planta de coquería, “a las 10:35 llega la ambulancia con paciente en camilla, se observa paciente cianótico, inconciente, pálido, pupila dilatada…no responde a estímulos, sin embargo se le administra O2…, es trasladado a la clínica…”. Ese hecho que resalta el recurrente, atinente a que el trabajador fue atendido en forma bastante oportuna, después del infortunado accidente, no desvirtúa la deducción del juez de segundo grado, que como se consignó, se basó fundamentalmente en varios testimonios, y que tiene que ver con la conducta del empleador en el momento en el que ejerce la labor el trabajador, mas no con posterioridad al insuceso, amén de que la actitud reprochada por el juzgador fue la ejecutaba previamente al accidente, esto es, que faltó el control y la supervisión del encargado, antes de iniciar el aseo de la caldera, para establecer las condiciones en las que se hallaba el lugar y el trabajador, amén de que también dedujo el ad quem que estaba probado que esa responsabilidad no podía atribuirse a un aprendiz, como Herrera López.

El informe de 1 de junio de 2001 de la Directora del Departamento de Coquería, Ingeniera CARMEN LEÓN GRANADOS, obrante en el cuaderno de la “documental aportada por el apoderado de la demandada…”, que la censura señala como inapreciado, si bien no fue mencionado expresamente por el Tribunal, es coincidente con la reseña que él hizo del testimonio rendido por la citada Ingeniera; después del recuento de la última reparación de la caldera, se precisa en el mismo que la “inspección es responsabilidad del jefe de turno, de igual manera la verificación del aseo”, y hace la siguiente recomendación: “No podemos continuar dejando la responsabilidad de este trabajo y/o inspección a un Obrero Aprendiz que no tiene experiencia y responsabilidad de ustedes. Por este trabajo debe encargarse el Jefe de Turno que está en 1º turno y cuando estén dos Jefes de Turno, el señor Jairo Camargo”. El resto del informe registra el detalle de los trabajos realizados antes del 19 de mayo de 2001 cuando ocurrió el accidente; consigna según su criterio, la posible causa del accidente (gas sulfhídrico), porque, afirma, recibió informe del jefe de turno “de que había encontrado el quemador de gas de coque donde se quema el gas sulfhídrico en la chimenea de la planta de Alquitrán apagado” (el subrayado es de la Sala); aparece igualmente una descripción de la forma como se produce el referido gas, que cuando “la Planta de Ácido no puede consumirlo”, se quema a la atmósfera” y alude a los anexos 2 y 3 explicativos de ese proceso.

Describe ese documento los 2 sitios de las instalaciones donde se quema el referido gas: una antorcha en el 4º piso en la Planta de Ácido y en la Chimenea de la Planta de Alquitrán; precisa que “al apagarse el quemador del gas de coque, el gas sulfhídrico suspende su combustión, se presume que el tiraje de la chimenea no fue suficiente para la evacuación total del gas a la atmosfera y parte de éste fue a dar a través del canal de humos al sitio donde se estaba realizando la limpieza”; enseguida consigna los eventos posibles por los que el quemador de gas se puede apagar; como causas del accidente, se lee:

“Contaminación del lugar con gas sulfhídrico procedente de la chimenea de alquitrán al apagarse el quemador de gas de coque.

“Puerta estrecha e incomodidad del sitio para retirar oportunamente al operador cuando se dieron cuenta que no salía”, y dentro del capítulo denominado “IMPREVISTOS EN LA REALIZACIÓN DE ESTAS LABORES” se destaca: “No se había contemplado la posibilidad de que en caso de apagarse el quemador de gas de coque, la evacuación del gas sulfhídrico por la chimenea de la planta de alquitrán fuera deficiente y contaminara el canal y ducto de humos de la caldera”.

Enseguida están consignados los correctivos inmediatos y las medidas futuras para evitar accidentes como el que originó el proceso.

De ese modo, la documental examinada, en lugar de demostrar una equivocación del Tribunal, ratifica sus conclusiones obtenidas de otras pruebas que lo llevaron a evidenciar la culpa del empleador, por ausencia de la revisión, control o supervisión requeridos en un trabajo que dijo era tan singular y especial. Luego, tampoco se observa un yerro ostensible.

El anexo 1 al anterior documento, que el recurrente señala como no apreciado, no lleva a demostrar error de hecho manifiesto por parte del ad quem; allí, en lo que importa al caso, se lee: “cargo: Obrero Aprendiz. Finalización del contrato 02 de abril de 2001. Se le renovó el contrato de Obrero Aprendiz por 3 meses más, hasta el 02 de julio de 2001” (el trabajador al que alude dicho documento falleció el 19 de mayo de 2001).

El documento “anexo 2”, contiene un estudio especializado y detallado del “Sulfuro de Hidrógeno”; aparece un rótulo en el que se consigna entre otras particularidades la de inflamabilidad, explosividad, y “TOXICIDAD. Altamente tóxico por inhalación y contacto físico a baja concentración el sulfuro de hidrógeno ejerce una acción irritante sobre los ojos y el aparato respiratorio. En altas cantidades puede causar la muerte de modo inmediato”; dicho anexo no es trascendente para desvirtuar la inferencia del ad quem en punto a la culpa patronal, si se tiene en cuenta que el sentenciador la halló probada suficientemente por faltar el debido cuidado y atención en una labor especial.

El informe del Jefe de Turno, JAIRO CAMARGO de folios 234 a 235, tampoco aparece específicamente examinado por el Tribunal, sin embargo, es coincidente con la reseña que de su testimonio hizo el juzgador de segundo grado relativo a los detalles del accidente tantas veces repetido y en particular se lee el siguiente detalle: “a las 9:30 horas aproximadamente salieron los otros dos compañeros a tomar gaseosa, descansar y tomar aire fresco, debido a que donde estaban trabajando, hacía calor y el trabajo lo realizaban un poco incómodos por lo reducido de los ductos”; posteriormente refiere la versión de quienes estaban con el occiso que al advertir “… que no había salido Cesar Herrera se asomaron y vieron que se había desmayado dentro del ducto, que inmediatamente entraron a auxiliarlo y lo sacaron. Después de ocurrido esto, fui y revisé el mechero de gas sulfhídrico que se estaba quemando en la chimenea de la caldera de alquitrán, desde el día 13 de mayo por problemas en la planta de Ácido Sulfúrico; observé que el mechero se había apagado y que lo más probable era que el gas sulfhídrico había descendido por la chimenea, entrando al ducto de humos ocasionando el accidente”.

Las fotocopias correspondientes al libro de instrucciones a capataces y jefes de turno de folios 237 y 238 no fueron desconocidas para el Tribunal; ellas contienen, con fecha 16 de mayo de 2001 y otras, la modificación del programa general de limpieza, la asignación de responsabilidades y la solicitud para dar a conocer las variantes a los operadores; además se advierte la anotación que llamó la atención del ad quem, y que se consignó en forma repetida en los documentos examinados así: “No podemos continuar dejando la responsabilidad de este trabajo y/o inspección a un Obrero Aprendiz que no tiene la experiencia y responsabilidad de Uds”. Lo reproducido, sin lugar a dudas ratifica lo que coligió el Tribunal, sin que se configure en modo alguno un desacierto derivado de su contenido.

Los últimos folios del cuaderno de pruebas a los que se refiere el recurrente, son intrascendentes para desvirtuar las conclusiones que sostienen la sentencia acusada; allí en lo que refiere en particular al trabajador accidentado se observa la circular 017 sin fecha, para que los “nuevos trabajadores conozcan los diferentes sitios de trabajo se hacen los siguientes cambios a partir del 31 de julio de 2000…El señor CESAR HUMBERTO HERRERA LÓPEZ pasa a la Batería al grupo A como Operador Rampa. Deberá entrenar el viernes 28 y sábado 29 en 1º turno”. El siguiente folio contiene la circular 021 denominada “REEMPLAZOS POR VACACIONES”, en lo que interesa reza: “a partir del 4 de octubre de 2000… El señor CESAR HERRERA pasa a Subproductos a entrenamiento como Operador Planta de Alquitrán, durante el 1º turno”. Los 3 siguientes folios que contienen aspectos relacionados con la dotación de elementos, “caretas protectoras contra calor” y la evaluación de caretas en prueba, son intrascendentes para el caso examinado, por la fecha de su emisión (4 años después de ocurrido el accidente que originó el proceso) dichas misivas enviadas al Director División de Materiales, al Jefe del Departamento de Seguridad Industrial y a la Directora del Departamento de Coquería, son del 23 y 24 de agosto de 2005 y 18 de enero de 2006. Igual ocurre con los posteriores folios que hacen relación a la asignación de dotaciones para “Operadores y Ayudantes de Máquinas”, tales como chaquetas de caucho y capotes de caucho, casco de seguridad, mascarilla, gafas contra polvo etc., suministrados en 1995 y 1997, 5 y 3 años, respectivamente, antes del 3 de abril de 2000 cuando se vinculó el trabajador accidentado.

El Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial de folios 16 y ss. que contiene las advertencias y los procedimientos a seguir en caso de accidente, no desvirtúa la conclusión que llevó al ad quem a decidir el conflicto puesto a su consideración.

De la diligencia de inspección judicial de folios 339 y ss., realizada el 18 de julio de 2006 (5 años después del accidente), en realidad no es posible deducir error del Tribunal en la medida que lo que básicamente contiene es el testimonio de REINALDO MORA ARAQUE, prueba que no es calificada en casación del trabajo para efectos de evidenciar un error de hecho.

De lo examinado se concluye que el ad quem no incurrió en los errores de hecho que con el carácter de evidentes le endilga la censura, por ello no resulta procedente el examen de los testimonios de Carmen León Granados, Jairo Camargo, Eugenio Acevedo, Víctor Hugo Suárez, Javier Milciades Ramírez, Orlando Téllez Orduz, Reinaldo Mora y Marcelino Rojas, ni del “cuestionario rendido por el “perito avaluador” a instancias del juzgado de conocimiento, que como el mismo recurrente lo advierte, no es prueba calificada para evidenciar un error de hecho en materia laboral.

El cargo no prospera.

SEGUNDO CARGO

Textualmente reza: “Por la vía directa, acuso la interpretación errónea del artículo 216 , en relación con los artículos 7 y 91 del Decreto 1295 de 1994 modificado por el 115 del Decreto 2150 de 1995; 348 del CST; 47 de la Ley 100 de 1993; 8º de la Ley 153 de 1887; 1604, 1614, 2341 y 2349 del Código Civil”.

En la demostración advierte que dada la vía escogida no discute que el Tribunal encontró demostrado que en el accidente de trabajo “existe la culpa probada del empleador”, que la empresa no había afiliado al trabajador al sistema general de riesgos profesionales y que aquella reconoció a los demandantes la pensión.

Reprueba la interpretación que hizo el ad quem del artículo 216 del CST, al entender que sólo autoriza descuentos “en caso de que se hayan hecho pagos por concepto de incapacidades”; luego de reproducir ese precepto indica que las prestaciones a que se refiere son concretamente las indicadas por el derogado “artículo 204 del mismo código y que fueran recogidas por el artículo 7º del Decreto 1295 de 1994, a saber, subsidio por incapacidad temporal, indemnización por incapacidad permanente parcial, pensión de invalidez, pensión de sobrevivientes y auxilio funerario”.

Agrega que el Tribunal limitó el alcance de la norma referida a los casos de pago por concepto de incapacidades, cuando, como sin duda se observa, tales prestaciones abarcan más allá de las anteriores, también los pagos por pensión de sobrevivientes y auxilio funerario, cuyos descuentos resultan procedentes.

Reitera que la pensión de sobrevivientes bien sea a cargo del Sistema Integral de Seguridad Social en riesgos profesionales, o del el empleador incumplido, cubre con creces los eventuales perjuicios que puede padecer un trabajador como consecuencia de un accidente de trabajo, así éste sea resultado de una culpa patronal. Arguye que la filosofía y razón de ser de la pensión de sobrevivientes consagrada a favor de los beneficiarios de quien sea o no afiliado que como consecuencia de un infortunio laboral pierde la vida, no es otra que la de resarcir la capacidad de ganancia que impacta al grupo familiar, y que “De análoga manera el cometido del lucro cesante que cubre los perjuicios materiales ocasionados por ese hecho es idéntico. De suerte que con mayor razón eso es así cuando la prestación social la cubre el empleador directamente y no el sistema de seguridad social porque para esos eventos está destinada la posibilidad de descuento consagrada claramente en el referido artículo 216 del estatuto del trabajo, de modo que la pensión de sobrevivientes por riesgos profesionales, cubierta directamente por el empleador resarce total o parcialmente los perjuicios, puesto que esa es su teleología y no tiene ninguna diferencia en su naturaleza y cometido, por lo que no se justifica la duplicidad de beneficios, que no conduciría sino a un enriquecimiento sin causa en aquello que exceda la indemnización plena de perjuicios”.

Expone que como “para los efectos de este cargo se admite la culpa suficientemente comprobada de la empleadora y ésta reconoció directamente a la parte demandante la pensión de sobrevivientes por la muerte de su trabajador, tal prestación constituye pago parcial de la indemnización plena a su cargo y por lo tanto, como atrás se advirtió, tiene naturaleza indemnizatoria”. En suma, sostiene que de la indemnización plena de perjuicios debe descontarse el valor de lo pagado por concepto de pensión de sobrevivientes “siempre que este último valor sea igual o inferior a la de la susodicha indemnización, so pena de que el empleador se vea compelido a pagar dos veces por la misma causa, o dicho en otras palabras, se llegaría al absurdo de que la indemnización total, no lo sea”.

LA RÉPLICA

Aduce que la indemnización por culpa patronal tiene un origen distinto al de la pensión de sobrevivientes; que si la empleadora hubiera cumplido con la obligación de afiliar al trabajador a riesgos profesionales no habría tenido que asumir el pago de la mencionada pensión. Agrega que si se accede a lo pretendido por el censor se “se fomentaría la irresponsabilidad del empleador”.

SE CONSIDERA

Es indiscutible, dada la vía escogida y la expresa aceptación de la censura, que la condena al pago de la pensión de sobrevivientes fue impuesta a la demandada, bajo el entendido atinente a que el trabajador estaba desprotegido, por su falta de afiliación al sistema de riesgos profesionales, porque de lo contrario, dicha obligación no le correspondería. 

El recurrente estima que de la condena por indemnización plena de perjuicios se debe descontar lo que la demandada le paga a la actora y a su menor hijo, por pensión de sobrevivientes, en tanto ésta tiene carácter indemnizatorio y constituye un pago parcial de la primera. 

Esta Sala, en sentencia del 3 de junio de 2009 Rad. 35121, por mayoría de sus integrantes y con fundamento en varias decisiones relacionadas con el tema aquí planteado, precisó que el derecho a la reparación como consecuencia de un accidente de trabajo tiene previstas 2 maneras de reparación con distinta finalidad: la denominada “reparación tarifada de riesgos, de naturaleza prestacional, y objetiva, perteneciente al Sistema de Seguridad Social Integral, a cargo por regla general, de las Administradoras de Riesgos Profesionales y “la reparación plena de perjuicios”, de claro carácter subjetivo, que corresponde asumirla directamente al empleador una vez demostrada suficientemente la culpa patronal, conforme con el artículo 216 del C. S. del T. 

También se puntualizó que los causahabientes del fallecido que, como en el caso examinado, reciben una reparación integral por los perjuicios derivados de un accidente de trabajo por culpa patronal y simultáneamente un beneficio prestacional derivado de las normas sobre Seguridad Social, más concretamente del riesgo profesional, “no están accediendo a un doble beneficio por un mismo perjuicio, en la medida que como se explicó su origen es disímil y obedecen a causas diferentes, sin olvidar que para estos casos la culpa y el dolo no son asegurables”. 

Así, no resulta posible deducir las sumas que por pensión de sobrevivientes le correspondió asumir a la demandada, por omitir su deber de afiliar al trabajador, del valor de la condena impuesta por reparación plena de perjuicios, con fundamento en el artículo 216 del C. S. del T.; en esa medida, es claro que el ad quem en cuanto no accedió a ello, no incurrió en el error jurídico que se le enrostra, aún cuando señalara de modo inadecuado que dicha preceptiva solo autoriza el descuento de pagos por concepto de “incapacidades”. 

El cargo no prospera. 

Costas a cargo de la parte recurrente. 

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 6 de marzo de 2008, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, dentro del proceso instaurado por MAYRA TORRES PÉREZ y CAMILO ANDRÉS HERRERA TORRES contra ACERÍAS PAZ DEL RIO S. A. 

Costas a cargo de la parte demandada. Se fijan como agencias en derecho la suma de $5.500.000. 

Cópiese, notifíquese y devuélvase al tribunal de origen. 

Magistrados: Elsy Del Pilar Cuello Calderón—Jorge Mauricio Burgos Ruiz—Gustavo José Gnecco Mendoza—Luis Gabriel Miranda Buelvas—Carlos Ernesto Molina Monsalve—Francisco Javier Ricaurte Gómez—Camilo Tarquino Gallego. 

Aclaración de voto 

En relación con la posibilidad de descontar, del monto que deba pagar el empleador culposo por concepto de reparación plena de perjuicios, las sumas que se hubieren reconocido al trabajador o sus beneficiarios a título de prestaciones de la seguridad social, estimo pertinente manifestar que aun cuando en un momento compartí el criterio doctrinal plasmado en la sentencia, un nuevo análisis del tema me lleva a separarme, en lo esencial, de ese razonamiento. Por ello, debo aclarar lo siguiente: 

1. Cuando se presenta un accidente de trabajo o una enfermedad profesional por culpa del empleador, los perjuicios que de allí se deriven deben ser totalmente indemnizados por el responsable. Y desde luego, ello incluye el reconocimiento de todas las prestaciones tanto asistenciales como económicas que sean necesarias para reparar integralmente el perjuicio ocasionado. 

Es claro que en ese evento, y mientras se determina la responsabilidad en el infortunio laboral, debe el sistema de riesgos profesionales reconocer las prestaciones previstas en las normas legales. Empero, ello no significa que cuando así procede en realidad esté cumpliendo con una obligación a su cargo, pues, por virtud de lo dispuesto por los artículos 216 del Código Sustantivo del Trabajo y 12 del Decreto 1771 de 1994, quien debe responder por todas las consecuencias del riesgo profesional es el empleador culposo. Admitir lo contrario, equivaldría a permitir que el sistema de seguridad social asuma la cobertura de conductas culposas, posibilidad que no existe en nuestra normatividad de seguridad social. 

2. Por esa razón, el artículo 12 del Decreto 1771 de 1994 arriba reseñado, que ciertamente reitera la regla establecida en los reglamentos del Seguro Social, hoy derogados, perentoriamente dispone que “la entidad administradora de riesgos profesionales podrá repetir, con sujeción a las normas pertinentes, contra el tercero responsable de la contingencia profesional, hasta por el monto calculado de las prestaciones a cargo de dicha entidad administradora, con sujeción en todo caso al límite de responsabilidad del tercero”. 

Lo anterior significa, en mi entender, que ese precepto excluye la posibilidad de que las prestaciones que reconoce el sistema de riesgos profesionales en caso de un accidente de trabajo en el que ha mediado culpa del empleador queden definitivamente a cargo del sistema, que, en consecuencia, no tendrá, en últimas, ninguna obligación. De ahí que esté facultado para repetir contra el responsable por el monto de las prestaciones que haya reconocido o que deba reconocer. 

Mas es obvio que no podrá sustraerse al reconocimiento de las prestaciones establecidas en la ley mientras no se haya establecido suficientemente, a través de un proceso judicial, que en el acaecimiento del accidente laboral o de la enfermedad profesional medió la culpa comprobada del empleador. 

3. De la norma transcrita se desprende también que cuando se ha logrado establecer que un empleador fue responsable de un accidente de trabajo y se le condene a la reparación integral de los perjuicios ocasionados al trabajador, si previamente una administradora de riesgos profesionales ha reconocido prestaciones, el monto de ellas debe ser pagado por ese empleador a la administradora, mas no al trabajador, quien ya ha recibido las prestaciones correspondientes y, por lo tanto, ha sido resarcido en parte del daño laboral ocasionado, aunque no de todos los perjuicios sufridos. 

Ese trabajador, estimo, no puede recibir una doble cobertura respecto del mismo hecho: la prestacional que está a cargo del sistema de seguridad social, que, se insiste, no puede cubrir actos culposos, y la total a cargo del empleador, quien, desde luego, debe atender todas las prestaciones necesarias para reparar el daño y que pueden ser otorgadas en términos similares a las de la seguridad social que, bien es sabido, no repara completamente los perjuicios sufridos en infortunios laborales. 

Sobre el particular, y a pesar de estar referido a las normas precedentes, que son de similar contenido a las actuales, juzgo pertinente remitirme al criterio expuesto por los magistrados Daza Álvarez y Palacio Palacio que salvaron su voto respecto de la sentencia de la Sala Plena Laboral proferida el 12 de noviembre de 1993, radicado 5958 y en la que, al unificar la jurisprudencia sobre el punto, se sentaron las bases para el discernimiento doctrinal hoy vigente: 

“Resulta obvio que si la víctima ya ha recibido sumas de dinero a consecuencia del mismo accidente cuya indemnización total se demanda, tales cantidades hacen parte de esta última y su descuento no hace otra cosa que evitar un enriquecimiento sin causa, obrando conforme a un principio general de derecho ya reconocido expresamente por nuestra legislación positiva, tal y como lo ordena el artículo 831 del Código de Comercio, sin que pueda decirse que con este proceder se favorece al empleador causante del accidente o de la enfermedad puesto que, no siendo asegurable la culpa y el dolo, y tal como lo preceptúa el inciso primero del artículo 83 en referencia, el Instituto de Seguros Sociales está legitimado para demandar al empleador y hacerse pagar de éste el monto calculado que el Instituto acordare por el accidente o enfermedad de que se trate”. 

“No creemos, entonces, que los artículos 216 del Código Sustantivo del Trabajo y 83 del Acuerdo 155 de 1963, originen dos indemnizaciones compatibles; sino que el riesgo es uno y una la indemnización total, de modo que las prestaciones que ya fueron reconocidas por el Instituto de Seguros Sociales, para cubrir la responsabilidad objetiva, constituyen parte de la indemnización total y ordinaria a que se ve obligado el empleador conforme a lo previsto en el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, en caso de culpa o dolo”. 

4. El anterior entendimiento también se desprende de lo que dispone el inciso segundo del antes aludido precepto reglamentario 1771 de 1994, en cuanto establece: 

“Lo dispuesto en el artículo anterior no excluye que la víctima, o sus causahabientes, instauren las acciones pertinentes para obtener la indemnización total y ordinaria por perjuicios, de cuyo monto deberá descontarse el valor asumido por la entidad administradora de riesgos profesionales”. 

El descuento al que allí se alude no afecta en realidad la indemnización íntegra de los daños sufridos por el empleado, quien los debe ver resarcidos, de una parte con las prestaciones ya recibidas del sistema de seguridad social y, de otra, con lo que le corresponda, por su lado, al empleador. Y tampoco beneficia al empleador, quien, de todos modos, deberá atender la reparación total de los perjuicios, sólo que estará obligado a devolver lo pagado a quien ya ha asumido parte de esa restauración, vale decir, la administradora de riesgos profesionales. 

5. Pero es apenas natural concluir que la posibilidad de descuento anteriormente explicada sólo será viable si la administradora correspondiente se ha hecho parte en el proceso o si ha instaurado uno con ese objetivo, pues de no ser así obviamente no podrán tomarse determinaciones en relación con ella y, por lo tanto, la deducción no será procedente, como sucedió en este caso, por ser aquella quien tiene derecho a la devolución de las sumas que hubiere previamente pagado. 

Así lo entendió la Sala en vigencia de las normas precedentes a las aplicables al presente asunto, en criterio que considero resulta hoy día vigente, pese al cambio normativo. En efecto, en sentencia del 9 de agosto de 1979, radicación 6666, explicó: 

“Conforme al artículo 83 del Acuerdo 155 de 1963 del Instituto de Seguros Sociales, aprobado por el Decreto 3170 de 1964, cuando el patrono es declarado culpable de la ocurrencia de un accidente de trabajo y se le condena al resarcimiento pleno de perjuicios a la víctima de éste, el Instituto tiene derecho al reembolso de las sumas que le hubiere satisfecho al accidentado y su monto es descontable del de la indemnización correspondiente. 

“Pero si el Instituto no es parte en el juicio respectivo, lo previsto en dicho artículo 83 no da base para que judicialmente se disminuya la carga patrimonial del empresario derivada de la condena al pago de indemnización plena de perjuicios, desde luego que él no puede lucrarse con el aprovechamiento en beneficio suyo de un valor pecuniario que en realidad le pertenece a persona distinta: el Instituto de Seguros Sociales. 

“Lo que acontece en la hipótesis que se analiza es que el Instituto puede reclamarle judicial o extrajudicialmente al beneficiado con la condena al pago de los perjuicios plenos, el monto de lo recibido por éste último a título de simple indemnización laboral y como asegurado por el riesgo de accidente de trabajo o enfermedad profesional. 

“Pero nunca podrá deducirse del monto de la condena dispuesta contra el patrono culpable del siniestro lo pagado a sus expensas por el Instituto o la víctima de él, porque tal rebaja constituiría un enriquecimiento sin causa para el empleador y un empobrecimiento ilegítimo e irreparable para la entidad de seguridad social que atendió al percance del trabajador por el aspecto meramente laboral” (G.J., Tomo CLIX, pág. 457). 

Comparto el discernimiento arriba trascrito, de tal modo que, en mi opinión, en casos como el presente si la administradora de riesgos no es parte en el proceso judicial, no podrá descontarse del monto de la indemnización plena lo que esa entidad haya pagado por prestaciones, lo cual no significa que esas sumas en realidad correspondan al trabajador o a sus beneficiarios, pues si ya le fueron reconocidas y pagadas, es lógico que no tendrán derecho a que se les indemnice nuevamente y por ello deberán reintegrarlas a la administradora. 

Fecha ut supra 

Gustavo José Gnecco Mendoza